En las últimas horas, bancos y administradoras de crédito presentaron el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, dirigido específicamente a los uruguayos que se encuentran en la categoría de “deudores irrecuperables” del Banco Central del Uruguay (BCU). Según se anunció, abarca a “más de 780.000” personas con deudas de hasta 100.000 pesos por institución financiera.
Esta iniciativa atrajo la atención de Cabildo Abierto (CA), ya que desde hace tiempo tiene como caballito de batalla su propuesta “contra la usura y por una deuda justa”, por la que viene juntando firmas para ponerla a consideración en un plebiscito.
Este miércoles, en una rueda de prensa en el Palacio Legislativo, el senador y líder de CA Guido Manini Ríos dijo que es “una muy buena noticia para los uruguayos que se avance en esa dirección”. Subrayó que su partido “hace ya más de tres años” que presentó un proyecto de ley sobre el tema, pero “desde el primer día” se les dijo, “como un latiguillo, permanentemente”, que “no se pueden cambiar las reglas de juego”.
“Bueno, ayer el BCU cambió las reglas de juego, como nosotros decíamos. No es que se puede, hay que cambiar las reglas de juego porque hoy se está violando la Constitución [en referencia al artículo 52, que prohíbe la usura] aplicando usura sobre los préstamos. Es una buena noticia que le va a servir a mucha gente; vamos a evaluar bien cuánta gente queda comprendida”, indicó.
De todos modos, Manini Ríos sostuvo que la propuesta de CA “es mucho más profunda, va mucho más a fondo”, ya que implica “deudas con límites superiores a estos 100.000 pesos que establece para la reestructura”. Además, recordó que la iniciativa de CA abarca deudas “con privados pero también con públicos”, como la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y las intendencias, “que son tal vez los peores usureros”. Agregó que su partido también propone limitar las tasas de interés, “y de eso no se ha hablado”. Por lo tanto, dijo que seguirán con la iniciativa del plebiscito, recolectando firmas.
“Ya tenemos las firmas suficientes, pero vamos a asegurarnos más firmas para que los descartes no priven de la posibilidad del plebiscito. Pero saludamos con mucho beneplácito esto. Se demostró que teníamos razón: había un problema muy serio, los números son de escándalo. Ayer el BCU y parte del sistema financiero entendieron que teníamos razón y que algo había que hacer. Por primera vez en mucho tiempo –o tal vez en la historia– se ve sensibilidad del sistema financiero ante este mundo de deudores”, afirmó Manini.
Consultado por la prensa sobre si el planteo de CA puede haber llevado a esta decisión de los bancos, el senador contestó que en 2020 “había muchos uruguayos” que no sabían lo que significaba la palabra “usura” y también cree que “la inmensa mayoría” de la población “no tenía ni idea de que había un millón de uruguayos en el Clearing”.
“A partir de que nosotros presentamos nuestro proyecto, el tema estuvo arriba de la mesa y se entabló el debate. Yo creo que estas medidas de ayer, en cierta forma, son las consecuencias de todo ese debate. Si nunca se hubiera planteado este tema, seguramente seguiríamos como siempre, mirando para el costado, ignorando un problema de esta magnitud, como se ignoró hasta 2020”, sostuvo.
Cabe recordar que, antes de impulsar el plebiscito, CA presentó dos proyectos de ley para reestructurar la deuda, que no llegaron a buen puerto en el Parlamento. Consultado sobre por qué no hubo acuerdo político sobre el tema, Mainini Ríos dijo que “indudablemente, hay una presión muy grande del sistema financiero”. “El millón de uruguayos en el Clearing no son cabildantes sino de todos los partidos políticos. Que los dirigentes políticos no se hayan sumado a encontrar soluciones al problema de sus propios militantes... Tengo derecho a pensar que alguna suerte de presión tiene que haber habido”, sostuvo.
Por último, en cuanto al plebiscito, Manini Rios dijo que llevan 320.000 firmas chequeadas, es decir, “sin faltante de ningún dato, no hay menores ni hay muertos entre los firmantes”, aunque aclaró que no tienen forma de corroborar “si la firma es la misma de cuando sacaron la credencial”. “Pensamos llegar a 350.000 y allá por setiembre u octubre presentar las firmas ante la Corte Electoral para que, seis meses después, en la primera elección, como marca la Constitución, se convoque a plebiscito y la gente pueda decidir”, finalizó.