Tres policías de la Guardia Republicana fueron denunciados por violar a dos mujeres en un patrullero en febrero de 2022. Tras denunciar el hecho, una de ellas se mató.
Las mujeres denunciaron que los policías las vieron en la calle y se ofrecieron a llevarlas a sus casas. Ellas accedieron, los policías se desviaron del camino que las llevaría a casa, en un baldío estacionaron el vehículo, y las violaron.
La Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 6º turno, a cargo de la fiscal Mariana Alfaro, asumió el caso. Los tres policías fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado y se dispuso su prisión preventiva por 180 días.
La Fiscalía pidió 18 años de prisión para los policías. Además, como penas accesorias solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la reparación económica a las víctimas y la inscripción en el registro de abusadores sexuales.
Según informó El Observador, en la última audiencia para extender las medidas cautelares, que en este caso era la prisión preventiva, el juez del caso, Alejandro Asteggiante, mismo juez que condenó a Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou, determinó que los imputados pasen a cumplir prisión domiciliaria en vez de esperar el juicio en la cárcel. La Fiscalía apeló, basándose en los riesgos procesales como argumento, y el Tribunal de Apelaciones accedió al planteo de Fiscalía y determinó que los policías vuelvan a la cárcel tras algunas semanas en su casa.
En los chats que trascendieron entre Astesiano y César Tourn, director de la Guardia Republicana, se hace referencia a este hecho de manera indirecta. Astesiano le avisa a Tourn sobre otro abuso sexual en el que cinco policías fueron acusados de violar a una mujer y le aclara que “este no es el caso de los que ya comieron”, en relación a este caso.
Tras hacerse público el hecho, en febrero de 2022, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que “de ser cierto, es muy grave, porque no solamente enchastra el uniforme policial sino que el ministerio, y en este caso yo mismo, me siento traicionado”.
En noviembre del año pasado, nueve meses después de haber realizado la denuncia, una de las víctimas se suicidó. Familiares aseguraron a El País que, luego de la violación grupal, la mujer, que tenía 21 años, recayó en una depresión de la que se venía recuperando, sufría de “fobia social”, “tenía ataques de pánico cada vez que veía un móvil policial” y “evitaba salir a la calle”. La abogada de la familia comunicó la muerte de la joven a la fiscal Fulvia Favretto. Según informó el citado medio en ese momento, la familia reclama que la carátula del expediente pase a ser homicidio culposo.