“Continuar” es una palabra que aparece 43 veces en el documento “Gobernar entre todos”, presentado el lunes pasado como la base programática de un eventual segundo gobierno de la coalición. Otro término semejante, “fortalecer”, por lo general aplicado en referencia a un programa o política ya existente, figura 31 veces en el texto de 33 páginas firmado por Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Eduardo Lust tres semanas antes de la segunda vuelta.

Según contabilizó la diaria, por lo menos 140 de las 390 “principales acciones a implementar” en un nuevo gobierno de la coalición suponen mantener o mejorar algo que ya se hizo. Por ejemplo, en el primer capítulo se propone “seguir avanzando en la reducción de la inflación”, “seguir trabajando sobre el resultado fiscal” y “seguir disminuyendo la informalidad”, como tres acciones específicas.

Asimismo, alrededor de 70 puntos establecen lineamientos generales para el desarrollo de políticas públicas, tales como “continuar avanzando en la adaptación y mitigación del cambio climático” y “proteger la biodiversidad y estimular los servicios ecosistémicos”. El documento contiene además una decena de promesas y afirmaciones, entre ellas, “no se aumentarán los impuestos” y “la defensa de los derechos humanos no es una opción, sino un imperativo”.

Por otra parte, en el entorno de 170 de las 390 acciones que se presentaron implican la creación de nuevos organismos o mecanismos para modificar políticas públicas en curso, lo cual, proporcionalmente, supone un número menor en comparación a la cantidad de propuestas nuevas que los partidos de la coalición incluyeron en el “Compromiso por el país”, previo al balotaje de 2019, cuando afirmaban poder ofrecer “lo que nadie más está en condiciones de ofrecer”, esto es, “una mayoría parlamentaria que permita gobernar con fluidez”.

Las medidas que se proponen por segunda vez

En retrospectiva, en este período de gobierno la coalición cumplió cabalmente con varios de los puntos plasmados en el “Compromiso por el país”. Por ejemplo, creó el Ministerio de Ambiente, introdujo la presunción simple de legítima defensa en el Código Penal, puso en funcionamiento una regla fiscal, disminuyó el impuesto a la asistencia de la seguridad social, modificó la ley de inclusión financiera y trabajó –aunque sin demasiado éxito– en la flexibilización del Mercosur.

Sin embargo, también dejó varias promesas incumplidas que ahora reaparecen en “Gobernar entre todos”. La coalición propone por segunda vez “impulsar la realización de concursos transparentes para el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos como norma”, algo que fracasó este año en el Parlamento debido al rechazo unánime de los senadores del Partido Nacional (PN).

Del mismo modo, la coalición insiste con la construcción de una cárcel de máxima seguridad para alojar a “privados de libertad peligrosos, narcotraficantes e integrantes del crimen organizado”. Semanas atrás, ante el reclamo de Cabildo Abierto de avanzar en este punto, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo que “la cárcel de máxima seguridad ya existe”, en referencia al módulo 12 de la cárcel de Santiago Vázquez. Pero la propuesta volvió a incluirse en el acuerdo programático.

En cuanto a los combustibles, la coalición propone nuevamente analizar “la eliminación de las restricciones que reducen la competencia en el transporte y otros eslabones de la cadena de comercialización”; de hecho, en otro pasaje del texto se plantea “completar la reforma iniciada en este período”. En noviembre del año pasado, el gobierno intentó introducir cambios en la distribución secundaria, pero, frente a la paralización de las actividades por parte de los transportistas, resolvió postergar la reforma por dos años.

En 2019, la coalición había propuesto aprobar “un paquete de leyes anticorrupción” para actualizar la normativa vigente e incorporar el delito de enriquecimiento ilícito, la extinción de dominio y la figura del arrepentido. Las tres cosas están en el nuevo acuerdo programático de 2024, a pesar de que, en el caso del enriquecimiento ilícito, hay una ley que está vigente desde el 19 de setiembre de este año.

Lo que no se cumplió en este período de gobierno, pero tampoco aparece en el “Gobernar entre todos”, es el planteo de declarar de manera formal la emergencia nacional en seguridad pública. Este era el primer punto del capítulo de seguridad del “Compromiso por el país”. Al respecto, el presidente Luis Lacalle Pou ha dicho que, si bien no hay una declaración formal, “en las acciones”, la emergencia nacional “está declarada”.

Las nuevas propuestas de la coalición

Una de las nuevas propuestas de la coalición para un segundo gobierno es el desarrollo de un “plan nacional de riego” que en 2030 –es decir, al término del período– cubriría 100.000 hectáreas. Para ello se plantea hacer una revisión de “toda la normativa” del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y adaptar el Fondo de Desarrollo Rural y el Fondo de Reconstrucción y Fomento de La Granja “para que puedan ser usados para la inversión en riego”.

En otro orden, a impulso de la fórmula del PN, en el documento se propone la creación de una Secretaría de Discapacidad, que funcionaría bajo la órbita de Presidencia de la República y sería acompañada por la instalación de un observatorio “a fin de contar [con] información actualizada y real para la mejor aplicación de las políticas y recursos”. En ese marco, los docentes harán una capacitación “obligatoria” sobre discapacidad “a efectos de lograr la inclusión de todos los niños”.

Por otra parte, la coalición propone la creación de 25 “centros de salud mental”, un planteo que estaba en el programa de gobierno del Partido Colorado. Estos centros tendrán entre sus cometidos “el desarrollo de políticas de psicoeducación dirigidas a la población en general y a los sectores de mayor vulnerabilidad”. En paralelo, se plantea fomentar a nivel general “el concepto de cultura en salud mental”.

En el apartado sobre las Fuerzas Armadas, la coalición plantea restablecer la escala salarial “en base a las responsabilidades de cada cargo”, lo cual implicará que “todas las jerarquías reciban los aumentos correspondientes”. Se propone además analizar el otorgamiento de compensaciones económicas que “puedan ser pertinentes para aquellos cargos de alta responsabilidad” y se promete continuar con “la mejora de los salarios, reforzando así el compromiso con la familia militar”.

También se anuncian aumentos para los jubilados, aunque sin especificar los montos. En el capítulo sobre “adultos mayores”, la coalición propone “instrumentar una partida anual a 11.000 jubilados que cobran las menores prestaciones”; esto sólo abarcaría al 7% de las 164.000 personas que cobran la jubilación mínima.

La palabra “pobreza” sólo aparece dos veces en el documento, en ambos casos con relación a la primera infancia. Una de las medidas que se proponen al respecto es la creación de una licencia de diez días al año para los padres con hijos de hasta tres años. Asimismo, la coalición plantea extender y triplicar el monto del Bono Crianza, así como desplegar una política de “saturación social” para niños, niñas y adolescentes con familiares directos involucrados en el delito para que estos tengan “una contención integral e institucional inmediata y sostenida”.