Al mismo tiempo que la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) definió hacer tres paros zonales en la primera semana de clases por la suspensión de la directora y una maestra de la escuela 35, las familias de ese centro educativo se expresaron públicamente en contra de la determinación de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP).

El año pasado, cuando la DGEIP determinó el inicio del sumario con separación del cargo mientras transcurría la investigación por la lectura de una proclama sindical en el acto de inicio de cursos, el colectivo de familias ya había expresado su preocupación por que sus hijos se quedaran sin maestra en la mitad del año lectivo. Al mismo tiempo, lamentaron que la escuela interrumpiera su vínculo con la directora, cuya gestión estaba empezando a dar resultado, según plantearon, y solicitaron a las autoridades de la DGEIP que los recibiera para plantear su punto de vista.

En el comunicado que emitieron las familias este viernes, lamentan que las autoridades de Primaria no hayan accedido a tener una reunión mientras transcurrió el proceso de sumario y tampoco para comunicar la sanción final. “Respetuosamente entregamos una carta esbozando nuestro parecer y solicitando una reunión hace hoy ya siete meses, pero desconocemos si es por falta de tiempo o porque el deterioro de la educación es tal que ha llegado hasta quienes hoy la dirigen y por eso no somos dignos de respuesta alguna”, cuestionan.

En ese sentido, los padres y madres del centro educativo concluyen que, para las actuales autoridades de la educación, el rol de las familias se limita únicamente a “pagar el impuesto de primaria (y los demás)” y a “apoyar la falta de presupuesto educativo aportando dinero y tiempo a las comisiones de fomento”, por ejemplo, en “jornadas de mantenimiento edilicio”. Por tanto, lamentan que pese a ese tipo de instancias en las que participan no tengan derecho a “una respuesta institucional y menos aún [a] una reunión” para plantear sus preocupaciones. “Son útiles nuestro dinero y nuestro tiempo, pero no nuestra opinión”, plantearon al respecto.

Sobre la sanción a las maestras Adriana y Virginia, las familias insisten en que primero debería haberse velado por el derecho de los niños que concurren al centro educativo. “Quizá los actores remunerados de la educación debieran sentarse a estudiar la forma de resolver sus conflictos minimizando el perjuicio a los niños”, sostienen, y agregan: “El año pasado nuestros hijos perdieron un mes de clases y este año por la misma situación se dejaría a un grupo sin su maestra original durante mínimo dos semanas y al centro sin su directora”. Por su parte, aseguran que se trata de dos docentes a las que consideran “referentes valiosos” para los niños y las familias.

Por todo ello, rechazan la suspensión definida por la DGEIP y esperan que se revea, de forma que los niños puedan empezar “un buen año escolar”.