Las propuestas programáticas de la coalición: antes/después

Varios años atrás, se estrenó en una sala de teatro independiente una obra que llevaba por título Antes/después, este que acaban de leer.¹ La obra, de una narrativa compleja y no siempre fácil de seguir desde la linealidad del relato, encontraba un puñado de personajes que coincidían en un espacio, pero de forma fragmentada. Cada escena era, de cierta manera, una pieza de un rompecabezas que el tiempo que transcurría iba significando de distinta forma para personajes y espectadores.

Decidí comenzar con esta referencia porque, aunque no sea la única coordenada relevante, el tiempo nos da cierta perspectiva para leer el espacio, para ordenar esas piezas aparentemente fragmentadas. En esta recta final de campaña, hemos visto diversas opiniones y análisis que, de una u otra forma, lo sitúan en un lugar central al leer el presente, ya sea para ver tendencias en cómo se ha comportado el electorado en ciclos anteriores entre las instancias de octubre y noviembre, para leer similitudes en los escenarios o, por el contrario, para marcar divergencias en resultados y afirmarse en esas diferencias.

El tiempo, como en la obra con la que comencé la columna, da una narrativa en retrospectiva. Y quisiera hablar aquí de una lectura que retoma una cierta novedad repetida, la de la coalición actuando como tal en otra instancia electoral, para enfrentar a la fórmula del Frente Amplio. Algo que vimos formalizarse en el ciclo electoral de 2019, que trascendió el plano electoral y logró conformar un gobierno, y que ahora vuelve a formalizarse de cara a la instancia de noviembre. Y quisiera enfocarme para ello en elementos programáticos, dado que esa formalización de la coalición compartió, en estos dos escenarios, la elaboración de un programa en común.

El país de los compromisos

Los dos programas a los que llegó la coalición tuvieron un título similar, que hacía referencia a que se trataba de un “compromiso país”.

A diferencia del ciclo actual, en el que ninguno de los bloques tendrá mayoría en ambas cámaras y sólo el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, en 2019 el hecho de tener mayoría parlamentaria fue destacado como significativo en el programa de la coalición, firmado en aquel entonces por Luis Lacalle Pou (Partido Nacional [PN]), Ernesto Talvi (Partido Colorado [PC]), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto [CA]), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente). “Los legisladores electos por nuestras listas acumulan 56 bancas en la Cámara de Representantes (sobre un total de 99) y 17 bancas en el Senado (sobre un total de 30). Todos juntos podemos ofrecer al país lo que nadie más está en condiciones de ofrecer: una mayoría parlamentaria que permita gobernar con fluidez, y una variedad de enfoques y sensibilidades que nos ayude a dar mejores respuestas a la diversidad de necesidades y aspiraciones de los uruguayos”, decía la primera página de ese programa.² Entre algunos de los puntos destacados luego, estaban los siguientes: tener un gobierno con las cuentas en orden, lo que implicaba, entre otras cosas, reducir el número de asesores y cargos de confianza; realizar cambios en las empresas públicas; apuntar al desarrollo productivo y mejora de la competitividad; abrir mercados internacionales, flexibilizando el Mercosur; adecuar la política de defensa; generar una reforma educativa, realizar modificaciones en torno al empleo; desarrollar una política ambiental y de bienestar animal, priorizar ciertos cambios en la salud, etcétera.

El programa actual, firmado por dos de los firmantes del anterior (Manini Ríos y Mieres) a quienes se suman Álvaro Delgado por el PN, Andrés Ojeda por el PC y Eduardo Lust por el Partido Constitucional Ambientalista, retoma varias de las áreas prioritarias e incluso puntos ya presentes en aquel documento de 2019. En otros casos, sin embargo, hay emergentes nuevos o más destacados (como es el caso de la agenda de la discapacidad, la salud mental y el bienestar animal) y temas que se desvanecen.

En términos generales, los programas son un agregado de la oferta de los partidos (o, en este caso, de las coaliciones), una síntesis de lo que consideran prioritario (o no). Son una hoja de ruta de lo que se proyecta a la vez que, en casos de propuestas que llegaron al gobierno, como sucedió en 2019, proporcionan una lista contra la cual contrastar el cumplimiento, aunque combinan elementos de diferente alcance y posibilidad de medición que van desde medidas concretas hasta aspiraciones más generales, por lo que el ejercicio de la lista no es algo mecánico.

Pero en este ejercicio de tomar el tiempo como variable para leer parte de esta información en clave coalicionista tenemos por lo menos tres momentos para incorporar: campaña de la coalición en 2019, gobierno de la coalición a partir de 2020 y nueva campaña de la coalición en 2024.

Con base en lo anterior, voy a hacer foco en tres áreas para ver algunas de estas continuidades y discontinuidades, así como problemas persistentes que continúan en agenda. Tomo como base para hacer esta selección que se trate de temas de relevancia social y política que estén principalmente al alcance de un gobierno con independencia de factores externos, es decir, que no hubo elementos por fuera de su órbita que a priori incidieron en la hoja de ruta (como podría ser el caso de la situación de emergencia sanitaria sobre un conjunto de políticas, especialmente las de salud).

Seguridad/inseguridad

De los problemas en agenda en una y otra campaña electoral, algunos persisten pese a haber sido centrales en los discursos de entonces. Un punto paradigmático en este sentido es el de la seguridad.

En el programa de la coalición de 2019, uno de los puntos destacados fue precisamente este. Allí se indicaba que “el aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país. A eso se suma el funcionamiento inhumano de las cárceles, que, lejos de funcionar como vehículos de rehabilitación y reinserción, se han convertido en centros desde los que se dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito”.

Pese a lo anterior, según diversos sondeos de opinión pública realizados durante este año, la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico aparecen como las principales preocupaciones de los uruguayos y las uruguayas.³ Además, en lo que respecta al funcionamiento de las cárceles, un reciente estudio de la Usina de Percepción Ciudadana señala que el 54% de las personas encuestadas considera que la cárcel no es la mejor herramienta para la rehabilitación y 61% considera que deben invertirse más recursos. Un 58% estuvo de acuerdo con declarar una emergencia nacional carcelaria, una medida que ha promovido la Organización de Funcionarios Penitenciarios a través de un recurso judicial de hábeas corpus por el hacinamiento y la vulneración de derechos de las personas privadas de libertad.⁴ Según datos que presentó el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, actualmente hay 16.005 personas privadas de libertad en nuestro país y la mayoría de las cárceles presentan un hacinamiento crítico (este número era de 11.000 en 2019).

En el programa actual, la inseguridad vuelve a ser un punto central. En este documento se destaca el rol del gobierno en la reducción de delitos y se indica que el objetivo para el segundo mandato de la coalición es intensificar la reducción de homicidios, la violencia hacia las mujeres y fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. También se incluyen medidas de reforma del sistema penitenciario, impulsando, por ejemplo, que privados y empresas jueguen un rol significativo dentro de las cárceles.

Más allá de que las medidas específicas varían en uno y otro programa, el diagnóstico sobre el problema y su permanencia en agenda persisten posgobierno coalicionista. Es una de estas grandes áreas en las que se requerirá necesariamente tejer un acuerdo amplio si lo que se busca son soluciones que se institucionalicen como política de Estado, y en las que claramente hay visiones contrapuestas y en tensión en los actores del sistema en torno a cómo abordar las dimensiones centrales del problema.

Transparencia/opacidad

Situaciones vinculadas a irregularidades y falta de transparencia que trascendieron públicamente han sido de los puntos más criticados desde la oposición hacia el gobierno de la coalición, y fueron áreas particularmente problemáticas debido a que involucraron a figuras de relevancia y alta visibilidad.

En contraste, en el programa 2019, uno de los primeros puntos destacados refería al impulso a las medidas vinculadas a la transparencia. Se indicaba al respecto, entre otras, el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea, y la incorporación de un paquete de leyes anticorrupción que atacara el enriquecimiento ilícito, la inclusión de la figura del arrepentido y la extinción de dominio. También se indicaba allí que se debía promover una normativa que estableciera el concurso y el mérito en el ingreso y el ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales, otro de los puntos que vuelven a estar presente en el debate actual.

Hoy en día, el punto de la transparencia es el que cierra el nuevo programa de la coalición. Aquí, entre otras medidas, nuevamente se vuelve a plantear fortalecer la Jutep y la aprobación de las mismas tres leyes anticorrupción que figuraban en el programa de 2019: “Aprobación de tres leyes anticorrupción para modernizar nuestra normativa: enriquecimiento ilícito, la incorporación de la figura del arrepentido, que incentive el rompimiento de redes de corrupción, y la extinción del dominio para acelerar la recuperación de bienes adquiridos como fruto de operaciones corruptas”.⁵ También vuelve a aparecer como punto la transparencia en los concursos para ingreso y ascenso de funcionarios y funcionarias. Entre las novedades, dentro de este punto se incorpora el compromiso con la búsqueda de la verdad para las personas desaparecidas, que anteriormente figuraba en el punto “Agenda de derechos” en el programa anterior. Como tal, este punto ya no está presente en el programa.

Agenda de derechos/derechos sin agenda

Una definición muy básica de políticas públicas es que se trata de acciones o inacciones del Estado en una determinada área identificada como relevante. Frente a un problema que se define como público, el Estado tiene la capacidad de intervenir para generar un cambio. En este sentido, la política no es neutra: involucra actuar frente a un problema, pero, para hacerlo, media una interpretación sobre ese problema y sobre cómo debe actuarse para solucionarlo. Todo este proceso es político: cómo se visibiliza un problema y no otros, cómo se interpreta que se debe darle solución.

Hago este preámbulo porque en el programa de 2019 se expresaba que la agenda de derechos reflejaba un compromiso inquebrantable con la defensa y la protección de los derechos humanos, por lo que se prestigiaba esta mirada como relevante para la interpretación que se hacía. Se indicaba que este compromiso se integraría en todas las acciones del gobierno, incluyendo políticas sociales, educativas, carcelarias y exteriores. Entre las acciones propuestas se destacaban el combate a la violencia y la discriminación, especialmente contra las mujeres y por orientación sexual, el fomento de políticas que faciliten la conciliación laboral y doméstica, y el fortalecimiento de programas para afrodescendientes, inmigrantes y otros grupos vulnerables. También enfatizaban la importancia de mantener la legislación existente que protegía a poblaciones históricamente vulneradas.

En el programa actual, además de que no se menciona como tal este punto, existen ausencias significativas: el término “género” no se menciona, así como tampoco aparecen ciertas discusiones clave vinculadas con la lectura sobre desigualdades que se hacían en el programa anterior. Y que también estaban presentes en el programa de Álvaro Delgado, en el que se afirmaba que se había “tomado en cuenta e incluido las diferencias en las realidades de las mujeres” y que se apuntaba a la igualdad de género.⁶

Si bien desde parte de los redactores del programa actual se ha indicado que no hay un punto específico porque se trata de una mirada transversal en el documento,⁷ este presenta un acuerdo entre partidos, uno de los cuales (CA) incluyó como parte de su plataforma la denuncia de la perspectiva de género como ideológica. A modo de ejemplo, uno de los puntos promovidos con base en esta lectura refería a revisar los textos educativos que “contengan conceptos de la ideología de género y las guías de abordaje de la educación sexual”, realizando las modificaciones consideradas necesarias para dirigirse hacia “un programa integral, claro y uniforme”.⁸ Actualmente, dentro de los puntos educativos del actual programa de la coalición se encuentra revisar la educación sexual, generando pautas que “se ajusten a la madurez de los estudiantes”.

Visibilizar/invisibilizar

El ejemplo anterior está en línea con la relectura que se promueve sobre el tipo de desigualdades que se visibilizaban en el marco de lo que se conocía como agenda de derechos, que ha ganado fuerza en el debate público de la mano de distintos actores que la rechazan. En nuestro país, el mapa parlamentario de octubre nos muestra cómo este tipo de sensibilidades están más fragmentadas hoy a través de diferentes opciones partidarias, pero han logrado capitalizar un descontento social que subjetivamente vincula pérdidas de sectores precarizados con ganancias relativas obtenidas por grupos marginados y agendas que consideran no prioritarias. A su vez, la persistencia de ciertos problemas que a través de los años se mantienen como prioridad manifiesta en actores partidarios y en la opinión pública señala que no es suficiente con visibilizar.

Son muchas las piezas que están en tensión, y las herramientas que tenemos para analizarlas hoy posiblemente sean insuficientes a la luz de lo que pase mañana. El tiempo, esa variable que usé para leer las coordenadas, terminará de ordenar el tablero.

Marcela Schenck es politóloga.