El viernes una delegación de representantes de distintos organismos públicos compareció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer con el objetivo de informar qué medidas adoptó el Estado uruguayo para garantizar los derechos de las mujeres desde las recomendaciones que hizo el organismo en 2016. En una sesión dividida en dos partes, las expertas independientes que integran este órgano, encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), plantearon preguntas en base a cada artículo de este tratado que Uruguay ratificó en 1981.
Mientras la primera parte estuvo enfocada en cuestiones vinculadas a la violencia de género y la participación política, la segunda se centró en cuáles son las acciones que promovió Uruguay para garantizar los derechos de las mujeres en áreas como la educación, el trabajo y la salud. Fue en este último punto que la abogada mexicana Leticia Bonifaz Alfonzo, una de las expertas del comité, afirmó: “La violencia obstétrica no existe prácticamente en Uruguay, salvo en algunas zonas en donde las mujeres son obligadas a trasladarse de ciertos lugares del interior a las capitales departamentales”.
Estas declaraciones fueron interpretadas con “profunda preocupación” por parte de Gestar Derechos, el Grupo por la humanización del parto y nacimiento, y Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), organizaciones que acompañan a mujeres que vivieron situaciones de violencia obstétrica, que aseguraron que la señal que se envía es que “no hay problema alguno y, por lo tanto, no debe destinarse tiempo ni recursos para solucionarlo”.
Según plantearon en un comunicado, los dichos son “alarmantes” y “desconocen la realidad” de muchas mujeres en un contexto en el que, en los últimos años, “se recibieron cientos de consultas en todo el país y llevaron adelante decenas de denuncias de violaciones de derechos en el embarazo y el parto, lo cual fue ampliamente documentado por la academia y los medios de comunicación”. A esto se suma que hay una “resistencia de la mayor parte del sistema médico uruguayo a reconocer la existencia de violencia obstétrica” en el país, así como un “nulo reconocimiento del Estado a las mujeres que denuncian estas situaciones”.
Para dar cuenta del panorama, las organizaciones se refirieron a datos de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género (2019), que reveló que 17,4% de las mujeres mayores de 15 años que tuvieron un parto manifestaron haber sufrido violencia obstétrica. También mencionaron una encuesta realizada por el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU en 2022 que mostró que 56% de las 1.192 mujeres consultadas dijo haber sufrido ese tipo de violencia.
Las organizaciones aseguraron que, pese a este escenario, el Estado uruguayo “no ha implementado ni una sola política pública para conocer cuáles son las vivencias de mujeres y familias al egresar del sistema de salud, como recomienda la Organización Mundial de la Salud [OMS]”, y que por eso no se entiende “con cuál fundamento la Dra. Bonifaz Alfonzo afirma con tal contundencia la inexistencia de la violencia obstétrica en Uruguay”. A la vez, cuestionaron que el Estado “tampoco cuenta con mecanismos especiales para denunciar este tipo de violencia”, ni tiene “equipos especializados que asesoren” sobre este tema.
La abogada Romina Gallardo, integrante de Gestar Derechos, señaló a la diaria que “este desconocimiento por parte de la experta, que se refleja en sus dichos, parte por un lado de que Uruguay previamente realiza un informe en el cual no se menciona en absoluto la violencia obstétrica, pero, además, de las propias consultas previas que hace el comité a Uruguay tampoco se desprende una consulta específica sobre violencia obstétrica”.
En ese sentido, dijo que si bien el organismo de la Cedaw hizo una consulta sobre la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, “a menudo sucede que no se dimensiona la violencia obstétrica como un tipo de violencia que afecta la salud sexual y reproductiva de mujeres y otras personas con capacidad de gestar, entonces ya desde ahí partimos de un problema”.
Gestar Derechos es una de las organizaciones de la sociedad civil que enviaron informes al Comité Cedaw previo a la sesión del viernes. Ese documento, al que accedió la diaria, afirma entre otras cosas que durante la pandemia de covid-19 “recrudeció la violencia obstétrica y vulneración de derechos vinculados al embarazo y al parto en Uruguay”. Al mismo tiempo, denuncia la “violencia obstétrica por intervenciones innecesarias” en el marco de un “fenómeno de crecimiento de las tasas de cesáreas, largamente por encima de lo recomendado por la OMS”. Por eso es que la primera conclusión que desliza el colectivo es que el comité “pueda realizar recomendaciones al Estado uruguayo para que la situación de violencia obstétrica que sufren las mujeres, aun con leyes vigentes que las amparan, comience a desnaturalizarse”.
Gallardo aseguró que Gestar Derechos ha intentado generar reuniones con representantes del Estado, específicamente con autoridades del Instituto Nacional de las Mujeres, para “plantear que haya servicios específicos que puedan asesorar a mujeres que vivan situaciones de violencia obstétrica o incluso para pensar en formaciones del personal de salud”, pero “nunca hubo una respuesta”.