Que el salón Dorado de la Intendencia de Montevideo haya estado repleto a las 16.00 del viernes 8 refleja que la violencia cotidiana a la que están expuestas las infancias y adolescencias en el territorio preocupa mucho. Al menos a una parte de la población que, sensibilizada con el tema y ante la falta de asientos libres, participó en la discusión sentada en el piso o parada al fondo del salón.

En el primer Congreso Nacional de Infancias y Adolescencias, organizado por la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS), la mirada estuvo centrada en las niñas, niños y adolescentes, que, con sus remeras anaranjadas, fueron los protagonistas de la jornada. Los promotores de salud de PIAS, encargados de dinamizar las mesas y debates, propusieron actividades lúdicas para “romper el hielo” y, con una actitud contagiosa, alzaban un burbujero cada vez que un panelista superaba los 15 minutos de exposición, llenando de burbujas el espacio.

“Nos preocupan mucho las muertes de los gurises en los territorios”, dijo la psicóloga Fabiana Condon, para dar inicio a la moderación de la mesa redonda “Violencia en los territorios”, donde se expusieron diversas ópticas de un fenómeno en constante crecimiento en el país.

Durante el encuentro, los investigadores Mauricio Fuentes y Gabriel Tenenbaum abordaron la violencia letal, las masculinidades y los homicidios de adolescentes en territorios de alta criminalidad. La operadora social Ximena Giani habló sobre las adolescencias en conflicto con la ley penal, mientras que la abogada Soledad Suárez expuso sobre la violencia institucional en los casos de explotación sexual. Finalmente, el director de la asociación civil Cippus, Fernando Olivera, presentó un análisis sobre trabajo y explotación infantil.

Las cuadras más violentas

“Más de la mitad [51%] de las personas asesinadas en el mundo entre 2019 y 2022 tienen menos de 29 años”, aseguró Fuentes. Si se mira las tasas de homicidios en el mapa global, continuó el investigador, se observa que América Latina, sin estar pasando por una situación bélica como otros países, es la región más violenta del mundo.

En este contexto, si bien la tasa de homicidios de Uruguay está apenas por debajo de la tasa regional, en algunos barrios de Montevideo supera a la de los peores países de la región. Es más, “la evidencia muestra que el problema lo tenemos en dos o cinco cuadras de algunos barrios”, agregó. En esas cuadras que son más violentas que los países más violentos de la región más violenta, es donde la criminalidad se concentra y, por ende, donde se asesinan a los chiquilines.

“La última vez que pudimos acceder –sin ningún inconveniente– a los datos del Ministerio del Interior encontramos que entre 2011 y 2019 hubo un total de 90 homicidios contra personas de entre 14 y 17 años, y que 46% de esos asesinatos tenía un motivo desconocido como caratula en su parte policial”, dijo Fuentes. Es decir, para casi la mitad de los asesinatos de adolescentes en Montevideo de esos años, nadie sabe por qué se produjeron.

Además, 18% de los asesinatos se atribuyen a “venganzas y represalias”, 8% al “tráfico de estupefacientes”, 9% a “disputas o discusiones” y 20% a motivos variados como “violencia de género u homicidios como consecuencia de rapiñas”. Frente a los datos, Fuentes se cuestionó qué diferencias podría haber entre el tráfico de estupefacientes, las venganzas y represalias y el resto de los motivos.

Otros datos relevantes que aportó el investigador sobre los 90 homicidios de adolescentes: 85% fueron cometidos con armas de fuego, 92% de las víctimas eran varones y 51% de los casos no fueron aclarados en términos judiciales.

Una cuestión de reconocimiento

Si se sabe que la alta criminalidad se concentra en pocas cuadras de algunos barrios de Montevideo, Tenenbaum aseguró que no tienen “la foto”, sino “una larga película de violencia letal, homicidios, delitos contra la propiedad, hurtos”, entre otros delitos.

Lo que hay también es “una criminalidad concentrada en los débiles de poder” y, para el investigador, los delitos de los débiles de poder (o los eslabones más bajos del crimen organizado) tienen una correlación estrecha con la privación de derechos y un nivel educativo bastante bajo.

Tenenbaum, que se ha dedicado a investigar en profundidad qué hay detrás de la violencia letal contra adolescentes, explicó que esta no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior, sino con la cultura, y agregó: “La educación y el trabajo son los principales ascendentes de movilidad social; sin embargo, hace varias décadas que estos grandes ordenadores de la vida cotidiana se han desconectado de un conjunto de jóvenes” que viven en contextos críticos.

El investigador puso el “reconocimiento” en el centro y aseguró que es fundamental en la sociedad. Por eso dijo que “hay un grave problema en cómo se distribuye el reconocimiento entre los jóvenes, es decir, cómo se distribuyen los bienes simbólicos que permiten que los jóvenes se sientan integrados”.

Ante un “mercado del reconocimiento” que los expulsa, aseguró que los activos más inmediatos que tienen los jóvenes para encontrar la valoración son principalmente “la propia vida y el cuerpo”. Dos activos que en la criminalidad tienen un rol fundamental.

Pero también indicó que “el ejercicio de la violencia” es otro activo: “En la sociedad patriarcal en la que vivimos, ejercer la violencia es cumplir con el mandato, es un factor de integración social, es el activo disponible, lo que tengo a la mano. No tengo educación, no tengo trabajo, no tengo ingresos, pero tengo la violencia”. Sumado a esto, y para aportar una mirada de género –92% de víctimas de los 90 asesinatos fueron varones–, dijo que culturalmente el reconocimiento de las masculinidades se da a través de las violencias.

Tenenbaum sostuvo que desde 2018 tienen registro de esta violencia letal contra adolescentes y que ningún gobierno ha generado una política pública al respecto. Por su parte, Fuentes aportó algunas ideas para abordar la situación: regulación y monitoreo del uso y posesión de armas fuego, trabajar con los modelos de masculinidad, generar espacios deportivos y expresivos en los territorios que posibiliten la convivencia, y garantizar el pleno acceso a la Justicia para las víctimas.

Cargar con el estigma

La operadora social Ximena Giani, de la Asociación Civil Renacer, compartió dos historias de vida de adolescentes que pasaron por el Programa de Medidas No Privativas de Libertad para Adolescentes en Conflicto con la Ley, que lleva adelante su organización en convenio con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El recorrido de ambos adolescentes (varón y mujer) está signado por la violencia intrafamiliar, la precariedad, el conflicto con la ley y, en consecuencia, dificultades psicológicas o emocionales. Para Giani, estos jóvenes son “los indisciplinados, los que cargan con el estigma”. Además, al recorrido de violencias que ya los atraviesa, una vez que entran en contacto con la Policía y el sistema penal juvenil se les suma la violencia institucional. En esas instancias “tienen que contar quiénes les pegan y cómo les pegan”. En resumen, “cómo pasan de víctimas a victimarios”.

“En esos rostros y en esos cuerpos se resumen los discursos de odio y la cultura del miedo. Si la sociedad carga todo ahí, no tiene que hacerse cargo de sus propios miedos”, dijo la operadora social, quien aseguró que “lo que se está haciendo en nuestro país es pedir castigo en vez de oportunidades”. Una vez que en el salón Dorado empezaron a flotar las burbujas para indicarle que su exposición se había excedido de tiempo, Giani reflexionó: “Más burbujas y menos balas, por favor”.

Siguiendo esta línea, Condon recordó el reciente suicidio de Milagros Chamorro en la emergencia del Casmu, un caso que, además de la violencia sexual, sintetiza las violencias del sistema judicial y del sistema de salud a las que estuvo expuesta la joven. Es el epítome de la violencia institucional que derivó en un suicidio femicida más.

La abogada Suárez, reconocida por la defensa de adolescentes víctimas de explotación sexual en casos como Operación Océano o el del exsenador Gustavo Penadés, recordó que para comprender la explotación sexual (que es violencia sexual) y la violencia institucional, hay que comprender la violencia de género.

“La violencia de género se da en la discriminación. Parece innecesario que yo explique esto, pero en las audiencias de Operación Océano tenemos que discutir con los abogados más caros del país y explicarles que no tengo que ir a un medio de violencia, que si son niñas y niños, la violencia se da en el acto de violencia sexual que supone la explotación sexual”, explicó la abogada.

Suárez hizo hincapié en las batallas que tienen que dar en las salas de audiencia frente a algunos operadores del derecho que “no comprenden o no quieren comprender cuestiones muy básicas” sobre la violencia basada en género y generaciones.

Contextos inhabilitantes

Olivera, director de la asociación civil Cippus, aportó al debate una perspectiva que no se atiende en Uruguay: el trabajo infantil. Según señaló, la última encuesta que abordó el tema en el país data de 2010 y arrojó que 65.000 niñas y niños estaban en condiciones de trabajo infantil, aunque aclaró que, si se le sumaba el trabajo de cuidados y doméstico, eran casi 90.000.

Para comprender el trabajo infantil en el país, Olivera habló sobre lo que llamó “contextos inhabilitantes”, y se cuestionó en qué condiciones viven las familias de estas infancias. “Hay un desarrollo de las economías ilegales y el endeudamiento de las familias. Hay un mercado ilegal en el que se endeudan para comprar celulares, comprar un regalo o para acceder a la Justicia cuando un hijo cae preso”, explicó, y agregó que la situación es más difícil cuando son madres solteras.

Una vez que se endeudan, “van saldando de a 300 pesos por día o de diferentes maneras”. El director de Cippus afirmó que, si esa cadena de pagos se corta, la tiene que pagar alguien más de la familia: “Todas las familias quedan en un sistema de explotación y, si no estaban en lo delictivo, pasan a ser delictivas para pagar deudas con intereses salvajes”.

A su vez, Olivera ve con preocupación el uso de armas ilegales en el territorio, que las familias dicen que necesitan para protegerse. “En las fotos de los estados de Whatsapp de las familias con las que trabajamos hay fotos de niños de seis años con pistolas automáticas”, contó. Agregó que la organización que dirige está denunciando la presencia de armas ilegales en el país desde 2018, y que cuando radicaron la primera denuncia les dijeron: “Esto en sociedad civil no pasa”.

“Esas condiciones a las que quedan expuestas las familias en los territorios es donde se están desarrollando nuestras infancias. Condiciones de explotación y supervivencia extremas, donde la vida vale muy poco para algunos adolescentes”, apuntó. Para Olivera, el trabajo infantil nace desde la pobreza, la desigualdad, el crimen de Estado, la ausencia de espacios de cuidado y la informalidad. Lo que él reclamó es un Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil que aún no tiene ni miras de existir.

De terror

Una vez que concluyó la mesa redonda, mientras las personas se retiraban del salón, una trabajadora social y una profesora de teatro que trabajan en escuelas de contexto crítico compartían entre ellas vivencias y preocupaciones: que los chiquilines no tienen clases de teatro en la plaza porque hubo una balacera, que a la salida de la escuela está la Guardia Republicana con sus efectivos y sus camionetas, y que las maestras les piden a los gurises que no corran por el patio para que no se expongan a una bala perdida.