Como es habitual en estas instancias, a horas del envío al Parlamento del mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo para los próximos cinco años, los actores del sistema educativo están expectantes de lograr incrementos que permitan atender las necesidades siempre presentes, algunas históricas y otras más recientes. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el organismo público más grande del país y el que tiene cerca de dos tercios del presupuesto educativo total, aprobó días atrás un pedido presupuestal por unanimidad de su Consejo Directivo Central (Codicen).
El pedido parte de la base de la promesa de campaña del Frente Amplio, que planteaba llegar a una inversión equivalente a 6% del producto interno bruto (PIB) para la educación. En ese marco, el organismo solicita un incremento de más de 600 millones de dólares al final del quinquenio para que, de esa forma, su presupuesto pase del actual 3,28% del PIB al 4%. Pablo Caggiani, actual presidente del Codicen, dialogó con la diaria sobre las prioridades presupuestales del ente, lo que implica saber qué proyecta hacer el organismo en los próximos cuatro años.
¿Cuáles serán las prioridades presupuestales de la ANEP?
Las principales líneas de política tienen que ver, por un lado, con un conjunto de compromisos que se planteó el presidente de la República. Por otro lado, hay políticas que tienen mucho acuerdo de la ciudadanía y del sistema político, y por último, habrá que atender algunos desafíos que tiene la educación en Uruguay.
En el primer grupo de temas está el compromiso muy fuerte con la educación en la primera infancia: está bastante estudiado que mejora el desarrollo de niñas y niños, resuelve los cuidados, que es parte de las demandas que tiene la sociedad. Ahí lo que nos toca es generalizar y universalizar el acceso a los tres años. Nos faltan unos 4.500 gurises, más o menos, que son los más difíciles de incorporar, porque son los que o están lejos de las propuestas o sus familias no están convencidas de que tengan que asistir al sistema educativo. Hay un grupo que viene trabajando, de Primaria, INAU [Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay] y el Consejo Coordinador de la Primera Infancia, con la idea de avanzar sustantivamente en eso.
¿Habrá margen presupuestal para desarrollar la extensión de tiempo pedagógico, una de las principales propuestas de campaña?
Hay un compromiso de duplicar las propuestas con extensión del tiempo pedagógico en inicial, primaria y media. Esto es una apuesta fuerte: nos llevó 30 años llegar más o menos al 25% de la matrícula en primaria. En primaria los sectores más vulnerables tienen resueltos los temas de alimentación a través del Programa de Alimentación Escolar [PAE], entonces, cuando pensás en la extensión del tiempo, lo que estás pensando es de qué manera tenés espacios para que el mismo gurí esté en la silla de mañana y de tarde.
Ahí tenemos, por un lado, lo que es la transición demográfica que hace que ingresen menos gurises y abre posibilidades de transformación, y después hay una necesidad de infraestructura o algunos ajustes para pensar que hay extensiones del tiempo que no son sólo la escuela. En esto es clave el INAU, la propuesta que tiene el Ministerio de Educación y Cultura [MEC], la Secretaría Nacional de Deportes, los niveles subnacionales de gobierno. Hay un conjunto de cosas que están allí y lo que hay que hacer es optimizarlas.
¿No necesariamente implica construir escuelas nuevas?
En algunos lugares, por las características del enclave territorial donde está la propuesta educativa, sí se requiere una escuela nueva o una mejora de infraestructura. Aquí estamos pensando en los sectores más vulnerables, el quintil 1 y 2, que es en los que más políticas de ciudad faltan y en los que más faltan estas cosas. Después tenemos un conjunto de lugares del país donde los sectores medios resuelven una jornada completa arreglando, por un lado, los cuidados para ir y venir y, por otro lado, teniendo información y posibilidades de decidir qué hacen los gurises. Es decir, gurises que hoy asisten a escuelas de tiempo simple, pero que tienen actividades deportivas, artísticas y otras variedades. ¿Qué es lo que está poniendo ahí la familia que no pone la política pública? El conocimiento y la elección de las propuestas y los cuidados. Ahí hay un espacio de ganancia de la política pública.
¿Ya están mapeados estos lugares?
La hoja de ruta sobre extensión del tiempo evalúa cuáles son las formas en las que la ANEP está extendiendo el tiempo. En primaria son dos: tiempo completo y tiempo extendido. Después hay una cosa media híbrida: tiempo pedagógico ampliado, pero que no anduvo mucho. Y en educación media tenemos los liceos de tiempo completo, los liceos de tiempo extendido, los centros María Espínola, los centros educativos asociados. Tenemos un abanico más grande, y lo que se está haciendo es sistematizar qué es lo que tienen de bueno cada una de esas experiencias, cuáles son las debilidades, y pensar estas otras alternativas junto con el resto del Estado para mejorar el desarrollo de las infancias.
La extensión del tiempo en educación media sí tiene un requerimiento de infraestructura, porque la transición demográfica no llega a secundaria y UTU hasta finales del período. Y ahí sí tenemos una demanda muy fuerte de los temas de alimentación. Hoy comen en centros educativos de media unos 18.000 estudiantes en diferentes modalidades. Si nos proponemos duplicar las propuestas con extensión del tiempo pedagógico, tenemos que alimentar a 40.000. Esto es infraestructura, aularios, propuestas educativas, pero también ordenar la alimentación en media, porque en algunos lados dependen del PAE de Primaria, en otros lados depende de Secundaria, y ahí hay un conjunto de temas que hay que ordenar, porque la ANEP no estaría cumpliendo con la ley de alimentación saludable. Hay un grupo de trabajo que se está dedicando a los temas de alimentación y está construyendo una propuesta de programa de alimentación para la educación media básica.
El gobierno también anunció distintos apoyos económicos a estudiantes y familias.
Tenemos el bono de inicio de clases, que se va a universalizar el año que viene. En el caso de la educación media básica y la educación media superior, el compromiso es pasar de 14.000 becas a unas 70.000: tendríamos a uno de cada cuatro estudiantes de educación media becados, además de que se van a aumentar los montos de la beca a 25.000 pesos [anuales]. Ya se está trabajando junto al MEC, al INJU [Instituto Nacional de la Juventud] y al Banco Interamericano de Desarrollo, que es una contraparte de cooperación que hay para esto.
Empieza, además, a aparecer evidencia en programas de becas en educación media de que la beca no es sólo el apoyo económico, que de por sí mejora la culminación de ciclos. Tenemos estudios que dicen que incluir un componente de asistencia o de la inscripción al año siguiente mejora la trayectoria educativa de los gurises, y en ese esquema estamos.
Nos planteamos dos diseños de beca diferentes. Una es la beca para la media básica y otra es para la media superior. En una tenemos inscripción universal, no tenemos el efecto de desvinculación que empieza en la media superior. Por ende, el de básica es más orientado a la asistencia y el de media superior a traccionar la trayectoria educativa de los gurises hacia arriba.
En bachillerato la educación “compite” con el mercado laboral.
Tenemos un conjunto de aspectos que estamos analizando, como el informe del operativo de revinculación. Todavía no tenemos los informes terminados y hay diversas situaciones, pero a los 15, 16, 17, que es el tramo de la mayoría de los gurises que están desvinculados, cuando aparece el “para qué voy a ir” o “no me interesa”, hay que ver qué es lo que les estamos proponiendo a los gurises, porque a esa edad se mandan bastante solos. Pero después tenemos estas situaciones de encontrar a gurises que estaban vinculados al mercado de trabajo y que no podían dejar de laburar. En esos casos, o resolvemos el ingreso que les está dando el mercado laboral y les ofrecemos ir a estudiar o formulamos propuestas que les puedan permitir estudiar estando en el mercado laboral. Esto es parte de lo que Uruguay viene aprendiendo desde hace varios años ya con lo técnico-tecnológico, con las pasantías, con un conjunto de instrumentos, pero que hay que lograr que lleguen a este gurí concreto.
Uruguay no se puede dar el lujo de que quede ninguno afuera, y después de que estén adentro, hay que hacer que vayan todos los días, que estén más tiempo, que se alimenten. Parecen cosas muy básicas, pero son las cosas que terminan torciendo la agenda de la vida de los gurises y su posibilidad de aprender.
Pablo Caggiani.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
Otro conjunto de políticas tienen que ver con democratizar la administración de lo educativo. Ahí tenemos temas de participación de los docentes: está el proyecto de ley para retomar los consejos [en los desconcentrados], construir comisiones consultivas con familias o con actores de la sociedad civil. Esto permite no duplicar esfuerzos en las direcciones generales, que la política educativa articule mejor con los actores de la política educativa y con el resto de los actores del Estado. Esta es una debilidad que encontramos: cuando llegamos, la ANEP no coordinaba con nadie.
La salud mental y los temas de violencia son algunas de las reivindicaciones que han ascendido en el nivel de reclamo en los últimos años. ¿Qué han hecho al respecto y de qué manera el presupuesto podría servir para potenciar o mejorar algunas de estas áreas?
En la necesidad de recomponer la relación de la ANEP con lo no educativo, hemos trabajado con el Ministerio de Salud Pública [MSP], ahí tenemos una agenda de temas bien interesantes: Uruguay tiene una evaluación del desarrollo a los tres, cuatro y cinco años, que significa un 5% de la cohorte que tiene dificultades de desarrollo. Lo que acordamos con el Ministerio es que estos gurises tienen que estar priorizados en la atención de salud, lo que permite intervenciones mucho más tempranas que antes y que los mire alguien más que un pediatra. A su vez, estamos trabajando también con el INJU en los temas de salud mental, sobre todo porque el sistema educativo es un muy buen derivador, identifica cosas.
También se está trabajando muchísimo con el Ministerio del Interior en diferentes niveles de la política: tenemos Pelota al Medio, que se reactivó –estaba muy dejado de lado–, y es un programa que se desarrolla en escuelas y liceos de zonas que están complicadas desde el punto de vista de la seguridad, con actividades recreativas, deportivas, de cocina, un conjunto de cosas que plantean el uso del espacio público y la circulación de los gurises en su comunidad. Tenemos la articulación con la Policía Comunitaria orientada a problemas y con Comunidad Educativa Segura, que muchas veces no tiene que ver con problemas de seguridad de policiamiento más clásico, sino con temas de convivencia, de gurises que no se sienten respetados por el grupo de pares.
Hemos ido reconstruyendo un conjunto de puentes con otros organismos. Nos sucede lo mismo con la Universidad de la República: se habían caído todos los convenios y se está trabajando fuertemente en retomar eso, lo que se venía haciendo con la UTEC [Universidad Tecnológica], sobre todo asociado a lo terciario de UTU.
También tenemos un conjunto de acciones asociadas a la profesionalización de la docencia y la administración y también a la descentralización. Uno de los problemas que tiene la política educativa es que, como somos un ente autónomo que está centralizado, muchas veces se pierden las particularidades de lugares del país donde intendencias o concejos municipales tienen [un conocimiento] mucho más fino [de] cuáles son las propuestas que necesitan esas comunidades.
Sobre la profesionalización docente, ¿qué se plantea concretamente?
Tenemos la idea de que exista una Universidad Nacional de la Educación que permitiría colocar 33 nuevas sedes universitarias que ya están. Por otro lado, está la formación permanente: tenemos una tradición en Primaria con el Centro de Formación Permanente y con el Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya, que desarrolla formación de maestras que están en actividad. En el caso de la educación media estamos más desflecados: en Secundaria las propuestas que hay son de la administración o las que hacen las asociaciones de profesores. En UTU hay algunas experiencias de formación permanente de docentes en actividad.
Queremos construir un sistema de formación que además esté creditizado, que luego se reconozcan propuestas de postitulación que no necesariamente desarrolla la ANEP, pero que estén en convenio. Identificamos un conjunto de aspectos de la formación de inspectores y directores, pero también de la formación en temas de inclusión, la formación en temas de educación sexual integral, el trabajo con infancias en situación de movilidad o migrantes, la convivencia y la participación.
Y después tiene que haber un plan muy potente, muy masivo, para resolver un tema que Uruguay tiene que son los docentes de educación media sin título porque no terminaron la carrera. Tenemos que implementar una política que les permita a esos docentes titularse, sobre todo a docentes que tienen muchos años ya de ejercicio del cargo. El acceso a la titulación de grado les va a permitir el acceso a los posgrados: ofrecés un camino de desarrollo profesional a partir de resolver una situación que la produce la propia administración, porque esos docentes están ahí trabajando porque nosotros no tenemos docentes titulados.
Además, la transición demográfica en algún momento va a llegar a media, entonces, esos docentes también son un elemento de preocupación respecto de qué va a pasar con ese humano y su puesto de trabajo.
Recientemente, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa junto con Unicef presentaron un estudio que muestra que los estudiantes con discapacidad tienen una desvinculación más alta que los que no. ¿Es urgente abordar la especificidad que requiere esta población?
Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social [Mides], con el BPS [Banco de Previsión Social], que tiene las ayudas extraordinarias, con el MSP. Hay un combo de cosas que están repartidas en diferentes partes del Estado; ahí hay que rearmar esa institucionalidad para que efectivamente llegue a donde tiene que llegar. Hay una experiencia de los asistentes de autonomía que el Mides plantea extender, y estamos construyendo información para definir la evaluación del plan.
Hay cosas que tiene que mover el sistema educativo, que viene con una política de inclusión desde hace muchos años y la matrícula que sólo va a educación especial es cada vez menor. Es mayor la cantidad de gurises que están integrados a la educación común con maestro itinerante, a pesar de que hay un conjunto de gurises a los que, si no es en educación especial, no les estaríamos garantizando un conjunto de derechos.
Y después está la transición a la educación media, sobre la que tenemos problemas de información, pero lo que sí sabemos es que 12% o 13% de los gurises egresan de primaria con necesidades educativas especiales, y queda un 5% cuando llegas al final de media básica. En tres años tenés una masacre de gurises. Ahí hay que buscar los mecanismos de formación permanente de los docentes, de nuevas figuras que permitan abordar estos temas en la educación media. Que no sean las mismas propuestas para todos. Y después estamos desarrollando una cosa bien interesante vinculada a temas de inclusión con Unicef y con Ceibal para generar accesibilidad universal en los libros de texto. Estamos en fase de prueba y hay posibilidades de avanzar mucho en esto.
Ustedes plantearon no hacer cambios drásticos para el año que viene con respecto a la transformación curricular y al mismo tiempo escuchar a los colectivos. Varias ATD han pedido volver a los planes anteriores mientras se discute qué cosas cambiar. ¿Qué perspectivas hay para el año que viene?
Los grupos de trabajo de todas las direcciones generales y de los planeamientos educativos vienen trabajando muy fuerte en las modificaciones de programas de asignatura o de grado y en el reglamento del estudiante. Esos son los dos lugares posibles de cambios para este año. Hay además un conjunto de actores de fuera de lo educativo –como el Instituto Nacional de Cooperativismo, la Secretaría Nacional de Drogas, el Banco Central y el Banco República– para el tema de educación financiera, está lo que han planteado las Cooperativas Agrarias Federadas respecto de la conciencia agropecuaria. También hay algunas cuestiones vinculadas a ambiente, a educación sexual integral, es decir, hay una batería de cambios posibles este año que me parece que le van a hacer muy bien a lo curricular.
El domingo vamos a entregar en el presupuesto la necesidad de continuar la discusión curricular con los otros documentos que están en la conversación: el Marco Curricular Nacional, que establece el marco competencial y es una de las críticas que hay respecto a este tema, y también las progresiones de aprendizaje. Ahí hay un conjunto de temas que se empiezan a trabajar a partir del año que viene.
Todas las soluciones de parar y volver atrás no creo que sean convenientes para los procesos educativos y tampoco dan estabilidad al sistema. Estamos trabajando fuerte para llegar con un conjunto de cambios y, por supuesto, las ATD tienen un lugar en ese sentido. Pero no son sólo las ATD, hay un montón de cosas más que se están planteando y las expectativas que tenemos es que esto deje un trabajo serio y permanente de lo curricular. Por cómo se está moviendo el mundo, vamos a tener que revisar sistemáticamente lo curricular y revisarlo con otros. La discusión curricular es, en primer lugar, una discusión en clave democrática, de qué es lo que la sociedad quiere que aprendan quienes pasan por sus instituciones educativas. Y esa es una discusión de lo científico, de lo artístico, de lo tecnológico, pero también es una discusión de valores, y yo no creo que haya ningún administrador de la educación que tenga el derecho de suprimir ese debate de la sociedad.