41% de las mujeres en edad reproductiva vive en países donde el aborto es ilegal o está restringido

En el mundo hay más de 1.600 millones de mujeres en edad reproductiva y sólo 59% vive en países que, en términos generales, garantizan el acceso a un aborto legal y seguro. En contrapartida, 41% de las mujeres que tienen entre 15 y 44 años vive bajo restrictivas leyes de salud sexual y reproductiva. Son cerca de 700 millones, distribuidas en 124 países. Este es el panorama que revela el nuevo mapa mundial de aborto presentado la semana pasada en Vancouver, Canadá, en el marco de la conferencia Women Deliver 2019 sobre igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos y desarrollo de mujeres y niñas.

El mapa –que cubre la situación legal del aborto en el mundo hasta abril de este año– divide al mundo en cinco categorías, de acuerdo con el grado de restricción a la interrupción del embarazo (ver recuadro). La división deja ver que la mayoría de los países donde el aborto es legal se encuentra al norte de la línea del Ecuador y, los más restrictivos, al sur.

La organización estadounidense que confeccionó el mapa –el Centro por los Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés)– asegura en un informe que en los últimos 25 años se han logrado “avances monumentales” en la garantía del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El relevamiento hace referencia específicamente a 47 países que en este cuarto de siglo “liberalizaron” sus leyes sobre el aborto, de forma progresiva o total.

De acuerdo con la información del CRR, 15 de esos países reformaron su legislación para permitir el aborto gracias a las demandas de colectivos feministas y de mujeres organizadas. En este grupo se encuentra Uruguay, que legalizó la práctica en 2012, junto con otros países, como España, Guyana o Irlanda. Por otro lado, 18 países introdujeron modificaciones en las leyes para que el aborto sea legal en ciertas circunstancias. Es el caso de Colombia, Chile y varios países africanos, como Angola, Congo o Kenia. Los otros 14 países ya tenían una legislación que permitía el aborto en determinados casos y, con el correr de los años, ampliaron las posibilidades al agregar causales.

“Parte de esta reforma ha sido progresiva, permitiendo a las mujeres acceder al aborto legal sólo cuando existe una amenaza para su vida o cuando el embarazo es el resultado de una violación. Pero muchos de estos cambios han sido verdaderamente transformadores, anulando las prohibiciones absolutas del aborto en favor de la autonomía reproductiva de las mujeres”, dice la organización estadounidense en el informe, a modo de síntesis.

En medio de estas reformas progresivas, y a contramano de la mayoría, aparece el caso de Estados Unidos, en donde la ultraderecha religiosa se esfuerza para restringir la interrupción voluntaria del embarazo, que es legal en todos los estados del país gracias a un fallo aprobado por la Corte Suprema de Justicia en 1973. Esta arremetida se vio amparada por la agenda antiderechos del presidente, Donald Trump, y la mayoría de jueces conservadores que hoy integran la Corte Suprema. Desde que empezó el año, varios estados prohibieron la interrupción del embarazo después de que se pueda detectar el latido del corazón del feto, algo que sucede aproximadamente a las seis semanas de gestación, momento en el que las mujeres suelen enterarse de que están embarazadas. Hace menos de un mes, el estado de Alabama promulgó la ley de aborto más estricta en Estados Unidos, que prohíbe la práctica incluso en casos de violación.

Según la Organización Mundial de la Salud, 23.000 mujeres mueren a causa de abortos inseguros cada año, y otras miles experimentan importantes complicaciones de salud. “El derecho al aborto seguro y legal es un derecho humano fundamental protegido por numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y constituciones a nivel nacional en todo el mundo. Estos instrumentos fundamentan el aborto seguro en una constelación de derechos, incluidos los derechos a la vida, a la libertad, a la intimidad, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, afirma el CRR en el informe. Y aclara: “Las restricciones legales sobre el aborto no resultan en menos abortos, sino que obligan a las mujeres a arriesgar sus vidas y su salud al tener que acceder a la interrupción del embarazo en condiciones inseguras”.

La situación latinoamericana

El mapa de América Latina aparece multicolor, lo que refleja la diversidad de legislaciones referidas al aborto que conviven en el continente. En este contexto, sólo cinco países tienen leyes que permiten completamente el acceso a un aborto seguro: Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guayana Francesa y Uruguay. De acuerdo con los datos relevados por el CRR, el límite gestacional más común para los países en esta categoría es de 12 semanas, a excepción de Guyana, donde se reduce a ocho.

El ejemplo uruguayo se convirtió en paradigmático en la región. En especial, porque desde que se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en 2012, no se registró ninguna muerte materna por aborto en el circuito legal. Una investigación internacional presentada el mes pasado por Miráquetemiro.org –una plataforma creada por ocho redes regionales que trabajan en temas relacionados con la salud de las mujeres– reveló que Uruguay es el país de la región que más avanzó en materia de salud sexual y reproductiva. Esto significa que el país cumple con cerca de 80% de los compromisos en salud y derechos sexuales y reproductivos que los estados asumieron en 2014 en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Además del aborto, los compromisos asumidos están vinculados a cuestiones como prevención de la mortalidad materna, laicidad, servicios de salud sexual y reproductiva, parto humanizado y educación sexual integral.

En tanto, son seis los países cuyas leyes no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia, incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo: República Dominicana, Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Suriname. La mayoría se encuentra en Centroamérica, una de las regiones más críticas del continente en materia de derechos sexuales y reproductivos. De hecho, El Salvador tiene una de las legislaciones más severas del mundo: el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia y existen penas de prisión para quien interrumpa de forma voluntaria su embarazo. Eso es lo que dice la ley. La realidad es bastante distinta: actualmente, muchas salvadoreñas están presas por haber sufrido abortos o partos espontáneos. Muchas de ellas se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel o más.

En el resto de América Latina, los países permiten el aborto en determinadas circunstancias. El CCR los divide en dos categorías: los que permiten la interrupción del embarazo sólo cuando la vida de la mujer está en riesgo y aquellos que lo permiten por motivos “de salud o terapéuticos”. La primera categoría incluye a México, Guatemala, Jamaica, Panamá, Venezuela, Brasil, Paraguay y Chile. En casos como México, Paraguay o Chile, las mujeres también pueden acceder a un aborto si el embarazo fue producto de una violación, si hay inviabilidad del feto o si sus vidas están en riesgo, según especifique cada legislación.

Los países que permiten el aborto por motivos de salud o terapéuticos son siete. La interrupción del embarazo es legal en Costa Rica y Colombia en casos de violación, inviabilidad del feto o incesto; en Trinidad y Tobago y Ecuador cuando corre riesgo la vida de la mujer o si es producto de una violación en una persona con discapacidad intelectual; en Perú para salvar la vida de la persona gestante o “para evitar en su salud un mal grave y permanente”; y en Bolivia en casos de violación o incesto. La ley argentina, en tanto, establece que el aborto no es punible “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor” cometido contra una mujer con discapacidad intelectual.

El debate sobre el aborto legal ha ganado visibilidad en la región en los últimos años, producto del activismo de colectivos feministas y de mujeres organizadas. La lucha que emprendieron el año pasado las argentinas es el ejemplo más claro: sacaron la discusión a las calles, conquistaron los medios de comunicación hegemónicos y lograron que el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ingresara por primera vez en el Congreso. Este año van por más. La fuerza de la marea verde inspiró a mujeres de otros países latinoamericanos a redoblar esfuerzos por el derecho a decidir, como pasó en Chile, donde unos meses después fue presentado un proyecto de ley que busca la despenalización del aborto fuera de las tres causales permitidas actualmente. Mientras, en otros países como El Salvador, las organizaciones feministas incluyen la despenalización en el centro de la agenda de reivindicaciones. El grito resurge cada vez que una mujer es encarcelada por interrumpir –de manera voluntaria o no– su embarazo.

El tema adquirió tanta visibilidad durante este último año que el aborto legal, seguro y gratuito ya no puede ser tratado como un tema secundario en ninguna instancia en la que se estén debatiendo los derechos de las mujeres. Algo de esto pasó en el Women Deliver de Vancouver. La conferencia se celebra cada tres años desde 2007, pero esta fue la primera vez que se presentó allí el mapa global del aborto, que el CRR elabora desde 1998 como un recurso para defensores, funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos para niñas, adolescentes y mujeres en todo el mundo.

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