Una de las principales discusiones parlamentarias en Uruguay gira en torno al proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza” o tenencia compartida, que ya obtuvo la media sanción del Senado y ahora está a estudio de la Comisión de Constitución, Legislación y Administración de la Cámara de Representantes, antes de ser votado y finalmente remitido al pleno para su aprobación. La iniciativa, que se debate desde hace dos años, generó distintas críticas de organizaciones sociales, expertas y organismos internacionales, especialmente por los artículos 4 y 6, que habilitan el régimen de tenencia compartida y las visitas aun cuando existen medidas cautelares contra un progenitor.
Sylvia Mesa es psicóloga especializada en género e integra el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Fue nombrada como experta por Costa Rica, donde reside, pero es uruguaya y por eso sigue de cerca las principales discusiones que atraviesan al país, incluido el debate sobre este proyecto.
Entrevistada por la diaria, la experta aseguró que la iniciativa no contempla el “interés superior” de las niñas, niños y adolescentes, y advirtió que, de aprobarse, Uruguay enfrentaría consecuencias a nivel internacional.
¿Has tenido acceso a la última versión del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida que se discute en el Parlamento de Uruguay?
Sí, y por lo que sé no cambia mucho de la primera. Si el principio fundamental de la ley que están proponiendo es la corresponsabilidad en la crianza y no el interés superior del niño, estamos mal. Un proyecto que afecta a las niñas, niños y adolescentes tiene que partir de su interés superior, de reconocer su autonomía progresiva y de escucharles. Entonces, cuando dicen que cuando el niño opina lo va a ver un grupo de psiquiatras [en referencia a la disposición que hace el proyecto de que “el juez podrá requerir la asistencia de técnicos especializados para la interpretación de la voluntad real del niño o adolescente”], yo digo ¿por qué? ¿Por qué el juez no puede escuchar de primera mano la voluntad de la niña o del niño si tiene todo el derecho de expresarse? Me temo que esto se está enredando con el famoso “síndrome de alienación parental”, que es un adefesio que inventó un señor hace como 40 años y que, lamentablemente, ha empezado a propagarse en muchas legislaciones, entonces esa desconfianza en el testimonio de las niñas y de los niños me parece muy peligrosa. Además, una de las cosas que leí es que la crianza compartida está establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia, entonces ¿por qué hacer un proyecto específico y además, en la fundamentación, decir que los hombres son privados de una manera muy arbitraria del contacto con sus hijos?
Decías recién que Uruguay no es el único país de América Latina en el que hay organizaciones que llevan adelante este tipo de reclamos y que utilizan específicamente el “síndrome de alienación parental” entre sus argumentos. ¿A qué creés que responde esta tendencia? ¿Es algo nuevo?
[El psiquiatra Richard] Gardner lo propone en 1985, pero en los últimos diez o 15 años yo lo empecé a oír en nuestras legislaciones. En Argentina, en México, en Brasil, en diversos países; en España es terrible cómo lo usan. O sea, sí hay un movimiento, que lo atribuyo a un aumento de la presencia de personas muy conservadoras y, para mí, es una nueva forma de violencia contra las mujeres. El síndrome es un mito, y creo que es una forma que han encontrado de volver a agredir a las mujeres. Los agresores, no contentos con agredir a las mujeres cuando estaban juntos, cuando ellas se separan y los denuncian las agreden de nuevo diciendo que alienaron a los hijos para quitárselos. Y, si se sigue lo que dice Gardner, le sacarían definitivamente los hijos a la mujer para “desprogramarlos” porque ella los “programó”. Es una cosa absurda y, sí, me temo que ahí también hay una influencia muy fuerte de las corrientes religiosas que se han ido adueñando de nuestros países en los últimos años. Las corrientes neointegristas, las corrientes fundamentalistas han ido penetrando en nuestras sociedades con muchísima fuerza y con muchísimo dinero también, y se han transformado en un foco para este tipo de cosas. En momentos de crisis económica eso se hace peor, porque esos grupos les dan un espacio de referencia a las personas que están muy perdidas.
¿Puede interpretarse también como una reacción a los avances en materia de leyes que atienden la violencia basada en género?
Por supuesto, porque uno de los argumentos es que los hombres son discriminados por las leyes. Porque no se comprende que las leyes que protegen a las mujeres son acciones afirmativas, que se desprenden de la legislación internacional, pero también ellos tienen todo el discurso de que la ONU y la OEA están en manos de las feministas, que son una cosa horrible, que están contra los hombres. Estas leyes se desprenden de los tratados internacionales de derechos humanos; la Convención de los Derechos del Niño; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer [CEDAW]; la Convención de Belém do Pará. Todo ese cuerpo de legislación, que ha dado tanto trabajo lograr y que ha significado un cambio en la vida de muchas mujeres, es visto como una cosa del demonio prácticamente, porque les da derechos a quienes nunca los habían tenido. Entonces, ahora ellos son los pobrecitos. No es poco frecuente ver recursos ante las cortes de constitucionalidad contra las leyes que protegen a las mujeres.
¿Qué consecuencias podría traer la aprobación del proyecto de tenencia compartida para Uruguay? ¿Podría enfrentar algún reproche a nivel internacional?
Yo creo que sí. Incluso, las mujeres que se vean perjudicadas por esta iniciativa, agotada la vía interna, podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una sólida jurisprudencia en materia de derechos de las mujeres y de violencia. Sé que las sanciones de la Corte muchas veces no se cumplen, pero eso ataca la imagen de Uruguay como un país que es líder en la defensa de los derechos humanos. Perdería ese lugar de respeto que se ha ganado en materia de derechos humanos; es una consecuencia importante. Puede traerle problemas con la cooperación internacional también.
Otro argumento que esgrimen las organizaciones que promueven esta iniciativa es el de las denuncias falsas de violencia de género. ¿Creés que este argumento tiene asidero? ¿Hay estadísticas a nivel de América Latina sobre las denuncias falsas?
Yo nunca he visto estadísticas, lo cual me hace pensar que las denuncias falsas, cuando existen, son mínimas. Se trata de culpabilizar a las mujeres de la violencia que viven. No es tan fácil poner una denuncia por violencia de género, hay que pasar por un proceso. En los sistemas penales, sobre todo, es necesario probarlo. La presunción de inocencia del acusado siempre existe. Uruguay tiene un sistema penal que ha sido reconocido internacionalmente como muy bueno. Eso de las denuncias falsas es un mito, es la forma que tienen de decir que ellos son los maltratados. No es tan sencillo, porque hay que pasar por un mecanismo muy engorroso, con las consecuencias que tiene. Las denuncias falsas se caen, además.
Para los casos en los que efectivamente se da que los tiempos se vuelven lentos, se ponen medidas cautelares y quizá se impiden las visitas al denunciado, que todavía no tiene una sentencia firme, ¿la solución es la legislación o es poner más recursos en el Poder Judicial?
Es poner más recursos. Creo que la regla fundamental, cuando hablamos de violencia, es la protección de las víctimas. Y si un niño está siendo agredido, yo lamento mucho si el señor [en referencia al progenitor] se siente agredido porque no lo dejan verlo. La protección del niño va por arriba de todo: es el interés superior del niño. Entonces, sí, habría que poner más recursos, ver cómo se hace para agilizar los procesos, pero no se puede poner una ley que diga que los tienen que ver, porque los niños pueden estar en peligro. Yo soy psicóloga, he trabajado con abuso sexual infantil, y me he encontrado con casos en que esa cosa de que tiene que verlo termina revictimizando a los niños y niñas. Yo sería muy cuidadosa en poner una legislación que obligue a darle visitas a un progenitor, cualquiera que sea, en general un hombre, que tiene una denuncia de abuso sexual. Aun si fuera una visita supervisada, supongamos, ¿qué significa para la niña o el niño que ha sido abusada o abusado tener que ver a quien lo abusó, aunque haya una persona adelante? El miedo, el estrés, la ansiedad que va a experimentar, puede tener efectos muy fuertes sobre su desarrollo posterior.
Además de las visitas supervisadas, otro punto que se plantea en este proyecto es que el niño, niña o adolescente tiene que entrevistarse dos veces con el abogado defensor, idealmente una vez con un progenitor y otra vez con el otro. ¿Cómo los afecta esto?
Cada vez que un niño o una niña repite lo que le pasó, se revictimiza. Nosotros tenemos que minimizar las revictimizaciones lo más posible. Lo ideal, y que no hemos conseguido en todos los sistemas judiciales, es que declare una sola vez, que se grabe la declaración, y que luego se evalúe. Yo no soy partidaria de que se someta a los niños y las niñas a interrogatorios por parte de los abogados. Me parece que, en ese caso, los jueces son los que tienen que hacer la evaluación, porque [esas instancias] son súper revictimizantes. El niño o la niña tiene que contar su historia una sola vez. Si el niño o la niña fue agredido por el padre, supongamos, porque es la mayoría de los casos –por eso esto lo están planteando los hombres–, entonces, cuando tiene que ir a declarar con la persona que lo o la agredió, con el miedo que le puede tener, ¿qué confianza puedo tener yo en el testimonio que dé cuando tiene al agresor mirándolo y amenazándolo, probablemente?
En el proyecto se habla muchas veces de que lo que predominará es el interés superior del niño. ¿Te parece que es letra muerta?
Creo que una cosa es decir que va a predominar el interés superior del niño, y después hacer disposiciones, dentro del proyecto, que son contrarias al interés superior del niño, que es lo que está pasando en este caso. No está predominando el interés superior del niño, sino el del padre que pierde la custodia. Tener contacto con el padre y con la madre puede ser bueno para un niño o una niña cuyos padres no sean agresores o agresoras. Cuando hay violencia, es muy serio y muy peligroso.
Mencionabas el “síndrome de alienación parental” como una nueva forma de violencia contra las mujeres. Desde el cargo que ocupás, ¿cuáles considerás que son los principales problemas que hay hoy en la región en la lucha contra la violencia de género?
Uno de los principales problemas que estamos teniendo en muchos países de América Latina, afortunadamente no en todos, es un backlash, una regresión a posiciones muy tradicionales, muy conservadoras, muy religiosas, donde se ponen los supuestos derechos de las familias por arriba del derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Entonces, hay un intento de mantener la unión familiar a pesar de las situaciones de violencia, un aumento de los femicidios en todos los países y una naturalización de las diferentes formas de violencia. En América Latina, lo que no vemos es el cambio de los patrones socioculturales que mantienen la violencia contra las mujeres, a pesar de que hay una generación de chicas muy combativas, que salen a la calle. En las sociedades siguen imperando ideas muy conservadoras sobre las mujeres; lo vemos en muchas sentencias, donde se dice que son malas madres porque salen con las amigas un día o porque están trabajando y no se ocupan de los hijos. Este tipo de actitudes van naturalizando la violencia contra las mujeres, y creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo.
¿Iniciativas como el proyecto de tenencia compartida, que en realidad tienen que ver con las niñas y los niños, se pueden enmarcar en este backlash?
Sí, claramente. Se enmarcan en el backlash, con toda certeza. Las mujeres, las niñas y los niños tienen muchas leyes que los protegen, pero ¡pobrecitos los hombres, que no tienen! Entonces, vienen a tratar de reconstruir todo eso y volver a donde estábamos hace 50 años.
Una de las tareas del Mesecvi es evaluar y hacer un seguimiento de las respuestas de los estados a la violencia contra las mujeres. ¿Qué países de la región han tenido mejores resultados y en base a qué tipo de políticas?
Es muy difícil de decir, porque los informes los hacen los países, entonces algunos tienden a agrandar mucho lo que hacen y otros son más modestos en sus reportes, y además sería injusto porque podría hablar de los casos que yo más conozco. Por otro lado, en prevención, a pesar de que hemos trabajado muchísimo desde el Mesecvi, seguimos viendo serios fallos. Los países consideran que hacer una campaña cada tanto es hacer prevención, y no es así: la prevención supone campañas sostenidas pero también capacitación de los operadores de justicia, cambios en lo educativo, un trabajo con la prensa, entonces, todas esas cosas no se ven muy bien en los países. De todas formas, hay países que han tenido algunos avances importantes en diferentes áreas. La homologación de la legislación con la convención [de Belém do Pará] ha estado funcionando en algunos países, como es el caso de México, que ha hecho esfuerzos en este sentido, a pesar de que las estadísticas allí son espantosas cuando vemos los femicidios. Uruguay, por ejemplo, en materia de estadísticas tiene un trabajo excelente. Entonces, algunos países han aportado más en legislación, otros en planes nacionales, y otros en esta cuestión de estadísticas. Se ha avanzado, pero falta muchísimo por hacer. Sigue faltando muchísimo cuando vemos las estadísticas de femicidios o los datos que arrojan las encuestas: en la mayoría de nuestros países, la cantidad de mujeres que han sido agredidas por lo menos una vez en su vida supera el 50%, y eso es un dato sumamente preocupante. Otra cosa que también me preocupa es cuando se confunde violencia intrafamiliar o violencia doméstica con violencia contra las mujeres, porque algunos países han tendido a centrar su trabajo en la violencia que se da en la pareja o dentro de la familia, y no han tenido en cuenta la violencia sexual que vivimos las mujeres en la calle, la violencia política, los femicidios en otros escenarios que no son el de la familia. Ahí queda bastante trabajo por hacer.
¿Cómo evaluás la situación en Uruguay? A fines de 2019 se declaró una emergencia nacional por violencia de género, pero las organizaciones sociales aseguran que el problema no se atiende como tal y que la situación no mejora.
Eso suele suceder. En Costa Rica también tenemos una declaratoria de emergencia nacional; sin embargo, los países nunca tienen fondos para la violencia de género. En general, cuando se declara una emergencia nacional es porque un problema es acuciante y requiere ser atendido de una forma que implique destinar muchos fondos a atenderlo, y, si no se destinan los fondos, no se pueden tomar medidas de emergencia. Y, sí, es muy preocupante que la declaratoria de la emergencia a veces quede en el papel y que no lleguemos a poder poner todo lo que se necesita para atender la violencia contra las mujeres.
Las organizaciones feministas uruguayas vienen denunciando desde hace meses una escalada de femicidios en el país, en línea con lo que mencionabas que sucede en la región. ¿Cómo y desde dónde construir políticas que ataquen eficazmente este problema?
Tenemos que diseñar diversas cosas. Algunas son muy prácticas, como la detección del riesgo, es decir, que exista la posibilidad de que, a donde llega una mujer a denunciar violencia, se pueda detectar el riesgo de sufrir un femicidio, y que tengamos una escala de indicadores que nos digan que esa mujer está en riesgo. Si esa mujer está en riesgo, ¿qué hago con ella? Si ella acepta, la traslado a un refugio, pero si no acepta, por lo menos le tengo que dar un botón de pánico o alguna cosa para que ella pueda acceder. Por otro lado, ¿qué pasa con el hombre que pone a una mujer en riesgo? ¿Por qué no se le da prisión preventiva cuando hay un intento de femicidio? No se trata tampoco de mandarlos a terapia; los agresores de alto riesgo no responden a la terapia. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerles algún tipo de medidas de restricción. Yo opto por la prisión preventiva, que –para mí– es la única manera de asegurar que las mujeres sigan viviendo. Además, es necesario deslegitimar el femicidio y trabajar con la prensa para que no siga hablando de “crímenes pasionales”, para que no siga justificando un femicidio porque “ella lo engañó” o porque “no le hizo caso”, como he visto a veces. Lo otro es la cuestión de la prevención de los femicidios, y esto implica trabajar con las niñas, niños y adolescentes. Entonces, una respuesta rápida cuando hay una alarma, una detección temprana, los botones de pánico y una prevención que vaya desde la infancia.