El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definió esta semana encomendar a la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) la revisión de la sanción impuesta por las anteriores autoridades a seis docentes del liceo 1 de San José por proselitismo. Finalmente, la DGES emitió una resolución que establece la revocación de las sanciones.

El tema estaba a estudio del Codicen, que solicitó un informe jurídico que, según se explica en la resolución del organismo, a la que accedió la diaria, entendió que los docentes fueron juzgados dos veces por el mismo hecho. Se argumenta que no se cumplió con el principio de non bis in idem, que está establecido en la Constitución de la República. Ello se debe a que la denuncia por proselitismo había sido realizada en 2019, en el marco de la campaña contra la reforma Vivir sin Miedo, para la que 15 docentes se fotografiaron en las afueras del liceo y algunos de ellos dentro, pero sin estudiantes dentro del local.

Las autoridades de ese momento definieron archivar al caso, pero luego de la asunción de un gobierno de la Coalición Multicolor la denuncia se desarchivó. En ese momento y a pocos días de jubilarse, la exdirectora del liceo, Miriam Arnejo, consultó a la entonces directora de Secundaria, Jenifer Cherro, sobre la situación de la denuncia que había realizado y la exjerarca definió volver a iniciar una investigación a todos los docentes, que en ese momento fueron separados del cargo.

Ante esta resolución del Codicen, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) convocó a una conferencia de prensa para dar cuenta del “fin del proceso de persecución a las y los docentes de San José” durante la gestión de Robert Silva como presidente de la ANEP.

José Olivera, vicepresidente de Fenapes, señaló que la resolución de Secundaria da cierre a “un proceso de más de cuatro años de haber sufrido persecución política y antisindical”, en especial contra la federación y a “un grupo importante de compañeros de San José” pertenecientes a la filial del sindicato.

Olivera consideró que lo ocurrido en el gobierno pasado fue “grave”, ya que las autoridades de la educación “violentaron derechos”, como la libertad de expresión, “actuaron en un marco contrario al Estado de derecho” y también “generaron un proceso de hostigamiento, criminalización y desprestigio de los trabajadores” de la educación. Además, el vicepresidente de la Fenapes señaló que ese accionar fue “avalado” por parlamentarios del entonces oficialismo.

Desde el sindicato hicieron referencia a los fallos favorables de la Justicia que hasta ahora tres de los docentes sancionados han recibido y que condenan a la ANEP a pagarles un resarcimiento. Emiliano Mandacen, secretario general de la Fenapes, dijo que esos resarcimientos van desde los 7.000 a los 18.000 dólares cada uno y que la sociedad uruguaya “no debe pagar” esas indemnizaciones. Por el contrario, pidió que se aplique el artículo 25 de la Constitución de la República, que abre la posibilidad de que los funcionarios directamente responsables se hagan cargo de este tipo de fallos contrarios hacia el Estado. En ese sentido, atribuyó las sanciones aplicadas a los docentes a la “irresponsabilidad” de las autoridades del gobierno anterior.

Además, dijo que se trata de “un duro golpe” a la transformación educativa que se impulsó desde la anterior gestión de la ANEP, ya que, según valoró, uno de sus principios fundantes fue la “pedagogía del miedo”, que buscó que los docentes tuvieran miedo de expresarse en contra de los cambios propuestas.

En ese sentido, Olivera recordó que, al “no encontrar garantías” a nivel nacional, desde la Fenapes plantearon una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que en un informe sobre el caso recomendó al Estado uruguayo que estableciera un equilibrio entre la libertad de expresión de los trabajadores y la laicidad, principio que decían defender las anteriores autoridades.

El sindicalista aseguró que algunos exjerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como Mario Arizti y Federico Daverede, “intentaron que se corrigiera” la situación, pero se encontrarse con una “orden impuesta” por Robert Silva, entonces presidente del Codicen, que “obturó cualquier solución”.

Docentes sancionados sintieron que sus derechos fueron vulnerados

En la conferencia también habló Florencia Bentaberry, actual secretaria general de la Asociación de Profesores de San José, quien señaló que cuando la DGES sancionó a los docentes ella era estudiante de profesorado y lo que en ese momento consideró una injusticia la acercó a la Fenapes. Según dijo, “la lucha no termina” con esta resolución, ya que aún quedan colegas sancionados injustamente por las anteriores autoridades y también llamó a terminar con la transformación educativa y a lograr una inversión del 6% del producto interno bruto para la educación, más 1% para investigación.

Ana Battaglino, una de las docentes sancionadas, también hizo uso de la palabra y recordó el proceso de los últimos cuatro años como “doloroso” y dijo que la llevó a “esconderse”. Según comentó, los docentes son “figuras públicas” en los “pueblos pequeños” y lamentó haber caído en la autocensura, además de haber sentido “depresión” y muy pocas ganas de ir a trabajar en ese contexto.

En síntesis, dijo que sus derechos humanos y los de sus colegas fueron violados, ya que durante estos años se sintieron “perseguidos” y “observados”. Las docentes también agradecieron el apoyo recibido por parte de numerosas personas y organizaciones, que no los dejaron solos en ese momento. En ese sentido, Battaglino dijo que “nadie se salva solo” y que “la lucha sigue”, porque la revocación de las sanciones es “solo un escalón”.

Por su parte, Mandacen les mandó un mensaje a quienes quisieron “matar al sindicato” y aseguró que la Fenapes “goza de buena salud”.