Rosa Méndez asumió como directora de Promoción Sociocultural del Mides: los planes para la atención de poblaciones afro, migrante y trans

Lo primero que dice Rosa Méndez es que prefiere hablar de “trayectoria social” más que de “trayectoria profesional”. Es técnica en Administración y Servicios (UTU) y hoy estudia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar). Sin embargo, asegura que lo que sabe “de políticas sociales o de pobreza” no lo aprendió en un centro educativo, sino de la “experiencia propia”.

“No necesité saber sobre las políticas sociales o las políticas públicas para saber qué se siente estar del lado de las personas en situaciones de vulnerabilidad, y me encuentro hoy en lo mismo”, insiste Méndez, que este mes asumió al frente de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Desde ese lugar, dirige un área que tiene dos divisiones principales: la de Derechos Humanos –que atiende a las poblaciones afro, migrante y LGBTI– y la Socioeducativa. “Más allá de que hoy estoy acá, y justo con estas temáticas, se da que todas estas interseccionalidades las llevo conmigo”, acota.

Méndez nació hace 38 años en Cerro Norte y recuerda que, si bien apenas pudo se fue del barrio para estudiar, volvió para ayudar a las vecinas y vecinos. Su tarea consistía en asistirlos con los trámites, que muchos no podían gestionar porque no tenían las herramientas. Se convirtió en una referente.

En paralelo, descubrió que podía unir el trabajo social con la militancia político-partidaria cuando se acercó al Partido Nacional, un camino que empezó a recorrer en Canelones, donde conoció al hoy presidente Luis Lacalle Pou. Más tarde, también se encontraría con el actual ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien la designó para este cargo que estaba vacante desde noviembre, cuando su antecesora, Luisa Rodríguez, renunció para asumir la Dirección de Desarrollo Económico de la Intendencia de Treinta y Tres.

Méndez ya tiene una parte del camino transitado en el trabajo con personas afro, migrantes y trans, porque durante la gestión del exministro Pablo Bartol fue la titular de la División de Derechos Humanos. En diálogo con la diaria, la jerarca habló sobre las acciones impulsadas para atender a estas poblaciones, especialmente tras el impacto que significó la pandemia, y adelantó algunas líneas de trabajo para la inclusión educativa y cultural.

¿Qué planes específicos se pondrán en marcha para amortiguar el impacto de la pandemia en las personas afro y migrantes en situación de vulnerabilidad, que han visto profundizadas las múltiples desigualdades que ya vivían?

Las personas migrantes en situación de vulnerabilidad han sido muy afectadas, no solamente por el tema salud sino porque muchas quedaron desocupadas o pasaron al seguro de paro y eso, obviamente, bajó sus ingresos. Me refiero a las personas migrantes que ya estaban en Uruguay, que tenían de alguna manera alguna estabilidad económica y que iban llevándola desde 2018. Esas personas son las que se han visto más afectadas y las que tuvieron que llegar al Mides a golpear la puerta para pedir alimentos. Hoy para migrantes tenemos un cupo especial de canastas, y pudimos ingresar a un número de personas migrantes a Uruguay Trabaja; eso es importante, porque no había pasado antes y significa un aporte económico mensual que estas personas están recibiendo, al menos por un lapso de tiempo. Por otro lado, hemos hecho nexos con organizaciones internacionales para paliar también el tema de la vivienda, algo que vamos a tener que trabajar con el Ministerio de Vivienda. Ahora nos encontramos trabajando en un convenio y vamos a hacer un llamado para resolver la vivienda para aquellas personas que se encuentran en situación de covid-19 o que tienen que estar en cuarentena, que es algo que ha pasado muchísimo. Si bien articulamos en el Mides con el Programa Calle, los refugios son nocturnos, no son mixtos; hay un refugio de 24 horas para mujeres con niños, pero las familias no se quieren separar, entonces muchos quedaron en situación de calle. Por otro lado, queremos trabajar en los emprendimientos, para ayudar a levantar a esa población que estaba estable y a la nueva que llegó. En 2020 atendimos a 4.100 personas migrantes; de ese total asesoramos a 3.500 que ya estaban en el país, las ayudamos a regularizar la documentación e hicimos todo un seguimiento en alimentación, en afiliaciones a ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] y en acceso a la educación.

Respecto de la población afro, en este momento tenemos un proyecto socioeducativo laboral en Rivera para jóvenes afro de 18 a 35 años, que esperamos poder empezar a ejecutar en junio. Es un proyecto piloto que se enmarca en el Plan Nacional de Equidad Racial, en un trabajo conjunto con la Intendencia de Rivera y la oficina territorial del Mides en ese departamento. La idea es capacitar a estos jóvenes en temas específicos para luego hacer la inserción en el mercado laboral privado, algo que hasta ahora no hemos trabajado, porque si bien tenemos la Ley 19.122 de cupos laborales y educativos, es solamente para el Estado. En este momento tenemos el llamado para que se presenten organizaciones de la sociedad civil, porque la idea es acompañar a estos chiquilines en toda esta trayectoria y después garantizarle a la empresa que vamos a seguir acompañándolos para que tengan una inserción laboral segura, estable y a largo plazo. Vamos a ir a territorio y trabajar con chiquilines que ya estén en programas nuestros como Uruguay Crece Contigo (UCC) o el que antes tenía el nombre Jóvenes en Red. Tenemos alrededor de 20 empresas que están interesadas. Hay que sacar a la población afro de los lugares en que no son visibles y son menos remunerados.

Además de la demanda de trabajo, ¿qué otros problemas ha enfrentado la población afro desde que empezó la pandemia?

La población afro más vulnerable tuvo las mismas necesidades que las otras, pero la diferencia es que ya estaba en su gran mayoría integrada a los programas del Mides. Lo único que se hizo como plan de contingencia fue una entrega de canastas en el Municipio B a principios de 2020. Somos 10% de población afro en Uruguay, de acuerdo al último censo de 2011, y tenemos 12% de Tarjetas Uruguay Social (TUS) destinadas a personas afrodescendientes, lo mismo con las Afam-PE [Asignaciones Familiares del Plan de Equidad] o en UCC, por ejemplo, donde 34% de quienes pertenecen al programa son jóvenes y adolescentes afro jefas de familia. Por lo tanto, las demandas que nos llegan directamente al Departamento de Afrodescendencia son situaciones específicas. También hemos realizado actividades. Por ejemplo, el año pasado hicimos un encuentro de mujeres afro de todo el país en diálogo con el Estado, que nos manifestaron la preocupación por la falta de trabajo y la informalidad.

Estos reclamos de las mujeres afro por mejoras de las condiciones laborales se dan en un escenario en que se profundizó la precarización y aumentó el desempleo. ¿Hay previstas acciones para promover la inclusión laboral y el empoderamiento de estas mujeres?

Hay proyectos de emprendimientos para mujeres afro que ya estaban anteriormente y que los sigue llevando a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres [Inmujeres]. Cuando nosotros tuvimos el encuentro de mujeres afro, todas esas demandas, tanto de autonomía económica como de salud o de trabajo, fueron trasladas al Consejo Nacional de Género y al Consejo Nacional de Equidad Racial. Pero hoy nos encontramos en un momento de ponerlo sobre la mesa, porque el propio Departamento de Afrodescendencia tiene líneas estratégicas para trabajar sobre la autonomía y el empoderamiento de las mujeres afro. Tenemos varios proyectos encaminados, pero todavía falta fortalecer un poco más el intercambio. Además, el Departamento de Mujeres Afro que estaba en Inmujeres, que fue el primer mecanismo de equidad racial para mujeres, de alguna manera pasa para nuestra órbita, por tener la rectoría de las políticas públicas sobre población afrodescendiente; entonces, tenemos una referente que estaba allí que es quien está trabajando con nosotros toda esa línea de mujeres afro.

¿Esa línea incluye también el abordaje del acceso de las mujeres afro a la salud?

Vamos a trabajar muchísimo el tema de cuidados, por ejemplo. Las adolescentes afro tienen un hijo más, en promedio, que las no afro, y tenemos que hacer otro tipo de acompañamiento ahí. También respecto de la salud estamos trabajando en la estrategia de embarazo no intencional del Ministerio de Salud Pública [MSP]. Si bien se está trabajando dentro del Mides con Inmujeres, el Instituto Nacional de la Juventud (Inju) y UCC, y hacia afuera con el MSP, desde el Departamento de Afrodescendencia le estamos dando nuestro enfoque étnico-racial. La estrategia viene siempre marcando en sus memorias la importancia del enfoque étnico-racial, pero nunca estuvo. Es importante que en las campañas de prevención del embarazo no intencional en niñas y adolescentes esté ese enfoque, porque, justamente, son las adolescentes afro las que tienen siempre un hijo más, en comparación con las no afro, y a su vez también son aquellas que se desvinculan temprano del sistema educativo. Si bien pasa con las chicas no afro, cuando vos ves la desvinculación temprana que tiene la población afro, no es solamente el factor socioeconómico el que incide: también la discriminación, los cuidados, la violencia; hay mucho en lo que trabajar. Cuando se empezó a articular esa estrategia con el MSP, hablé directamente con el Inju para participar, porque además nos sirve para hacer campañas para que las jóvenes afro que están en esta situación sepan que tienen derechos a los que pueden acceder, que pueden mandar en su cuerpo y detectar cuándo es una situación de abuso.

Quizás también son poblaciones que tienen más dificultades en el acceso a los métodos anticonceptivos y a las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).

Yo no estuve antes en la temática de los embarazos no deseados o no intencionales, pero hay colectivos de la sociedad civil que respeto muchísimo que han trabajado en el tema, y me llamó muchísimo la atención que el enfoque étnico-racial no haya sido prioritario o no se haya hecho un abordaje específico en esto. Hay casos de chicas afro que no saben que pueden acceder por su propia voluntad a una IVE. Lo que quiero con esta es estrategia que esté el enfoque étnico-racial y llegar con esta información a las jóvenes afro, para decirles: ustedes tienen derechos, pueden hacer esto y el Estado las ampara. Es muy importante poder hablar de esos temas y que no sean tabú, por eso quiero tener más datos. Me llama la atención que con todos los datos que hay sobre los embarazos tempranos en jóvenes afro ‒yo soy una joven afro que se embarazó a los 19 años‒, las propias jóvenes afro no accedan a ese tipo de información. Por otro lado, las familias afro suelen ser de refugio y resistencia, entonces, de repente pueden apoyarte frente a un embarazo no deseado. Pero si mi decisión es otra, ¿a dónde puedo recurrir? Yo me voy a encargar de que haya campañas de difusión donde hablar de aborto no sea un tabú, y que también se pueda hablar, con mucho cuidado, cuando se trata de niñas. Porque cuando una niña de 12 años está embarazada, fue un abuso, hay violencia; no hay forma de que lo puedan pintar de otra manera. Es un tema que me toca mucho y que quiero trabajar muchísimo.

Hablemos de la situación de la tercera población que atiende la División de Derechos Humanos, que es la LGBTI, y en particular las personas trans. ¿Cómo afectó la pandemia a esta comunidad, y qué medidas ha tomado el Mides para amortiguar el impacto?

La población trans fue la más afectada y a la que más acompañamos. La demanda fue principalmente de alimentación. El Mides ya tenía estipulada la TUS Trans, que es una acción afirmativa, pero en realidad no es suficiente, entonces trabajamos muchísimo en la cobertura de las canastas. La aplicación TuApp tenía algunos requisitos, como que no podías estar recibiendo ningún tipo de prestaciones; entonces, como la población trans tiene pensiones reparatorias o la TUS, separamos y dijimos: esta población es la más afectada, vamos a trabajar y a hacer cupos específicos. Por otro lado, incrementamos la respuesta en salud mental que tenemos en la Facultad de Psicología, el Centro de Referencia Amigable (Cram), porque también se dieron situaciones muy complejas que nos derivaron desde ahí. En Montevideo, directamente hablamos con la directora departamental y le dijimos: las personas trans son las más afectadas, entonces no se les puede negar una canasta y no se les va a negar una canasta. Nos necesitan, y la demanda es permanente. Entonces, el Departamento de Diversidad Sexual, que es muy sensible en la temática, estuvo encima de este tema. Luego se presentan situaciones muy específicas, como el caso de una persona trans que tuvo que ser internada en el hospital Maciel con patologías muy complejas e hicimos todo lo posible para que pudiese estar en un centro 24 horas con todos los cuidados. Cuando se dan situaciones así es la sociedad civil la que nos llama, y siempre tratamos de dar respuesta. Cuando se dan situaciones a nivel nacional, en otras oficinas territoriales, también se comunican con nosotros, y a veces se dan situaciones aisladas. Cuando salió la nota de la diaria donde un colectivo de Maldonado denunció que no se les había dado una canasta de alimentos, lo primero que hice yo, personalmente, fue llamar al director nacional de Territorio y preguntar qué fue lo que pasó. Él llamó directamente a la directora territorial y la versión fue otra. Ahí entramos en una discusión de cómo vamos a generar esto para que las directoras y los directores de todos los departamentos tengan en cuenta que cuando una persona trans se presenta a solicitar una canasta, se le tiene que dar y punto, porque es una persona que está en situación de extrema vulnerabilidad.

Por otro lado, estamos trabajando en proyectos de inclusión educativa. Ahora estamos en uno con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para hacer el acompañamiento a personas trans en sus trayectorias educativas, también pensando en un proyecto integral de vida hacia adelante. En ese sentido, vamos a trabajar con UTU para que puedan terminar el ciclo básico y también tengan un acompañamiento para pensar después en el mercado laboral, y de qué manera poder insertarlas con una capacitación específica.

Además de denunciar la negación de canastas, el colectivo Unión Trans y Disidente de Maldonado se refirió al incumplimiento del cupo laboral para personas trans en los organismos estatales del departamento, como establece la Ley Integral para Personas Trans, y la falta de medicamentos para tratamiento hormonal en algunos hospitales. En el último año, otras organizaciones han denunciado las mismas dificultades. ¿Están al tanto de estas situaciones? ¿Se hace un seguimiento?

Como organismo rector de las políticas públicas de diversidad sexual, el Mides tiene que dar cumplimiento a todos los artículos de la ley integral trans. Integramos el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que está integrado por todos los organismos del Estado y por colectivos LGBTI, con una representación importante de los colectivos trans, y ya se han presentado estas situaciones y estas demandas. Estamos trabajando con el MSP; primero, porque hay una guía de profesionales que queremos que se vuelva a retomar, y después, porque el tema de las hormonizaciones es una demanda permanente, que ya hemos trasladado al MSP dentro del consejo. La ley trans se promulgó en 2018, en 2019 fue la campaña electoral, en 2020 hubo una pandemia justamente sanitaria, en que la salud fue focalizada en la covid-19; entonces, no es por poner excusas, pero hay que tener en cuenta que no es un tema de falta de voluntad. Este año sí podemos focalizarnos un poco más, y la pandemia, si bien todavía la estamos transitando, nos ayuda a bajar un poquito más a tierra cuáles son las demandas más específicas para atender. Sobre los demás artículos, por suerte ya estamos dando el cumplimiento efectivo de la pensión reparatoria, del cambio de nombre.

¿Y respecto del cupo laboral?

Estamos esperando citar a la Oficina Nacional de Servicio Civil al Consejo Nacional de Diversidad Sexual, porque aún no tiene reglamentado el cupo dentro de la propia oficina. De todas maneras, han ingresado personas trans al Estado. Por ejemplo, en Uruguay Trabaja ingresaron 60 personas trans. En los programas del Mides se está cumpliendo. A la vez, nos han llegado llamados de empresas privadas que se han interesado en hacer llamados por la ley trans, y estamos trabajando en eso.

En setiembre del año pasado, en el marco del Mes de la Diversidad, tu antecesora, Luisa Rodríguez, anunció que se trabajaría en el segundo Plan Nacional de Diversidad Sexual. ¿En qué etapa está ese proceso?

El primer plan era de 2018 a 2020 y 60% tiene cumplimiento. Lo que vamos a priorizar ahora son los planes territoriales que están previstos, porque cada departamento tiene una demanda diferente, para luego armar el plan nacional.

¿Cómo se abordan desde los distintos departamentos las situaciones de violencia y discriminación hacia las poblaciones afro, migrante y LGBTI?

Primero, como línea principal de la División de Derechos Humanos, están las capacitaciones permanentes, tanto técnicas como informativas y en sensibilización, porque se han dado muchas situaciones de discriminación, de racismo institucional estructural, de xenofobia, de homofobia, transfobia, lesbofobia. Se empezó a capacitar a los equipos del Mides y después tenemos convenios con la Udelar específicos para capacitar a todo el funcionariado público respecto de población afro y en diversidad sexual. Vamos a empezar a capacitar en el Estado, con un enfoque muy importante en las áreas de comunicación y de toma de personal para ambas poblaciones. También vamos a hacer campañas de sensibilización.

La otra pata de Promoción Sociocultural es la División Socioeducativa. En un año en el que la educación ha estado en el foco de la discusión pública ‒por las nuevas modalidades de estudio, el debate sobre la presencialidad, la desvinculación educativa en algunos sectores, entre otras cosas‒, ¿qué acciones se prevén para fomentar la inclusión educativa?

La estrategia fuerte es el acompañamiento de estos jóvenes, en territorio, en sus trayectorias educativas. La última Encuesta Nacional de Clima Escolar mostraba justamente la desvinculación temprana de jóvenes afro, trans y migrantes, entonces estamos focalizados en esas poblaciones. Las situaciones que se plantean son la falta de acceso a internet y a un dispositivo, entonces estamos trabajando con las oficinas territoriales del Mides para acompañarlos. Por ejemplo, hemos trabajado con las oficinas territoriales para que personas trans puedan coordinar para tener un lugar reservado, con una computadora y con internet. Por otro lado, como novedad, vamos a tener una división de políticas públicas específicamente para afrodescendientes; la División de Derechos Humanos quedará abocada a diversidad sexual y migrantes. Es la primera vez que vamos a tener un presupuesto asignado a la población afro y tenemos muchísimos proyectos, todos relacionados con trabajar las trayectorias educativas para que los jóvenes puedan reinsertarse al sistema. En cuanto a la otra pata de la División Socioeducativa, que es la cultural, la idea es trabajar para llegar con la cultura a todos lados y percibirla no solamente como un conjunto de bienes para acceder a un lugar o tener un cupo en el Sodre para poder hacer danza, por ejemplo, sino también como herramienta de transformación.