El gobierno brasileño puso en marcha el Programa de Protección y Promoción de la Salud y la Dignidad Menstrual, que prevé la distribución gratuita de toallitas higiénicas a cerca de 24 millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. La iniciativa apunta a personas que están inscriptas en el Registro Único del Gobierno Federal e incluye a aquellas en situación de calle, en situación de pobreza y privadas de libertad, según señala el Ministerio de Salud en su página web. A la vez, abarca a quienes pertenezcan “a la red de educación pública estatal, municipal o federal, en todos los tipos de enseñanza, que pertenezcan a familias de escasos recursos”, detalla la cartera.

Los productos de gestión menstrual serán distribuidos en centros de salud, escuelas públicas y prisiones. El programa también establece la organización de campañas públicas para crear conciencia sobre la dignidad menstrual y “combatir la desinformación” al respecto.

Además, prevé la capacitación de funcionarias y funcionarios públicos para la difusión de información y servicios en la materia, “en forma de cursos cortos, preferentemente a distancia, y acciones de educación colectiva, respetando las realidades regionales”.

La ordenanza que establece los puntos prácticos para implementar el programa fue firmada por los ministerios de Salud, de la Mujer, Educación, Justicia y Seguridad Pública, Derechos Humanos y Ciudadanía, y Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre.

El Ministerio de Salud brasileño recuerda que la dignidad menstrual “es un tema que involucra aspectos de salud pública, educación, ciudadanía y autoestima” y asegura que “hay miles de personas que menstrúan sin acceso a toallas higiénicas”, lo que deriva en que “las niñas dejan de asistir a clases por vergüenza y las mujeres usan formas inapropiadas para contener el flujo, como papel higiénico e incluso migas de pan”.

Otro paso a favor de las mujeres

La semana pasada, el gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tomó una medida para reducir otra brecha de género al promulgar una ley que establece la igualdad salarial para hombres y mujeres que desempeñen las mismas funciones.

La normativa, que había sido aprobada por el Congreso a principios de junio, prevé mecanismos de transparencia y remuneración que tienen que adoptar las empresas, crea herramientas de fiscalización para garantizar su cumplimiento, y establece pesadas multas administrativas para quien viole la ley.

Según estadísticas oficiales recogidas por la agencia Efe, las mujeres representan 51,1% de la población brasileña, ganan 22% menos que los varones y sólo ocupan 37% de los cargos directivos en las empresas.