La necesidad de una capacitación en género y violencias machistas para todas las personas que trabajan en el Estado

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el trabajo de instituciones estatales, entes autónomos y servicios descentralizados. El paso previo, siempre, es la formación. Se hizo el esfuerzo en varios ministerios, se capacitó a operadoras y operadores, se lanzaron guías para el Poder Judicial y la Fiscalía y, en menor medida, hubo talleres en el Parlamento. Muchas de estas medidas fueron promovidas por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Bancada Bicameral Femenina y organismos de cooperación internacional. La aprobación de la Ley 19.580 a fines de 2017 también impulsó instancias de capacitación específicas sobre violencia basada en género. Sin embargo, la realidad muestra que en algunos casos la capacitación no es suficiente, continua ni sistemática, y muchas veces depende de unas pocas voluntades individuales.

En cualquier ámbito de la vida –social, laboral, educativo, político, académico, de la salud–, incorporar la perspectiva de género implica la generación de mecanismos o estrategias que permitan reconocer, mostrar y cuestionar las asimetrías que existen en las relaciones sociales y de poder en función del género. Así, este enfoque permite un análisis crítico de los sistemas, las estructuras, las conductas y las políticas públicas que sostienen y reproducen las desigualdades, las violencias y la discriminación, y marca un punto de partida para avanzar en la construcción de igualdad de derechos para todas las personas.

Algunas especialistas hablan de “ponerse los lentes de género”, y es una metáfora acertada porque el proceso implica, literalmente, cambiar la forma de mirar las distintas situaciones de desigualdad y violencia que atraviesan a niñas, niños, adolescentes, mujeres e identidades sexuales diversas para entenderlas como problemáticas estructurales. En este camino, los feminismos han tenido un rol fundamental al estar alertas para denunciar cada abordaje misógino, abusivo o revictimizante de situaciones que involucran a estas poblaciones por parte del Estado. Hoy en día es difícil que no haya reacción de las organizaciones si un juez le pregunta a una víctima de violación: “¿Cómo estabas vestida?”.

Ponerse los lentes de género también contribuye en el diseño de políticas de género más eficaces, que busquen revertir las brechas de género y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres. Especialmente en un país en el que tres de cada cuatro mujeres vivieron situaciones de violencia en algún momento de su vida, según los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones, y en el que sólo en 2019 se realizaron 40.000 denuncias por violencia de género.

El Estado es responsable de dar respuestas que estén a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿qué se ha hecho en la última década, en Uruguay, para capacitar a quienes trabajan en la administración pública?

Avances en los poderes Ejecutivo y Judicial

El Inmujeres, como organismo rector de las políticas de género, tiene la responsabilidad de contribuir a que el conjunto del Estado uruguayo tome acciones para alcanzar la igualdad de género. Eso incluye la formación de sus integrantes. En los últimos años, el instituto ha trabajado en ese sentido, específicamente enfocado en los poderes Ejecutivo y Judicial.

La ex directora del Inmujeres Mariella Mazzotti aseguró que durante el último quinquenio el área de formación en género del organismo trabajó con operadores y operadoras de distintos programas del Estado. Recordó, por ejemplo, la capacitación a quienes llevan adelante planes vinculados a la infancia, como Uruguay Crece Contigo y el Programa Cercanías, del Ministerio de Desarrollo Social, o en los Centros de Atención a la Infancia y la Familia. Por otra parte, dijo que el área de violencia de género puso en marcha talleres para formar y sensibilizar en esta temática al personal de distintos ministerios.

La Ley 19.580 marcó un cambio en ese sentido, ya que, al establecer directrices para el diseño de las políticas educativas, laborales, de salud, de seguridad, de infancia y adolescencia y de personas con discapacidad, entre otras poblaciones, insta a los ministerios involucrados a incorporar un abordaje de las situaciones de violencia de género integral y con enfoque de género. Sin embargo, la reglamentación y la implementación se viene dando a pasos lentos. “El que sí la reglamentó y es un reglamento muy interesante, por ejemplo, es el Ministerio de Salud Pública”, puntualizó Mazzotti a la diaria, “que garantiza derechos y compromisos en la salud para las mujeres”.

Por otra parte, a partir de la aprobación de la ley el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) promovió varias capacitaciones con jueces, defensores públicos y operadoras y operadores de la Justicia, según aseguró la ex directora del Inmujeres. A mediados de 2019, este organismo y el CEJU firmaron un convenio de cooperación para el diseño y la implementación de herramientas de difusión, cursos, seminarios, talleres y otras actividades de formación sobre violencia de género. Este convenio tenía que empezar a aplicarse este año, pero todavía “no se ha podido” debido al contexto de emergencia sanitaria, confirmó la actual directora del Inmujeres, Mónica Bottero, a la diaria.

“Con respecto al aparato del Ejecutivo, fuimos sistemáticas y había estructura para hacer las capacitaciones. Siempre se puede decir que podría tener mayor impacto y siempre se puede reforzarlo más, pero se trabajó”, ratificó Mazzotti. “A nivel del Poder Judicial las autoridades del CEJU tenían mucha voluntad, y a nivel de la ley hubo algunas instancias”. ¿Y en el Poder Legislativo? “Nada”.

En el Parlamento: “un debe”

Hace algunas semanas, la diputada de Cabildo Abierto Inés Monzillo dijo, en una sesión de la Cámara de Representantes dedicada a la violencia de género, que la figura penal de femicidio “profundiza la brecha de desigualdad”, y aseguró que muchas mujeres hacen un “uso abusivo” de las denuncias. Más adelante, en un programa radial, llegó a decir que los hombres matan a las mujeres por “un exceso de amor”. Las declaraciones generaron el repudio de varias organizaciones sociales, entre ellas la Intersocial Feminista, que en un comunicado aseguró que los dichos “demuestran ignorancia sobre la desigualdad estructural de género que sufrimos las mujeres”. También puso en evidencia la necesidad de una formación en género para quienes nos representan nada menos que en el Parlamento, uno de los principales espacios del ejercicio democrático.

El Inmujeres no se ha enfocado en la formación de legisladoras y legisladores porque su órbita de acción es el Ejecutivo, aseguró Mazzotti, y los recursos no son infinitos. “El Inmujeres, como es un instituto al interior de un ministerio, tiene límites institucionales en términos de sus recursos financieros y humanos para asumir lo que sería una rectoría global a nivel de todos los poderes del Estado. Podría asumir la tarea en el Parlamento, pero si lo hace, deja de hacer lo otro. Tiene que priorizar”, enfatizó.

A su entender, la iniciativa tiene que surgir en el interior del Poder Legislativo. “El Parlamento es una institucionalidad que tiene órganos administrativos y una escuela parlamentaria –la Escuela de Gobierno–. Los presidentes de las cámaras tendrían que tomar la iniciativa. En todo caso, lo que tendría que hacer el Inmujeres sería exhortar al Parlamento para que lo haga”, agregó Mazzotti. En su artículo 11, la Ley 19.580 le atribuye al organismo la responsabilidad de “impulsar y coordinar la formación especializada para legisladores y legisladoras en materia de violencia hacia las mujeres”.

Eso podría pasar en un futuro. Bottero confirmó a la diaria que entre los planes de su gestión está incorporar en los cursos de formación de la Escuela de Gobierno una materia sobre “temas de género”, que “obviamente incluye la violencia”. “Todavía no pudimos ponerlo en práctica por la pandemia del coronavirus, pero lo he hablado con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y está de acuerdo en que lo hagamos, así que supongo que lo iremos instrumentando en el correr del año, a medida que las cosas se vayan normalizando”, aseguró la directora del Inmujeres.

Para Bottero, más que “falta de capacitación” hay “falta de conocimiento en temas de género” en “todo el Estado”, “no solamente en el Parlamento”, y en “todos los ámbitos de la sociedad”. “Es una realidad que el desconocimiento que hay rompe los ojos”, aseguró, y dijo que es “en temas de género en general”: “desde las brechas de género en el área laboral y en el desempleo, al acceso a los cargos de dirección o la falta de corresponsabilidad en los cuidados”. Acerca de la violencia de género, en particular, dijo que “hay desconocimiento sobre los recursos destinados a combatirla, a dónde se puede recurrir, cómo el Estado puede ayudar a las víctimas y sobre la naturaleza misma de la violencia doméstica”.

Hay algunos antecedentes de capacitaciones en género en el Parlamento, pero fueron iniciativas que dependieron de la voluntad de unas pocas legisladoras, con una participación escasa y sin que se sostuviera en el tiempo. La ex senadora Mónica Xavier recordó varias iniciativas de la Bancada Bicameral Femenina en esa línea. “Siempre tratamos de que existieran diferentes instancias para adquirir conocimientos con académicas y organismos de cooperación internacional, y también instrumentamos capacitación para los funcionarios del Poder Legislativo”, dijo Xavier a la diaria. “Se hizo varios años, era voluntario y no era sistemático porque le faltó institucionalidad, y dependía muchas veces de la voluntad de las legisladoras que estaban en cada legislatura”, agregó, “pero de alguna forma fue lo que se hacía desde la Bancada Bicameral Femenina para incorporar conocimientos respecto de la igualdad de derechos entre las personas”.

Otro antecedente importante es la creación del Manual para la implementación del Plan de Capacitación en Género y Generaciones para el Parlamento uruguayo, publicado en 2010 por la abogada Diana González Perrett y la socióloga Lorena Lesina Lezama, en el marco del Proyecto GG de la Organización de las Naciones Unidas. El manual sirvió como guía para talleres de capacitación que se realizaron al menos durante dos años seguidos para legisladoras, legisladores, asesoras, asesores y demás funcionarios y funcionarias del Palacio Legislativo. “Lo organizaba la Bancada Bicameral y era de asistencia voluntaria. Iban pocas legisladoras y menos legisladores, de hecho creo que ninguno, pero iban muchos asesores, algo que era re interesante”, recordó González Perrett, consultada por la diaria.

Cada curso estaba compuesto por cuatro talleres sobre las temáticas género y generaciones; derechos humanos y ciudadanía; políticas públicas, género y generaciones; y el Parlamento y la promoción de una cultura democrática.

Por distintos motivos, entre ellos, la desarticulación en su momento de la Bancada Bicameral Femenina, esas capacitaciones se dejaron de hacer. “Para realmente cambiar las cuestiones de género tenés que cambiar la estructura permanente. Eso en el Parlamento es difícil, porque la legitimidad la tienen los legisladores, que cambian con el cambio de legislatura, así como sus asesores, entonces cambia el modelo de cómo capacitás”, reflexionó González Perrett. “El Parlamento, en este sentido, es un mundo aparte”.