En los últimos meses, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria han tenido diferencias por la instalación de una placa de la memoria en el Instituto de Formación Docente (IFD) de Paysandú y en la Escuela Técnica de UTU, ya que en ambos casos la ANEP no dio unánimemente el aval para colocarlas, sino que, por el contrario, hubo más de una negativa antes de que finalmente haya llegado el sí.

En este marco, las autoridades de la ANEP fueron convocadas por la bancada del Frente Amplio (FA) a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores y fueron recibidas este lunes para tratar este y otros temas educativos.

En primer lugar, explicitaron que la secretaria administrativa de la ANEP, Isabel Solís, representa al organismo en la comisión de sitios de la memoria y que, luego de que las distintas solicitudes son tratadas en la comisión, Solís las pone a consideración del Consejo Directivo Central (Codicen) y luego expresa su voto.

El consejero político Juan Gabito, nombrado en el cargo por el Partido Nacional, explicó que, “una vez adoptadas las decisiones por la comisión, estas son implementadas en el seno de la ANEP” y que, “en algunos casos, ha tomado más tiempo por algunas dudas que se han suscitado en cuanto a si el denominado ‘espacio público’ es tal”.

Otro de los motivos de duda que han estado en la órbita del Codicen a la hora de dar el aval para la colocación de una placa de memoria en un centro educativo es “cuando la denominación no refiere a un episodio específicamente ocurrido allí con un funcionario o exfuncionario cuyos derechos hubiesen sido conculcados”, sino que “se elige el centro educativo específicamente por considerarlo relevante a los efectos de difundir esa trayectoria sindical o política de la persona”.

Gabito mencionó, en particular, que en ocasiones como esas se ha “pronunciado en contra en el sentido de que se aleja de ser un acto de reafirmación o recordación para pasar a ser uno de una opción de vida, una opción sindical y una opción política”. Para el consejero de la ANEP, en esos casos se entra “en un terreno que es más de tipo proselitista, y nosotros tenemos que preservar la laicidad en los centros de enseñanza”.

“La ley es clara y tenemos que cumplirla, pero la aplicación no siempre lo es para nosotros y eso es lo que muchas veces ha demorado la implementación de decisiones que no han contado con el voto de la ANEP porque se opusiera o se abstuviera”, concluyó.

El presidente del Consejo de Formación en Educación, Víctor Pizzichillo, quien fue designado por el Partido Colorado, se pronunció de manera similar: “Nosotros entendemos que el espacio público es el espacio abierto. El espacio de un centro educativo es un espacio privado de una institución pública. A ese espacio privado de la institución el ingreso no es libre, por lo que cualquier persona no puede poner un puesto de golosinas ni vender alimentos o una rifa, sino que previamente se debe tener la autorización del responsable institucional”.

Concretamente, y vinculado a lo sucedido con la placa en el IFD, Pizzichillo dijo que “se hizo hincapié en que el espacio interior del centro educativo es un espacio privado de una institución pública. Ese es el punto. Por lo tanto, no correspondería la colocación de la placa dentro de la institución educativa, más allá de los principios a los que hacía referencia el consejero Gabito en cuanto a la preservación de la laicidad y demás”.

En tanto, la consejera política del Codicen Dora Graziano, propuesta en ese cargo por Cabildo Abierto, consideró como “apropiado” y que, de hecho, “ameritaría” “realizar una revisión de la ley”, debido a que “existen puntos con diversas posturas que dan lugar a distintas interpretaciones”.

Autoridades cuestionan la ley vigente

“Hemos estado en discrepancia con la posición mayoritaria y queremos dejar constancia de ello aquí”, manifestó, por otro lado, el consejero docente del Codicen, Julián Mazzoni. A su juicio, “la colocación de las placas tiene que ver, justamente, con la defensa de los derechos humanos y es importante que las instituciones educativas participen en eso”. Por otro lado, acotó que aún resta colocar placas de la memoria en los liceos de Florida y de Treinta y Tres.

La consejera docente, Daysi Iglesias, respondió a lo planteado por Graziano: “No comparto la idea de que justamente en este momento, en esta circunstancia, la Ley 19.641 deba ser sometida a revisión”. De acuerdo a la consejera, “no corresponde por el momento histórico, por el año en el que estamos y por la altura del año. En todo caso, considero que si hay ciudadanos que quieren plantear esa revisión deben hacerlo cuando comience el próximo gobierno, porque en este momento está terminando una administración, está culminando una acción parlamentaria, y no creo que sean oportunas las revisiones de leyes de este tipo ni de ningún otro”.

Por el FA se pronunció el senador Sebastián Sabini, quien aseguró que la colocación de placas de la memoria en centros educativos “es un tema que hace a la construcción de la identidad colectiva”. En ese marco, también se refirió a la ley. “Es muy clara; si no nos gusta, hay mecanismos para cambiarla, pero hay que aplicarla. Lo que no se puede hacer es, por la vía oblicua, no aplicarla”.

Asimismo, esgrimió que en caso de que las autoridades tengan intención de cambiarla, deben “proponer un proyecto de ley, para lo cual hay mecanismos; mientras tanto, está vigente”.

Por otro lado, se refirió a uno de los argumentos de la ANEP para posicionarse en contra de la colocación de ciertas placas: “El informe jurídico que ustedes tienen –sé que está en su poder– establece que el problema sería que otras personas también podrían querer tener una placa, lo cual –insisto– es absurdo”.

A su vez, se detuvo en el informe, particularmente con respecto a la colocación de la placa en el IFD de Paysandú, debido a que “dice que es un acto publicitario y por eso atribuye una intención, no sólo por parte de las personas que promueven, sino de la propia comisión”. Sobre este punto, opinó que la posición es “inaceptable”, ya que “la placa es un acto reparatorio con la familia y con la sociedad porque parte de la hipótesis de que no sólo las personas involucradas directamente sufrieron terrorismo de Estado, sino que atañe a toda la sociedad” y, que, por último, “se supone que el Estado es el que debe defendernos a todos y por eso es un acto reparatorio”.

La ANEP no tiene una posición predefinida sobre la colocación de placas

Por último, el senador solicitó a las autoridades del Codicen que respondan si tienen conjuntamente “una perspectiva contraria a lo que establece la ley y la comisión en cuanto a los sitios de la memoria”. Al respecto, Gabito aseguró que “no se puede calificar de sistemática la posición del consejo”, ya que, de hecho, agregó que fueron más las abstenciones que las negativas a las propuestas.

En referencia a la inconstitucionalidad de la ley, esgrimió que ninguno de los que están de acuerdo lo han planteado formalmente, pero consideró que “es lo que correspondería hacer porque se está desplazando la toma de decisión de un aspecto muy trascendente desde el punto de vista educativo, desde la autoridad de un ente autónomo a un órgano de segundo o tercer grado jerárquico de otra institución que no tiene ese cometido específico”. Sin embargo, señaló que será algo que “quedará para la próxima administración”.

En tanto, la presidenta del Codicen, Virginia Cáceres, también respondió a lo consultado por Sabini. “Sobre cada una de las solicitudes de colocación de placa que llega al seno del consejo hay un debate específico, no una posición monolítica, tajante o predispuesta de antemano. Por el contrario, cada caso que llega genera un intercambio y se hace un análisis específico de esa situación”.

Asimismo, al respecto de las posturas sobre inconstitucionalidad, Cáceres aclaró que “la ANEP, como institución, no ha dado ese debate y no es una postura institucional”. Por último, subrayó que “en cada una de las instancias en que la comisión emite su dictamen final y encomienda la colocación de la placa, más tarde o más temprano, esta se coloca”.