Como lo había hecho días atrás con una serie de propuestas vinculadas a la educación, este viernes la fórmula presidencial del Partido Nacional (PN) presentó iniciativas en materia de economía, a las que consideró “reformas micro”. Según explicó el aspirante a ministro de Economía de la fuerza política Diego Labat, estas iniciativas tendrían “un impacto mensual” por la reducción del gasto en los hogares de entre 2.500 y 3.000 pesos.
Por su parte, el candidato Álvaro Delgado destacó que “son medidas que vienen precedidas de lo que este gobierno está haciendo hace un año y medio” a partir de “reuniones con organizaciones sociales” y con “agentes económicos”.
En otras palabras, el presidenciable comentó que se trata de propuestas que van en línea con el eslogan “ir hacia el segundo piso” de transformaciones, lo que en este caso sería apostar a tener “un país más barato para vivir y para producir”.
“No nos tiembla el pulso ni medimos costos políticos en ninguna circunstancia en el momento de tener que tomar decisiones en función de generar transformaciones necesarias”, reafirmó Delgado.
De acuerdo al candidato, en este caso el ataque al sistema de costos vendría de la mano de cambios normativos que “fomenten la competencia” y modificaciones que generen “simplificaciones” en los procesos de importación, lo que iría acompañado de una “desburocratización general”. Según explicó, esto no repercutirá en la recaudación, dado que en algunos casos se trata de “simplificaciones” y en otros la renuncia fiscal sería subsanada con un “aumento de la actividad”.
La idea es comenzar a trabajar con cinco mercados: productos de higiene personal, alimentos, tecnología, energía eléctrica y combustibles. Labat planteó que allí es donde hay posibilidades “bien claras” que permitirán “repercutir en el bolsillo de la gente”. En ese sentido, el expresidente del Banco Central indicó que esto profundizaría el proceso de desburocratización que ya se viene realizando con el actual gobierno. El especialista destacó, por ejemplo, la baja de las tasas de certificación del LATU y la aprobación de la portabilidad numérica.
Más allá de las aspiraciones concretas que se tengan en cada caso, Delgado aclaró que las distintas medidas irán embarcadas en “una política pública de responsabilidad económica”. “Con una sola línea económica, con un equipo coordinado, sólido, potente, reconocido, confiable y previsible vamos a fortalecer la competencia de los distintos mercados”, enfatizó. “Vamos a pisar el acelerador gracias a lo que hizo este gobierno”, concluyó.
¿De qué se tratan las medidas?
“Los productos de higiene personal tienen una brecha de precios con los demás países de la región”, destacó Labat. Para demostrarlo, citó un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) que señala que el país es 58% más caro en este campo que una serie de países de la región. Con el objetivo de amortiguar esto, el PN propone “un cambio en la forma en la que se hacen los registros” de importación, lo que actualmente lleva a que muchos importadores no puedan ingresar al mercado.
“Sólo logrando la mitad de la reducción de la brecha, es decir, llevándola de 58% a 30%, va a haber un ahorro de 900 y tantos pesos en la canasta promedio de un hogar uruguayo”, subrayó Labat. “Eso es desburocratización en procesos que son engorrosos; nosotros mismos nos ponemos trancas que no tienen sentido”, apuntó.
De forma adicional, también se propone en el campo de la higiene personal una “cláusula gatillo” en la frontera para tres o cuatro “productos ancla”. “Cuando la brecha en la frontera de determinados precios ancla se separen -como hoy pasa con los combustibles- automáticamente operaría esa cláusula gatillo y buscaríamos una reducción de los impuestos en estos productos”, explicó Labat.
“Los alimentos ocupan casi la cuarta parte de la canasta de un hogar promedio; en hogares de menores ingresos, el peso de los alimentos es incluso más grande”, destacó el economista en referencia a otro de los mercados. En esa línea, apuntó que el país mantiene “precios muy altos” en algunos productos como pueden ser la mayonesa o el café, para lo que se debe apostar a cambios regulatorios, más bien vinculados a la apertura al mundo y a la reducción de la burocracia.
En lo que respecta a la tecnología, se buscará “cerrar la brecha digital abaratando la tecnología para que sea accesible a todos los hogares uruguayos”, destacó el asesor económico. Además de la “desburocratización general” en las importaciones, en este campo se propuso que todos los productos “van a tener el arancel cero para ingresar al país y no van a pagar la tasa consular”.
Por otra parte, como a veces estas medidas van “demorando los impactos”, también se consideró importante “aumentar las franquicias” anuales de importación por individuo. Actualmente se pueden hacer tres importaciones de hasta 200 dólares para uso personal y, en este caso, se posibilitará incorporar una cuarta franquicia de hasta el mismo valor, sumándose también la chance de gastar las cuatro compras en una sola de 800 dólares.
En lo que tiene que ver con la energía, Labat valoró que en el actual período se abarataron las tarifas de electricidad en un 9% en términos reales. Esto contra una reducción del 3% que había logrado el Frente Amplio (FA) en sus tres períodos de gobierno. En esta ocasión, desde el equipo económico de Delgado se asumió el “compromiso” de abaratar en términos reales la tarifa de UTE en 12%.
Paralelamente, también se propuso el adicional de trabajar con 450.000 hogares que se tienen identificados como potenciales usuarios de la tarifa inteligente. Esto los llevará a pagar hasta un 20% menos el kilowatt/hora, apuntó Labat. Según comentó, la idea es “ir haciendo que toda esa población vaya cambiando para la tarifa inteligente”, hasta lograr llegar a la totalidad de esos potenciales usuarios.
Por último, en lo que tiene que ver con los combustibles, se adelantó que se mantendrá la propuesta de ir hacia la implementación de la “libertad de importación”, algo que se había planteado de cara a este periodo de gobierno, pero no se logró como consecuencia de que no se alcanzaron los consensos necesarios a la interna de la coalición de gobierno. Por otra parte, también se extendió el compromiso de seguir trabajando en la cadena de distribución para reducir costos.
Por otra parte, en concreto, se presentó una propuesta enfocada en los departamentos de frontera. Actualmente, la carga de IMESI que tiene el combustible en las ciudades que se encuentran en una distancia de 0 a 20 kilómetros de la frontera es menor al resto del país. En el caso de la frontera con Brasil se devuelve el 24% de este impuesto, y con respecto a Argentina, el 40%. Ahora, se plantea que la exoneración se extienda a una segunda franja de ciudades que van desde las que están a 20 kilómetros de la frontera hasta las que están a 60 kilómetros. En este caso, la exoneración será igual a la mitad de lo que significa la de la primera franja (20% en la frontera con Argentina y 12% en la frontera con Brasil).
Otras propuestas
Como parte de este enfoque de abaratar costo, se deslizaron por parte del equipo económico otros compromisos. Entre ellos, Labat extendió la propuesta de “seguir fortaleciendo la Comisión de Promoción de Defensa de la Competencia". También apuntó a atender el mercado eléctrico de los grandes consumidores “permitiendo las transacciones entre distintas partes y revisando los valores de los peajes que hoy cobra UTE”. Por último, también se adelantó que se avanzará sobre la carga aplicada al gasoil a partir del fideicomiso del transporte público, en este caso, se buscará “ir gradualmente transfiriendo a otra fuente de financiamiento".