Del 28 de julio al 3 de agosto se llevó a cabo la XLII Asamblea Nacional Ordinaria de Docentes de Educación Secundaria en el departamento de Maldonado. “Desde la asunción de las nuevas autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), se ha observado un cambio sustantivo en el escenario institucional”, en el que “la Mesa Permanente ha sostenido reuniones periódicas con la DGES, y la ATD [Asamblea Técnico Docente] ha sido convocada a integrar diversos grupos de trabajo de carácter técnico-pedagógico”, se asegura en el libro que sistematiza las resoluciones desprendidas de la Asamblea y al que accedió la diaria.

En un documento extenso, con bienvenida e informes de distintas comisiones, se incluyen las palabras de la Mesa Permanente en el acto de clausura de la jornada, en la que resumen parte de los principales puntos del acuerdo.

En primer lugar, si bien reconocen la apertura al diálogo de las nuevas autoridades educativas y la convocatoria de participación, manifestaron que “continúa generando preocupación la vigencia” del Marco Curricular Nacional que “sustenta el enfoque por competencias para toda la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública]”.

De igual forma, preocupan los programas de asignaturas y los reglamentos de evaluación que se desprenden del marco. Es así que la asamblea “reafirma el rechazo al modelo gerencial y neoliberal que pervive en las políticas del Codicen [Consejo Directivo Central] e insistimos en que debe ser erradicado”.

Por otro lado, subrayaron que la puesta en marcha de las comisiones permanentes favorece la “profundidad de los informes” emanados en la asamblea, lo que también producirá “una participación más fundamentada en los grupos de trabajo” a los que la ATD está convocada.

Este marco, de acuerdo con la Mesa Permanente, genera “mayores insumos concretos para afirmar la necesidad de un piso” del 6% del producto interno bruto (PIB) para la ANEP y la Universidad de la República, más un 1% para investigación.

Además, esbozaron que de la ATD se desprenden “reivindicaciones que son imprescindibles de concretar en el campo educativo y que sólo dependen de la voluntad política, como la vuelta a los consejos desconcentrados de Primaria, Secundaria y UTU con participación docente, la erradicación del Marco Curricular y la creación de una Universidad de la Educación (UNED) pública, autónoma y cogobernada”.

Asimismo, a lo largo del libro se manifiesta la necesidad, importancia y compromiso de construir un “plan único nacional de educación”. En la asamblea se recordó que ha sido planteado anteriormente y que “debe seguir siendo estudiado y profundizado en el futuro próximo, contextualizado a las necesidades actuales”. En resumidas cuentas, el proyecto para el plan “busca ser un modelo crítico, transformador y universal, fundamentado en principios humanistas y universalistas”.

En concreto, aseguraron que el nuevo plan deberá defender a “la educación como un derecho humano fundamental, asegurando el acceso efectivo a las condiciones materiales necesarias para su ejercicio, más allá de la mera igualdad de oportunidades”; “la autonomía y el cogobierno para el sistema educativo público, con participación real de todos los actores en las decisiones políticas, financieras y técnicas; “la centralidad del conocimiento disciplinar como base del currículo, en oposición a un enfoque que prioriza la acreditación sobre el aprendizaje genuino”; “la laicidad entendida como la promoción de la deliberación crítica, la pluralidad de opiniones y la confrontación racional de saberes, estrechamente ligada a la libertad de cátedra”; y, por último, a “la educación integral basada en un humanismo científico, que no divorcie la teoría de la práctica y que enfrente y supere la dualización del mundo del trabajo abarcando todas las dimensiones humanas: tecnológica, histórica, social, humanística, filosófica y artística”.

Presupuesto para la educación

Desde la Comisión de Presupuesto de la ATD señalaron que la transformación educativa, “además de su carácter inconsulto, regresivo y fuertemente excluyente”, supo desatender “aspectos relevantes del quehacer educativo que permitirían el desarrollo de una educación emancipadora”.

En ese sentido, aseguraron que hay “datos económicos que explican la extracción (directa e indirecta) de recursos económicos cruciales para solventar un sistema educativo sustentable”. Por ejemplo, evidenciaron que “entre 2020 y 2023, los salarios docentes sufrieron una caída en términos reales, con una recuperación parcial en 2023 y una proyección (no cumplida) de superar los niveles de 2019 en 2024”. Asimismo, señalaron que de 2019 a 2024 se incrementó el “dinero no ejecutado” en educación. Se “invirtió bastante menos del total” del presupuesto, esgrimieron.

En específico, recordaron que “en el quinquenio 2020-2025 se dejaron de invertir en educación $ 14.110.917.290, algo así como 345 millones de dólares, es decir, el equivalente a 147 liceos nuevos (estimados en U$S 2.000.000 cada uno)”.

En este marco, remarcaron la necesidad de un “aumento del presupuesto educativo al 6% del PIB + 1% para ciencia y tecnología”, ya que “sólo una inversión significativa y sostenida puede financiar las obras edilicias urgentes, la creación de nuevos cargos, la reducción del número de estudiantes por grupo, la compra de materiales, la imprescindible investigación educativa y la concreción de los aumentos salariales necesarios”. A su entender, es la confirmación de todos estos puntos lo que “garantizará efectivamente el derecho a la educación”.

Asimismo, pidieron por “autonomía institucional y agilización burocrática”, ya que los centros educativos “necesitan márgenes reales de decisión sobre la gestión de recursos, así como procesos administrativos ágiles que no obstaculicen su funcionamiento diario”. “Ignorar estos requerimientos es condenar a la educación pública a la precariedad, y a las nuevas generaciones a perpetuar la desigualdad”, concluyeron.