Una ley aprobada en 2017 y reglamentada en 2018 estableció la obligatoriedad de contar con una sala de lactancia en los edificios de organismos públicos y privados en los que trabajen o estudien 20 o más mujeres o trabajen 50 o más personas. Si bien el decreto reglamentario establece que en el caso de los centros educativos para la obligatoriedad se tomará en cuenta únicamente la cantidad de trabajadoras mujeres y no a las estudiantes, para las alumnas sí rige una disposición especial de la ley que mandata a la respectiva organización a instalar una sala de lactancia cuando alguna de sus integrantes esté amamantando.
Pese a que han pasado ocho años y tres mandatos distintos en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el cumplimiento de la normativa es casi nulo y depende principalmente de donaciones y de la buena voluntad de los equipos directivos de turno. Así lo explicó en diálogo con la diaria Mónica Bagnato, militante feminista, profesora de Filosofía e integrante de la Comisión de Mujeres y Disidencias de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo.
Bagnato detalló que el decreto de reglamentación de la ley estipula una serie de condiciones con las que las salas de lactancia deben cumplir y por ello “no cualquier lugar sirve”. De acuerdo con la normativa, estos espacios deben cumplir con parámetros de privacidad, higiene y cierta dignidad, ya que, por ejemplo, se establece que deben ser salas ventiladas e iluminadas y contar con silla o sillón mínimamente cómodo y con respaldo.
Como se trata de espacios en los que las mujeres pueden tanto amamantar a sus hijos pequeños como también extraerse leche para darles en sus casas, también se exige que haya al menos una heladera pequeña para conservarla en buenas condiciones. Después de determinada cantidad de horas fuera de la heladera, la leche materna ya no es apta para su consumo.
Bagnato recordó que, en su caso, comenzó a militar activamente por la causa cuando trabajando en el liceo 9 de la capital se encontró con una compañera que se estaba extrayendo leche en uno de los cubículos del baño de uso común del centro educativo. “Para mí fue devastador”, recordó, y agregó que también le chocó que su compañera tenía esa situación totalmente normalizada.
A partir de ese momento, comenzó a comentar la situación con profesores con los que tenía mayor afinidad, luego con el núcleo sindical y con la comunidad educativa en general, para ver de qué forma podían conseguir y acondicionar un espacio. En ese momento, al menos intentaron que la sala se ubicara cerca de la heladera de uso general, consiguieron un sillón y donaciones de toallitas y pañales de parte de algunas empresas, y también se preocuparon por “ponerle amor” al espacio: “Que al menos hubiera un libro, una planta”, relató.
Más allá de que no cumplía con todos los requerimientos establecidos en la normativa, al menos lograron que hubiera un espacio digno para que la docente pudiera extraerse.
Entre la falta de presupuesto y la falta de voluntad
Precisamente, Bagnato señaló que ninguna de las autoridades que desde 2017 han pasado por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y por la ANEP ha tomado este tema como importante, y por ello el esfuerzo siempre recae en las comunidades educativas. Sin embargo, marcó que ello contrasta con las necesidades de trabajadoras y estudiantes, ya que, después de haber pasado por muchos centros educativos de bachillerato de la capital, concluye que “en casi todos los liceos” hay alguna trabajadora o estudiante que esté en etapa de lactancia o próximo a retornar a las labores después de la licencia maternal.
Como ejemplo mencionó su llegada al Liceo Instituto Batlle y Ordóñez (IBO) el año pasado, donde se encontró con cinco estudiantes a punto de parir o ya amamantando a sus hijos, pero el centro no contaba con sala de lactancia. Además, había otras dos docentes que estaban próximo a reintegrarse de su licencia maternal.
Según recordó, a partir de la buena disposición de la dirección del liceo, del núcleo sindical de ADES Montevideo y de un grupo de profesoras jubiladas que compraron la heladera, se pudo instalar la sala “en un lugar digno para amamantar”, más allá de que tampoco se cumplieron todos los requerimientos establecidos en la reglamentación.
Bagnato señaló que el tema fue tomado por la Comisión de Mujeres y Disidencias del sindicato porque lo consideran una forma de violencia de género, tanto a docentes como a estudiantes. En el caso de estas últimas, dijo además que, si bien es difícil que las adolescentes sigan estudiando después de que tienen un hijo, contar con un espacio en el cual amamantar con dignidad puede contribuir a su permanencia.
Desde su experiencia, contó que no solo las autoridades de ANEP o la DGES no toman ninguna iniciativa para la instalación de las salas, sino que muchas veces son los propios equipos directivos de los liceos los que toman posturas igual de indiferentes. En esos casos, la instalación de las salas queda únicamente en manos de los docentes organizados de cada centro. De hecho, señaló que los organismos que no cumplen con la normativa tienen que pagar una multa anual y el sistema educativo ha preferido hacer esa erogación antes que destinar esos recursos a la instalación de salas.
La lucha por las salas de lactancia no termina con su instalación
La integrante de ADES Montevideo relató que la primera sala de lactancia en un centro educativo se concretó en 2013, antes de la aprobación de la ley, en el liceo 13, después de que la comunidad educativa peleara por ello, de forma que pudiera ser utilizada por una estudiante. Según afirmó Bagnato, en la actualidad la sala cuenta con problemas de infraestructura y los docentes reclaman su solución.
Ello es una muestra de que la instalación de una sala de lactancia tampoco es garantía para que perdure en el tiempo. Además de los problemas edilicios, ante la constante necesidad de espacios que tienen los centros educativos, el hecho de que un año la sala no sea utilizada puede llevar a su desaparición. Eso es algo que ha pasado en algunos liceos, como el 63 o el 6. En este último caso, la sala se instaló en 2024, pero al año siguiente el espacio quedó en desuso y pasó a tener otro destino; en la actualidad, la comunidad educativa del centro reclama su reinstalación.
En varios otros centros el sindicato tiene certeza de que las comunidades exigen la creación de la sala, lo que también entra en tensión con viejos edificios que en su construcción no previeron un espacio con esas características. Eso, sumado a la falta de presupuesto para realizar adecuaciones de los espacios, lleva a que algunas salas –o intentos de– estén instaladas con bastante precariedad. Por ejemplo, en el liceo 61, que actualmente se encuentra ocupado por falta de condiciones edilicias accesibles, la sala está conformada por un asiento colocado en uno de los baños, sin heladera ni luz natural. En el liceo 22, en tanto, desde ADES Montevideo relevaron que para instalar la sala de lactancia a través de una cortina se dividió en dos la cocina y, como la sala no ha tenido uso, la cortina se corre y todo el espacio es usado como cocina.
Bagnato señaló que muchas veces docentes y directores fundamentan la reutilización del espacio bajo el argumento de que la sala no tiene tanto uso, cuando el razonamiento debería ser el inverso: “La sala está ahí, para cuando alguien la precise”, reflexionó. La docente agregó que muchas veces las propias integrantes de la comunidad educativa no se enteran de la existencia del espacio, por lo que habló de la importancia de su difusión.
Si bien los liceos inaugurados más recientemente, como el 69, de Casavalle, ya se construyen con un espacio pensado para ser usado como sala de lactancia, ello tampoco es suficiente. Al respecto, la profesora contó que en el liceo 69 el mismo día de su inauguración la sala quedó asignada como espacio para los auxiliares de servicio.
Bagnato marcó la importancia de que el sistema educativo cuente con voluntad política, pero también con recursos suficientes, para poder instalar salas en todos los centros que lo requieren y, según señaló, el acondicionamiento de estos espacios no requiere inversiones millonarias.
Además del derecho de las trabajadoras de poder amamantar o extraerse leche en lugares dignos, la docente habló de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de salud, como la Organización Mundial de la Salud, que recomiendan que los niños y niñas tomen leche materna al menos hasta los 2 años. Según lamentó, en las condiciones actuales que se ofrecen desde el propio sistema educativo, en el que las docentes que son madres se deben reintegrar a los seis meses de vida de sus hijos y pasar largas jornadas laborales en las que muchas veces van de un liceo a otro, se hace difícil extender la lactancia materna durante mucho tiempo.