Primera aproximación a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales expone un abordaje “insuficiente” e “ineficaz”

Cada 7 de diciembre se conmemora el Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese marco, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) presentó esta semana el informe preliminar de una investigación que, por primera vez en nuestro país, busca profundizar en cuáles son las formas que adopta este fenómeno específicamente en los entornos digitales y cómo se aborda tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.

El estudio se basa en una encuesta realizada a 115 operadoras y operadores de primera línea que trabajan en instituciones con un rol central en la atención a infancias y adolescencias sobrevivientes de explotación sexual comercial –en cinco ámbitos: protección, educación, salud, Justicia y sociedad civil–, y que hayan tenido contacto directo con al menos un caso.

Los resultados arrojan luz sobre las características principales de víctimas y victimarios, las modalidades más identificadas y las barreras para acceder a la Justicia. A su vez, dibujan un panorama del alcance de la respuesta que hoy brindan los organismos públicos. En ese sentido, una de las principales conclusiones del documento, al que accedió la diaria, es que “nuestro sistema de protección a la infancia es claramente insuficiente e ineficaz para enfrentar los desafíos del presente”.

Otro elemento que surge es que, en consonancia con lo que pasa en otros países, es muy difícil separar la explotación sexual comercial en línea de la que no es en línea, porque el fenómeno “se presenta cada vez más de formas conjuntas”. Un dato que lo refleja es que 95,6% de quienes participaron en la encuesta consideró que el papel de los entornos digitales en la facilitación de las situaciones de explotación sexual comercial ha sido “muy importante” o “importante”.

El informe, titulado Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales en Uruguay, fue realizado por Manuela Costa, Pablo López y Juliana Artola, integrantes del Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología (Universidad de la República), y contó con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas.

Víctimas y victimarios

Las operadoras y operadores aseguraron que la mayoría de los casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en línea tiene como víctimas a mujeres de entre 14 y 18 años (76,5%). Si bien la proporción de víctimas varones de esa franja etaria es considerablemente menor, el estudio revela que es mayor cuando el fenómeno se da en línea (17,4%) que cuando es fuera de un entorno digital (13,9%).

Ante la consulta de cuáles son los principales factores que aumentan la vulnerabilidad de las infancias y adolescencias a ser explotadas sexualmente en línea, mencionaron el acceso a la pornografía (80%), el mayor acceso a tecnologías y a internet (74%), ser víctima de violencia intrafamiliar (70,4%), vivir en situación de pobreza extrema (70%) y abandonar la escuela o el liceo (60%).

Al indagar sobre qué diferencias existen en materia de vulnerabilidad entre la explotación sexual comercial en línea y la que no es en línea, la mayoría coincidió en que los entornos digitales “favorecen una expansión de la vulnerabilidad” debido a “su amplio alcance” y a la “escasa supervisión adulta, lo que aísla a las niñas, niños y adolescentes en sus prácticas”. Además, el estudio concluye que los espacios virtuales “generan mayores posibilidades de revictimización y menor posibilidad de detección”.

Respecto de los agresores, el equipo de investigación los distingue entre perpetradores (que son los que cometieron y/o fueron condenados por cometer delitos sexuales contra infancias y adolescencias) y facilitadores (los que ayudan a cometer los delitos).

La mayoría de las personas encuestadas reportó que todos los casos de explotación sexual comercial en línea (27%) o la mayor parte (41%) tuvieron un perpetrador o facilitador masculino. La participación de mujeres “es mucho menor que la de los varones en ambos roles, aunque aparecen más como facilitadoras que como perpetradoras”, especifica el documento.

A la hora de consultar por el tipo de vínculo más frecuente entre víctima y agresor, la mayoría mencionó padre/madre o madrastra/padrastro como principal perpetrador (30%). De igual manera, se identificó como vínculo más común entre facilitador y víctima el de padre/madre o madrastra/padrastro (42%), seguido por una persona adulta de su comunidad conocida de la víctima (21%).

El informe advierte que estos resultados pueden tener un sesgo vinculado a que las y los trabajadores de primera línea atienden, en general, situaciones relacionadas a los entornos familiares y comunitarios de niñas, niños y adolescentes. Pese a eso, plantea que el dato “marca una realidad clara y compleja” que es que “la familia es un escenario peligroso para gran parte de los niños que sufren explotación sexual comercial”. En contrapartida, la información obliga a “relativizar la afirmación extendida de que los entornos digitales acercan a niñas, niños y adolescentes mayormente con desconocidos”.

Modalidades identificadas

El equipo de investigación aclara que si bien este estudio preliminar no puede –y no pretende– reflejar cuál es la prevalencia de cada forma de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, los datos recabados permiten ver qué modalidades son atendidas por las y los operadores de primera línea en el país.

Así, identificaron en mayor proporción las situaciones de encuentros con niñas, niños y adolescentes –captados por medios digitales– para la explotación sexual comercial de la persona que hizo el contacto o para terceras personas. Le siguen las situaciones de obtención online y venta de material sexualizado autogenerado por las infancias y adolescencias en el marco de un vínculo con su agresor, y, en menor medida, los encuentros con las víctimas –siempre captadas por medios digitales– para la producción de material de abuso sexual para su comercialización.

Además, si bien la proporción es menor al resto de las modalidades, surge que 35% de las personas encuestadas han atendido al menos una situación de secuestro de niñas, niños y adolescentes captados en espacios virtuales para su explotación sexual comercial.

“Estos datos muestran que las formas más extendidas de explotación sexual en entornos digitales que se recogen en la literatura internacional están presentes en el país, lo cual señala la importancia de generar políticas agresivas para enfrentar el fenómeno”, apuntan los investigadores, que justamente el año pasado presentaron un estudio que analiza la bibliografía internacional sobre este tema particular.

Denuncias y judicialización de los casos

Según lo que reportaron quienes participaron en la encuesta, poco menos de la mitad de los casos con los que tuvieron contacto fueron denunciados (45,1%). De ese total, 34% fueron investigados y apenas 9,2% implicaron una condena.

Frente a la pregunta de cuáles son los factores que dificultan presentar una denuncia de explotación sexual comercial en línea, mencionaron que, para las víctimas, el principal motivo es el miedo a la represalia (92%), seguido por la dificultad para reconocer el delito (84,4%), la creencia de que denunciar no tendrá efectos (67,8%) y el deseo de evitar la identificación como víctima por su comunidad (65,2%).

Una respuesta “pobre” y “deficiente” del Estado

La enorme mayoría de las personas consultadas evaluó la calidad y disponibilidad de los servicios de apoyo a víctimas como “malas” o “muy malas”. Los servicios mejor valorados son los que brindan apoyo psicológico a sobrevivientes y los peores valorados los que tienen que ver con la reparación.

Detrás de esta mala evaluación, identificaron especialmente la “ausencia de priorización por parte del Estado” (71,3%), aunque también la falta de un sistema de protección integral a la infancia (67,8%), la baja calidad de los servicios (66,1%) y la poca formación de los equipos técnicos que trabajan ahí (62,6%).

En esta misma línea, la mayoría consideró que todas las acciones gubernamentales para abordar el problema son de una calidad “pobre” o “deficiente”. La peor evaluación fue para el desarrollo de discursos públicos para poner en agenda el tema, la persecución del delito, el financiamiento de proyectos e instituciones, y el abordaje de contextos que habilitan la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

“La conclusión general más importante es que nuestro sistema de protección a la infancia es claramente insuficiente e ineficaz para enfrentar los desafíos del presente”, sintetiza el informe, y agrega que es un sistema que “no logra instalarse a sí mismo como una prioridad para la sociedad”, lo que genera que “las acciones de respuesta de cada actor involucrado sean parciales, poco coordinadas y, finalmente, insuficientes”.