Universidad Nacional de Educación versión 2026

Lo bueno es contar con un nuevo y tercer Proyecto de Ley de Universidad de Educación (UNED) presentado al Parlamento (en pleno receso) por el Poder Ejecutivo, a 20 años de la propuesta de la idea.¹

Los defectos del apenas modificado proyecto del 2017 inhibirán, con toda probabilidad, la aprobación y hasta la discusión racional y serena del mismo, dado el alto número de votos -dos tercios de ambas cámaras- exigidos por la Constitución. Número difícil de alcanzar porque se exige que cada uno de los artículos, incisos literales y disposiciones transitorias alcance dicha mayoría especial y basta con que uno de ellos no obtenga esa cantidad de votos para que la ley sea rechazada, como ocurrió en las dos oportunidades anteriores.

La excepción sería que haya un acuerdo previo entre bambalinas que asegure las suficientes manos levantadas. Es decir, que este proyecto ya esté acordado entre los partidos políticos, y sea ley rápidamente, con efecto real y el beneplácito de (casi) todo el mundo.

Cierto que este proyecto “mejora” al de 2017 o al anteproyecto presentado en julio del año pasado. Aunque podrían darse por sobreentendidas, es bueno (y quizás sustancial) que ahora se establezcan expresamente un artículo sobre “autonomía” y otro sobre “libertad de cátedra y de opinión”, que en versiones anteriores brillaban por su ausencia.

Sin embargo, el proyecto se resiste tozudamente a incluir un capítulo de “integración inicial” de la UNED por todos los institutos y centros que, al momento de la aprobación, dependan de ella, y dar la potestad de modificarlos a futuro, tal como lo aprobó el III Congreso Nacional de Educación, “Enriqueta Compte y Riqué”.

También este proyecto mejora en cuanto no obliga al nuevo consejo autónomo a someterse a determinada organización territorial (regiones, institutos regionales y otras “innovaciones” de los proyectos anteriores).

Pero sigue siendo inaceptable que no se refiera a los locales y sus autoridades, lo que está relacionado con no mencionar a las más de 30 instituciones existentes, sea con sus nombres propios o por su común dependencia del actual Consejo de Formación en Educación (CFE). En un artículo suelto entre otros que no tienen nada que ver, “crea” los Consejos Asesores y Consultivos, que hace tiempo son ley, como asesores de un director de instituto universitario. Pero como no dice cuáles son sus autoridades, exigencias para ocupar el cargo o modo de designación, lo único que hace es darles nombre y —tácita o vergonzosamente— darles un gobierno unipersonal (y no colegiado como es habitual) y un nombre que no se condice con el de decano —usual a nivel universitario, junto con el consejo para las facultades— a fin de dar cierta autonomía a lo local frente a lo central.

Como decía antes: los dos tercios deberían exigirse al momento de la “aprobación general” para la creación de un nuevo ente autónomo de la educación que tome a su cargo la educación pública de grado y posgrado de docentes y educadores de todos los niveles. Pero el principal problema respecto al nuevo ente es la integración de su consejo directivo, de modo que sea autónomo, directa o indirectamente, de los gobiernos de turno y de otros organismos cuyos cargos dependan del poder político.

El proyecto de ley del Ejecutivo opta por dar al consejo directivo de la UNED ese tipo de amplia autonomía en su ámbito al proponer un gobierno integrado por profesores, estudiantes y egresados. Fórmula que recoge el acuerdo que rige para las universidades públicas desde la Reforma de Córdoba, en la que los egresados ocupan un lugar importante como representantes de la sociedad toda (es decir, de quienes ya no dependen de la UNED).

Esta determinación, arraigada en la tradición nacional y que tiende a asegurar una universidad laica —es decir, no dependiente de ningún dogma religioso, ideológico ni político— a los efectos de formar ciudadanos libres, capaces de regir sus propias vidas y decisiones en un Estado democrático, es el mérito central de este proyecto. No entro en el detalle del número de delegados de cada orden, ni en analizar si el consejo directivo podría invitar o integrarse con otros oyentes, o darles la palabra -a su solicitud en ciertos asuntos- a delegados de las comisiones parlamentarias; o pudieran ser invitados a exponer sus proyectos ante las autoridades nacionales.

Es posible que este punto pueda ser cuestionado ideológicamente por quienes entienden que, así como las universidades privadas pueden defender y enseñar sus creencias (por ejemplo, en el plano religioso), o enseñar sus idiomas, tener vínculos privilegiados con otros países u ofrecer becas, incluso a alumnos y profesores del sector público, las autoridades políticas uruguayas deben regir totalmente la educación pública.

En un pasado reciente, funcionarios del Estado dictaron hasta los programas de la formación docente pública. Es más, los institutos y centros que hoy dependen del CFE vieron cómo se discontinuaron sus estudios de perfeccionamiento y postgrado (eliminación del Instituto Magisterial Superior antes del 2000, discontinuidad de posgrados e investigaciones al crearse el CFE), la exclusión de los egresados desde la creación del CFE y los avances que el consejo realizó en la creación de departamentos, entre otros.

Este tipo de cosas hacen necesaria una UNED cogobernada.

Pero el proyecto de ley opta por la contradicción y el absurdo de proponer, junto con un Consejo Directivo Nacional (CDN) de puro cogobierno que se crea en el cuerpo de la ley, un consejo “transitorio”, pero con todas las atribuciones del CDN y otras más —en realidad lo llama “Primer CDN”— aunque no esté constituido del modo que estipula el proyecto. Tampoco tiene plazo de caducidad y es renovable por el próximo y los sucesivos períodos de gobierno. Este estaría integrado por tres miembros designados por el Ejecutivo con venia del Senado, uno por los docentes y uno por los estudiantes. Es decir, la UNED tendría un CDN por plazo indefinido, sin delegado de los egresados y con mayoría del gobierno, que determinaría la estructura académica e institucional. La exclusión de los egresados no es casual: es la repetición de lo que existe actualmente.

Esta ley debería determinar que todos los egresados de los distintos institutos —pasados, presentes y futuros— integran el orden y sean electores y elegibles para los cargos del CDN, incluso en una “transición” con plazo y cuya tarea fundamental fuera organizar las elecciones con la Corte Electoral y asegurar la continuidad y mejora de servicios. Parece claro que en poco más de un año desde la aprobación de la ley, el actual CFE podría estar en condiciones de terminar esa labor.

Mauricio Langon es profesor de Filosofía egresado del IPA, actualmente jubilado.