El 30 de junio se realizarán las elecciones internas en los partidos políticos. Es el comienzo de un ciclo de diferentes procesos electorales, que continúan en octubre, eventualmente en noviembre y que finaliza en mayo de 2025. Estas actividades incluirán, además, una o más consultas plebiscitarias.
En esta primera elección, los partidos políticos eligen sus autoridades, los 500 convencionales que, se supone, constituyen la instancia máxima de autoridad y conducción política. También eligen al candidato a la presidencia del partido, si bien la normativa admite la posibilidad de que la definición final sea adoptada en el Órgano de Conducción Nacional respectivo. También se eligen los Órganos de Conducción Departamental (OCD) que tienen cometidos similares al nacional, pero a nivel departamental.
Hasta el 30 de junio, el debate se debería producir al interior de cada partido y de cada uno de ellos con sus simpatizantes y ciudadanos, a los efectos de lograr la mayor adhesión posible a su perfil político e identidad institucional, así como a sus propuestas para los próximos años. Se supone que la elección debería regirse por principios, valores, ideas y criterios que robustecerían la densidad interna de cada partido y en consecuencia de la democracia actual y del sistema de partidos y electoral, que tanto enorgullece a los uruguayos. Más que “competencia” electoral, deberíamos decir fortalecimiento democrático.
Los integrantes de cada partido deben estar abocados a una reflexión y discusión interna profunda, por las perspectivas en juego del rol que pretenden que juegue su partido y sus respectivos “representantes”, así como la visión del mundo, la región, el país y las personas que construyen.
La dimensión y el alcance del sistema republicano y democrático de nuestro país, que otorga un papel destacado a los partidos políticos, nos exige, a todos, el mayor cuidado y la mejor dedicación para preservarlo de problemas y para consolidarlo y hacerlo cada vez mejor.
Buena parte de los diferentes actores, dirigentes políticos, periodistas, politólogos y empresas de opinión pública están actuando de acuerdo a sus respectivos objetivos y es lógico. Lo que preocupa es la dimensión y el alcance que va tomando este proceso que se alimenta de noticias, comentarios y declaraciones, como si la elección nacional fuera el próximo domingo. La dinámica se centra solamente en la definición de la “figura estelar” que presidiría el país en el período 2025-2030.
¿Individualismo versus democracia?
La búsqueda de “figuras estelares” viene ganando cada vez más espacio en la vida política, en detrimento de la búsqueda de la mayor y mejor participación de la ciudadanía en estos procesos político electorales; unos a nivel interno, debatiendo sobre el programa, y otros recibiendo información sobre la visión que cada partido tiene sobre los problemas, las dificultades, las propuestas de corto y mediano plazo. Si bien resulta obvio, debemos recordar que los programas de gobierno que se piensan para un futuro próximo deberían ubicarse en una perspectiva de más largo alcance para el país, y para la vida de las personas que lo habitamos y quienes lo habitarán en el futuro a más largo plazo.
Para peor, en los últimos años estamos asistiendo a una forma de desempeñar la presidencia que viene potenciando esa idea de “figura estelar”. No solamente se fortalece un tipo de presidencialismo, amparado en la Constitución de 1967, sino que los perfiles individuales no siempre contribuyen al fortalecimiento de las colectividades políticas y de la participación social que la democracia requiere. Se corre el riesgo de que los actores principales, los ciudadanos, pasen a ser espectadores, en esta “civilización del espectáculo” de la que habla Vargas Llosa.
Las personas que realizan cursos terciarios y universitarios son aproximadamente el 10% del total de la población del país. Lo aprendido en ese período de cuatro a 17 años, ¿es útil y suficiente para el resto de la vida?
Hay estudios de opinión pública que estiman una participación el 30 de junio de un 40% de los habilitados para votar. Este es un indicador preocupante para la democracia de nuestro país. Si estamos tan orgullosos de la democracia y el sistema de partidos, ¿no deberíamos focalizar la atención en los debates e informaciones para promover la participación de los ciudadanos? Una participación sustentada en el análisis, la reflexión, la crítica y las propuestas. La difusión y problematización de información rigurosa queda relegada en manos del marketing y la publicidad; no estamos en un mercado donde se vende y se compra. ¿Qué se quiere decir con “seducir” a los votantes? Si la población siente y confirma que la política solamente la convoca cada cinco años y la participación se limita a votar, es presumible que la democracia se debilite.
¿Y la educación?
Lamentablemente, siempre que se habla de “educación” se pone el foco en los niños, niñas y adolescentes, preferentemente en el proceso que deben cumplir en la educación formal, obligatoria por ley, entre los cuatro y 17 años. No cabe duda que esa educación es necesaria, es una condición necesaria pero no suficiente.
Después de los 17 años hay una expectativa de vida que promedia los 80 años, en un mundo donde las ideas, valores, conocimientos y habilidades varían, surgen nuevas y se desarrollan muchas. Además, las personas que realizan cursos terciarios y universitarios son aproximadamente el 10% del total de la población del país. Lo aprendido en ese período de cuatro a 17 años, ¿es útil y suficiente para el resto de la vida?
La participación se aprende participando. Si bien la educación formal primaria, media, terciaria y superior puede aportar, no se ha priorizado y jerarquizado la promoción de la participación en clave ciudadana, social y política. ¿Cómo se quiere aplicar el siguiente enunciado del tan mencionado José Pedro Varela?: “Para establecer la república, lo primero es formar los republicanos; para crear el gobierno del pueblo, lo primero es despertar, llamar a vida activa, al pueblo mismo”.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) está enfocada en la denominada “transformación”, que es más curricular que educativa; la educación de jóvenes y adultos se circunscribe a la alfabetización, apoyo a la culminación de la educación y primaria y a algunas experiencias en la culminación de la educación media básica.
El Plan de Política Educativa Nacional presentado por el Ministerio de Educación y Cultura al Parlamento en 2021 no contiene un capítulo a la educación de personas jóvenes y adultas. Si bien menciona algunos proyectos puntuales, no presenta una preocupación y propuestas para elevar el nivel educativo de toda la población.
De acuerdo a la información que ha circulado en los medios de comunicación, se advierte una orientación más controladora de las iniciativas y actividades estudiantiles, considerando como un “ataque a la laicidad” todo aquello que no se encuentre explícitamente contenido en los marcos curriculares oficiales. Ello deja a los docentes enfocados en la enseñanza de contenidos curriculares, porque la educación, en un sentido más amplio y profundo, puede caer bajo sospecha y sanción.
¿Cómo pensar políticas educativas que se propongan incidir en la comunidad? Una educación para todas las personas, que integre y articula educación formal y no formal, e incluso procure incidir en la educación informal1. La educación es un campo que va más allá de la escuela2. Brindar información, promover el análisis, la reflexión sobre lo que sucede y por qué sucede, problematizar la realidad con la perspectiva de poner en el centro a los sujetos, seres humanos que se constituyen en ciudadanos.
En síntesis
Si la educación debe formar ciudadanos para la República, citando a José Pedro Varela, debemos interpelarnos todos, analizar lo que se está haciendo y lo que se debería hacer a lo largo de todo el año, de todos los años, de toda la vida, de todas las personas y del país.
Una educación, en sentido amplio, que contribuya a la razón por encima de la fuerza, promoviendo una participación responsable y solidaria que favorezca la convivencia social. Políticas educativas en diálogo con otras políticas públicas, entre las cuales ubicar la comunicación social, a través de los medios estatales y del incentivo a los medios privados, para contribuir al mayor y mejor nivel educativo de toda la población.
No podemos permitir que los temas de la producción, la economía y las finanzas, nos ganen la cabeza y ocupen casi todos los espacios de la vida cotidiana y social. Es una condición necesaria pero no suficiente. La economía es para vivir bien. No deberíamos centrar nuestra preocupación en formar recursos humanos, sino humanos con recursos, de todo tipo y para la vida.
Admitiendo que vivimos en una sociedad de consumo, la educación debe jugar un papel en el análisis crítico de la oferta, en promover una demanda de acuerdo a las necesidades e intereses de las personas y en consumir con fundamento.
Este ciclo electoral en particular, sin excluir otros momentos y temas, es (aún) una buena oportunidad de promover la mayor y mejor participación de los ciudadanos, reflexivos, activos, críticos y responsables; promover el fortalecimiento de los partidos políticos como colectividades que se distinguen y diferencian por sus ideas y programas, relativizando el peso de las individualidades; promover las formas democráticas de tomar decisiones y de realizar debates de ideas, jerarquizando la razón por encima de la pasión. Todo esto es responsabilidad de la sociedad, pero más aún de “la educación”, para todas las personas, a lo largo y ancho de la vida.
Jorge Camors es docente de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y coordinador de la Cátedra Unesco de Educación de Personas Jóvenes y adultas en Uruguay, en la Universidad de la República.