Manuel Oroño dio clases de Física en el liceo de Canelones hasta el año pasado, algo que no dejó de hacer pese a la demandante tarea de ser presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), responsabilidad que desempeñó hace más de una década. Luego siguió vinculado al sindicato y, a pocos días de haber asumido el cargo de director general de Educación Secundaria, entiende que “la militancia da una perspectiva diferente de la gestión”. Considera que gestionar no sólo implica “hacer que las cosas pasen”, sino también estar cerca de lo que ocurre en las aulas.

El titular de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) señaló que, más allá de las distintas políticas educativas que se aplicarán, de las que habló en entrevista con la diaria, en los próximos cinco años le gustaría lograr lo que él llama “la profesionalización de la gestión”. Según ilustró, la DGES tiene muchas divisiones y oficinas, pero estas trabajan con poca o escasa coordinación entre sí. “Llamamos por teléfono a alguien porque no salen las cosas, porque demoran, porque el expediente se trancó; tenemos un liceo que nos pide dos aulas y resulta que es una cadena de cosas que hay que hacer, normativas y de expedientes, que terminamos respondiéndole tarde, mal y nunca al que lo precisa para mañana”, resumió. Si bien adelantó que hay quienes le advierten que “es imposible” lograrlo, Oroño buscará que “las decisiones fluyan”, sin que la resolución de los temas dependa de una sola persona.

El día de tu asunción aseguraste que “el viento cambió”. ¿Cómo definís la gestión de Jenifer Cherro y cuáles son los principales cambios que trae la nueva DGES?

Lo que cambia fuertemente es dónde nos paramos para mirar la educación: del lado de la educación como derecho humano esencial o fundamental. El Estado, por lo tanto, debe garantizar ese derecho. Ahí nos paramos bastante diferente a lo que fue la administración anterior, porque si vos te parás del lado de la educación como un servicio, el Estado está más prescindente, lo que garantiza es el servicio, y a ello puede acceder la persona que tiene medios económicos de mejor manera que otras que no los tienen. Desde ese lado, tenés que tener el liceo abierto porque estás ofreciendo el servicio, pero si te parás del otro lado, tenés además que asegurarte de que los gurises concurran y que puedan transitarlo alcanzando los logros necesarios para poder satisfactoriamente aprobar el curso.

¿En qué medidas concretas se verá reflejada la educación como un derecho?

Tenemos que trabajar en minimizar los obstáculos para que las personas accedan a la educación. Eso implica la política de becas anunciada por el gobierno, tener en cuenta los territorios donde tenemos los liceos y que el centro educativo tenga herramientas para atender a los estudiantes, por ejemplo, alimentación, un sistema de cuidados, para que ese tránsito sea con la mayor felicidad posible. Otro aspecto es incluir a todos: tiene que haber una política revitalizada del Codicen [Consejo Directivo Central] para trabajar en inclusión, desde personas ciegas o sordas hasta la accesibilidad para quienes tienen dificultades de movilización propia. Además, hablamos de incluir a los inmigrantes, una población que todos los días aumenta.

Por otro lado, la educación no es solamente contenidos, sino que también tiene que ver con el desarrollo pleno de la persona: además de saber física, geografía, matemática, tiene que incorporar elementos de ciudadanía, de democracia participativa. Esto fue claramente borrado en el período anterior y estamos pensando líneas que revitalicen los consejos de participación estudiantil. Ya tomamos medidas para poner en marcha el trabajo de las ATD [asambleas técnico docentes], las comisiones permanentes, las asambleas nacionales, además de los ámbitos de negociación colectiva con la ATES [Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria] y con Fenapes. Prontamente vamos a fijar las comisiones bipartitas de trabajo para algunos aspectos específicos, como la comisión de asuntos laborales, la de salud laboral, la de acoso laboral y la de acoso sexual.

Es importante poder tener ese diálogo, porque no solamente está el qué se hace, sino el cómo se hace, y entendemos que revitalizar todos los espacios de participación es clave, porque si ponés por delante las reglamentaciones, las sanciones, la fiscalización, se va desarmando la comunidad educativa y se va transformando en algo que no tiene que ver con una cuestión pedagógica, sino con algo más administrativo.

¿El temor a la sanción estuvo presente en el gobierno pasado?

Totalmente. De hecho, ahora estamos trabajando en un montón de expedientes atrasados, que tienen que ver con que la primera medida de la administración pasada respecto de alguna situación es el sumario. Vimos instrucciones de sumarios a funcionarios docentes que tenían muchas inasistencias, pero cuando vamos a rastrear, era porque se debían a que trabajaban en un liceo que estaba en el medio de la nada y no tenían transporte. O sea, no ameritaba un sumario ni una sanción, sino ver cuál es la realidad de esos trabajadores, por qué no pueden concurrir y ver si se encuentra una salida, pero no recurrir a la sanción o al sumario como primera medida. De esos tenemos muchos casos. También de personas que tienen muchas inasistencias por licencia médica; eso le ocasiona al funcionario más complicaciones que las que ya tiene, porque está enfermo y resulta que hay un sumario, medidas cautelares, separación del cargo, retención del 50% de los haberes.

El clima en los liceos en la administración pasada no era el mejor, porque las personas obraban en función del inspector, en lugar de estar concentradas en el acto pedagógico. Obviamente, no se puede hacer de la noche a la mañana un cambio institucional tan fuerte, la gente necesita tiempo. Vamos a ir caminando y ver qué pasa. Pero en esta construcción, que tiene que ser necesariamente colectiva, hay esos temores aún y son totalmente comprensibles.

¿Este énfasis que hacés en la participación docente y sindical tiene que ver también con cómo fue el vínculo en el período anterior con los distintos colectivos?

Sí, claro. Tenemos varios ámbitos donde debería haber participación de los docentes, ya sea de las ATD o del sindicato, dependiendo de qué sean esos ámbitos. Por ejemplo, en toda la llamada transformación educativa, en todos los planes y programas, no estuvieron presentes las asambleas de los docentes. La formalidad de la consulta estuvo, porque es preceptiva: desde el punto de vista técnico-pedagógico fuimos “consultados”, pero no fuimos atendidos. Y hay otros ámbitos muy importantes que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que son las comisiones bipartitas de elección de horas, en términos de que los trabajadores organizados de alguna manera están siendo veedores y fiscalizadores del proceso, donde se atienden reclamos y sugerencias.

En ese ámbito el sindicato no estuvo presente y, si lo estuvo, fue de manera testimonial. Después de que pasaban las cosas, el sindicato hacía reclamos, eso genera un expediente, todo un tramiterío burocrático que podía terminar en, por ejemplo, la anulación de la elección de horas. Hubo decenas de anulaciones, lo que genera retrasos, tanto que todavía estamos eligiendo horas y hasta la semana pasada teníamos 18.000 horas vacantes, que es un 8% o un 9% del total. Son un montón de estudiantes que no tienen profesor y un montón de profesores que no tienen trabajo.

Para la ceremonia de asunción del equipo de la DGES eligieron el IAVA. ¿Cuál es el simbolismo?

Para que realmente la educación sea un derecho, también tiene que estar el derecho a la participación. Lo hicimos en el IAVA porque fue muy castigado; fueron muy castigados los estudiantes y los docentes por haber impactado de lleno en una comunidad que estaba dialogando y alcanzando consensos en términos de participación y acuerdos, que son fundamentales en una institución educativa. Hubo un intento de medida ejemplarizante, en términos de que “acá es la autoridad la que define y punto”, independientemente de lo que opine la comunidad de cada lugar. Nosotros vamos por otro camino.

¿Piensan implementar medidas de anulación o reparatorias para el exdirector Leonardo Ruidíaz y los demás docentes sancionados?

Hay docentes que fueron sancionados –a nuestro juicio injustamente– que están aún en un proceso y desde la autoridad nosotros no podemos ahora intervenir, porque sería inmiscuirse en un proceso sumarial que está siendo orientado por los abogados, los profesionales, que están encarando el tema. No podemos inmiscuirnos porque entorpecemos un mecanismo legal, pero sí, decididamente vamos a accionar mecanismos de reparación inmediatamente de que se expidan.

¿Y en el caso de los docentes sancionados de San José?

Eso implicó una observación de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] al Estado uruguayo, entonces, involucra a todo Uruguay: el Estado tiene que responder a esa observación, que tiene que ver con contemplar la libertad de expresión, el derecho a huelga, enmarcado también en la laicidad. Seguramente en la respuesta haya un trabajo colectivo institucional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], quizás el Ministerio del Interior, para revertir las sanciones.

Después hay otra serie de sanciones que son las que estamos viendo ahora caso a caso, reparando cuando se dan casos de persecución. Por otro lado, la idea es que estos actos reparatorios tengan trascendencia pública de la misma manera que la tuvieron las sanciones, porque la reparación implica también eso: docentes fueron sometidos al escarnio público y eso tiene que ser revertido. Esto irá de la mano con algunas acciones, como explicitar la necesidad de la libertad de cátedra de los docentes respecto del curso que llevan adelante.

En los últimos años se han incrementado las situaciones de violencia dentro y fuera de los liceos. ¿Se está pensando en políticas específicas?

El tema es bien complejo, porque no es un tema propiamente de los liceos, sino un tema social que se ha venido exacerbando. Desde la perspectiva del derecho a la educación, tenemos que ver cómo hacemos para que los estudiantes y los docentes puedan concurrir con seguridad a los centros educativos. Lo que estamos pensando implica varios niveles de intervención y no involucra sólo a Secundaria. Un primer nivel, que es el que más nos involucra, es la existencia de más figuras adultas y con distintos perfiles en los liceos: equipos multidisciplinarios que no necesariamente estén en un liceo, sino que puedan hacer un trabajo más territorial con otros centros educativos de la zona o con otras instituciones del Estado.

Respecto de la reivindicación de que haya un psicólogo por liceo, el problema es que precisás 311 psicólogos y, de todas formas, sería imposible que pueda hacer un abordaje más o menos aceptable de todas las situaciones que surgen. La idea es pensar en algo más interinstitucional, que sí haya más gente en el territorio, que haya equipos multidisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, pero en clave colectiva, institucional. Además, tenemos que ir hacia una mejora del sistema de porterías, que es muy importante porque pretendemos que estén formados en el recibimiento, que sea una figura de ayuda al estudiante o a las personas que llegan y a la vez que sirva para que esa zona no esté despoblada. Eso implica un presupuesto y por eso no puedo garantizar que se cumpla; en este momento estamos trabajando con empresas tercerizadas, que es la manera rápida que tenemos de poder solucionar el problema.

Otra medida es, en acuerdo con otras organizaciones, generar espacios de participación estudiantil que tengan como fin la socialización, la solución de conflictos y generar actitudes proactivas a través del diálogo y el aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, revitalizar el programa Pelota al Medio a la Esperanza. Queremos también explorar otros, pero tenemos que seguirlos trabajando. Hay otras instituciones que también trabajan en territorio, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Nos parece importante que tengan participación decisiva en esto. Tenemos un problema instalado, que es la cantidad de niños que están bajo el nivel de pobreza, pero que además tienen dificultades en las trayectorias educativas. Entre otras cosas porque provienen de hogares con madres jóvenes jefas de hogar y con inestabilidad laboral y también con dificultades a la hora de poder ayudar a sus hijos a progresar académicamente. Hay que hacer una atención integral de esto y verlo en esa clave de que el Estado tiene muchas instituciones y es necesario que articulen en territorio.

En Secundaria vamos a tratar de descentralizar, por ejemplo, la atención territorial de la inspección. Como se desarticularon las inspecciones regionales, tenemos todo muy centralizado. La idea es que haya regiones en el territorio, donde la institución secundaria pueda tener una base más cercana y que esté en conversación con el Mides, con el Ministerio de Salud Pública, también con el MI. Se trata de encauzar los problemas de violencia a través del diálogo y de la educación. No descartamos la represión, porque somos conscientes de que existen delitos vinculados al narcotráfico en los alrededores del liceo, porque son la masa acrítica que utilizan como fuente de ingresos. Nuestra idea, que no está resuelta ni mucho menos y sobre la que queremos conversar con el MI, es revitalizar las mesas de convivencia ciudadana y hacer un trabajo integral al respecto. No queremos que la respuesta sea siempre la represión.

Hay otros aspectos que están vinculados tangencialmente, después Secundaria tiene, por un lado, el trabajo hacia los jóvenes que están en el Inisa [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente]. Ellos están con medidas de privación de libertad, pero no significa que también les neguemos el derecho a la educación. Tenemos que atender a esos estudiantes y darles lo mejor que podamos; eso implica también generar una política concreta. Tenemos más de 16.000 privados de libertad en las cárceles de adultos, la mayoría jóvenes que no llegan a los 25 años, algunos ni han hecho el liceo, otros no lo han terminado. Tenemos una política dirigida también a la privación de libertad. Si la respuesta del Estado es seguir encarcelando jóvenes y no les damos una perspectiva de salida, el efecto acumulativo se va a multiplicar. Esa política integral tiene que ver con muchos resortes que tiene el Estado, y tenemos que actuar conjuntamente.

La complejidad es grande y la expectativa también es grande. Yo sé que hay una expectativa grande en los docentes y en la población en general. Tenemos que hacernos cargo de las expectativas, ser realistas y ver qué cosas podemos concretar. Lo que no podemos hacer es quedarnos dando vueltas en el asunto sin líneas concretas de acción, que es nuestro desvelo, en particular este año, porque esas líneas tienen que estar presupuestadas para que tengan los recursos que permitan llevarlas adelante.

¿Cuál es el efecto de la transformación educativa en Secundaria?

En términos generales, constituyó un hándicap importante, primero, porque su concepción está enmarcada en una educación como servicio, no como derecho, y en una utilidad de la educación en términos prácticos, muy relacionada con el mundo del trabajo. Ese cambio ya es bastante fuerte, pensando en términos pedagógicos.

Se generó desde un laboratorio de ideas separado de la vida real de las aulas, porque fue elaborado por técnicos que tendrán mucho conocimiento, pero la mirada docente es necesaria para tener una mirada pedagógica. No hay cambio posible si los docentes no están involucrados en los planes que se desarrollen. Esta es una verdad corroborada en la vida real muchas veces, por ejemplo, en la reforma de [Germán] Rama. En Uruguay tenemos experiencias valiosas que fueron creadas a partir de discusiones con las ATD o con los docentes, como el plan piloto de 1963 o el Plan 1994 Martha Averbug, de educación de adultos y extraedad, y otros planes que fueron fracasando y que fueron sin docentes.

La transformación educativa es un ejemplo de esto último, lo que trajo como corolario planes y programas descontextualizados y excesivamente recortados. Algunos de ellos tienen recortes de la realidad, como los programas de Historia, parcializados, violentando la laicidad. En el Plan Reformulación 2006 teníamos quinto Biológico, que iba a sexto de Medicina o de Agronomía, que daba lugar a las facultades de Agronomía, Enfermería, Medicina, Veterinaria, entre otras. Sin embargo, ahora tenemos un quinto Científico-tecnológico que no tiene Biología práctica, o sea, no hay laboratorio de Biología. Y después pasás a un sexto de Ciencias de la Vida, que es el viejo Medicina. Les generamos un hueco a los gurises en biología de quinto grado. ¿Dónde está la continuidad de esa persona que quiere seguir haciendo algo relacionado con lo biológico?

Tiene esos baches y otros problemas que son ya de implementación, que tienen que ver con las materias o talleres optativos. Tienen un doble problema. El primero son las asignaturas, por ejemplo, Emprendedurismo. Por lo menos es cuestionable la asignatura como tal, que haya una asignatura que se llame de esa manera. Pero, además, la implementación se tendría que hacer a contraturno, entonces, en cualquier liceo tenés todos los salones ocupados en el otro turno. ¿Dónde ponés el taller? No tenés espacios en el liceo para hacer eso. Tenés un montón de docentes que tienen un grupo asignado y no tienen dónde trabajarlo.

¿Está claro cómo se eligen los talleres optativos en cada liceo?

Ahí te encontrás con la dificultad de hacer un plan despegado de la realidad y poner materias optativas como estas. ¿Quién dicta Emprendedurismo? Se generan llamados a docentes que se postulen a dictar la materia a través de un proyecto y, en función de eso, se hace un ordenamiento del liceo y después hay determinada cantidad de horas. Paralelamente, los chiquilines son sometidos a elegir entre cosas como Emprendedurismo o Recreación y Deporte y, eventualmente, después se asignan grupos que son optativo-obligatorios: una vez que se eligen, después los tienen que hacer.

El cuestionamiento no es a la modalidad de taller, que nos parece muy interesante, el problema es que no tenés dónde hacerlo y tenés asignaturas que son polémicas, por lo menos. En cuarto año está establecido que los talleres sean a principio o final de turno, porque, por ejemplo, de los 30 estudiantes de un grupo, diez eligen Astronomía y 20 eligen Recreación y Deporte. Entonces, el grupo de cuarto año tiene que tener esas dos horas de taller al mismo tiempo, porque se separa en dos, no pueden ser a distintas horas. Eso también hace a la conformación de la malla curricular del estudiante y para el liceo es un tema poner todos los talleres en dos días a primera y segunda o a sexta y séptima hora, dependiendo de los turnos. Genera complicaciones logísticas, más allá de que genera problemas de inestabilidad de los docentes, que no saben si van a tener esas horas o no; genera también dificultad a los estudiantes de qué elegir y cómo, porque no saben bien qué es esa materia.

Muchos docentes también se han quejado de un aumento del trabajo administrativo.

La transformación también tiene un problema de fiscalización excesiva para los docentes, porque en algún lado se resolvió que había una única metodología para trabajar los contenidos, que son las competencias. Nosotros venimos de una tradición pedagógica en la que íbamos más por el lado de la libertad de cátedra, en la que los docentes elegían las modalidades, seleccionaban los contenidos y, en función de los grupos, trabajaban en distintas modalidades. Se pasó a poder trabajar solamente de una manera, lo que implica un tipo de planificación. Eso hace que el inspector vaya y controle lo que tenés hecho: la lista de cotejo, las rúbricas, una serie de aspectos que son de corte administrativo-fiscalizador. Y eso implica un desgaste importante al docente por el trabajo administrativo, pero también por el tema psicológico: vos estás pendiente de cumplir con las planillas y no tanto de si hiciste en la clase lo que pensabas hacer.

¿Cómo van a procesar los cambios curriculares que se van a realizar?

Primero, instalamos las comisiones con la ATD, vamos a hacer un cronograma de trabajo que tiene una primera etapa que, como máximo, va hasta principios de agosto, por el tema del presupuesto, para continuar después. Hay algunas cosas que podemos cambiar en 2025, como las que atañen al reglamento de evaluación y pasaje de grado. La idea es que sobre julio, aproximadamente, estemos culminando su reformulación, para que lo podamos hacer llegar a los liceos con tiempo y que se pueda discutir con todo el mundo. La pasada administración se caracterizó por enviar los reglamentos de evaluación y pasaje de grado y las modificaciones recién en diciembre. Los docentes estaban todo el año trabajando de otra manera y recién en diciembre les llegaba cómo era la evaluación; ese era un problema grave. Nosotros no queremos caer en eso y vamos a tratar de estar bastante antes de fin de año.

Se va a trabajar con las ATD, con nuestro departamento de Planeamiento y Evaluación Educativa, de manera de armonizar las propuestas. También con las salas de asignatura y las asociaciones profesionales de asignaturas. La idea es que hay cosas que podemos modificar este año, hay cosas que tenemos que modificar recién en 2026 y otras que vamos a tener que cambiar posteriormente. Eso también apunta a no perjudicar a los estudiantes. Nosotros entendimos que esta imposición que se hizo de la transformación educativa de implementar quinto y sexto a la vez, cuando debería haber sido sólo en quinto, también perjudica a los estudiantes. Tenemos que ver cómo hacemos nosotros los cambios importantes que tenemos que hacer y después otros, que no sean tan imprescindibles, dejarlos para un poco más adelante.

No vamos a tener una concepción de refundación de las cosas, pero tampoco es que no se va a cambiar.