La asunción de una nueva conducción política partidaria en el Consejo de Formación en Educación (CFE) nos invita a hacer un breve balance de la gestión que comenzó Patricia Viera (2020-2021) y terminó Víctor Pizzichillo (2021-2025), y plantear algunos ejes que consideramos imprescindibles para reconstruir los caminos y puentes rotos.

La administración de la coalición multicolor tuvo como objetivo desmantelar lo que había comenzado, con aciertos y errores, el gobierno anterior. En ese proceso, se desarmaron las coordinaciones generales que nucleaban a los distintos departamentos académicos, se ignoró el proyecto del plan 2019 (en donde había participación de docentes) y se frenó la aplicación del capítulo 14 del Estatuto del Funcionario Docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que modificaba el régimen de cargos y grados de la formación docente.

La participación de docentes y estudiantes fue denigrada, subestimada y desoída. Se convocaba a las Asambleas Técnico Docentes (ATD), pero jamás con la intención de que funcionaran con el rol de asesores preceptivos en materia pedagógica. Con relación a los trabajadores sindicalizados, el cumplimiento de la ley de negociación colectiva no pasó de ser, en la mayoría de los casos, una mesa de diálogo en donde se escuchaban los reclamos y nada más, inhabilitando o modificando acuerdos alcanzados en bipartitas. Al no prestar atención a los colectivos se apostó por el autoritarismo, el clientelismo y la cooptación. Se dio prevalencia a los vínculos personales en detrimento de la capacidad técnica y se generó en torno a la conducción partidaria del CFE un grupo de secuaces a los que hasta el final de la gestión se intentó acomodar en cargos.

Se persiguió a las y los docentes sindicalizados a través de sumarios o apoyando a direcciones autoritarias como las del Instituto Nacional de Educación Técnológica y el Centro Regional de Profesores del Sur. Estas prácticas fueron sistemáticamente denunciadas por el sindicato en el Consejo Directivo Central de la ANEP, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en el Parlamento, pero la administración siguió su política de vigilancia y castigo.

En 2023 aceleraron el proceso de devaluación de la profesión a través de la puesta en marcha de un plan que diluye los contenidos formativos de las y los futuros docentes y, como forma de asegurarlo, sustituyeron la elección de horas de clase por el sistema de las Unidades Horarias de Desempeño Docente (UHDD). Este sistema desconoce la especialización de las y los docentes promoviendo y a veces obligando a asumir el dictado de cursos que no son de su área específica.

El nuevo consejo se encuentra frente a un CFE desmantelado, con relaciones institucionales complejas y con los canales de participación y elaboración obstaculizados. Los mensajes de diálogo y participación de docentes y estudiantes han sido claros por parte del presidente, Yamandú Orsi, así como de las distintas autoridades de la enseñanza. Es innegable que el clima se ha vuelto esperanzador; esto es una realidad que las autoridades deben saber aprovechar, recordando que sólo se logra con acciones claras y concretas.

En el CFE se deberían dar tres discusiones y acciones paralelas y entrelazadas que demuestren el objetivo de alcanzar una Universidad de la Educación (UNED) pública, autónoma y cogobernada. En primer lugar, la anulación de los actos administrativos, designaciones y cargos de carácter clientelar y autoritarios, elementos que aparecen como obstáculos al carácter universitario de la Formación en Educación. En segundo lugar, la detención del plan 2023 y su sustitución por uno elaborado con participación de los actores directamente involucrados; y por último, la confección de un presupuesto acorde a las necesidades de una institución universitaria.

Es imprescindible retomar rápidamente la discusión y aprobación de un capítulo 14 que cree un sistema de horas y cargos sustituyendo a las nefastas UHDD, generando, al mismo tiempo, una estructura de grados a los que se acceda por concurso. Este cambio en la estructura de grado es un reclamo de las y los docentes que permite transitar hacia la UNED.

Reconstruir el relacionamiento interinstitucional, devastado por las autoridades salientes, va a ser una tarea titánica. Crear un clima de trabajo en donde se confíe en un funcionamiento no arbitrario conlleva a no permitir que la gestión de un centro se confunda con el dominio de un feudo. Revisar las actuaciones denunciadas sería un primer paso, a lo que hay que sumar una rehabilitación de las y los docentes que en este período vieron afectada su carrera funcional. Ampliar la democratización de las decisiones en los centros es otro paso que puede ayudar. Para ello existe en cada uno de los 32 centros de formación los correspondientes consejos asesores y consultivos, cuyas funciones pueden ser redimensionadas para que adquieran funciones de cogobierno con carácter resolutivo.

Es innegable que el clima se ha vuelto esperanzador; esto es una realidad que las autoridades deben saber aprovechar, recordando que sólo se logra con acciones claras y concretas.

La idea de crear un plan 2026 es un objetivo de la actual administración que es plenamente compartido. Hacer un cronograma de trabajo que respete los tiempos de elaboración de los colectivos docentes y estudiantiles, preponderando los objetivos pedagógicos a los políticos es fundamental para no repetir errores. Son varios los planes que se han instrumentado o diseñado en los últimos años, y aprender de la experiencia acumulada es esencial. Esto ayudará, a partir de las evidencias, a despejar el camino. Pensar en un sistema creditizable, con cargas horarias que permitan la transversalidad y transitividad en el sistema educativo con materias optativas y electivas, es esencial. Una meta posible y deseable es superar la tensión sobre cómo distribuir la carga horaria entre materias específicas, pedagógicas y didácticas para que el futuro plan no implique el agobio del estudiante.

El presupuesto que se elabore para el quinquenio debería proyectar la creación de la UNED, apostando a fortalecer la descentralización nacional con la presencia de las distintas carreras en todo el país. La inversión en infraestructura es fundamental, no sólo ediliciamente (hay problemas estructurales tanto en los edificios más antiguos como en las recientes construcciones), sino en la mejora de las condiciones laborales, de enseñanza y de estudio. La continuidad educativa, apuntada como central desde la autoridades, conlleva en el CFE a reforzar el sistema de becas (transporte, alimentación y/o residencia) de los jóvenes de menores recursos.

A nivel docente, es imprescindible la conformación de una estructura de cargos que habilite el desarrollo de todas las funciones: investigación, enseñanza y extensión, así como promover la profesionalidad docente a través de maestrías y doctorados.

La Formación en Educación requiere acciones inmediatas para contrarrestar cinco años de desidia, discrecionalidad y desmantelamiento. Los desafíos son muchos. Su atención es necesaria y urgente. Las nuevas autoridades tienen la posibilidad de convertir la rabia contenida y el desánimo en potencia vital y creadora.

Cecilia Klein y Liber Romero son egresados del Instituto de Profesores Artigas, doctorandos en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Plata y dirigentes del Sindicato de Docentes de Formación en Educación.