La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, denunció este domingo que 194 personas LGBTI+ fueron asesinadas en Honduras entre 2017 y 2022. A la vez, cuestionó “la desmedida discriminación” que sufre la comunidad en el país, lo que se refleja en el aumento de las muertes violentas y también en la impunidad en torno a los casos.

“Es una grave violación a los derechos humanos que requiere de la atención inmediata del Estado y de la sociedad” y se ha agravado debido a la “indiferencia de las autoridades encargadas de la seguridad en el país”, enfatizó Izaguirre en un comunicado. A la vez, recordó que el Estado de Honduras tiene “la obligación” de juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y de garantizar el derecho que tienen los familiares de conocer la verdad de lo ocurrido.

De acuerdo con las cifras presentadas por la representante, en ese período murieron de forma violenta 115 varones gays, 44 personas trans y 35 mujeres lesbianas. A esto se suma que se registraron tres desapariciones de personas LGBTI+, de acuerdo con el registro de la organización hondureña Cattrachas.

Sólo 23% de los asesinatos fueron judicializados y en apenas 13 hubo una sentencia condenatoria, lo que significa que 93% de los crímenes continúan impunes, apuntó Izaguirre. “Se observa que la judicialización de casos de personas LGBTI+ muertas en circunstancias violentas ha ido disminuyendo, situación que preocupa a la institución nacional de derechos humanos, que ve cómo de 13 casos judicializados en 2017, se redujo a un promedio de seis por año, desde 2018”, destaca el texto.

La mayoría de los casos ocurrieron en los departamentos de Cortés, ubicado al norte del país, y Francisco Morazán, en el centro, con 62 y 53 casos, respectivamente.

Caso ante la Corte IDH

En el comunicado, la titular del Conadeh también recordó a las autoridades hondureñas que el próximo mes vence el plazo para cumplir la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió en 2021 por el caso de Vicky Hernández, una mujer trans asesinada el 28 de junio de 2009 cuando se encontraba con dos compañeras en la vía pública de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país, mientras regía un toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado de ese día.

La corte llegó a la conclusión de que el Estado de Honduras es responsable de la muerte de Hernández en base a indicios que muestran que fue hostigada por agentes de seguridad estatales antes de que su cuerpo apareciera con una bala en la cabeza, lo que ocurrió “en un contexto de violencia y discriminación contra personas LGBTI+ en Honduras con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública” y “en el contexto del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009”, mientras “las calles estaban bajo control total de la fuerza pública”.

Las sanciones establecidas en el fallo incluyen la obligación de que el Estado continúe con “las investigaciones amplias, sistémicas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables del homicidio” de Hernández, reparación a familiares, la adopción de un protocolo de investigación durante los procesos penales para casos de personas LGBTI+ víctimas de violencia, y la implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra esta comunidad.

Además, la corte exhortó a Honduras a crear e implementar un “plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado”, con sensibilización específica sobre identidad de género, orientación sexual y diversidad.