La agenda parlamentaria dispuso que la presentación de las políticas y los recursos destinados a vivienda y educación quedaran el mismo día en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados. El resultado fue que la comparecencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comenzó pasadas las 18.30 del jueves y terminó a las 2.30 de la madrugada del viernes.

El atraso en el cronograma hizo que el ente de la educación tuviera que reducir un poco la extensa presentación que tenía preparada, que, de todas formas, duró más de cinco horas. Encabezada por el presidente Pablo Caggiani y por los otros cuatro integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo, una amplia delegación, también integrada por los directores sectoriales y por los directores generales de los subsistemas, presentó el plan de política educativa para el quinquenio y los recursos que la ANEP solicita para su cumplimiento.

El ente optó por realizar una solicitud basada en que al final del actual período de gobierno se llegará a una inversión en educación del 6% del producto interno bruto (PIB). Ello permitió que la solicitud fuera aprobada por unanimidad en el Codicen, ya que, más allá de tener matices, los consejeros docentes apoyaron el planteo, pero generó una distancia entre lo solicitado y lo que terminó asignando el Poder Ejecutivo.

Esa diferencia estuvo en debate en la comisión parlamentaria. En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que se trata de “una distancia difícil de acortar” y que presenta “un escenario muy kafkiano”. Según explicó, las autoridades expusieron durante casi seis horas sobre su plan estratégico y los recursos que se solicitan para su cumplimiento, pero “de antemano todos sabemos que no se va a cumplir y que algunos puntos eventualmente podrán cumplirse en una pequeña parte”.

Abdala se mostró de acuerdo con buena parte de las acciones planteadas y destacó la “entonación nacional” del discurso de las autoridades, en el sentido de que presentaron las políticas como una continuidad de las anteriores. De todas formas, expresó sus dudas acerca de que, con los números que están planteados y las perspectivas que brinda el equipo económico del gobierno, pueda cumplirse con la promesa de campaña de llegar al 6% del PIB al final del período.

Desde el oficialismo, en tanto, se reconoció la diferencia, pero los legisladores afirmaron que realizarán el mayor esfuerzo por redireccionar recursos hacia la educación y, al mismo tiempo, se planteó que pueden llegar recursos incrementales en las rendiciones de cuentas del período. Según consta en la versión taquigráfica de la comisión, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala aseguró que lo solicitado por la ANEP refleja el proyecto educativo que su partido pretende para el país. En una línea similar, Agustín Mazzini dijo en rueda de prensa que el proyecto del ente no sólo refleja lo que se pretende para los próximos cinco años, sino también de cara al futuro.

El diputado asoció la imposibilidad de garantizar en este momento un mayor presupuesto para la educación con el hecho de que “las cuentas públicas estaban muy maquilladas” en el gobierno anterior y la actual oposición “mintió” cuando dijo que el déficit fiscal se ubicaba en 2,8%. Según dijo, el gobierno actual proyectó con esas cifras, pero se encontró con otro estado de las cuentas públicas, que lo llevó a tener un panorama más restrictivo.

Mazzini también salió al cruce de Abdala y otros diputados de la oposición respecto de la diferencia entre el pedido de la ANEP y la asignación del Poder Ejecutivo. Según dijo, en el gobierno pasado, cuando el ente era presidido por el actual senador colorado Robert Silva, se solicitaron 2.823 millones de pesos para 2024 y el Poder Ejecutivo le asignó “11 veces menos”.

Consultado por la diaria, Caggiani se mostró “optimista” respecto de poder alcanzar el 6% del PIB para toda la educación al final del período, lo que para la ANEP implicaría llegar a un presupuesto equivalente al 4%. Según fundamentó, su optimismo se basa en que, “en un escenario de mucha restricción fiscal”, con sólo 140 millones de dólares de incremento para todo el Estado, el gobierno otorgó 40 millones para la infancia y la educación. “Los dos mensajes que tiene a consideración el Parlamento, tanto el de la ANEP como el del Poder Ejecutivo, priorizan las infancias y, si logramos ubicar una conversación que defina esto como prioridad de las políticas públicas en Uruguay, en el correr del quinquenio van a existir incrementos”, manifestó.

Por su parte, Julián Mazzoni, uno de los dos representantes docentes en el Codicen, planteó a la diaria su preocupación por la asignación presupuestal que recibió el organismo, que implica el 27% de lo que había solicitado, porcentaje que baja a 11% o 12% al final del período. Más allá de que espera que puedan lograrse recursos para cumplir la mayor cantidad de acciones posibles, tanto él como Daysi Iglesias, la otra representante de los docentes, plantearon que es imprescindible que el organismo reciba presupuesto para cubrir varios déficits que provienen del gobierno anterior y que Caggiani calculó en 2.000 millones de pesos en total.

El destino de los fondos incrementales que pide la ANEP

Daniela Corena, directora ejecutiva de Gestión del Codicen, fue la encargada de explicar en detalle el destino de los recursos incrementales a los que apunta el organismo. Precisamente, los primeros artículos que solicitó la ANEP refieren a distintas políticas estables que actualmente están siendo financiadas con un fondo que se produce a partir del descuento por inasistencias de sus funcionarios, que sólo puede destinarse para gastos puntuales. Según explicaron las autoridades, si no se reciben fondos en el presupuesto para esas acciones, el organismo deberá sacar esos recursos de otras áreas de su presupuesto.

Se trata de una parte importante de los cursos que brinda el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP, que aumentó su carga horaria con el plan de estudios aprobado en el marco de la transformación curricular, pero no recibió incrementos para financiarlo. Corena estimó que a fin de año esto significará un déficit de 815 millones de pesos.

Otra de las líneas deficitarias es el Plan Avanza, que implica 21.000 horas de acompañamiento y tutoría para estudiantes en todos los subsistemas, también en el marco de la transformación curricular, lo que implica un déficit de más de 750 millones de pesos. Por su parte, más de 230 millones de pesos son solicitados para financiar el incremento de casi 6.000 horas en la UTU, generadas para cumplir con el principio de navegabilidad de los cambios curriculares, y de otras 1.300 de cursos terciarios del mismo subsistema.

En tanto, la ANEP solicita 250 millones de pesos para financiar servicios de limpieza y vigilancia que fueron autorizados durante la pandemia, pero continuaron ejecutándose durante todo el quinquenio.

Otra parte del incremento que pide el ente refiere a políticas priorizadas, algunas de ellas contempladas por el Poder Ejecutivo. Una es el “bono de apoyo escolar” de 2.500 pesos que este año se entregó a los escolares de los quintiles de menores ingresos, pero que a partir de 2026 será para toda la matrícula de Primaria. Si bien la ANEP solicitó unos 820 millones de pesos por año para ello, el Poder Ejecutivo asignó 450 millones para 2026, 600 millones para 2027 y 800 millones para los dos siguientes años.

El gobierno otorgó los 590 millones de pesos anuales que el ente solicitó para la extensión de los comedores en la educación media, mientras que no se destinan recursos incrementales para la duplicación de las propuestas de tiempo extendido, otro de los compromisos de campaña.

Para ello, la ANEP solicitó la asignación de un incremento de 686 millones de pesos para 2026, 1.400 millones en 2027 y 3.500 millones para los dos años siguientes. Al respecto, Corena explicó que se prevé financiar roles docentes de “educación física, educación artística, segundas lenguas, maestros, acompañantes a contraturnos, tutorías por asignatura y referentes socioeducativos para acompañamiento de becas estudiantiles”. También se prevé la construcción de centros educativos asociados de UTU y aularios, además de una mayor inversión en tecnologías de la información.

Según detalló, una parte de los recursos para esta acción saldrán de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que está muy próximo a aprobarse. La jerarca informó que este será de unos 2.500 millones de pesos para todo el quinquenio y prevé una contraparte de aportes del gobierno uruguayo por más de 100 millones de pesos anuales. Los recursos del BID se utilizarán tanto para la extensión del tiempo en los centros educativos como para la mejora de la asistencia de los estudiantes, que fue definida como una de las principales preocupaciones de las autoridades. Esto implica también el pago de apoyos económicos a los estudiantes, principalmente en la educación media. Para ese fin, el gobierno otorga a la ANEP 220 millones de pesos el año que viene, 370 millones en 2027, 544 millones en 2028 y casi 900 millones de pesos en 2029.

Pedidos de la ANEP que no fueron atendidos en el proyecto de ley de presupuesto

La ANEP también solicitó recursos para varias líneas que no fueron contempladas en el presupuesto elaborado por el gobierno, por ejemplo, la universalización de la educación en los tres años, para la que el ente pide 190 millones de pesos anuales. En concreto, se trata de incorporar al sistema educativo a unos 4.500 niños de esa edad, para lo que se necesitan más figuras docentes y de acompañamiento, como los 250 asistentes técnicos en primera infancia que se busca incorporar.

El organismo también se fijó como objetivo la generalización de la educación terciaria en el país y para ello apunta a aumentar la cantidad de estudiantes de la oferta de la UTU en ese nivel. Proyecta pasar de los actuales 17.000 estudiantes a 25.000, y solicita 108 millones de pesos en 2026, 240 millones en 2027, 551 millones en 2028 y 717 millones al año siguiente.

Otra de las áreas que no fueron atendidas por el Poder Ejecutivo es la inclusión de estudiantes con discapacidad, para lo que se solicitan 70 millones de pesos por año, con el objetivo principal de fortalecer dos centros de recursos, uno para estudiantes con baja capacidad visual y otro para quienes tienen baja audición. En este punto, la consejera Iglesias planteó que el pedido del Codicen también prevé la incorporación de 12 maestros para la inclusión, algo que, si bien votó, le parece insuficiente.

Según describió la consejera docente, la situación de la inclusión es especialmente problemática en el sistema educativo y “los docentes están desbordados”. Iglesias ilustró que en Montevideo sólo la Escuela especial 231 se dedica a atender estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA), lo que no es suficiente para atender la demanda. Eso hace que estudiantes que requerirían asistir a esa escuela sean derivados a otros centros educativos, pero hay sólo dos maestras itinerantes para atender las 370 escuelas públicas del departamento, en las que a veces hay dos, tres o cuatro estudiantes con TEA en una misma aula. “Y estoy hablando de un solo caso de discapacidad”, concluyó.

La ANEP también solicita recursos incrementales para otras áreas, como la ampliación de los programas de educación en contexto de encierro, el fortalecimiento de la educación sexual integral, el fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios y la “reformulación de nuevas estrategias pedagógicas en educación media”. Otro de los rubros que no fueron atendidos por el Poder Ejecutivo es el incremento de becas para estudiantes del CFE y para el plan de obras de la ANEP. Para este último rubro, el organismo pide un incremento de 4.500 millones de pesos al final del período.

Corena también hizo referencia a algunos artículos no presupuestales que el ente pidió incorporar a la ley de presupuesto, como cambios en las disposiciones sobre herencia yacente para que la ANEP pueda recibir bienes que no tienen herederos, lo que ya había sido solicitado en el gobierno anterior.

Líneas a seguir

La delegación de la ANEP basó su exposición en su Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2025-2029. Allí se señalan los ejes principales que llevarán adelante: la “universalización del acceso a los ciclos educativos”; el “fortalecimiento de la continuidad educativa y la ampliación de trayectorias”; el “mejoramiento de los egresos de todo el ciclo educativo”; el “mejoramiento de la política curricular, los aprendizajes y la evaluación”; “potenciar los aprendizajes en convivencia y derechos humanos”; y la “creación de un sistema de formación permanente para docentes y educadores/as de la ANEP”.

Antonio Romano, director ejecutivo de Políticas Educativas de la ANEP, expuso sobre los “cinco problemas” que “son persistentes en la educación uruguaya” y que, por tanto, la ANEP pretende atacar: el acceso a la educación, la asistencia a clases, los aprendizajes, la progresión en el tiempo y los egresos, y la igualdad, enumeró. En este sentido, señaló que “aún resta incorporar, aproximadamente, a 4.000 niños de 3 años, para universalizar el acceso; y falta incorporar a 9.000 adolescentes entre 15 y 17 años”.

Por otro lado, destacó los “altos” niveles de inasistencia, que desde la pandemia no han dejado de aumentar. “Tienen una forma de ‘u’, ya que es alta al comienzo, baja a medida que avanza primaria y vuelve a subir en educación media básica”, explicó. Sobre las trayectorias educativas dijo que, si bien hay una “mejora sistemática”, persisten los problemas de rezago.

En este contexto, la consejera política del Codicen, Carolina Pallas, habló de nueve “desafíos” que tiene la ANEP y que pretenden llevar adelante si se les otorga el presupuesto solicitado. Entre ellos, uno es la protección de las trayectorias “de los estudiantes con necesidades educativas específicas, ya sean socioeconómicas, como estudiantes en situación de movilidad humana y, en particular, aquellos con discapacidad”. Para ello, resaltó la necesidad de ampliar el tiempo pedagógico, el acompañamiento socioeducativo y las tutorías académicas. También habló de la importancia de “asegurar que los estudiantes logren aprendizajes de mayor calidad” y especificó que el foco está en lengua, matemática y ciencias, pero es necesario que se conjugue con una “perspectiva integral que incluya humanidades, artes y formación en derechos humanos, particularmente en aspectos de convivencia”.

Otro de los desafíos es generar una mayor “descentralización territorial para la toma de decisiones a nivel local y regional”. En el documento que presentaron al Poder Ejecutivo, la ANEP especifica sobre este punto que la intención es “trasladar la capacidad de decisión de los actores para poder intervenir a nivel departamental y local”, y así “estimular a los actores territoriales para lograr articulaciones tanto dentro de la ANEP como en acuerdo con otras instituciones locales de la sociedad civil y de otros organismos del Estado”.

Pallas también se refirió a lograr “fortalecer la profesionalización docente”, es decir, “desarrollar una formación continua y permanente de docentes, tanto de aula como de otros agentes educativos que están en los centros, y también de los trabajadores de gestión, administración y servicios”.