El Consejo de Formación en Educación (CFE) definió la separación del cargo del economista y doctor en Educación y en Derecho Claudio Rama, quien se desempeña como director del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), y la de su asistente, Nelson Simatovich. Según informó Búsqueda, la resolución se tomó el 19 de setiembre e incluye la retención de la mitad de sus salarios.

Según pudo confirmar la diaria, la medida se debe a que ambos fueron denunciados por acoso laboral por 11 funcionarios del IPES. De acuerdo al Protocolo de Acoso Laboral del CFE, la denuncia fue considerada por una comisión bipartita asesora en la temática. El consejo determinó la reserva de las actuaciones y de la identidad de los denunciantes, inició un sumario para esclarecer lo sucedido y separó del cargo a los denunciados para que la investigación pueda desarrollarse sin interferencias.

Entrevistado por Búsqueda, Rama asoció la denuncia a una “persecución política”, principalmente por haberse expresado recientemente en contra de la creación de una Universidad de la Educación, como pretenden el gobierno y distintos colectivos de la formación de educadores, y a favor de los cambios implementados en el CFE en el gobierno anterior. Rama, vinculado al Partido Colorado, también denunció que la Ordenanza de Posgrados del CFE, que él redactó en el gobierno pasado, está siendo “ninguneada” actualmente por el organismo.

La denuncia de Rama, quien ingresó como director del IPES a través de un llamado en abril de 2024, tuvo eco en el Parlamento, ya que el diputado colorado Felipe Schipani resolvió convocar a las autoridades del CFE para que expliquen lo ocurrido. Schipani y Rama trabajaron en conjunto en el pasado y, por ejemplo, lo hicieron en la redacción de un proyecto de ley que creaba una universidad virtual, que no tuvo aprobación en la legislatura anterior.

Once funcionarios denunciaron malos tratos, insultos y que trabajadores fueron relegados arbitrariamente

la diaria pudo acceder al contenido de la denuncia realizada por los 11 funcionarios. Si bien Rama dijo que la denuncia fue “armada” por el sindicato y la Asamblea Técnico Docente del CFE, sólo siete de los 11 denunciantes están sindicalizados y en su totalidad se trata de funcionarios no docentes.

De acuerdo a los denunciantes, si bien los hechos comenzaron a darse una vez que Rama tomó la dirección del IPES, en abril de 2024, la situación se intensificó una vez que Simatovich tomó horas para desempeñarse como su asistente, a través de extensiones horarias que fueron creciendo hasta llegar a 50 horas semanales. En ese sentido, definieron hacer la denuncia una vez que vieron que la situación estaba afectando la salud mental de algunos funcionarios y cuando consideraron que había garantías jurídicas para hacer el planteo. Según los trabajadores que lo presentaron, constantemente los jerarcas hacían alusión a su respaldo político y también a su pertenencia a la masonería para mostrarles que difícilmente fueran a ser sancionados.

En la misma línea de lo que informó la diaria en 2024, la denuncia señala que, a poco tiempo de asumir como director, Rama comenzó a apelar a funcionarios del instituto para asumir tareas y funciones que no eran las que les correspondían por sus roles y escalafones. De acuerdo a lo que se relata, eso implicó que algunos funcionarios fueran desplazados o rebajados en sus funciones sin mediar explicaciones.

Otro de los puntos planteados por los denunciantes refiere a que el jerarca principalmente ordenaba o daba “instrucciones” a los funcionarios, sin ningún margen para darle un punto de vista distinto. A ello se suma que, de acuerdo al relato, se refería despectivamente a los trabajadores, a quienes también les gritaba, tratándolos de “inútiles”, además de mencionar reiteradamente logros de su currículum en ese tipo de conversaciones.

Según denunciaron, el clima laboral comenzó a hacer que muchos trabajadores salieran llorando de reuniones individuales a las que el director los convocaba e incluso motivó el pedido de licencias médicas prolongadas por motivos de salud mental.

Además, se plantea que históricamente en el instituto era habitual repartir horas extras entre todos los trabajadores para cumplir con necesidades funcionales, pero denuncian que Rama cambió el criterio y sólo se las otorgaba a personas de su confianza. En suma, denuncian que recibían instrucciones por escrito que les ordenaban “intimidar a los docentes” del centro.

Una vez que Simatovich comenzó a desempeñarse como asistente de la dirección, los funcionarios señalan que estas situaciones aumentaron, ya que, por ejemplo, se les solicitaba que hicieran una tarea y comenzaban a llamarlos telefónicamente cada pocos minutos para consultar si el pedido había sido realizado. Además, denuncian que Simatovich puso apodos a trabajadores del IPES y se refería a otros como “negro de mierda”, “rata inmunda”, “cubano de mierda” o “gordo enfermo”, y que hablaba mal de los funcionarios a sus espaldas.

Si bien hay algunos funcionarios del instituto que están de acuerdo con el proceder del director, la mayoría se sintieron violentados, algo que nunca habían vivido después de 15, 20 o hasta 40 años de trabajo en el IPES. Ello se refleja en la cantidad de trabajadores que decidieron acompañar la denuncia, ya que contar con 11 denunciantes no es un número habitual en la Administración Nacional de Educación Pública.