Investigaciones que se extienden, contención insuficiente y falta de garantías para denunciantes de acoso sexual en centros educativos

La denuncia trascendió esta semana, pero no es la única que toma estado público porque sus protagonistas consideran la respuesta institucional inadecuada. El año pasado, estudiantes del liceo 41 de Montevideo denunciaron un presunto acoso sexual por parte de un profesor -que todavía es investigado- y la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de la capital visibilizó el caso en el marco del 8M.

En concreto, el sindicato denuncia que no se cumplió con el plazo de 48 horas para poner en conocimiento de la denuncia a las jerarquías competentes, según dispone la Ordenanza 10 de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y también se incumplieron disposiciones del Protocolo de Regulación de la Atención y Prevención del Acoso Sexual en el organismo. El protocolo, aprobado en 2014, establece que quienes denuncien una situación de acoso deben ser protegidos en su identidad, pero ADES Montevideo asegura que la dirección del liceo reveló nombre y apellido de los estudiantes que denunciaron, cuando entregó al docente denunciado las cartas escritas por ellos y sus familias.

La filial de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) sostiene que la directora afirmó haber “filtrado” las denuncias de acoso y eligió las más “representativas”, por lo que la ANEP no cuenta con todos los elementos. También afirman que, a partir de lo dispuesto en la Ordenanza 10, que regula el funcionamiento administrativo de la ANEP, se debería haber elaborado un acta escrita de algunas denuncias que fueron trasladadas a la dirección en forma verbal por parte de algunas docentes del centro educativo. Por todo ello, el núcleo sindical del liceo 41 manifestó su “honda preocupación”, ya que, así sea “por acción u omisión”, no se actuó de acuerdo al protocolo ni con la celeridad que ameritaba la situación.

En especial, los docentes sindicalizados manifestaron su preocupación por una eventual pérdida de confianza de los adolescentes en los adultos referentes y autoridades del liceo. 

En diálogo con la diaria, Camila Menchaca, integrante de la comisión directiva de ADES Montevideo, señaló que, si bien las disposiciones de la ANEP prevén que el denunciado pueda ser apartado del cargo como medida preventiva mientras transcurre la investigación, en este caso el docente siguió concurriendo a trabajar. Como este año no eligió horas en el liceo 41, desde el sindicato perdieron su rastro y no saben si actualmente está dando clases en otro centro educativo. Menchaca contó que ADES Montevideo tenía pronta una denuncia pública sobre este tema desde hacía varias semanas, pero en febrero tomó estado público el pedido de intervención de celulares de estudiantes y docentes de ese liceo por parte de un integrante de la custodia presidencial a Alejandro Astesiano, quien en ese entonces era su jefe. En ese momento, desde el sindicato priorizaron la atención de las consecuencias de ese caso en la comunidad educativa.

Denunciar y lo que implica

Si bien sufrir acoso es un episodio traumático y complejo en cualquier contexto, en el interior del país es mucho más probable que el impacto trascienda al centro educativo. La cercanía y la proximidad en distintos pueblos -e incluso en ciudades- incide en la decisión de realizar una denuncia y afrontar el proceso que sigue después.

A comienzos de 2020, una estudiante -en ese entonces de 15 años- y su profesor en un liceo del interior, cuyo nombre no será revelado para proteger la identidad de los implicados, comenzaron a hablar por Instagram. Según contó a la diaria el padre de la estudiante, el docente elogiaba la madurez y la belleza de la adolescente y la invitó reiteradas veces a su casa algún día por la noche, lo que nunca se concretó.

Todo pudo ser puesto en palabras en terapia, a raíz de un trastorno de salud mental y alimenticio que la joven empezó a experimentar y que, según emergió del proceso terapéutico, tenía que ver con el episodio que estaba viviendo con el docente. Más allá de que el liceo estaba al tanto del diagnóstico y su tratamiento, no fue hasta un tiempo después que la estudiante, con el respaldo de su familia, decidió hablar sobre la situación que lo había desencadenado. Lo hizo con una adscripta, pero la respuesta no fue la esperada. En vez de encuadrar el tema a partir de la evidente relación de poder entre un docente adulto y una estudiante adolescente, la adscripta colocó parte de la responsabilidad en la estudiante por haber seguido la conversación en las redes sociales.

Ante esa respuesta, el padre de la alumna concurrió a hablar con la dirección del liceo, quien puso al tanto de la situación al docente implicado y se comprometió a que uno de los técnicos del equipo multidisciplinario del centro educativo se contactaría con la familia, algo que nunca sucedió, según relató el padre de la estudiante. Si bien no se planteó de forma explícita, la familia de la adolescente interpretó que el único carril para que sucediera algo era presentar la denuncia formalmente y por escrito. Sin embargo, valoraron que no era el momento, principalmente pensando en el proceso de recuperación de la adolescente y lo tortuoso que podía ser el proceso. Más de dos años después y con la joven ya recuperada, en conjunto con la familia está evaluando hacer la denuncia para, de alguna forma, cerrar el episodio.

Al este

Después de varios años en los que era vox populi que un profesor solía hacer comentarios y gesticular sobre los cuerpos de docentes y estudiantes, en 2021 fue denunciado por una liceal y se dispuso la separación del cargo mientras transcurría la investigación. No obstante, esta se extendió por más de los seis meses que reglamentariamente puede durar la separación del cargo. De esa forma, antes de que hubiera una definición, tuvo que volver a sus funciones en el liceo, que queda en el departamento de Rocha.

Según contaron a la diaria desde Fenapes Rocha, cuando el docente retornó a su función se hizo un acuerdo para que realizara tareas de docencia indirecta, de forma que no estuviera a cargo de un grupo y, por lo tanto, reducir las posibilidades de que entrara en contacto con la denunciante. Por su parte, señalaron que ese mismo año el profesor denunciado integró una lista a las elecciones de representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP que fueron ese año, en el lema que compitió con los sindicatos de la educación.

Al igual que miles de docentes que trabajan en la órbita de la ANEP, dicho profesor trabaja en más de un subsistema del organismo, pero en ese momento sólo fue separado del cargo en Secundaria. El 7 de marzo de 2022, un grupo de profesores y profesoras de un centro de formación docente donde también da clases solicitó una reunión con el presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Victor Pizzichillo. El objeto del encuentro, que se concretó el 24 de marzo, fue conversar sobre distintas denuncias de acoso sexual por parte del docente que habían realizado estudiantes de ese centro.

Según dijo a la diaria una fuente del CFE, ese organismo cuenta con la información de que el docente fue sobreseído de las acusaciones de acoso de las que fue objeto en Secundaria. En el caso de Formación en Educación, si bien hubo denuncias que habían sido elevadas al organismo a fines de 2021, recién fue en abril de 2022 que se votó el inicio del sumario con separación del cargo por tres meses. Casi un año después, el proceso de sumario sigue su curso y, si bien ya está en la etapa final, en la que el docente puede hacer sus descargos, a pocos días de que los institutos del CFE inicien las clases sigue sin haber resolución.

Es ley

Además de la normativa propia de la ANEP, en Uruguay existe una ley de acoso sexual, que define que deben llevarse a cabo acciones de prevención y también regula cómo debe ser el abordaje de las denuncias. La ley, sancionada en 2009, define el acoso sexual como “todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe”. Además, establece la responsabilidad del Estado sobre las acciones de prevención, que pueden ser tanto “de sensibilización, educativas y de supervisión”.

Más allá de que se refiere principalmente a episodios entre trabajadores o entre estos y sus superiores, la ley regula el procedimiento de denuncia y establece que el fallo sobre la investigación debe estar, como máximo, 20 días después de la presentación de la denuncia. Asimismo, en su artículo 13, la norma habla específicamente de cómo se debe proceder en el ámbito educativo y dice explícitamente que cuando un estudiante es acosado por un docente, el primero goza de todos los derechos que establece la norma.

El protocolo de la ANEP es más específico en cómo se debe proceder cuando están implicados estudiantes menores de edad y establece que se debe actuar de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia. También dice que en todos los casos se debe actuar con la celeridad que define la ley de acoso sexual y a partir de procedimientos “extraordinarios”, de acuerdo a lo que la Ordenanza 10 de la ANEP establece para las investigaciones administrativas y sumarios.

Si bien el protocolo de la ANEP determina que en el organismo debe funcionar una Comisión Asesora en Situaciones de Acoso Sexual, esta no fue puesta en funcionamiento hasta el año pasado, explicó a la diaria Gloria Canclini, directora de Derechos Humanos del Codicen. La comisión está integrada por representantes de distintos estamentos de la ANEP y también uno de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Dicho espacio es el que dentro de la ANEP aborda las distintas denuncias que van llegando y elabora informes, pero la decisión final es del respectivo subsistema.

A mediados del año pasado, Canclini había dicho a la diaria que estaba transcurriendo un proceso de análisis del protocolo vigente con el objetivo de actualizarlo. No obstante, en diciembre, el presidente del Codicen, Robert Silva, dijo a la diaria que no estaba al tanto de que estuviera en marcha un proceso de cambio del protocolo y reivindicó la puesta en marcha de la comisión asesora. Por su parte, dijo que el protocolo vigente se aplica y que en los últimos meses fueron varias las oportunidades en que se definió la separación del cargo en forma preventiva.

Necesario, pero insuficiente

Celsa Puente, ex directora general de Secundaria, dijo a la diaria que el protocolo fue un avance, pero las condiciones para su aplicación son determinantes. Señaló que el abordaje de este tipo de casos siempre fue complejo en los centros educativos, ya que muchas veces los referentes adultos no cuentan con la formación o sensibilización necesaria en género ante prácticas que suelen estar naturalizadas. Además, mencionó que con adolescentes muchas veces los adultos dan por sentado que “son cosas de la edad” y minimizan los planteos. Puente consideró que si bien la principal responsabilidad en el abordaje de estas denuncias es de las direcciones liceales, a veces resulta clave que se generen otros referentes para acompañar a los estudiantes y que se sientan protegidos.

Sobre la duración de las investigaciones, dijo que “siempre hubo un desfasaje entre el lentísimo funcionamiento de los responsables de llevar adelante los procedimientos”, en este caso la División Jurídica de Secundaria, y la necesidad de que el caso se resuelva lo antes posible. En suma, apuntó que por distintos motivos se han registrado dificultades para que testigos vayan a declarar, lo que estira los procesos y muchas veces hace que no pueda recabarse la evidencia suficiente.

Si bien sostuvo que los protocolos son necesarios, Puente entendió que es imprescindible trabajar “desde lo cultural”. Según dijo, cuando fue directora de Secundaria trataron de darle importancia al tema, más allá de las dificultades que existen desde siempre. Por ejemplo, mencionó dos campañas que se implementaron en los liceos a modo de prevención, como la de “Noviazgos libres de violencia” y “Que quede entre nosotros”.

Consultada sobre si no sería conveniente que las medidas preventivas hacia el denunciado se tomen en todos los subsistemas en los que está trabajando, Puente dijo que el objetivo principal de esas medidas es que la investigación no sea obstruida y que testigos no reciban presiones indebidas. De todas formas, señaló que en su caso informaba a los directores generales de otros subsistemas cuando se separaba del cargo a un funcionario que también trabajaba en dicho ámbito.

Sindicato en acción

El abordaje de los casos de acoso sexual es un tema que preocupa y ocupa a los y las integrantes de Fenapes, que cuenta con una Comisión de Género. Leticia Tellechea y Lelia Moreira, integrantes de esa comisión, dijeron a la diaria que el sindicato tiene un protocolo de actuación propio que deja en claro los pasos a seguir cuando el denunciado es afiliado. Allí se establece una comunicación con el núcleo sindical del liceo y la prioridad pasa a ser la protección y el cuidado de la víctima, para quien incluso se ponen a disposición servicios y asesoramiento del sindicato. Además, según el resultado de la investigación administrativa, a la interna de Fenapes se pueden pedir sanciones para el docente que pueden desembocar en su desafiliación.

La Comisión de Género de Fenapes también comparte la necesidad de que existan personas formadas y sensibilizadas en los distintos territorios, y por ello se han propuesto contar con al menos un referente por departamento. A modo de ejemplo, en el caso de ADES Montevideo, la filial de Fenapes dispuso este año la creación de un espacio fijo para la atención de situaciones de violencia basada en género, que funciona todos los viernes de 9.00 a 15.00 en el local sindical.

Tellechea y Moreira plantearon que cuando el denunciado no está afiliado el margen de acción del sindicato es menor. Al respecto, mencionaron que en distintas instancias bipartitas han trasladado su preocupación sobre el abordaje de las denuncias ante la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), pero no reciben una respuesta acorde a la gravedad del tema.

Por su parte, Menchaca habló de la necesidad de actualizar el protocolo de la ANEP e ilustró que, por ejemplo, este habla de presentar denuncias en un sobre sellado, cuando en la actualidad la DGES tramita todos los expedientes de manera electrónica. Asimismo, habló de las dificultades que supone para muchos estudiantes generar una redacción compleja para relatar el acoso sufrido y señaló que muchas veces son profesionales del centro educativo quienes terminan pasando las denuncias al lenguaje escrito. No obstante, lamentó que muchas denuncias quedan en lo oral porque no hay nadie que las escriba y, por lo tanto, no son elevadas para su abordaje.

En suma, cuestionó que la DGES no cuenta con personal especializado para tomar declaración a menores de edad, con todos los cuidados que se deben tomar para evitar su revictimización. Dijo que no hay personal suficiente para realizar el acompañamiento directo a los denunciantes cuando son estudiantes, ya que, por ejemplo, el Departamento Integral del Estudiante “está absolutamente desbordado y sobrepasado”.

Menchaca apuntó que, a casi diez años de la aprobación del protocolo de la ANEP, es necesario revisar “un montón de cosas” que quizás en ese momento fueron “un gran avance”, pero en este tiempo ha cambiado la realidad social y se ha avanzado mucho a nivel teórico en el tema.