Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: los desafíos de Uruguay en el año de pandemia

Hoy se cumplen 60 años del asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal en República Dominicana. El 25 de noviembre es difícil de olvidar desde que los feminismos de la región lo definieron como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981. El objetivo era doble: por un lado, recordar a las Mirabal; por el otro, exponer las distintas formas de violencia que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres.

La reivindicación se hizo global en 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumió la fecha como una jornada para visibilizar la violencia de género y exhortar a los estados a que implementen políticas para su prevención y combate. Desde entonces, el día sirve para que gobiernos e instituciones hagan un balance sobre las acciones que llevan adelante en esta materia y promuevan actividades de sensibilización. Para las organizaciones de mujeres y los colectivos feministas es una oportunidad de poner arriba de la mesa todo lo que –siempre– queda por hacer.

Este año, el mapa de la violencia de género está marcado por el impacto de la pandemia de covid-19, que impuso la necesidad de aislarse para contener la propagación de la enfermedad. La casa se convirtió así en el lugar más seguro para evitar el contagio del coronavirus, pero también en el más inseguro para mujeres en situaciones de violencia por parte de parejas o familiares convivientes. En el encierro, las posibilidades de pedir ayuda, denunciar o escapar de la violencia se vieron reducidas o nulas. Según un informe de la ONU publicado en julio, el número de llamadas a líneas de atención a mujeres llegó a quintuplicarse en varios países durante las cuarentenas.

El fenómeno tuvo sus coletazos también en Uruguay, un país en el que ocho de cada diez mujeres fueron violentadas en algún momento de su vida, según la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones presentada el año pasado.

Las consecuencias de la pandemia se sumaron a otros hechos concretos que este año pusieron a la violencia de género en el centro de la agenda de la sociedad civil, como la elaboración de un Presupuesto Nacional que, según organizaciones feministas, no tuvo en cuenta la problemática, la mediatización de la Operación Océano, que investiga a una treintena de varones poderosos por explotación sexual de adolescentes, o la irrupción de iniciativas espontáneas en redes sociales para denunciar situaciones de violencia sexual en distintos ámbitos.

En el marco de un nuevo #25N, especialistas en el tema consultadas por la diaria hicieron un repaso de los desafíos que planteó el 2020 en este terreno. Una de las principales conclusiones a las que llegaron es que la violencia machista no sólo quedó solapada por la pandemia, sino que sigue sin ser prioridad en Uruguay.

“En el imaginario colectivo y entre quienes deciden, la violencia de género sigue siendo un tema de segunda y sigue faltando que sea un tema prioritario”, aseguró Teresa Herrera, socióloga, experta en género y generaciones e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. “Lo que necesitamos, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es un gran cambio cultural”, dijo Herrera. “La violencia hacia las mujeres no es un problema de las mujeres. Es un problema de toda la sociedad y, en la medida en que no lo asumamos así, vamos a seguir teniéndolo”, sostuvo.

Para Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social, directora de la asociación civil El Paso y coordinadora académica del Diplomado Superior sobre Violencia Basada en Género de FLACSO Uruguay, “llegamos a un 25 de noviembre en que el tema de la violencia de género no está siendo uno de los que generen más reflexión”. “Tenemos que volver a colocar el tema en la opinión pública, después de un año en el que parece que hubieran desaparecido todos los problemas, porque todo es coronavirus y el miedo a la pandemia”, reflexionó la investigadora. A su entender, la crisis sanitaria “copó” los espacios en los medios de comunicación y, como contrapartida, la violencia de género quedó “en segundo plano”. Pero esto “no es culpa de la pandemia”, aclaró, sino “del uso que se hace de la pandemia”.

El otro virus

Uruguay declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo y fue uno de los países que, en vez de decretar cuarentena obligatoria, optó por exhortar a la población a cumplir un aislamiento voluntario. Pese a esto, el número de llamadas a la línea 0800 4141, de atención y asesoramiento del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se disparó en los primeros tres meses de pandemia. Según los datos del Inmujeres a los que accedió la diaria, entre enero y setiembre de este año fueron atendidas 11.281 llamadas, un promedio aproximado de 41 por día. El pico máximo se registró en abril, con 2.231 consultas, es decir, una cada 20 minutos. Los siguientes meses con más consultas fueron marzo (1.301) y mayo (1.645).

En paralelo, las denuncias policiales bajaron: hubo 22.830 denuncias por violencia doméstica entre marzo y octubre de 2020 –aproximadamente 95 por día–, frente a las 23.387 recibidas en el mismo período del año anterior, de acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior (MI). Esta baja de denuncias pone en evidencia los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el contexto de pandemia a la hora de denunciar.

Por otra parte, el MI contabilizó 12 femicidios en Uruguay en los primeros ocho meses del año, según informó la cartera al semanario Búsqueda. La Coordinadora de Feminismos, que lleva su propio registro, denunció 22 femicidios desde que empezó el año hasta el 11 de noviembre. A diferencia del MI, la plataforma feminista incluye otros tipos de homicidios de mujeres y no sólo aquellos tipificados como femicidios por la Justicia.

Para Tuana, “los estragos de la violencia durante el confinamiento” se van a empezar a ver recién el año que viene, sobre todo en los casos de mujeres que no pudieron pedir ayuda. “Se trabajó con las personas que pudieron pedir ayuda, pero creo que hay un grueso de situaciones, que son de nivel de riesgo medio o medio para arriba, que son las que quedaron atrapadas. Eso genera un impacto muy complicado en la vida, en la salud mental, a nivel psíquico y físico de las personas, que yo creo que todavía no estamos viendo”, puntualizó.

Unas semanas después de declarada la emergencia sanitaria, y en base a la experiencia de otros países, el Inmujeres implementó medidas para hacerle frente al problema. Entre otras cosas, reforzó el servicio telefónico de atención, aumentó el cupo de los refugios para mujeres en situación de violencia y lanzó una campaña de sensibilización.

Tuana considera que esto no fue suficiente. “Ya teníamos medidas completamente deficitarias antes de la pandemia, y durante la pandemia los servicios se redujeron. El 0800 4141 se amplió unas horas, pero nuestro planteo siempre fue que ese servicio debería ser de 24 horas”, cuestionó la activista. En su opinión, se deberían haber tomado medidas “de más acompañamiento y de generar comunicaciones para que la gente pueda pedir ayuda, pero a eso le tenés que responder con rutas de salida para mujeres víctimas de violencia y no las hay”.

Por su parte, Herrera consideró que el refuerzo del servicio de atención telefónica “estuvo bien” porque fue “el lugar donde más se canalizó” el problema, pero dijo que las medidas “no fueron demasiadas”. “Nosotras habíamos pedido un botón de pánico en las ceibalitas que nunca se concretó porque dijeron que tecnológicamente no era posible hacerlo”, puso como ejemplo. Sin embargo, aclaró que todavía “falta perspectiva” para poder saber exactamente cómo incidieron las medidas adoptadas y cuáles serán los efectos.

Responsabilidad del Estado

La pandemia llegó a Uruguay 12 días después de que asumió el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón, quienes durante la campaña habían anunciado un compromiso para erradicar la violencia de género. Hasta el momento, las señales que ha dado en este sentido han sido interpretadas por el movimiento social como –por lo menos– contradictorias.

Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo Poder Ejecutivo fue la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que, según distintos colectivos y académicas, lejos de profundizar en las urgencias de las mujeres, hace un abordaje sesgado de la violencia de género, desde una perspectiva de la seguridad, con un énfasis en lo policial y en la aplicación de penas.

Más adelante, el proyecto de Presupuesto que fue presentado al Parlamento generó el rechazo de colectivos feministas, ya que entre otras cosas no contempla recursos específicos para implementar la Ley 19.580, de violencia basada en género.

Además, incluía un artículo que derogaba los juzgados multimateria, una decisión que también fue repudiada y que la bancada bicameral femenina propuso eliminar del proyecto para que pueda ser discutido por separado, con más tiempo.

“La Ley 19.580 prevé una serie de acciones que se deben desarrollar y que son las que venimos reclamando desde hace muchos años. Que en este presupuesto eso no quede reflejado es un problema tremendo y una señal de que este gobierno no tiene un compromiso real con la violencia de género”, dijo Tuana. La referente feminista consideró en particular que la eliminación de los juzgados multimateria es “una afrenta a los derechos de las mujeres”.

Para Herrera, se trata de una ley que “ya viene mal parida” porque cuando se aprobó, a fines de 2017, tampoco se le asignó presupuesto. “El gobierno anterior declaró una emergencia a la cual no le puso plata, y este gobierno tampoco está dando los recursos necesarios como para implementar realmente la ley. Ha aumentado algo los recursos de los servicios y el sistema de respuesta, pero no de la ley. No sabemos qué va a pasar con la ley, lo cual es un franco retroceso”, opinó la socióloga.

Bajo la consigna “Violencia de género, responsabilidad de Estado”, la Intersocial Feminista convoca a una concentración que este #25N pondrá el foco justamente en la falta de recursos para atender la violencia hacia las mujeres (ver recuadro). “Hace muchísimos años veníamos reivindicando una ley contra la violencia basada en género, pedimos presupuesto que no lo tuvo en los últimos años, nos enojamos mucho cuando declararon una emergencia nacional sin medidas y claramente a este gobierno le vamos a seguir reclamando”, dijo Tamara García, vocera de la Intersocial Feminista, a la diaria.

El mensaje de lo que se hace público

Otros dos hechos específicos han puesto este año el problema de la violencia de género en el tapete. En primer lugar, la Operación Océano, que investiga a más de 30 hombres vinculados al poder económico, político y jurídico por explotación sexual de adolescentes. La investigación comenzó en noviembre de 2019, tomó estado mediático en marzo y provocó incluso que la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género creara una línea telefónica para denunciar casos de explotación sexual.

La mediatización de la Operación Océano puede contribuir a “romper con la impunidad” de este tipo de casos, según afirmó Tuana, sobre todo porque envió a los explotadores el mensaje de que “el Estado va a empezar a mirar esto”. “Sabemos que no alcanza, que hay que hacer muchas cosas más y que los explotadores sexuales no van a dejar de hacer lo que hacen”, dijo la especialista, pero “ya no es lo mismo”.

En una línea similar, Herrera aseguró que el hecho de que el caso se mediatizara “ha sido bueno porque ha roto muchos mitos y estereotipos”. “Mucha gente pensaba que estas cosas pasaban sólo entre los pobres o tenía totalmente naturalizada la situación de la explotación de las gurisas, entonces yo creo que ha servido para tirios y troyanos”, señaló la académica; “ha servido para los que no tenían la menor idea de lo que estaba pasando y también para aquellos que creían que gozaban de total impunidad”.

Las iniciativas que surgieron en las redes sociales para denunciar situaciones de violencia sexual en distintos ámbitos de la educación o la cultura representan otro de los momentos del año en el que alguna forma de violencia de género encontró lugar en la opinión pública.

La ola de denuncias de acoso y abuso sexual en el Carnaval fue posiblemente la que generó mayor impacto. La gravedad de algunas denuncias –que incluían delitos de violencia sexual– hizo que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidiera intervenir de oficio y la Fiscalía habilitó una línea telefónica para realizar denuncias en el marco de esta investigación.

Según Tuana, estas movidas marcaron “un antes y un después” porque “generaron un mensaje a la ciudadanía y sobre todo a los varones, de que nosotras no nos vamos a callar y vamos a hacer esto les guste o no les guste”. La experta dijo que incluso si pensara que “los escraches indiscriminados a todo el mundo y de la misma forma no son la mejor herramienta”, cree que “es un mensaje que tiene una fuerza que está marcando un antes y un después, porque es una herramienta que las mujeres se han apropiado y se han empoderado para poder denunciar las injusticias y las situaciones de violencia que en la Justicia no tienen cabida”.

Por otra parte, lamentó que la reacción del gobierno nacional ante las denuncias haya sido “nula”. “No generó un comunicado, una línea telefónica, nada. La Fiscalía fue la única institución que invitó a acercarse para denunciar”, enfatizó. En cambio, celebró la serie de acciones que desplegó la Intendencia de Montevideo para dar respuesta sobre todo a la situación en el Carnaval, incluido un servicio de atención para mujeres que vivieron acoso o abuso sexual en ámbitos culturales, que es gestionado por El Paso.

Herrera, en tanto, dijo que más allá de que no apoya el escrache como herramienta –aunque entiende que “no queda más remedio” cuando no están dadas las garantías para hacer la denuncia–, la estrategia lamentablemente no tuvo “resultados muy concretos”. “Tengo la sensación de que se quedó en mucha cháchara y pocos resultados finales, lo cual es una pena porque no tengo ninguna duda de que lo que está de fondo es real”.

A su entender, esto se debe en parte a que todavía hay “grandes resistencias institucionales” en lugares como, por ejemplo, la Universidad de la República (Udelar). Tuana coincidió: “No hay un involucramiento o una decisión institucional de la Udelar que diga ‘esto está pasando en la Facultad de Medicina y además en la Facultad de Derecho, vamos a hacer una intervención en este tema’. No hay nada. No llega nunca”.