Persisten dificultades en materia de violencia de género y derechos sexuales y reproductivos, advierte Amnistía Internacional sobre Uruguay

Una vez más, el informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional, que fue publicado la semana pasada, incluye un capítulo ampliado sobre Uruguay que pone luz acerca de las vulneraciones de los derechos humanos que fueron identificadas durante el último año en el país. Así, repasa la situación en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública, personas privadas de libertad, el derecho a la salud o la “impunidad por crímenes del pasado reciente”. Incluye además un apartado sobre “desigualdades de género”, que profundiza en cuestiones vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos y la violencia basada en género.

En términos de derechos sexuales y reproductivos, en particular, la organización asegura que, pese a los “grandes avances” que ha habido en los últimos años, “aún persisten serias dificultades y obstáculos para la prevención, abordaje y reparación de situaciones de embarazo infantil”. En ese sentido, recuerda que en 2021 se registraron 108 embarazos en niñas y adolescentes de menos de 15 años, de las cuales 50 dieron a luz y 58 abortaron, según información de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Señala, además, que “la violencia y el abuso sexual fueron factores en la mayoría de estos embarazos”, de acuerdo con los registros del Sistema Integral de Protección hacia la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia.

Por eso, llama al Estado a “realizar acciones integrales y articuladas que den respuestas específicas” para prevenir la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, y a tomar “las medidas necesarias para eliminar el embarazo y la maternidad infantiles”. Al mismo tiempo, exhorta a las autoridades a que no obstaculicen el derecho a acceder a una educación sexual integral, en un contexto en el que los programas sobre esta disciplina “no se aplican de forma obligatoria y no se identifican perspectivas de cambiar los planes de estudio de las escuelas primarias o secundarias públicas, privadas, religiosas o laicas”.

Por otra parte, Amnistía Internacional vuelve a llamar a las autoridades a “garantizar la efectiva implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país mediante la adecuada dotación de recursos materiales y humanos en todos los centros de salud del territorio uruguayo”.

También en el marco de vulneraciones hacia las infancias, y en base a datos proporcionados por el Ministerio de Educación y Cultura, la organización asegura que, sólo en 2022, 19 personas menores de 18 años contrajeron matrimonio en Uruguay.

En esa línea, recuerda que el artículo 91 del Código Civil establece la edad de 16 años como mínima para casarse en nuestro país, a pesar de que las normas internacionales establecen que el mínimo tiene que ser 18 años, por lo que pide que la normativa uruguaya se “armonice” con los estándares internacionales en materia de matrimonio infantil.

Un “país hostil” para niñas y mujeres

A la hora de analizar el panorama de la violencia de género, la organización es contundente y asegura que “Uruguay continúa siendo un país hostil para las niñas y mujeres que habitan este territorio”. En concreto, explica que “en 2022 se identificó una baja general de los delitos, pero los delitos basados en violencia de género se mantienen al alza”.

Además, puntualiza que, de acuerdo con cifras oficiales, fue un año que dejó “un récord de mujeres víctimas de femicidios” y recuerda que “niñas, niños y adolescentes han sido asesinados en contextos de violencia de género”.

Se suma a este escenario que en 2022 también se registró un aumento de las denuncias de abuso sexual, “alcanzando 2.766 denuncias, en tanto que en 2021 se registraron 2.520, siendo las mujeres las víctimas en el 82% de los casos”, detalla el documento. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia registró 529 situaciones de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes, “la cifra más alta registrada en los últimos años”, señala Amnistía Internacional.

Para la organización, el aumento de la violencia de género en el país “está estrechamente vinculado a los obstáculos que aún persisten en la aplicación de la Ley 19.580, por la falta de asignación de los recursos necesarios para la creación de juzgados polivalentes capaces de tratar todos los asuntos relacionados con la violencia de género”.

Por esa razón, exige a las autoridades “la asignación del presupuesto necesario para la implementación efectiva” de las medidas contenidas en la ley de violencia de género, especialmente las que están orientadas a “brindar asesoramiento, refugio y asistencia a las víctimas”.