La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) identificó omisiones y “fallas en todos los niveles” de las obligaciones del Estado como garante de la protección de los derechos de niñas y adolescentes bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) en Rivera.
El organismo inició una investigación de oficio en julio tras conocer los casos de tres adolescentes del INAU que “presentaban indicadores de explotación sexual”. Una de ellas, la adolescente de 16 años, embarazada, víctima de explotación sexual en el marco de salidas no acordadas, que falleció después de que se le realizara una cesárea ante un parto prematuro; y otra que se encuentra desaparecida.
Con el involucramiento de la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención y la Unidad Especializada en Género, la INDDHH investigó la situación de 11 adolescentes, luego de que los tres casos iniciales evidenciaran la necesidad de ampliar la indagatoria.
En la resolución de la actuación de oficio se detalla que la investigación midió el grado de “cumplimiento o incumplimiento del deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia por parte de organismos del Estado”.
La indagatoria “revela omisiones y deficiencias por parte de organismos del Estado (INAU, ANEP, Mides, Poder Judicial, FGN, Ministerio del Interior y ASSE) para enfrentar la violencia y explotación sexual que sufrieron”, afirmó la INDDHH en un comunicado. Por todo esto, la institución considera que el Estado incurrió en violencia institucional y “puede ser responsable de faltas graves relativas a sus obligaciones ante el sistema internacional de derechos humanos”.
- Leé más sobre esto: Para la INDDHH, el Estado es responsable de desapariciones de niñas, niños y adolescentes al amparo del INAU por su respuesta “ineficiente”
La INDDHH concluyó que las respuestas del Estado ante situaciones de violencia sexual y la reparación del daño fueron insuficientes y omisas. Además, entiende que se tiene una “mirada recortada”, que no permite ver de manera integral la complejidad de las situaciones, por lo que se actúa “sobre un único síntoma”.
Sobre el caso de muerte materna de la adolescente
La resolución del organismo refiere “especialmente” al caso de la adolescente de 16 años de Rivera. Por un lado, se analizó el abordaje de la situación de “violencia y valoración de riesgo” de la adolescente. Se detectó la “existencia de factores de riesgos vinculados a situaciones de violencia familiar y violencia sexual de larga trayectoria”, a su vez las actuaciones de los organismos estatales involucrados se prolongaron desde 2011 a 2024, desde los dos a los 15 años de la adolescente. Sin embargo, “al momento del amparo, en 2023, no hay elementos que permitan afirmar que se hayan garantizado y protegido sus derechos”.
Además, la institución no pudo verificar que se haya desplegado una investigación “seria, imparcial y efectiva de los hechos informados en 2019 por la sede judicial a la Fiscalía General de la Nación, vinculados a posibles situaciones de explotación sexual”.
En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, la indagatoria acreditó “omisiones y dificultades en la articulación interinstitucional” durante los 14 días entre la detección del embarazo y la primera consulta médica, así como de las comunicaciones previas, durante y posteriores. Por otro lado, “no se valoraron los factores de riesgo preexistentes y la situación de trauma en la que se encontraba la adolescente desde una mirada integral que contribuyera a la protección de sus derechos”.
Por tanto, la institución entiende que hubo “ausencia de intervención ajustada a las guías” y presencia de “obstáculos institucionales” que omitieron” la existencia de un posible embarazo forzado, y por ende una maternidad forzada, que afectaría el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida”.
Recomendaciones de la INDDHH
La INDDHH propone en su resolución una serie de recomendaciones y “medidas orientadas a la corrección de las deficiencias detectadas”.
Ante la existencia de violencia institucional, la institución recomienda la intervención del Centro Adolescente Femenino de Rivera, a través de un equipo especializado. “La misma deberá ser comprensiva, centrada en las personas y orientada a transformar tanto las actitudes y comportamientos del equipo como las políticas internas del Centro, para asegurar un entorno libre de violencia”, ahonda en su resolución.
Como “medidas de reparación efectiva para las adolescentes” involucradas en esta investigación, el organismo recomienda a INAU, ANEP, ASSE, Mides, Poder Judicial y Fiscalía “realizar un plan integral para y con cada una de las niñas y adolescentes, que permita garantizar su derecho a un proyecto de vida digna”. Igualmente, les sugiere efectuar las investigaciones administrativas correspondientes “a los efectos de determinar las posibles responsabilidades de sus autoridades y funcionariado”.
A la Fiscalía “se le recomienda la investigación efectiva, seria y en un tiempo razonable, tendiente a identificar, imputar y, en su caso, sancionar a los responsables de los casos de explotación sexual denunciados por INAU”.
También se efectuaron una serie de recomendaciones con relación al abordaje del embarazo adolescente e infantil, destinadas a reforzar la atención a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y mejorar la respuesta ante embarazos forzados.