La ley integral de violencia basada en género, aprobada a fines de 2017, estableció, entre otras cosas, que el Estado debe garantizar la generación “de registros de datos cuantitativos y cualitativos sobre violencia basada en género” y, además, “coordinar con otros registros los criterios para el relevamiento y selección de datos sobre violencia basada en género”. Sin embargo, cuando hablamos del registro de femicidios específicamente, los criterios para el relevamiento parecen estar lejos de ser unánimes y hay una falta de coordinación entre los organismos estatales responsables de esta tarea y las organizaciones civiles que llevan adelante este tipo de trabajo.
La situación queda sobre todo expuesta en fechas emblemáticas como el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando organizaciones o medios de comunicación quieren hacer un repaso de la situación en el país y se encuentran con cifras dispares según quién haya hecho el relevamiento. Las discordancias suelen tener que ver con las diferencias conceptuales, metodológicas y de criterios. Así, por ejemplo, mientras que el Ministerio del Interior contabiliza los casos que la Justicia investigó como femicidios y que fueron aclarados, las organizaciones de la sociedad civil incluyen, además, en su registro otras muertes violentas de mujeres. Pero incluso entre las organizaciones hay diferentes clasificaciones, criterios y miradas.
En este escenario surgió la iniciativa Feminicidio Uruguay, con el objetivo de denunciar y visibilizar la problemática en el país por medio del monitoreo, la sistematización, el mapeo y la publicación de datos ante cada nuevo caso de femicidio. Los datos publicados incluyen el nombre y la edad de la víctima, la relación con el femicida, el lugar, la fecha y de qué manera fue asesinada, si había denuncia previa y la fuente de la que se obtuvo la información.
La idea se gestó en el marco del Primer Encuentro de Feminismos del Uruguay, en noviembre de 2014, y siguió adelante en 2015 en manos de la activista, investigadora y comunicadora Helena Suárez Val. Desde entonces, ella lleva adelante el registro por medio del monitoreo de medios. Los datos relevados no se limitan al año en el que empezó a funcionar el registro, sino que también incluyen las cifras de femicidio sistematizadas por la ONG Caminos desde 2001. Para Suárez, no se trata sólo de registrar para visibilizar y denunciar, sino para que la base de datos también sea “un memorial a las mujeres asesinadas por motivos de género”, según dijo a la diaria.
El informe El feminicidio en Uruguay. Datos que nos ayudan a dimensionar el problema. Experiencia de monitoreo y análisis de datos sobre feminicidios de dos décadas (2001-2022), publicado este mes, analiza todos los datos recogidos por la base de Feminicidio Uruguay de los femicidios de mujeres, niñas y adolescentes mayores de 11 años, ocurridos entre el 1º de marzo de 2001 y el 31 de diciembre de 2022. Es un trabajo que realizaron en conjunto Suárez e investigadoras de Autonomías Colectivas contra la Violencia de Género, un proyecto que llevan adelante las asociaciones El Paso y El Abrojo, con el apoyo financiero de la Unión Europea. El análisis brinda un panorama de la situación en estas dos décadas y permite indagar en características del fenómeno, así como notar algunas tendencias.
Uno de los principales datos que arroja es que, según la base de Feminicidio Uruguay, en las últimas dos décadas se registraron 615 femicidios de mujeres, niñas y adolescentes de más de 11 años. Esto implica que, en promedio, “cada 12 días fue asesinada una mujer por su condición de género”, señala el documento.
Algunas cuestiones metodológicas
El informe explica que el registro incorpora el concepto “feminicidio” en vez de “femicidio” por considerar que este término “nos obliga a examinar el contexto en el que se comete el asesinato de una mujer, a considerar la implicancia en el asesinato de una mujer de un sistema de género jerárquico y patriarcal, que avala la violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados y sostiene la impunidad con la complicidad y/o negligencia de los estados”.
Suárez explicó que el concepto que utiliza es el de “las muertes violentas de mujeres por razones de género”, porque es “el más amplio” y permite abarcar casos que van más allá de los crímenes en el marco de la pareja o expareja, “que son la mayoría en Uruguay, pero que no son la única forma de muerte violenta por razones de género”. En ese sentido, el documento detalla que Feminicidio Uruguay incluye “asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas, exparejas u otros familiares en contexto de violencia doméstica, asesinatos misóginos, asesinatos de mujeres trans, asesinatos sexualmente motivados, asesinatos de trabajadoras sexuales, suicidios en el marco de violencia de género y otras muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes relacionadas a la violencia machista”.
La base incluye, además, a niñas y niños que fueron asesinados por violencia vicaria. El texto especifica que también se incluyen algunos casos aún sin aclarar, pero que tienen características que “indican fuertemente que fueron feminicidios”.
La responsable de la base se guía por el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) que publicó ONU Mujeres en 2014, que explica “las características del femicidio” y da “las pautas de qué cosas se tienen que mirar”, explicó Suárez.
El informe aclara que, debido a que el registro se apoya en la cobertura en medios, el análisis “no representa la totalidad de los feminicidios de forma absoluta” y que “es posible, por ejemplo, que haya más casos que no están registrados en la base de datos”.
La comunicadora reconoce que se trata de un registro “imperfecto” e “incompleto”, porque entiende que muchos casos no llegan a la prensa, sobre todo cuando se trata de tentativas de femicidio –que ella empezó a registrar a partir de 2016–, así como otros episodios que forman parte del fenómeno de la violencia femicida. “El registro es una denuncia y está ahí para ser examinado, también para ser cuestionado, y espero que para generar justamente un debate y una conversación sobre el tema”, apuntó Suárez.
No son cifras, son mujeres
Una de las primeras observaciones del informe es que, si bien a lo largo de los años las cifras anuales varían, la tendencia para las dos décadas consideradas es “levemente creciente”. Las investigadoras aseguran que esto “podría estar relacionado a un aumento de la visibilidad de los casos en los medios o podría reflejar efectivamente un aumento real de los casos”, y que, en todo caso, “para profundizar, es necesario cotejar los datos de Feminicidio Uruguay con los diversos registros oficiales que publican las instituciones públicas”.
Para Suárez, este dato es el “más impactante”, porque “lo que salta a la vista es que [la situación] no cambia”. “Ha habido muchas acciones en el marco legal, ha habido pila de avances, pero este tipo de violencia, la violencia feminicida, parece que no la hemos socavado”, consideró la comunicadora.
En la amplia mayoría de los casos en los que se cuenta con información (81,4%), las mujeres asesinadas tenían una relación de pareja o expareja con su femicida, lo que confirma una vez más, como todos los estudios que existen sobre este problema, que los espacios más inseguros para las mujeres son los hogares. Otro dato que se destaca es que, al menos en la cuarta parte de los femicidios consumados en las últimas dos décadas, el agresor se suicidó o intentó hacerlo.
Respecto del área geográfica, la investigación muestra que los femicidios ocurridos en los últimos 21 años se concentran en Montevideo y Canelones (51,4%), los departamentos más poblados. Además, una importante proporción tuvo lugar en Maldonado (6,1%) y en departamentos de la frontera norte del país, como Cerro Largo (4,7%), Rivera (4,7%) y Tacuarembó (3,9%).
El promedio registrado de edad de las víctimas es de 37,5 años y casi la mitad de las mujeres eran jóvenes que tenían entre 19 y 39 años cuando fueron asesinadas (49,3%). Además, en 9,5% de los casos, las víctimas eran niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años.
Otro elemento que surge del análisis es que, de los casos en los que se registró el dato, más de la mitad involucró un arma de fuego (51,4%).
Por otra parte, el registro de Feminicidio Uruguay revela que, entre 2001 y 2022, hubo 13 transfemicidios. Aunque el informe asegura que “es escasa la información disponible” para estos casos y que “muchos de ellos no se aclaran”, de los pocos datos que existen es posible observar que las mujeres tenían en promedio 36 años cuando fueron asesinadas, menos que la media del total de casos (39 años). En tanto, en al menos tres transfemicidios se supo que el agresor era su pareja o expareja.
El documento recuerda que, a partir de 2016, la base comenzó a registrar los casos de intentos de femicidio, lo que “contribuye a tener una visión un poco más completa del fenómeno”. Así, señala que los registros de los últimos tres años dan cuenta de al menos 20 tentativas cada año, “por lo que la cifra de situaciones de violencia feminicida casi duplica a la de los feminicidios consumados”.
“Me empecé a dar cuenta de que, al enfocar solamente en los feminicidios consumados, no estaban visibilizándose todos los momentos en que una mujer se salvó de ser asesinada”, apuntó Suárez. “Por suerte, se salvan algunas mujeres, pero eso no quiere decir que no hubo un momento de violencia feminicida en el país, que también tiene que ser atendido y examinado. Ahí entra muchísimo más en juego la incertidumbre de los datos, porque ¿cuántos intentos de feminicidio se van a quedar en que la mujer fue al hospital, la curaron, se fue a su casa y nunca nos enteramos?”, planteó la comunicadora.
2022, un año particularmente violento
El informe dedica un apartado a los datos específicos de 2022, un año que, según dicen las investigadoras, “registró un importante aumento en el número de mujeres asesinadas por razones de género, haciendo aún más alarmante la situación de emergencia nacional”. En esa línea, aseguran que durante ese año se registraron 37 femicidios y al menos 21 tentativas. “Esta cifra marca un aumento de 23% en relación con la cantidad de feminicidios registrados en 2021, cuando fueron 30 las mujeres asesinadas por razones de género y al menos 23 los intentos de feminicidio”, puntualizan.
De ese total, 13 femicidios ocurrieron en Montevideo, mientras que cinco tuvieron lugar en Canelones. Los datos del año pasado tienen además un zoom en la capital del país, con cifras desagregadas por municipios y barrios, que permiten ver que hay una fuerte concentración territorial de femicidios en la zona noroeste-norte de la ciudad: los municipios A, D y G concentran casi 70% de los casos en Montevideo.
Este capítulo también hace referencia a algunos casos particulares que ocurrieron en 2022, como “la delicada situación de una joven que se suicidó en noviembre ante una situación de depresión, posteriormente a que fuera violada por tres policías de la Guardia Republicana”. También incorpora “la muerte de una mujer víctima de violencia de género que se encontraba ante el (des)amparo del Estado, al incendiarse el hotel de residencia para mujeres con hijas e hijos a cargo”. Acerca de este último caso, el texto señala que el registro incluye esta muerte como un femicidio porque era un “espacio alquilado por el Estado como respuesta a las mujeres madres víctimas de violencia con hijas e hijos”, “no se encontraba habilitado por Bomberos y sus pésimas condiciones habían sido denunciadas por residentes y el colectivo Ni Todo Está Perdido”, por lo que fue responsabilidad del Estado.
Al mismo tiempo, el análisis detalla que 2022 “será tristemente recordado por la impactante cantidad de feminicidios cuyos cuerpos fueron desmembrados y/o localizados en zonas de descarte”.
A esto se suma que el año pasado terminó con ocho asesinatos de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia vicaria.
Las investigadoras invitan a “desarmar” las cifras del informe, “trascender el dato” y pensar que “detrás de cada número hay historias de vida de mujeres que eran hijas, hermanas, madres, primas, amigas, ciudadanas”. “Quedarnos sólo con las cifras nos endurece en tiempos donde la sensibilidad e indignación para cada vida arrancada deben ser motor –dice el documento– para denunciar, exigir al Estado y a nuestra sociedad, pero también para desarmarnos social, colectiva e individualmente, y luchar contra un problema estructural como es el actual sistema social y de género patriarcal, que justifica y reproduce la violencia basada en género”.