Este martes, la organización Ágora presentó un documento en el que plantea “nueve consensos para mejorar los resultados en educación”. Titulado Vestime despacio que tengo apuro, el documento plantea que, al igual que otros países, Uruguay tiene algunos “desafíos mayores” en materia educativa. Concretamente, se habla del “fortalecimiento de los aprendizajes en las alfabetizaciones fundacionales” como lectoescritura y ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y en habilidades socioemocionales, “así como de la formación en valores, ciudadanía democrática –civil y cívica– y cultura de paz”.
Al respecto, se entiende que, a pesar de que se han realizado esfuerzos, “los resultados alcanzados en dichas alfabetizaciones son deficitarios”. “Esta situación se ha transformado en un fenómeno persistente, con avances en los aprendizajes prácticamente inexistentes a lo largo de las últimas dos décadas”, plantea el documento respecto de distintos resultados de pruebas estandarizadas.
Ágora plantea que “Uruguay está en condiciones de proponerse dos objetivos prioritarios en su agenda educativa, como universalizar el egreso de la educación media “en tiempo y forma” y que por lo menos tres de cada cuatro estudiantes alcancen “niveles de suficiencia en las alfabetizaciones fundacionales”. Por tanto, consideran que es necesario “un cambio en las políticas educativas” hacia un “enfoque integral que conecte con sentido cambios institucionales, de gestión, curriculares, pedagógicos y docentes”. Según se apunta, se debe lograr “responder de manera personalizada a la diversidad de contextos, circunstancias y perfiles de cada alumna y alumno por igual, lo que implica “mitigar las inequidades que obstaculizan las oportunidades de aprendizajes de los grupos más vulnerables”.
Los nueve consensos que plantea Ágora
Para lograr el objetivo, la organización plantea “nueve consensos” surgidos de una actividad coordinada por los socios de Ágora Renato Opertti, Rocío Schiappapietra y Pablo Menese Camargo, que contó con la participación de 30 referentes educativos de distintas instituciones públicas, privadas, partidos políticos y organizaciones sociales. El primero de ellos es contar con “más y mejor inversión” en educación, pero que esta se encuentre “alineada a políticas públicas de largo aliento”.
Al respecto, Ágora entiende que se trata de “una decisión política de alto contenido social y estratégico para el devenir de la educación y de la sociedad”. Además, se sostiene que aumentar la inversión también “requiere optimizar la eficiencia y la eficacia como aspectos inextricablemente relacionados”. El documento también plantea algunas áreas para las que contar con más presupuesto es imprescindible, como lograr la universalización de la educación en niños de tres años, la extensión del tiempo pedagógico en primaria y media, y la “mejora de condiciones de trabajo” y del salario docente. En dicho ítem se resalta especialmente la necesidad de “asegurar la estabilidad de los educadores en los centros educativos y la integración de equipos multidisciplinarios”.
Por su parte, el texto afirma que ampliar el mantenimiento de la infraestructura educativa y “velar por la seguridad de los centros educativos” son acciones costosas, pero tienen que ser consideradas “en toda propuesta de apuntalamiento del gasto y de la inversión en educación”.
Generar “comunidades de aprendizaje”
El segundo de los consensos planteados es el de la necesidad de contar con “centros educativos liderados y gestionados como comunidades de aprendizaje”. Según se explica, uno de los principales desafíos en esta área es el de “conferir mayor autonomía a los centros educativos”. “Para ello deben contar con modelos pedagógicos y con equipos profesionales, equipamientos e infraestructura que posibiliten la inclusión y el acompañamiento de la diversidad de procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación”, se agrega.
El documento también sostiene la importancia de “repensar la matriz cultural y organizacional” del sistema educativo para “fortalecer el liderazgo institucional y pedagógico” de las comunidades, de forma que se generen responsabilidades que permitan tomar decisiones sobre temas que les competen directamente. En particular, se apunta que existan condiciones para lograr trabajo pedagógico colaborativo entre docentes, lo que implicaría que los profesionales de la educación tengan “sus horas concentradas en un centro educativo” y “horas remuneradas para el trabajo no áulico”. En estas últimas se plantea la necesidad de que puedan elaborar e implementar “proyectos de trabajo acordes a su contexto”, la gestión, evaluación y reformulación curricular y el acompañamiento más personalizado de los estudiantes.
Ágora también señala la relevancia de jerarquizar el rol de los equipos directivos de los centros educativos para que, en conjunto con la participación de los docentes, cada centro pueda “adecuar su trabajo a las necesidades de los alumnos” en función del contexto. Como tercer punto para fortalecer las comunidades de aprendizaje, el documento sostiene que se requiere contar con distintos profesionales que, junto a los docentes, “integren miradas y enriquezcan los abordajes pedagógicos”. Entre estos profesionales se mencionan específicamente a los psicopedagogos, psicólogos, educadores sociales, psicomotricistas y especialistas en dificultades de aprendizaje.
Dentro de este punto el documento señala la necesidad de fortalecer el rol y la función de los inspectores y de articular espacios de educación formal con los espacios llamados “no formales”.
Trayectorias educativas y cuidado de los docentes
“Trayectorias personales en el centro de la acción articulada del Estado” es el título del tercer consenso y para ello se plantea la necesidad de que los derechos básicos de los niños y adolescentes sean atendidos no únicamente por el sistema educativo, sino también por otros organismos públicos. En particular, se habla de fortalecer el vínculo entre políticas educativas y las políticas sociales para garantizar la atención en salud desde edades tempranas y situaciones de inseguridad alimentaria para garantizar el desarrollo de las capacidades de cada niño.
Para atender el objetivo, en el plano educativo se señala la pertinencia de “explorar la conveniencia y efectividad de que el sistema educativo se estructure más por ciclos vitales –infancia, niñez, adolescencia y juventud– que por niveles educativos”, como ocurre en la actualidad. Además, se habla de que los currículos sean sólidos, amplios y, al mismo tiempo, con flexibilidad, de forma que permitan generar “itinerarios personalizados para atender la diversidad de ritmos, capacidades, necesidades e intereses de los alumnos”.
“Una acción clave para mejorar el seguimiento de la trayectoria educativa de los alumnos supone el fortalecimiento de las tutorías y del acompañamiento frente a los desafíos en torno a los aprendizajes”, sostiene el documento, en el entendido de que dichos mecanismos contribuyen para bajar la desvinculación estudiantil.
Otro de los consensos establecidos en el documento de Ágora sostiene la importancia de priorizar el bienestar y darles reconocimiento profesional a los docentes uruguayos. “Desde el ángulo de los educadores, se trata de recrear la confianza en su formación, profesionalidad y compromiso, así como disponer de reglas claras en orden a garantizar su desarrollo y ascenso profesional, un cuadro de múltiples estímulos a su trabajo y condiciones de estabilidad en el ejercicio profesional”, afirma, y sostiene la necesidad de revisar el Estatuto del Personal Docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), entre otras propuestas.
Tiempo pedagógico, articular UTU y Secundaria, y crear una “universidad pedagógica”
Los consensos recogidos por Ágora también hablan de incrementar el tiempo pedagógico, garantizar la asistencia de los estudiantes a los centros educativos y fortalecer la educación técnica para que, además, se complemente con la secundaria.
Respecto de este último tema, se fundamenta en la necesidad de contar con “diversificación pedagógica” para “abrazar la diversidad de los alumnos”. En particular, se sostiene que la creciente demanda por las propuestas de UTU es uno de los principales cambios que atravesó el sistema educativo uruguayo en las últimas décadas, más allá de que se evalúa que la difusión de la oferta educativa de la institución no siempre llega a la ciudadanía. En ese sentido, se plantea la necesidad de que se compartan los espacios y temas de formación con Secundaria, además de que se le otorguen más y mejores recursos económicos y tecnológicos a la educación técnico-profesional.
Por su parte, el documento habla de la necesidad de que el sistema educativo cuente con “información de calidad para evaluar y tomar decisiones a tiempo”. En esa línea de acción, “se destaca la necesidad de contar con sistemas de información interconectados, dinámicos y de uso amigable para diferentes perfiles de usuarios”. Al respecto, se marca la relevancia de tener personal calificado para la interpretación de los datos, pero también de que no sean manejados únicamente a nivel central, sino que sean usados a nivel territorial.
Finalmente, otro de los consensos tiene que ver con la formación docente y, en ese sentido, se señala la oportunidad de que Uruguay cuente con una “universidad pedagógica”. En particular, se menciona su relevancia para generar espacios de producción y experimentación pedagógica que permitan atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
En ese punto, el documento afirma que “se requieren cambios en las pedagogías y las didácticas de la formación docente y el fomento de su desarrollo profesional a través de procesos de formación continua”. Al mismo tiempo, se plantea que una universidad pedagógica apuntaría a “elevar la formación hacia un marco académico y de función universitaria que ofrezca programas de posgrado que incentiven el desarrollo profesional continuo”.
Pablo Caggiani y Adriana Aristimuño comentaron los consensos alcanzados
La presentación del documento contó con los comentarios de Adriana Aristimuño, exdirectora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP, y Pablo Caggiani, hoy nombrado nuevo presidente del organismo. Además de valorar la presencia de autoridades educativas entrantes y salientes, tanto Caggiani como Aristimuño valoraron el aporte de Ágora a la hora de poner en común algunas preocupaciones y desafíos que deberá enfrentar la educación uruguaya en los últimos años.
A su turno, Aristimuño sugirió que, si bien todos los puntos abordados impactan directamente en los aprendizajes, “un consenso que debería estar más explícito es el referido concretamente a los aprendizajes”. Al respecto, consideró que los centros educativos deberían plantearse determinados logros a los que deben llegar sus estudiantes y entendió que ello debe ser atendido por la política pública para evitar “perder una oportunidad” en ese sentido.
La exjerarca valoró una serie de políticas que contribuyen a lograr mejores aprendizajes que se han desarrollado a lo largo de las últimas administraciones: Ceibal, los maestros comunitarios, el sistema de protección de trayectorias, enumeró entre las “cosas que vienen de mucho antes”. En tanto, marcó otras acciones que “vienen de más recientemente, como la transformación curricular y los centros María Espínola, que están creando un ecosistema muy propicio” para la continuidad educativa de los estudiantes.
Sobre la posibilidad de llegar a grandes acuerdos de política educativa, Aristimuño consideró que el documento “peca de excesivo optimismo” al respecto. Si bien dijo que lograr un acuerdo no es difícil, sí planteó que lo que “va a ser muy difícil es lograr efectos a partir del acuerdo”.
Por su parte, Caggiani valoró el esfuerzo por llegar a acuerdos que realiza Ágora, en el entendido de que si no se logra generar ciertas políticas que continúen en el tiempo, los problemas del sistema “no tienen arreglo”. Además, valoró especialmente la relevancia de los acuerdos en un momento en que “el contrato social como lo conocemos” está “fuertemente en discusión”. En particular, lamentó que la discusión se da “con actores que tienen mucho peso en construir los disensos” y en “establecer agendas que van en contra de desde los derechos individuales hasta los temas ambientales”.
Tanto la exjerarca como el actual presidente de la ANEP valoraron especialmente los aportes que el documento realiza al colocar como tema central la pedagogía y la necesidad de generar innovación en ese sentido. En el caso de Caggiani, además, sostuvo la importancia de la participación de los distintos actores del sistema en dicho proceso.