En las recorridas que el equipo de representación docente en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública ha realizado a lo largo y ancho del país, hemos encontrado docentes que, movidos por el desconcierto ante la reforma educativa, frecuentan la misma pregunta: “¿Saben qué va a pasar en la educación ante un eventual cambio de gobierno?”. Nuestra respuesta refleja la misma interrogante, con un gesto de labios levemente apretados y cejas levantadas por el impulso de una inhalación silenciosa y dubitativa.

A medida que avanza el proceso electoral van apareciendo declaraciones en los bandos político-partidarios con mayores posibilidades de alcanzar el gobierno, que ofrecen algunas pistas para dilucidar la respuesta que nos ha dejado en deuda.

En tiempos en que nos estamos –mal– acostumbrando a que la economía opere como la disciplina rectora de las políticas educativas, es importante prestar atención a los discursos que emanan desde allí. Los modelos educativos suelen guardar una relación estrecha con las políticas económicas y el proyecto de país que, desde estas, se pretende construir. En ese sentido, vamos a analizar algunas de las propuestas declaradas en medios de comunicación por figuras de la coalición de izquierda y de derecha.

Tensiones en la agenda progresista

Es de interés recoger las propuestas del economista que aspira al cargo de ministro de Economía y Finanzas por el progresismo, Gabriel Oddone. En diversas entrevistas que brindó en agosto, ha dado cuenta de que maneja una agenda propia, no solamente sobre su materia, sino también sobre educación.

En lo que refiere a economía, el presidente del Frente Amplio recientemente declaró públicamente que algunas de sus ideas no se corresponden con el programa de la coalición de izquierda, por ejemplo, las modificaciones sobre negociación colectiva, en referencia a la propuesta de desindexar salarios.

En lo que refiere a educación, en la entrevista que Oddone brindó a la diaria manifestó especial interés en buscar la manera de “hacer que cada persona que trabaje tenga más capacidad de generar valor, es decir, cómo aumentar la productividad, cómo aumentar la eficiencia de la economía. Hay mucho para hacer en eso: conectar mejor el mundo de los negocios con el mundo de la generación de conocimiento, con el mundo de la innovación y con el mundo de la tecnología”.

Para lograr ese fin apela a un –supuesto– acuerdo a nivel nacional, que implica la subvención estatal a empresas e inversores en innovación, bajo la idea de que la innovación en conocimiento es un riesgo que debe asumir el Estado y, en consecuencia (nos arrogamos la siguiente deducción), también los estudiantes que reciben esa formación.

Citamos: “Es sorprendente la cantidad de micro, pequeños y ya no tan pequeños emprendimientos que están teniendo lugar y que han permitido que los empresarios inviertan más en proyectos cuya rentabilidad es incierta, donde hay un enorme riesgo. Eso hay que fomentarlo, ahí hay que hacer gasto tributario, hay que hacer renuncia fiscal; toda empresa que incurre en el riesgo de promover y patrocinar la generación de conocimiento, de una innovación importante en alguna área relevante, debe ser objeto de una fuerte contribución del Estado, y en eso estamos todos de acuerdo en Uruguay”.

Esta propuesta radicaliza la idea de la actual directora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP y exintegrante del think tank Eduy 21, Adriana Aristimuño, quien en un programa radial comentó que desde el “mundo productivo” le solicitan que a los estudiantes “no se los forme demasiado en nada” porque luego las empresas los van formando.1 El candidato al Ministerio de Economía y Finanzas, también exintegrante de Eduy 21, redobla la apuesta pretendiendo que el Estado, además, subsidie a esos inversores mediante la renuncia tributaria, lo que representaría avanzar un paso más en el proceso privatizador de la educación pública.

¿De dónde provienen estas tensiones?

Cómo ya se había advertido en un artículo previo, el think tank Ágora ha comenzado a trabajar en la construcción de agenda para el próximo gobierno.

El grupo de expertos encabezado por el “inversor ángel” Bruno Gili, retirado hace un tiempo de la empresa consultora CPA Ferrere, anunció su inauguración en varios medios a fines de 2023. En la entrevista titulada “Bruno Gili: ‘La generación de 40 años debería tener más peso en el próximo gobierno’”, de la revista de origen estadounidense sobre negocios y finanzas Forbes, presenta al think tank que fundó junto a “su amigo Gabriel Oddone” y aborda algunas “de sus prioridades como inversor ángel”.

Gili, excofundador de Eduy 21 (think tank cesado a fines de 2022), manifiesta que Ágora está conformado por “personas relevantes” y menciona a Enrique Iglesias, Javier de Haedo (ex Eduy 21), Fernando Filgueira (ex Eduy 21), Renato Opertti (ex Eduy 21), Mercedes Viola, Pata Kramer, Gabriel Calderón, Carlos Battyhány y Mariela Solari. También explica su funcionamiento, mediante “ágoras temáticas” que tratan diversos temas, como “derechos, economía, ambiente, ciencia y tecnología, convivencia, relaciones internacionales”, entre otros.

A lo largo de la entrevista, el inversor también aborda aspectos relacionados con su carrera en el mundo de los negocios. Además de anunciar que desarrollará una cátedra en la Universidad ORT, revela cómo elaboró, junto con su socio Oddone, una estrategia de negocios que les permitió facturar un millón de dólares en solamente tres años y luego lograr proyectos que alcanzaron los siete millones. Es llamativa la natural franqueza con la que narra sus proezas financieras, dejando entrever que en un ámbito de feroz competitividad cualquier estrategia es buena, es decir, “todo vale” si contribuye al rédito económico.

Para finalizar la entrevista, también detalla algunos de sus emprendimientos en curso, entre ellos la creación de una “sociedad para invertir”, por ejemplo, en el área de “productos de inteligencia artificial y data science” así como en startups y en empresas en crecimiento.

Recomendamos la lectura de la entrevista completa; allí se pone de relieve una concepción sobre economía, educación y finanzas que busca imponer tendencia en el plano político. Su agenda de negocios encuentra puntos clave de convergencia con las propuestas extraprogramáticas planteadas por Oddone. También se evidencia la línea de continuidad trazada por los protagonistas de Eduy 21, que sentaron las bases de la actual “transformación educativa” y que desde Ágora se proyectan a seguir profundizando en 2025.

La otra agenda

La concepción neoliberal de las políticas públicas también se expresa, de un modo más descarnado, en propuestas que relacionan directamente a la economía con el “logro educativo” desde una perspectiva meritocrática.

Álvaro Delgado y el Partido Nacional (PN) proponen “solucionar” las bajas tasas de egreso en bachillerato para los quintiles socioeconómicos más desfavorecidos mediante una especie de recompensa monetaria —unos 6.000 dólares actuales— para quienes logren completar el bachillerato antes de los 20 años.

Esta propuesta se enfoca únicamente en los resultados, no aborda los problemas estructurales que generan la pobreza; la bajísima tasa de egreso es sólo la punta del iceberg. La Transformación Educativa impulsada por Eduy 21 e implementada por este gobierno no ha logrado modificar este panorama.

Para el PN, la infantilización de la pobreza –raíz principal de la desigualdad que lleva al fracaso y al abandono escolar– no parece ser el problema central. Su prioridad está enfocada en la culminación del bachillerato, una promesa que no ha cumplido, a pesar de haber flexibilizado los reglamentos de evaluación y promoción en la educación media básica y superior.

Cabe recordar que se trata de la misma fuerza política que, en el actual gobierno, eliminó 10.000 becas del programa Uruguay Estudia, que brindaban apoyo económico a jóvenes que cursaban la educación media. Ahora presentan una “fórmula mágica” para generar una política de “shock”, pero en realidad no es más que una recompensa final. Ignoran o desestiman las causas estructurales que apartan a los y las jóvenes del sistema educativo, colocando sobre ellos la responsabilidad individual de completar el ciclo obligatorio. Es como la vieja fábula de la zanahoria delante del burro: si lo logran, bien; si no, será culpa de su falta de voluntad. Quienes no alcancen la meta deberán lidiar con la frustración, alimentando la falsa narrativa de que “son pobres porque quieren”.

Es esperable también que una política de estas características incida negativamente en la relación pedagógica entre docentes y estudiantes, reduciendo el valor de aprender a un interés económico. Incluso podría generar conflictos cuando las y los docentes, ante circunstancias en las que deban reprobar estudiantes que estén cerca de alcanzar el “premio” de Delgado, sufran presiones tendientes a aprobar a quienes no alcancen los mínimos aceptables.

Para el PN, la infantilización de la pobreza —raíz principal de la desigualdad que lleva al fracaso y al abandono escolar— no parece ser el problema central. Su prioridad está enfocada en la culminación del bachillerato, una promesa que no ha cumplido, a pesar de haber flexibilizado los reglamentos de evaluación y promoción en la educación media básica y superior.

La fórmula mágica de Delgado tiene como objetivo duplicar la tasa de egreso de bachillerato entre los sectores más vulnerables, donde sólo dos de cada diez jóvenes menores de 20 años logran egresar. Pero no consideran lo que viene después: ¿de qué sirve terminar el bachillerato si el “mercado laboral” –desde su óptica– no ofrece incentivos para quienes egresan? No parece que Delgado ni su equipo estén pensando en eso. Completar el bachillerato no siempre asegura mejores salarios ni mejor inserción en el trabajo, salvo en ciertos cargos de la administración pública.

Por supuesto, este y otros trucos mágicos se aplicarían en un próximo gobierno del partido de Delgado –como si el actual les fuera ajeno–. Se trata de una medida que forma parte de los planes pensados para el “segundo piso de transformaciones”, que proyectan construir sobre los escombros de las primeras –y fracasadas– reformas de la actual transformación curricular.

La pregunta pendiente

Las complementariedades de las agendas analizadas, con un profundo enfoque de mercado, evidencian el riesgo de continuidad con la actual Transformación Educativa. No contemplan la necesidad de una participación real de las y los verdaderos protagonistas que conviven en los centros educativos, quienes ponen el cuerpo, las emociones y el pensamiento cotidianamente: docentes, estudiantes y comunidad educativa.

Mientras tanto, la pregunta que recurrentemente nos realizan los y las docentes puede encontrar una respuesta alentadora en la construcción de una agenda alternativa y colectiva posneoliberal.

El Congreso Nacional de Educación, ampliamente participativo y vinculante, así como la autonomía y el cogobierno en la dirección de la educación, para consolidar una construcción realmente democrática de las políticas educativas, es el camino para hallar una respuesta que trascienda los vaivenes electorales.

Gonzalo Irigoyen es licenciado en comunicación y Daniel Devitta es profesor, ambos integran el equipo del consejero electo del Codicen Julián Mazzoni.


  1. Se trata de una entrevista en el programa radial En perspectiva, realizada el 15 de agosto de 2023.