Prácticamente todos los días aparecen en los medios distintos casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Abusos sexuales intrafamiliares, violaciones y casos de embarazo infantil –que casi siempre encubren situaciones de violencia sexual–, entre otros episodios que ponen en evidencia la gravedad de la situación en el país.

Los datos más actuales del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay revelan que 20% de las 7.035 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes detectadas en 2021 estuvieron vinculadas al abuso sexual. También ratifican que la gran mayoría de las víctimas de estos casos son niñas y adolescentes mujeres (76%).

La desoladora lista de femicidios en Uruguay también incluye año a año a niñas y adolescentes. Algunas asesinadas por familiares en contextos más amplios de violencia doméstica, otras –en el caso de las adolescentes– por sus novios. Sin embargo, muy pocos estudios se han propuesto analizar cuál es la interrelación entre las dos problemáticas.

A eso apuntó específicamente la investigación “La interrelación y los vínculos entre la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe”, desarrollada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, y presentada este viernes en Uruguay.

El estudio genera evidencia acerca de cómo la violencia sexual contra las niñas y adolescentes se ha vuelto “permanente” y “cotidiana” en la región y analiza los vínculos entre este tipo de violencia con el femicidio, el suicidio, la desaparición, la mortalidad materna y la vulneración a los derechos sexuales y reproductivos. Una de las conclusiones que se desprenden es que la naturalización de la violencia sexual contra esta población impide percibirla y denunciarla como delito porque “hay una subestimación de la gravedad, sumado a que se protege a los familiares y/o conocidos de las víctimas”, que son generalmente los principales responsables.

“Se trata de un tipo de violencia que, aunque no siempre termina en homicidio, crea las condiciones y aumenta las posibilidades de que esa sea la conclusión”; “la muerte de niñas y adolescentes es el resultado de una acumulación de acciones, actos y omisiones en una sociedad opresora”, señala el documento.

En ese sentido, las investigadoras afirman que el análisis parte de una concepción de la violencia sexual “no como antesala de las otras violencias, sino como un tipo de violencia femicida que actúa como parte del continuum y de la acumulación de otras dimensiones de la violencia”. Contemplan también la categoría específica de “feminicidio sexual sistémico”, elaborada por la socióloga mexicana Julia Monárrez Fragoso, que lo define como “el asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresivos”.

El trabajo comprende el período que va de 2010 a 2019 y abarcó 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. La investigación en Uruguay, particularmente, aportó una nueva dimensión para analizar esta problemática a nivel regional, que es el concepto de “desaparición intermitente sistemática”, vinculada en general a redes de explotación sexual, y que hay que diferenciar del de “desaparición” a secas.

El panorama en Uruguay

Durante la presentación, la coordinadora de Cladem en Uruguay, Ana Lima, dijo que el “marco legal sólido” de nuestro país permite “trabajar en el combate a la violencia sexual” y destacó la existencia de al menos ocho herramientas de políticas públicas que apuntan al problema, como los protocolos de atención y mapas de ruta “para encontrar los indicadores de riesgo de violencia sexual” en el ámbito educativo y en el sistema de salud o el abordaje de situaciones de violencia sexual que efectúa el Sipiav. Sin embargo, si bien dijo que la atención de la violencia sexual es “muy alta”, aseguró que la prevención es “significativamente baja”.

Lima explicó que lo que hicieron para la investigación fue “poner en el centro la violencia sexual con la violencia femicida y su interrelación con otras formas de violencia”, como la desaparición, el suicidio y la muerte materna, que según pudieron ver “no se intercalan de forma jerárquica, pero sí se interconectan de forma muy fuerte”. Por eso, agregó, “es muy importante si pudiéramos seguir la ruta de las niñas que la han sufrido”.

Respecto de los femicidios, afirmó que en Uruguay las cifras son “muy alarmantes” y, a modo de ejemplo, recordó que en 2021 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe colocó a Uruguay en el lugar 11 entre los 23 países de la región con una tasa de 1,5 cada 100.000 mujeres.

Además, como ya lo han señalado expertas y autoridades el pasado 25N, Lima detalló que los femicidios “han adquirido una modalidad muy cruel que no se veía en el país”, “con acuchillamientos, quemar mujeres con ácido, con fuego, descartar los cuerpos, enterrar los cuerpos”. “Esa violencia, esa crueldad, dan cuenta de una escalada y de una movida con visos casi mafiosos”, puntualizó la coordinadora nacional de Cladem.

Acerca de las desapariciones en Uruguay, la investigación revela que la asociación civil El Paso detectó como fenómeno la “desaparición intermitente sistemática”, aportando tres importantes características para analizarla: que “se reproduce de manera constante”, que afecta principalmente a adolescentes de entre 14 y 16 años, y que las víctimas son de diferentes sectores socioeconómicos.

Según dijo a las investigadoras la directora ejecutiva de El Paso, Andrea Tuana, el tiempo de desaparición es, en promedio, de 15 días, “durante los cuales no se sabe nada de ellas”. El estudio aclara que “no todas las desapariciones intermitentes están vinculadas a la explotación sexual” y advierte que “hay muchas preguntas de investigación abiertas, ya que se trata de un fenómeno emergente, aún poco estudiado”.

Como barreras detectadas, Lima mencionó la educación sexual “integral, laica y basada en evidencia”, que a su entender “sigue siendo un pendiente en Uruguay” y que es necesario incorporar “sin vinculaciones a lo biológico o desde el punto de vista médico asistencial, y sí para proteger a las niñas, niños y adolescentes de abusos, de embarazos y de muertes tempranas”. A la vez, abogó por seguir investigando y analizando “cómo se produce este continuum de violencia femicida que sufren las niñas a lo largo de todo su curso vital”. Por otra parte, dijo que el estudio reveló que es “clarísimo” cómo “persisten las prácticas adultocéntricas” y “las violencias y la revictimización en los ámbitos a los que tienen que recurrir las niñas, niños y sus familiares”.

Otros obstáculos

La senadora Silvia Nane y la diputada Cecilia Bottino, del Frente Amplio, fueron invitadas para comentar sobre los hallazgos de la investigación en Uruguay. Nane resaltó que el país tiene un marco legal que es aplaudido en los rankings internacionales, pero que hoy presenta problemas en su implementación, entre otras cosas, porque “no se terminó de definir la cuestión presupuestal” que lo sustenta. En ese sentido, dijo que “tenemos una declaración de emergencia nacional por la violencia basada en género que cumple tres años” este mes, pero “ninguna política pública con clave de emergencia”. También cuestionó que muchos aspectos fundamentales de la Ley 19.580 “no estén reglamentados”.

Por su parte, Bottino destacó el surgimiento de “situaciones nuevas”, como las desapariciones forzadas intermitentes que se identificaron en la investigación, un “repliegue de las mujeres hacia el ámbito doméstico que empezó con la pandemia” y que, según consideró, “continúa y se mantiene en los sectores más vulnerables”, y también un avance de la violencia vicaria hacia las niñas, niños y adolescentes, que “lo vimos este año particularmente con crudeza”.

Tanto Bottino como Nane se refirieron, además, al proyecto de ley de tenencia compartida que sigue a estudio en el Parlamento, que coincidieron en que “pone en riesgo” a las infancias y adolescencias.