Claudio Rama negó acusaciones de acoso laboral y asegura que denuncia fue “armada políticamente”, lo que rechazan los denunciantes

Hace algunas semanas, 11 funcionarios del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) del Consejo de Formación en Educación (CFE) denunciaron por acoso laboral al director del centro, el economista y doctor en Educación Claudio Rama. En diálogo con la diaria, Rama enmarcó la denuncia en un proceso previo en el que, según afirma, venía siendo “puenteado” por las autoridades del CFE que asumieron en marzo, después del cambio de gobierno.

Según consideró Rama, desde marzo de este año las funciones del IPES se fueron “reduciendo”, y en paralelo se fue “preparando” lo que consideró es “la acción final” para sacarlo del cargo. El director valoró que las actuales autoridades trataron de culpar al instituto y a su gestión de la Maestría en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, que el año pasado generó polémica por el nombramiento de parte de su plantel docente, entre quienes inicialmente estaba el expresidente del CFE, Víctor Pizzichillo.

Otra de las medidas tomadas por las autoridades que señaló Rama fue el retiro de “las facultades para la administración de las horas docentes” en el IPES y también la aprobación de algunas cohortes de posgrados sin su conocimiento. Entre estos casos nombró la apertura de una nueva cohorte de un posgrado en Física y la renovación de un posgrado en Matemática, ambos con la Universidad de la República (Udelar). En este último caso, además, apelando al presupuesto del instituto para educación continua, según planteó.

Rama aseguró que en los últimos meses también le asignaron a la secretaria administrativa del instituto la función de instrumentar el funcionamiento de la comisión de posgrados del CFE. “La comisión de posgrado había sido propuesta por mí, tanto para que se designara la comisión como en la ordenanza que yo propuse el año anterior”, dijo Rama, en alusión al documento que regula el funcionamiento de los posgrados en el CFE, aprobado en el gobierno anterior, y cuya validez ha sido cuestionada por las actuales autoridades del organismo, según el director.

“Desde el inicio de las nuevas autoridades ha habido una acción sistemática y documentada que fue reduciendo y acotando las capacidades de la dirección”, sostuvo el director denunciado y apartado del cargo. Según completó, junto a sus abogados concluyeron que “ya había una premeditación y un camino” para “sacarlo” de la dirección del instituto.

Según asoció, la idea de las autoridades del CFE de cuestionar la legalidad de que el organismo ofrezca posgrados tiene que ver con la fundamentación para crear una Universidad de la Educación, a la que Rama se opone. Según argumentó, la Ley General de Educación establece que la formación en educación tiene a cargo la formación de grado y posgrado y, por tanto, el CFE está facultado para ello, sin que se necesario crear un ente para ese fin. De hecho, planteó que, aunque no estaba “tan en contra” de la nueva universidad, después de “las arbitrariedades” que vivió, ahora está radicalmente en contra de generar un nuevo ente autónomo con la estructura del CFE.

En el mismo sentido de lo expresado a Búsqueda días atrás, Rama dijo que, como consecuencia de la negación del IPES como instituto capaz de emitir títulos de posgrado, las autoridades generaron una situación irregular con los títulos de un diplomado en enseñanza de la sociología, también en conjunto con la Udelar.

Según relató, el CFE autorizó el diplomado en el gobierno anterior, bajo la presidencia de Patricia Viera, pero no se realizó el trámite ante la Udelar para que el posgrado tuviera validez legal. Por lo tanto, cuando se graduaron los primeros estudiantes el problema saltó y el comité académico acudió a Rama en busca de una solución, ya que valoraron que el trámite “duraría años” a la interna de la Udelar, según contó el director del IPES. En ese momento, ya con las actuales autoridades del CFE en sus cargos, dijo haber elaborado un documento para aprobar la titulación, pero el CFE definió pasar el tema a la órbita de la Comisión Mixta ANEP-Udelar. En ese ámbito se definió que los títulos se entregaran a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), algo que Rama considera no ajustado a la legalidad.

Consultado por la diaria, el decano de la FHCE, Pablo Martinis, dijo que, efectivamente, él planteó en esa instancia que la facultad podría otorgar esos títulos, pero cumpliendo con toda la normativa vigente y dando los pasos administrativos que, entre otras cosas, implican el aval del Consejo Directivo Central de la institución.

Las denuncias en su contra

Respecto a las acusaciones de la denuncia que comenzó a ser investigada por el CFE, Rama aseguró que son “absolutamente falsas” y que no hay ninguna prueba en su contra. En relación al planteo sobre el manejo discrecional de las horas extras en el IPES, el jerarca dijo que el único cambio que hizo fue retirarle las horas extra a una funcionaria que “llevaba los títulos por la calle” y otro tipo de documentación desde y hacia el instituto. “Yo dispuse que eso lo hiciera una empresa, era un riesgo que la señora tuviera un accidente, además de todo el tema de conseguir papeles para los taxis, la caja chica tiene determinados requisitos legales para la documentación”, argumentó.

Rama señaló que cuando solicitó a la secretaria administrativa del IPES la búsqueda de una empresa para esa tarea le planteó que no iba a funcionar y, después de varios días de idas y vueltas, “se le impuso” que buscara a una empresa que se encargue del tema. Según el director, ese fue un punto de quiebre en la relación con la funcionaria que tiene a cargo la gestión del funcionariado no docente del Instituto, que “dejó de subir a su oficina”, ya que la funcionaria en cuestión era la secretaria de la secretaria administrativa.

Según dijeron a la diaria fuentes del IPES, la secretaria administrativa, a quien Rama acusó de haber faltado durante 84 días, no se ausentó más de 60 días —cálculo en el que se incluye la licencia reglamentaria—, y actualmente cuenta con una certificación médica derivada de los problemas de relacionamiento con el superior.

El director aseguró que trabajaba los temas con los responsables de las distintas áreas y negó que tenga un mal vínculo con la mayoría de los trabajadores, ya que el IPES cuenta en total con 39 funcionarios, entre docentes y no docentes.

Según dijo, el único altercado lo tuvo el día en que asumieron las actuales autoridades y un funcionario encargado de mantenimiento gritó “se van los fascistas”, en referencia a los exintegrantes del CFE. “Al rato pasa por mi oficina a buscar una silla medio extraña y le digo: ‘¿cómo va a estar diciendo esto en un instituto educativo, qué se cree que es esto?’ Efectivamente, lo increpé, no abrí un sumario, pero lo increpé sobre cómo podía estar gritando ‘se van los fascistas’ en el instituto. Es una cosa no académica”, relató Rama.

El director negó que no tuviera en cuenta la opinión de los funcionarios, más allá de que que en la bedelía del instituto fue necesario generar instancias de capacitación informática, ya que se encontró “un escenario de baja formación” en los funcionarios, pero nunca le realizaron propuestas “en ningún sentido”. Por su parte, negó las acusaciones de hacer alarde de sus vínculos políticos y de pertenecer a la masonería, ya que no integra dicha institución.

En el mismo sentido que ha planteado en otros medios, desde su punto de vista la denuncia fue promovida por la secretaria administrativa del instituto y por la Asamblea Técnico Docente, que la funcionaria integra por otro cargo, de carácter docente, que tiene en el CFE. Además, Rama asegura que quienes denunciaron “son todos del Frente” Amplio.

Desde el lado de los denunciantes, en tanto, niegan tal vinculación y aseguran que actuaron de forma independiente en el momento en el que notaron que el relacionamiento con el director comenzó a afectar la salud mental de los trabajadores. Además, consideraban que con las anteriores autoridades no había suficientes garantías para realizar una denuncia. De hecho, marcaron que las anteriores autoridades prorrogaron en el cargo a Rama pese a haber cumplido 70 años el año pasado, edad límite para ejercer cargos docentes en el CFE.

El rol del asistente de la dirección

Respecto al rol de quien ejercía como su asistente, Nelson Simatovich, Rama negó que el funcionario tuviera 50 horas: “Tuvo 20 horas durante seis meses y estuvo trabajando full. Después, dos meses estuvo con 30 horas, dos meses más con 40 y llegó a 50 horas el mes pasado, cuando efectivamente el volumen de trabajo era enorme”.

Según argumentó, buscó para esa función a alguien que supiera de los temas académicos que maneja el instituto. De hecho, dijo que primero intentó con el exdirector Nacional de Educación Juan Pedro Mir, pero finalmente no aceptó, y luego apostó por Simatovich, a quienes los funcionarios señalan por empeorar el vínculo entre ellos y la dirección. Según defendió, bajo su gestión se empezó a poner “micrófonos y parlantes” para armar “aulas informáticas con cámaras, de forma de permitir la enseñanza virtual desde el instituto. Además, mencionó que puso “un estudio de televisión para empezar a filmar”, con un objetivo similar.

Rama señaló que también se trabajó para dar “un ordenamiento” al IPES, que muchas veces tenía que atender llamados de egresados a quienes se les habían extraviado los títulos, tarea de la que Simatovich se encargó personalmente, según dijo.

Consultado sobre las denuncias por referirse de forma despectiva a funcionarios del instituto y por llamar reiteradas veces en pocos minutos para reclamar el cumplimiento de la tarea, el director negó las acusaciones a su asistente. Según dijo, sólo se pedían tareas que correspondían a las funciones de cada trabajador, y en una oportunidad Simatovich “llamó dos veces” a los funcionarios de bedelía para que “cerraran la computadora”, ya que le impedía a la dirección el envío de un expediente a Río Negro. Rama dijo que en la bedelía del IPES hay cinco funcionarios para 100 estudiantes, y lo comparó con la bedelía de la Universidad de la Empresa, donde trabajó, en la que había sólo un funcionario para 3.000 estudiantes.

Otro de los motivos de la denuncia es la solicitud de información personal de funcionarios de parte de la dirección del instituto, algo que Rama aclaró. Según dijo, le solicitó a una funcionaria que le diera el número de celular de un docente al que necesitaban convocar a un tribunal, pero ella se negó, alegando que tenía su teléfono por su vínculo personal. “¿Cómo que personalmente? Se lo entregó en su función y aquí no es su amigo. Y nosotros necesitamos hablar”, dijo Rama, que recordó que la trabajadora le pidió que lo solicitara por escrito. “Desde el 1° de marzo dirigir ese instituto era casi imposible”, concluyó, y también responsabilizó de la situación a la consejera docente del CFE.

“Esto es toda una cosa que se armó políticamente. ¿Y cuál era el tema? Sacarme a mí de la dirección. Si no, con esas denuncias de morondanga nadie hace una separación del cargo, abren una investigación administrativa. La separación del cargo y el sumario no es para darme más garantías, es para meter a la persona que ya tenían, porque al día siguiente designaron a la persona” como nueva directora, dijo, en alusión a Silvana Espiga, quien estaba en tercer lugar en el listado del concurso para la dirección del IPES, que Rama ganó.

El director también cuestionó el procedimiento de la comisión asesora en acoso laboral del CFE, ya que, según dijo, en un principio no fue informado de las acusaciones en su contra, a las que accedió luego de ser notificado formalmente. Respecto a la medida preventiva tomada con Simatovich, Rama señaló que la separación del cargo con la retención de la mitad del sueldo también se tomó, pese a que la comisión asesora no lo había sugerido.