La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores recibió este lunes a representantes de las universidades privadas para hablar sobre la regulación del sector. Carlos de Cores, rector de la Universidad Claeh y uno de los cinco integrantes del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, dijo a la diaria que luego de la instancia la sensación es de “claridad”: “Quedó claro el planteo; hubo muchas preguntas de los senadores, hay un camino para recorrer y apostamos a que de acá a fin de año que se pueda acordar una actualización de la regulación”, esbozó.
El motivo principal de su comparecencia en el Parlamento es la derogación –por parte del gobierno actual– del decreto sobre la educación terciaria privada aprobado en los últimos meses del gobierno anterior. A esto se suma el anuncio del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, de que presentarán uno nuevo a fin de año.
“Si se deroga o no la legislación anterior es un tema que le corresponde a cada gobierno; es un tema de política y eso es incuestionable”, reconoció De Cores. Aun así, manifestó que desde las universidades privadas aspiraban a que la norma no se derogara y, en ese marco, destacó que las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) “se comprometieron a que en el correr de este año pudiéramos trabajar en una actualización del Decreto 104/2014, que es el anterior, que estaba vigente y ahora está vigente de nuevo”.
De acuerdo con De Cores, la “promesa” de la cartera es que “a fin de año podamos tener un decreto regulatorio, ajustado al tiempo”, y que el proceso de construcción se lleve adelante “de una manera consultiva y conversada”.
Respecto de las implicancias de la derogación del decreto, el rector de la Universidad Claeh puntualizó que uno de los puntos relevantes para la convocatoria a la Comisión de Educación y Cultura fue que quedaron sin efecto las “autorizaciones definitivas” que el gobierno anterior les otorgó en los últimos días de gestión.
“De acuerdo con el decreto que se derogó, se creaba un mecanismo por el que las universidades con más de 20 años de existencia y sin observaciones graves podían solicitar esa autorización definitiva”, planteó el rector. Según añadió, dichas autorizaciones les otorgaban “tres o cuatro derechos que no son una gran cosa” y que van en el sentido de dotar de un poco más de autonomía a las instituciones privadas, sin que eso implicara una autonomía total. Explicó que esos “derechos” son, en concreto, “dos o tres flexibilizaciones de burocracias, poder hacer algunos cambios sin consultar previamente pero sí informando a posteriori”.
El rector especificó que, en una primera instancia, para otorgar las autorizaciones se requería la firma del presidente de la República, pero luego ese requisito se cambió para que bastara con la firma del ministro de Educación y Cultura. Señaló que, más allá de que a partir de ese cambio el actual gobierno detectó “vicios de forma” en el otorgamiento de las autorizaciones definitivas, desde el Consejo de Rectores de Universidades Privadas no están de acuerdo: “Creemos que ya estaba firme, por lo tanto, cuando el gobierno dejó sin efecto esas autorizaciones, presentamos recursos de revocación y jerárquicos para pedir que se revoque y, en definitiva, si se mantiene el acto, hay una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, sentenció.
Los puntos a favor del decreto anterior
Jorge Grunberg, rector de la Universidad ORT y secretario pro témpore de la Comisión de Rectores de Universidades Privadas, dijo durante la sesión de la comisión parlamentaria que “la evolución de la percepción social y política de las universidades privadas en Uruguay no se ha aggiornado lo suficiente”. “Lo que pasó con el decreto es en parte consecuencia de esa visión un poco desactualizada de lo que las universidades privadas hoy significan para el país”, agregó.
Asimismo, señaló que “el hecho de que haya dos sistemas regulatorios, uno que les da autonomía total a las universidades públicas y otro que les da autonomía cero a las universidades privadas, es una distinción perjudicial”, porque, entre otras cosas, “hace que la colaboración entre las universidades se vea debilitada”.
Desde su perspectiva, el decreto que emitió el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou “modificaba esta situación muy levemente” y permitía “autorizar los sistemas de enseñanza en línea”. Otra de las modificaciones que establecía el decreto anterior, y que destacó Grunberg, refiere a los títulos duales con universidades de otros países. Afirmó que eso es “cada vez más importante para que el país pueda integrarse a universidades de otros países”, pero la reglamentación vigente hace que eso “se vuelva muy difícil por un problema de conteo de reválidas”. En ese sentido, planteó que esa situación “quedaba resuelta” con el decreto derogado.
Asimismo, esgrimió que ese decreto permitía a “las universidades que tienen más de 20 o 25 años de creación –que para Uruguay es bastante tiempo– un poquito más de flexibilidad para poder cambiar las materias sin tener que pasar por un proceso muy lento, que hace que cuando se logra la autorización otra vez haya que cambiarlas porque ya quedaron obsoletas”.
En resumidas cuentas, de acuerdo con Grunberg, que habló frente a la comisión en nombre del consejo, con el decreto que rige actualmente para las universidades privadas “los perjudicados directamente son los estudiantes, que están teniendo problemas para la actualización de las materias, para los títulos duales y para la utilización legalmente formalizada de las herramientas que usamos todos los días, como Teams o Zoom”.