Después de un período de discusión sobre el tema en febrero de este año, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) retomó la consideración de la ordenanza que regula a la educación privada. Para sorpresa de los actores del sector directamente implicados, el sindicato de trabajadores y las asociaciones de colegios, la semana pasada se aprobó su versión definitiva, que incorporó algunos cambios respecto del documento inicial que había sido puesto a discusión en febrero.

Uno de los aspectos más controvertidos fue la obligación de los colegios de avisar a la ANEP su proceso de cierre con 90 días de antelación. Según dos notas que presentaron ante el Codicen a las que accedió la diaria, tanto la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) como la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) solicitaron al organismo que, de mantener dicha obligación, se explicite que se tratará de información confidencial, petición que fue aceptada e incorporada a la ordenanza aprobada.

En el caso de la Audec, además, se había solicitado la eliminación del plazo, en el entendido de que “fijar arbitrariamente un plazo de 90 días de anticipación no garantiza el correcto acompañamiento por parte de la Administración” al colegio que cierra. “Tampoco se explicita ninguna sanción ni consecuencia en caso de incumplimiento, por lo que vemos compleja su realización. Es una realidad que los centros intentan hacer lo posible hasta último momento, por lo que presentar esta información con tanta antelación puede producir efectos contrarios”, argumentaba la organización. Más allá de incorporar el cambio para garantizar la confidencialidad del cierre, la ordenanza no establece ninguna sanción en caso de que se incumpla en dar aviso con la antelación estipulada.

El otro punto que generó rechazo y preocupación en las asociaciones de colegios fue que se fijara la imposibilidad de desvincular a un estudiante durante el año lectivo si su familia no puede afrontar el pago de la cuota del colegio. Si bien desde la ANEP se argumentó que eso tiene que ver con garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, los colegios entendieron que la medida puede profundizar la compleja situación que atraviesan algunas instituciones del sector privado. Al respecto, desde la Audec se señaló que la desvinculación de un estudiante por no poder pagar es una práctica en desuso, pero se entiende que es riesgoso explicitarlo en la ordenanza.

Más allá de estos planteos, el documento aprobado mantiene esa imposibilidad.

Colegios tendrán más autonomía para elaborar calendario anual y salidas didácticas

Si bien la versión de febrero obligaba a los colegios a seguir el mismo calendario anual fijado por la ANEP para los centros públicos, el documento aprobado incorporó los pedidos de la Audec y la Aidep para contar con mayor flexibilidad. En concreto, los colegios entendían que, si cumplían con el mínimo de días obligatorios fijados por el ente para el año lectivo, deberían tener autonomía para establecer su calendario de inicio y finalización de cursos, lo que fue atendido por el Codicen en la versión final de la ordenanza. Además, los colegios mantienen los cuatro días de asueto para fijar cuando lo entiendan conveniente en el correr del año, como ocurre actualmente.

La posibilidad de que los centros privados de enseñanza cuenten con mayor autonomía está presente en varios de los pedidos que hicieron las asociaciones de colegios. De hecho, la Audec lo solicitó explícitamente y había marcado que muchas de las disposiciones de la versión del documento considerada en febrero establecían “mayor burocracia y menos confianza en los centros educativos”, que, “cumpliendo con las habilitaciones, planes y programas vigentes, deben tomar las decisiones sobre sus propuestas”, según fundamentaron.

Dicho planteo aplicaba, por ejemplo, a la fijación por parte de la ANEP de los requisitos de formación que deben tener los directores de los institutos privados. La ordenanza establece qué titulación deben tener quienes asuman dichas responsabilidades y también señala que deben tener formación en gestión, por lo que el planteo de las asociaciones no fue atendido.

Un pedido que sí fue de recibo es la necesidad de contar con mayor flexibilidad para organizar salidas didácticas y campamentos educativos, ya que con la ordenanza anterior, aprobada hace 30 años, los directores deben solicitar permiso en cada caso. El documento aprobado establece que ahora sólo alcanza con informar previamente a la inspección del respectivo subsistema de la ANEP. Como contrapartida, se establece que la responsabilidad de lo que ocurra en ese tipo de actividades recae en las autoridades del centro educativo.

Otro cambio realizado respecto de la primera versión del documento refiere a la posibilidad de que estudiantes avanzados de Magisterio puedan hacer prácticas en los colegios. Actualmente, estudiantes de cuarto año de la carrera pueden hacerse cargo de grupos en instituciones privadas, pero la nueva ordenanza elimina esa posibilidad, en el mismo sentido de lo que ocurre en la educación pública, donde sólo maestros titulados pueden ejercer. Más allá de algunos reparos presentados por las asociaciones, se estableció que estudiantes del último año de la carrera sin asignaturas previas puedan “actuar en conjunto con el docente titular”, que oficiará como adscriptor, si existe previa autorización de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria.

Pese a pedido de colegios, se mantiene plazo de habilitación en diez años

La ordenanza establece un nuevo procedimiento para la solicitud, renovación y revocación de autorizaciones para los colegios. Una de las principales novedades es que saca dicha competencia del Codicen y la coloca en las direcciones generales de inicial y primaria, secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación. Si bien la Aidep había planteado su acuerdo con ese cambio, también solicitó que se mantuviera la posibilidad de que el Codicen interviniera ante algún tipo de controversia, pero ello no está establecido en la nueva ordenanza.

Otro pedido de las dos asociaciones de colegios que no fue contemplado refiere a cambios en la duración de las habilitaciones, que actualmente se estipulan caso a caso. En ese sentido, la ANEP estableció que inicialmente se dé una habilitación provisoria durante un año y, de cumplir con los planes presentados ante el respectivo subsistema, se otorga un permiso definitivo durante diez años. Al respecto, la Aidep solicitó que las habilitaciones sean por 15 años, y la Audec, que no tengan un plazo estipulado, sino que las inspecciones de los subsistemas sean las que soliciten al centro que presente el pedido de extensión del permiso cuando corresponda.

No obstante, el Codicen sí accedió a lo que solicitaron las organizaciones en los casos en que la ANEP no tome una resolución sobre la habilitación provisoria en el plazo de 60 días estipulado en la ordenanza. En esos casos el colegio obtendrá automáticamente el permiso provisorio. Por su parte, también se consideró la solicitud de la Audec respecto de que se contemple la posibilidad de que la habilitación de Bomberos todavía esté en trámite cuando se pide el permiso, ya que se trata de trámites que pueden extenderse en el tiempo.

En tanto, otro de los puntos en los que la ANEP mantuvo la redacción inicial, pese a planteos de las asociaciones de colegios, es la fijación de un número máximo de 30 estudiantes por grupo, más allá de que se contempla la habilitación de excepciones debidamente fundamentadas. Al respecto, la Aidep había argumentado que la disposición “genera burocracia y es un mensaje que afecta a la educación pública por transitividad, dado que en esta suele haber grupos más numerosos”. Además, se señaló que “no hay estudios que avalen un número específico de alumnos por grupo”.

Sindicato de trabajadores disconforme con la ordenanza, por forma y contenido

En el mismo sentido de lo que había solicitado la Aidep, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada (Sintep) entendía que era deseable generar instancias de discusión y negociación sobre el cambio normativo en el sector. Si bien la semana pasada la ANEP convocó a las asociaciones de colegios a una reunión en la que fueron informadas de los cambios aprobados, el Sintep tuvo que solicitar que el tema se incluyera en una instancia bipartita de negociación realizada este miércoles entre el Codicen y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU).

Luego de la reunión, la CSEU emitió un comunicado en el que denuncia que la nueva ordenanza “no contempla ninguna de las propuestas” que había hecho el Sintep en febrero, después de haber solicitado ser recibidos por las autoridades. Por su parte, el Sintep emitió otro comunicado en el que afirma que las autoridades de la ANEP “demostraron una vez más la falta de capacidad para construir consensos”.

En diálogo con la diaria, Christian Quintero, secretario de Propaganda del Sintep, dijo que desde el sindicato vieron con sorpresa la aprobación de la ordenanza después de varios meses sin noticias sobre el tema. Además de los argumentos de forma, que consideró importantes, marcó distintos aspectos de contenido de la nueva norma que lo llevan a afirmar que no soluciona ninguno de los principales problemas de la educación privada.

Por ejemplo, el Sintep reclamaba que los colegios estén obligados a tener personal contable “que pueda rendir un estado de situación de las finanzas, el patrimonio y la viabilidad económica”. De esa forma, el sindicato entiende que se podría evitar o al menos prevenir malos manejos administrativos y, además, detectar emprendimientos cuyos objetivos principales no sean educativos. En ese sentido, el Sintep entiende que el Estado debe ejercer un mayor control de un sector que recibe recursos públicos por medio de exoneraciones fiscales provenientes de donaciones. No obstante, según dijeron a la diaria fuentes de la ANEP, desde el ente se entiende que dichas disposiciones exceden al organismo y son resorte de otras instituciones del Estado.

Además, el sindicato cuestiona que contar con personería jurídica no sea un requisito excluyente para abrir un colegio, ya que el titular puede ser una persona física, y también reclama que la ANEP publique información sobre el estado de situación del sector privado. En esa línea, también piden que el proyecto que deben presentar los centros deba especificar si se persigue o no el lucro. Al respecto, Quintero agregó que desde “la era progresista existió un boom” de colegios que abrieron sin que su objetivo principal sea el de transmitir determinada “cosmovisión”, sino que directamente apuntan a montar un negocio.