El viernes, el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) emitió una resolución a raíz de “la situación en diversos centros e institutos” de ese organismo, durante este semestre, en los que se vienen dando “ocupaciones prolongadas e intermitentes”. En el texto se consigna que se resolvió habilitar “de forma excepcional, por el presente año lectivo, y mientras no estén disponibles los centros e institutos para el desarrollo de actividades presenciales, la modalidad virtual de los cursos”. Se plantea que se hará de acuerdo con varias “particularidades”, como “encomendar a las docentes a adecuar contenidos y metodologías en las unidades curriculares anuales del segundo semestre, apoyando la continuidad de las trayectorias formativas del estudiantado”, así como también “realizar instancias virtuales sincrónicas para las que se deberán respetar los horarios previstos en la presencialidad, pudiendo acotar la duración de las clases y complementarlas con tareas asincrónicas”.
La resolución llevó a que la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) se reuniera de forma urgente este domingo de tarde. Luego de la reunión, el coordinador de la CSEU, José Olivera, señaló en rueda de prensa que la resolución del CFE la tomaron como una “ingrata sorpresa”, y subrayó que no solamente hay responsabilidad del CFE en esa medida, sino también del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.
En primer lugar, Olivera subrayó que la resolución es inoportuna porque estaban en un proceso “de búsqueda de salidas, negociadas con base en el diálogo, con el movimiento estudiantil, que es el que estaba en conflicto hasta el momento, llevando adelante ocupaciones, como una medida para marcar su posición con respecto a una propuesta de titulación que había formulado unilateralmente el Codicen”.
Además, Olivera aseguró que la resolución es “ilegal” y que el Codicen “está actuando con conocimiento de causa”, porque el sindicato se lo advirtió desde hace “ya varios días”. Subrayó que la resolución viola el cuarto artículo de la ley de negociación colectiva del sector público (Ley 18.508, de 2009), que establece, entre otras cosas, que las condiciones de trabajo son materia de negociación colectiva.
Por lo tanto, Olivera señaló que la CSEU reclama que se revea rápidamente la resolución y también reclama la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “porque es incomprensible que el Codicen, alertado de que una acción de este tipo, unilateral, era violatoria del marco de negociación colectiva, igual la adoptó”.
“Nunca vi que una administración empleadora, en vez de apaciguar los ánimos, eche nafta al fuego. Aquí no sabemos si hay intencionalidad o no, pero hay un error gravísimo del Codicen, que adoptó esta resolución hace muchos días, en vez de apostar al diálogo con los estudiantes y generar las condiciones”, sostuvo.
Además, el dirigente insistió con que el Codicen pretende “cambiarles las condiciones de trabajo de los docentes, que eligieron sus cursos en formato presencial y que tienen la planificación correspondiente”, pero “hoy los manda a trabajar en la virtualidad”. “Cuando en realidad lo que debería hacer el Codicen es tener un diálogo real y responsable con los propios estudiantes, como ha acontecido en muchas partes de la historia de la educación uruguaya”, afirmó.
Consultado sobre si descartan la medida del paro, Olivera contestó que no, ya que “está todo puesto arriba de la mesa”, y señaló que el Sindicato de Docentes de Formación en Educación el sábado resolvió un paro inicial de 48 horas. Ese gremio el viernes había señalado que esta resolución “agudiza el conflicto y genera un precedente nefasto para todos los trabajadores de la ANEP”.
Minutos después de las declaraciones de Olivera, la CSEU emitió un comunicado en el que informó que se mantendrá en “sesión permanente, evaluando la marcha del conflicto y poniendo a consideración de las organizaciones sindicales nacionales la adopción de medidas de lucha, a ser consideradas no más allá del martes 15 de setiembre”.
A todo esto, la consejera docente del CFE, Gabriela Rico, emitió un comunicado en el que dejó constancia de que no participó en la sesión en la que se emitió la resolución y “que está absolutamente en contra” de ella, “por atentar contra las condiciones laborales de docentes y las medidas adoptadas por el estudiantado, con los que se estaba en un proceso de diálogo”.
“Si bien no se nos comunica, sospechamos que la premura y la manera de atender el asunto proviene una vez más desde el Codicen. Nos expresamos nuevamente en contra de la injerencia del Codicen que perjudica una y otra vez los cometidos propios del CFE, determinados por ley”, agregó.