“¿Qué está haciendo el Estado para cuidar a nuestras niñeces y juventudes? ¿Cuáles son las intervenciones interdisciplinarias y las políticas interinstitucionales que se van a desplegar en el corto plazo para que podamos ir con tranquilidad a nuestros espacios de trabajo y de aprendizaje?” decía un comunicado que emitió recientemente la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu). Y continuaba: “El narcotráfico se está expandiendo y calando en la existencia diaria de nuestros estudiantes”.

El sindicato hablaba de la educación primaria y de la educación media. Según dijeron algunos docentes a la diaria, la situación se acrecienta con los años y en los centros de bachillerato es donde las violencias y la incidencia del narcotráfico se pueden ver más claramente. Sin embargo, de acuerdo a las distintas fuentes consultadas, nada es por sí solo ni puede ser resuelto por una sola institución.

Aún así, Nilia Viscardi, doctora en Sociología especializada en el estudio de la violencia en y hacia las juventudes, manifestó a la diaria que “el debilitamiento de la trayectoria académica genera mayores condiciones para que de eso se alimenten las redes ilegales y el narcotráfico: hay una captación de niños y adolescentes tempranamente, y ese mercado se alimenta cuando no lográs un vínculo intenso con la actividad académica”.

¿Qué está pasando?

“Las situaciones de desigualdad más estructurales cada vez generan más situaciones de violencia, y acá tenemos serios problemas de convivencia: hay una cantidad de situaciones que están instaladas producto de la segmentación residencial, del no poder acceder a la base material mínima, a la vivienda, la salud, la educación, la cultura, el trabajo, y todo eso termina instalando determinadas lógicas en los barrios”, dijo a la diaria Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

De acuerdo al sindicalista, “varias veces” han denunciado estas situaciones en la órbita del Consejo Directivo Central (Codicen) y, de hecho, la próxima semana volverán a llevar el tema a una instancia bipartita ya que en ocasiones anteriores no recibieron respuesta, dijo. “Hay cosas que se anuncian, pero no impactan en el territorio”, aseguró.

Para Mandacen, la incidencia del narcotráfico en los barrios puede visualizarse en la dificultad para que el estudiantado pueda “desplegar durante todo un año un proceso de aprendizaje, en la continuidad de los centros educativos, en la falta de acceso a la alimentación y el abrigo”.

Alicia Piñeyro es integrante de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) de Montevideo. En conversación con la diaria desde su experiencia individual como educadora en distintos barrios, manifestó que no se puede “asegurar” que “los hechos de violencia que ocurren” están vinculados al narcotráfico.

Sin embargo, narró que muchas veces, han observado que adolescentes “varones dejan de asistir y a veces terminan presos, y sabemos que están en el mercado ilegal”. A su vez, señaló que suele pasar que “los estudiantes más tranquilos son los que venden, porque tienen perfil de buenos estudiantes y pasan más desapercibidos”. Esos mismos, dijo, son los que también están “en una situación económica más compleja”.

Por otro lado, en la misma línea de que es complejo trazar una línea directa entre las situaciones que ven y el narcotráfico, narró que en diversas ocasiones pasa que “balearon a padres de estudiantes, o matan al hermano de una, o una familia pierde la casa porque tiene una deuda con la boca y tenemos que buscar un lugar donde quedarse”.

A su vez, subrayó que hay trayectorias educativas que se ven interrumpidas porque de camino al centro educativo “roban” al estudiante, tanto en la mañana al entrar o en la noche al salir, que en ambos casos está oscuro, “y eso genera que la percepción de la inseguridad de las familias aumente”. Según Piñeyro, “hay seguridades” que pueden dar a la interna, pero en el afuera no. En resumen, para la integrante de Afutu Montevideo, el narcotráfico no suele repercutir “en la violencia a la interna” del centro educativo, “pero sí en el abandono”.

Para la presidenta de Afutu, Ana Borges, la “población estudiantil no está ajena a la sociedad, por tanto, la violencia que se vive afuera también está dentro de nuestros salones”. En ese mismo sentido, dijo que el estudiantado al igual que la sociedad está “atravesado por el tráfico de drogas y otros factores”. En ese marco, dijo que no puede “dar la certeza de que entra o no a los centros educativos y si el ausentismo es por el tráfico, que no es únicamente por eso”. Sin embargo, señaló que está “clarísimo que hay determinadas zonas que se estigmatizan, pero son parte de la realidad, donde padre y madre del estudiante están en situación de cárcel y quedan solos”.

¿Cómo trabajarlo?

Ante la visualización de episodios de violencia, Borges manifestó la “preocupación” de que en el período actual de gobierno “la primera respuesta no es la pedagógica”, sino que “ha sido la presencia del Ministerio del Interior” (MI). “La violencia intraescolar la quisiéramos combatir con ámbitos pedagógicos, referentes pedagógicos, mayor asistencia de psicólogos  —que tenemos, pero son insuficientes— con otro tipo de contención escolar”, manifestó. Si bien dijo que entienden que la vinculación con el MI “es parte de toda esta cadena”, señaló: “Como educadores vamos a seguir reivindicando en primera instancia lo pedagógico”.

Piñeyro también destacó que dentro de los centros educativos siempre intentan abordar el tema “desde un lugar educativo”. Aún así, manifestó que tienen un “protocolo de acción” para “dar cuenta a las instituciones”. En esos casos, dijo que “a veces no pasa nada y otras veces responden y citan a declarar al estudiante, pero no tiene que ver con el caso, sino con quien recibe esa notificación”.

Según la docente, de todas formas se intenta “trabajar estas situaciones desde lo educativo, porque si todavía expulsamos a este chiquilín que no tiene para comer y hace esto por eso, se genera algo peor, que es que no vuelva. Entonces, por protocolo tenemos que notificar y lo hacemos, pero la idea nunca es expulsar a nadie, sino trabajarlo con la educación”.

“No somos especialistas en eso y creemos que es un tema de alta complejidad”, dijo, por otro lado, Mandacen. En ese marco, manifestó que su planteo es “vincular a toda la academia que trabaja en esto para permitir un abordaje territorial mucho más profundo” y no sólo en los centros educativos.

Para pensar en un escenario en el que las situaciones de violencia permeen menos, Mandacen señaló como necesario el “trabajar estructuralmente con esas familias sometidas a esa magnitud de desigualdad”. Asimismo, subrayó la importancia de que “en los centros periféricos, como existen experiencias en otros países, hay que armar cines culturales, sacar a los adolescentes de la calle, pero no para recluirlos, sino para hacerlos conocer otros mundos, otra forma de vincularse con el otro. Eso lleva mucho tiempo, pero que tengan acceso a la cultura es un elemento central y es lo único que lo va a solucionar de fondo”.

A su vez, el secretario general de Fenapes aseguró que no se trata de “un tema educativo, sino social: hay un problema en el barrio que tiene mucho más peso en esas familias que lo que podemos hacer como institución educativa”.

En tanto, la presidenta de Afutu resaltó la necesidad de un “trabajo interinstitucional”: “De las puertas de la institución hacia adentro, la comunidad educativa toda tiene que ser parte, no se puede estar en manos del MI de la puerta para adentro”. “Cuando decimos mayor presupuesto, decimos que los cargos de psicólogos son fundamentales y que algunos de los grandes temas son violencia, consumo, tráfico; reivindicamos equipos multidisciplinarios, pero no fue la política de este gobierno”, apuntó.

Por último, resaltó que es importante la “no estigmatización” “porque es complejo cuando suceden cosas en determinadas instituciones y se estigmatiza a toda la comunidad”. “Sin embargo, esto es a nivel país y los que tenemos dentro de las aulas son hijos de uno que está luchando para comer en la olla popular o que está preso”, lamentó.

Desde la academia y el territorio

Para Viscardi, “el narcotráfico, el mercado ilegal e informal de drogas afectan a la educación y a los jóvenes, en primer lugar por el problema de las economías informales e ilegales que, al quedar en los circuitos paralelos, afecta el impuesto, la redistribución, el trabajo, las políticas de previsión social, la posibilidad del Estado de constituir una sociedad con el mercado y redistribuir el producto de la ganancia social”.

Como paso siguiente, para la socióloga, “incide en la capacidad de los Estados de transformar la planta urbana, redistribuir en políticas sociales, entonces, en general hay una afectación en la economía que se va a ver a niveles macro y micro”. Señaló que es necesario incluirla en la discusión “porque forma parte de los elementos que afectan directamente la desigualdad territorial”.

Por otro lado, dijo que, a partir de los estudios que han hecho en el marco del grupo de investigación sobre violencia, criminalidad y juventud, “el mapa social de la violencia mostraba que” en determinados barrios “no había lugar en que los niños y adolescentes no identificaran miedo a la muerte, por sus vidas”. “Además de generar traumas, eso incide en el desplazamiento y la movilidad, que no debemos restringir a la educación formal: afecta el deporte, la ida a ver a los amigos, etcétera”, planteó.

Con base en un censo de convivencia realizado en 2015, contó que en distintos centros educativos “situados en territorios en que hay problemas de muertes y violencias por tráficos de drogas” pudieron observar que “los docentes faltan más o no llegan al liceo, no toman horas allí porque les pueden robar el auto, porque el camino es inseguro y también les afecta”. En tanto, añadió que “los directores permanecen menos tiempo o toman menos horas, entonces, la incidencia en el estudio es a nivel de la comunidad, tanto en niños y adolescentes que tienen miedo a ir, como en las condiciones de trabajo que afectan al propio centro de estudio”.

Para Viscardi, este contexto “determina una vulnerabilidad social más importante en la cual están las otras dimensiones que nos cuesta más ver, como la redistribución social e impuestos, que es justamente el mar de fondo: explica esta circularidad entre informalidad, ilegalidad, debilidad del Estado y aumento del control por redes informales e ilegales”.

Florencia Lemos forma parte de Serpaj y del proyecto sobre Justicia Penal Juvenil. Desde el Consultorio de Violencia Policial e Instituciones, a su vez, hacen talleres con adolescentes de educación no formal. En este marco, señaló a la diaria que el narcotráfico “es un fenómeno que viene sucediendo como parte de la deserción temprana por parte de adolescentes, más que nada en algunos barrios de Montevideo asociados a dinámicas que tienen que ver con la pobreza estructural, las diferentes trayectorias delictivas y las violencias que están en las comunidades”.

A su vez, remarcó que “no es un fenómeno de ahora, pero viene cambiando la cultura delictiva y los perfiles delictivos: el narcotráfico se ha instalado en este último tiempo, no sólo en los mercados, sino como una estrategia de progreso”. Y aunque no sea nuevo, de acuerdo a Lemos “viene creciendo, en la medida que las instituciones encargadas más del lazo social, como las escuelas, liceos, la salud, el trabajo, la familia, han venido dejando lugar al mercado, al consumo, más que nada pensando en la construcción de identidad de los adolescentes”.

En ese sentido, explicó que la “cultura narco” se asocia a la “ostentosidad”, y que si bien, por ejemplo, “por vestirse de una manera no significa que son parte de una red de tráfico, les genera identidad, porque es algo que está en el barrio”. Mientras tanto, analizó que dicho mercado “les da hoy en día un ingreso económico, una salida laboral, una idea de proyecto, de progreso, que no la están encontrando en otros lados”.

El progreso encontrado en el narcotráfico, si se mira desde el antipunitivismo, puede encontrar una causalidad, dijo: “Las políticas punitivas han reforzado las violencias en las comunidades y las políticas que tenemos son de choque, apuestan a más policías”. Vinculado a la educación, ejemplificó que en casos de allanamiento “se altera todo el funcionamiento de los barrios y las instituciones educativas tienen que cerrar”. Asimismo, aseguró que la “presencia policial excesiva en los barrios” repercute “en el circular libremente de los adolescentes en los barrios”.

En resumen, para Lemos el narcotráfico “no es que afecte, sino que se aprovecha de ese desmembramiento de la educación, de un mercado que no da trabajo a personas que no tienen determinados estudios y exigencias, de otras instituciones como son la familia, la salud, entre otras, que antes eran generadores de identidad, de sentidos, de idea de proyecto a futuro, y cuanto más puede calar, es cuanto más están desmembrados esos lazos”.

Políticas en construcción

Viscardi subrayó en que “todos los niños y adolescentes que crecen en comunidades en las que hay mayor exposición al trabajo infantil, informal e ilegal tienen mayor riesgo de quedar involucrados en esa red, de tener un débil vínculo con la actividad escolar, y de quedar desafiliados en primer año de liceo”.

Por tanto, para la socióloga “tiene que haber una alerta social para proteger las trayectorias educativas y de vulnerabilidad de las trayectorias”. En ese sentido, dijo que algunas experiencias conocidas “han intentado las siguientes dimensiones: tomar medidas alternativas al enrejado, que son la iluminación, la búsqueda de una revitalización del centro educativo como comunidad abierta al entorno, el trabajo de enlace comunitario y solidaridad, para que los estudiantes y adolescentes del barrio sigan integrados a esa vida”.

Al igual que Mandacen, resaltó la importancia de los centros culturales y las políticas de deporte y, por otro lado, subrayó también la relevancia del “trabajo de seguridad sobre una lógica de policía comunitaria, que es distinta a la presencia policial a través de un cuidador armado que se encarga de controlar el ingreso y el egreso”.

Además, manifestó la necesidad de que “la política pública tiene que pensar de modo multidimensional, desde las políticas sociales, evitando la moralización, porque el problema del microtráfico de drogas no se debe a que hay gente buena que elige trabajar en el mercado de empleo formal y gente mala, sino que los estudios sociales muestran perfiles sociales vinculados a la pobreza y la vulnerabilidad”.

Mientras tanto, desde el Codicen están instalando el Plan de Convivencia a nivel nacional. En diálogo con la diaria, Virginia Cáceres, presidenta del organismo, explicó que en lo que se hace “mucho foco y énfasis es en lo que tiene que ver con el consumo en estudiantes”. Una de las líneas a seguir es que, a través de un convenio con el MI, “empezarán a formar policías que van a trabajar en los últimos años de la educación primaria para hablar sobre consumo y violencia”.

En educación media, dijo que el consumo problemático de drogas y las distintas violencias, como las de género, están siendo trabajados a través de talleres del proyecto Pelota al medio la esperanza. En San Carlos, en particular, están desarrollando un plan piloto de talleres que no sólo involucra a estudiantes, sino a los docentes y las familias.

Más allá de los ejemplos puntuales de implementación, señaló que el plan está siendo “muy bien recibido porque el tema convivencia en general preocupaba y había mucha expectativa y necesidad de mayor articulación de trabajo”. Esbozó, aún así, que el plan “no pretende ser una solución definitiva a un problema que es complejo, sino una herramienta más, porque lo hicimos sin desconocer que ya muchos docentes vienen trabajando en el tema convivencia, y lo que tratamos de hacer ahora es dar una línea de trabajo institucional”.

En ese marco, puntualizó en que se necesita de un trabajo “interinstitucional” para abordar las violencias y las convivencias dentro de los centros educativos. Justamente, señaló que las distintas oficinas técnicas de todos los subsistemas del Codicen hicieron una síntesis de “todas las herramientas que ya tenían al servicio, para potenciarlas y pensar estrategias para seguir abordando el tema”. A su vez, resaltó que están teniendo “muchas reuniones de trabajo y coordinación con el MI, con directores de los centros, con familias”.

“Sabemos que este es un trabajo que la educación no lo puede hacer sola, que tiene que ser interinstitucional, y que va mucho más allá del sistema educativo, tiene que ver con un proceso cultural de mucho tiempo, y nosotros ahora tenemos que empezar a revertirlo”, finalizó.