Siete de los 155 representantes que fueron elegidos para escribir una nueva Constitución tras el estallido social pertenecen a la comunidad LGBTI. Conscientes de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros, conformaron la Red Constituyente Disidente y se plantean avanzar en derechos sociales para la comunidad y en asegurar su participación en los espacios de representación política, algo que no consiguieron del todo esta vez: pese a las altas votaciones obtenidas, ninguna candidatura trans logró entrar a la Convención.

Pasaron casi dos meses entre la elección de convencionales constituyentes en Chile y el día en que se presentó públicamente la Red Disidente Constituyente, un colectivo de siete representantes elegidos en las históricas votaciones de mayo que decidieron formar su propia bancada dentro de una asamblea de 155. El hecho era, a todas luces, simbólico: por primera vez un órgano estatal tenía en sus asientos a integrantes de la comunidad LGBTI, y podían incluso conformarse como una agrupación. El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, se presentaron como colectivo. “Creemos que es importante escribir la Constitución con una perspectiva amplia que incorpore a los grupos históricamente discriminados, a los que hemos estado marginados del proceso político”, dijo ese día el constituyente e integrante de la red, Pedro Muñoz.

“Entramos por la ventana”, dice hoy la convencional Jeniffer Mella, representante del Distrito 5 en el norte de Chile. Se define, desde hace 20 años, como activista, lesbiana y feminista. “Ser elegida fue un hito muy importante, sobre todo porque yo venía desarrollando hace muchos años proyectos de incidencia política que pocas veces habían tenido recogida institucional. Era una oportunidad para que quienes habitamos las disidencias sexuales pudiéramos hacer un trabajo institucional en la Convención. Y entre el día en que nos eligieron y el día en que asumimos, decidimos organizarnos”, cuenta a la diaria.

Son, en proporción, un 5% del total de constituyentes elegidos. “Entendimos que quizás podíamos ver diluidas nuestras demandas si trabajábamos de manera separada. Vimos, además, que las personas se estaban uniendo: las constituyentes feministas, los pueblos originarios, los ‘ecoconstituyentes’. No podíamos quedarnos atrás y dejar que nuestros temas pasaran desapercibidos dentro de la discusión constitucional, especialmente pensando que hay tremendas oportunidades de relevar temas que jamás en Chile han tenido una posibilidad”, dice.

Y es que Chile, en parte gracias a la Constitución que se busca reemplazar, se ha caracterizado por tener un ordenamiento rígido y conservador: el divorcio se aprobó en el año 2004, el aborto en tres causales específicas —inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación— se consiguió en 2017, el matrimonio igualitario no existe y su alternativa, el Acuerdo de Unión Civil, se convirtió en ley en 2015. La ley antidiscriminación, que fue aprobada en 2012, fue impulsada por el asesinato de Daniel Zamudio, un joven homosexual que fue agredido en la vía pública por otros cuatro individuos. El panorama para la diversidad sexual no era auspicioso en octubre de 2019, cuando vino el estallido social.

“Pero dentro de los problemas que se acarreaban en la crisis social estaba precisamente la violencia de género y lo que sufrimos las disidencias sexuales”, comenta el constituyente Tomás Laibe, representante del Distrito 27, en la penúltima región en el sur de Chile. “Quienes llegamos a esta Convención desde ese lugar somos muy conscientes de que parte del estallido social tiene que ver con la situación de vulneración de derechos que sufría nuestra comunidad. Y llegamos con una expectativa muy alta, porque tenemos una oportunidad importante para transformar nuestro país y hacer un cambio a este sistema patriarcal que afecta a la diversidad sexual”, agrega.

Desde la Red Disidente Constituyente, explica Laibe, se han trazado dos líneas de acción: delinear la agenda de derechos que la diversidad sexual necesita que sean abordados en la Constitución y profundizar su representación política en todos los espacios de decisión. Para lo primero, han elaborado encuestas donde se revela que los tres principales intereses de los miembros de la comunidad LGBTI de cara al proceso constituyente son la garantización de sus derechos sociales, la educación sexual integral y ponerle fin a la concepción conservadora de familia que existe en la Carta Magna vigente.

Para recoger esas opiniones han buscado promover una lógica de trabajo horizontal con las organizaciones de la sociedad civil. “Y no solamente a nivel formal, sino que cualquier persona o grupo de personas que esté trabajando en temas de disidencia hoy día tiene la posibilidad de formar parte de esta red que está tratando de levantar sus necesidades traducidas en lenguaje constitucional. Queremos saber cuáles son las principales demandas, a partir de esas necesidades, que pueden quedar cubiertas en esta nueva Constitución”, acota Mella.

“También estamos planificando cabildos de discusión con las comunidades para tratar de recoger las necesidades de las personas que no cuentan con un representante. Los ocho convencionales quizás no representamos todas las sensibilidades”, dice Laibe, que habla de ocho porque uno de los integrantes originales del grupo, Rodrigo Rojas Vade, renunció hace poco a la Convención por motivos personales, “pero sí estamos conscientes de a quiénes tenemos que ir a buscar para representar y cómo avanzar en conjunto en la discusión constitucional”, prosigue. Se refiere, en específico, a una comunidad que está ausente por completo: la trans.

Sin escaños trans

Con 70% de los votos escrutados, Constanza Valdés tenía un cupo dentro del Distrito 7, que incluye a la ciudad de Valparaíso. Valdés es una reconocida asesora legislativa trans que ha trabajado levantando temas de derechos humanos y diversidad sexual en el Congreso, sobre todo durante la tramitación de la ley de identidad de género que se aprobó en 2018. Competía por el partido Comunes, sin compañero de subpacto por decisión de la coalición, dentro de la lista de Apruebo Dignidad, que agrupaba, a su vez, al Frente Amplio y al Partido Comunista.

A pesar de que sacó más de 6.000 votos, Valdés perdió el escaño cuando se llegó al 90% de los sufragios escrutados debido a la forma en que se distribuyeron los dos cupos que alcanzó a obtener de la lista. El primero fue para Jaime Bassa, actual vicepresidente de la Convención, que alcanzó más de 43.000 votos, y el segundo fue para María José Oyarzún, que recibió 4.000 votos menos que Valdés. La diferencia es que ella llegó a la papeleta acompañada de un compañero de subpacto que recolectó 9.000 votos. Por corrección de paridad dentro de un sistema proporcional, se quedó con el escaño en lugar de Valdés.

“En el primer momento hubo autocrítica: ¿pudimos haber llegado a más lugares? ¿Deberíamos haber hecho más actividades territoriales y menos digitales? Pero con el tiempo empezaron a aparecer las cosas de las que yo no puedo hacerme cargo, como la construcción de la lista. Yo iba sola y tenía que superar un pacto, y además no recibí financiamiento. Todo lo que tuve, que fueron tres millones de pesos (3.800 dólares), lo conseguí de donaciones de terceros, pero no tuvimos aporte partidario”, recuerda Valdés hoy.

Después de la derrota y de comprobar que ninguna candidatura trans había entrado a la Convención, se sintió ingenua por pensar que la gente iba a reparar en eso. “Al principio, a nadie le interesó que no hubiera personas trans en la Convención y estaban sacando cuentas alegres. Las coaliciones estaban felices hablando de diversidad, pero nunca priorizaron que las candidaturas de personas trans tuvieran una posibilidad real de salir electas. Pretendían que compitiéramos en igualdad de condiciones, sin considerar que la igualdad de condiciones no existe: los aportes monetarios fueron principalmente a hombres, la visibilización en medios también. Hay barreras estructurales que nunca se han considerado y que siguen sin considerarse”, reflexiona.

En la Región Metropolitana, otra promisoria candidata trans quedó fuera de la Convención: Emilia Schneider, vocera del movimiento feminista en 2018 y la primera presidenta trans de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2019. Schneider consiguió más de 12.000 votos en el Distrito 10, el emblemático territorio que incluye a Santiago. El problema fue que su compañero de lista, Carlos Ruiz, apenas superó los 2.000 respaldos. Los dos cupos que consiguió la lista de Apruebo Dignidad fueron para el abogado constitucionalista Fernando Atria, que arrasó con 52.000 votos, y su compañera de lista, Giovanna Roa, que entró impulsada por ese éxito y con menos de 4.000 sufragios. Hubo analistas que comentaron que Schneider debió haber ido junto a Atria en el mismo pacto, porque se sabía que el abogado iba a “doblar” y arrastrar consigo al segundo cupo de la lista.

“Al final, hay mucho egoísmo y mucho discurso instrumentalizador, pero en verdad no hay una real convicción de que las personas trans o la disidencia sexual tengamos que tener un escaño de representación. Todavía creen que el proyecto colectivo es tan grande que cualquier persona puede representar nuestras demandas, pero la historia —sobre todo la de las leyes— nos demuestra que estas personas en general fracasan en lo absoluto a la hora de representarnos. Hay diputadas que se han puesto la bandera de la diversidad y cometen errores conceptuales básicos”, dice Valdés.

A pesar del sabor amargo, mira el proceso constituyente con esperanza. “Yo estoy trabajando con la Red Disidente Constituyente y tienen una lógica de construir propuestas en relación a la comunidad, y también tienen una especial preocupación por la ausencia de personas trans”, comenta. “El gran problema hoy día es que se necesita una cantidad de votos grande para aprobar disposiciones —dos tercios del total de la asamblea— y no sabemos cómo van a considerar estas temáticas los convencionales”, apunta.

El desafío actual, asegura, es conseguir el “piso político” para que las propuestas de la comunidad LGBTI no queden en iniciativas testimoniales, sino que se conviertan efectivamente en contenido constitucional. “Puede que haya constituyentes que no quieran avanzar en reconocimiento de derechos porque lo consideren ‘valórico’, o peor, de naturaleza no constitucional. Ese es el fetiche de los abogados que hay que combatir: que esto que vivimos no es materia de Constitución”, adelanta Valdés, quien ahora competirá en noviembre por un cupo en el Congreso.

Desde dentro de la Convención, Jeniffer Mella señala que es un deber para la Red Disidente Constituyente llevar la voz de la comunidad trans a la discusión. “Adentro faltan quienes sufren de manera más grave la discriminación, quienes tienen la peor expectativa de vida, los obstáculos más grandes para avanzar en escolarización, educación profesional o inclusión laboral. Estamos muy lejos de conseguir un piso de dignidad mínimo que considere no solo la orientación sexual, sino también las identidades de género, pero al menos estamos rompiendo un techo de cristal al entrar a estos espacios de representación política”, opina. A partir de ese hito, dice, y conscientes de que el camino todavía es cuesta arriba, es desde donde están trabajando.