El 19 de marzo, el movimiento nacional Justa Libertad se presentó ante la Corte Constitucional de Quito, Ecuador, para interponer una demanda por la despenalización del aborto. El objetivo es que se declare la inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, que prevé condenas (de entre seis meses y dos años) de cárcel para las mujeres que se practiquen un aborto o permitan que otro se lo realice, y de entre uno y tres años para las personas que ayuden a abortar.

El proceso se hermana con Causa Justa, el movimiento que en 2022 logró la despenalización (hasta la semana 24) en Colombia. La criminalización de las mujeres es mucho más grave en un país en el que el crimen organizado y la militarización afectan a las mujeres y ponen barreras para acceder a los servicios de salud o hacen de la cárcel un infierno donde la tortura, el hambre y la trata son condenas extendidas para las condenadas por abortar o perder un embarazo, con pruebas tan falsas y conservadoras como penar a una mujer por no llorar o por no ser monógama.

Justa Libertad está integrado por ocho organizaciones sociales. La portavoz es Ana Cristina Vera Sánchez, que es abogada, socióloga y coordinadora de litigio estratégico del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos (Surkuna). Ella fue impulsora de la Línea de Información de Aborto Seguro Salud Mujeres y de las líneas de información sobre aborto seguro de Argentina, Chile y Perú. Fue coautora de la Guía de práctica clínica para la atención del aborto terapéutico (2015) de Ecuador. También fue una de las fundadoras de las Comadres, red de acompañamiento en aborto seguro. Además, trabaja en la defensa legal de mujeres criminalizadas por aborto, parto o episodios obstétricos.

“El Movimiento Justa Libertad es una iniciativa del movimiento de mujeres que recoge toda la historia de trabajo y de lucha en Ecuador y que lo que quiere es la eliminación del delito de aborto. Es un proceso que nace de muchos diálogos entre distintas organizaciones que decidimos hacer esta iniciativa porque vemos que las causales son ineficaces y que generan un problema de injusticia social y de falta de acceso para las mujeres más marginadas y con mayores niveles de empobrecimiento. La única posibilidad real de que la salud reproductiva sea garantizada con justicia social es que este delito se elimine”, acentúa Ana Vera, con energía, con convicción, con la experiencia de tejer redes y con la desesperación de ver a mujeres encarceladas en un país en donde sube el peligro real pero se ficcionaliza que las mujeres son peligrosas.

En Ecuador el aborto está prohibido, pero está permitido si corre riesgo la vida o la salud de la mujer y si hubo violación. En 2021 la corte sentenció que una mujer abusada podía acceder a un aborto. “Antes, esta causal sólo existía para mujeres con discapacidad intelectual, y logramos que se ampliara para todas las mujeres, niñas y personas gestantes. Sin embargo, venimos trabajando durante más de diez años en que pueda existir implementación de las causales, en que cualquier persona gestante pueda acceder. Pero en Ecuador la causal salud se interpreta de una forma súper limitada. Y, a pesar del trabajo para que el acceso a las causales se amplíe, vemos que esto no sucede. Por eso, decidimos hacer esta presentación”, explica Ana Vera.

¿Por qué el aborto por causales no alcanza?

La existencia del delito genera mucho temor en los profesionales de la salud, y la causal salud y/o vida sólo se garantiza cuando hay riesgo vital, en un 4% de todos los casos de abortos.

¿Qué pasa con el acceso de las mujeres al aborto si fueron abusadas?

Desde que tenemos la causal violación, se generaron múltiples barreras. Es así que desde 2021 solamente 93 mujeres han accedido en un país donde las tasas de violencia sexual son altísimas [seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia sexual] y donde muchas de estas violaciones terminan en embarazos. Pero hay estigma contra ellas y, prácticamente, se les fuerza la maternidad. Es por eso que consideramos fundamental la eliminación del delito como una cuestión de justicia social pero, además, frente a un escenario que nos ha permitido ver que las causales son absolutamente restringidas por el Estado.

En los últimos meses se conocieron situaciones de avance del narco muy graves en Ecuador, con el atentado al candidato presidencial Fernando Villavicencio el 10 de agosto de 2023 y con la irrupción de un grupo armado en un canal de televisión el 9 de enero de 2024, entre otras. ¿Cómo afecta la violencia del crimen organizado los derechos sexuales y reproductivos?

Esto es súper clave, por eso lo decidimos en este momento; porque estamos listas, porque creemos que es urgente, pero también porque estamos atravesando una situación muy compleja como país con la violencia y el crimen organizado, que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y a las personas gestantes. Hay un aumento desproporcionado de la violencia sexual por parte de los grupos de delincuencia organizada. Se registran, incluso, casos de trata para la explotación sexual de niñas y adolescentes en las provincias que más están tomadas por la delincuencia organizada, y la práctica de violencia sexual continuada y sistemática que implica la trata termina en embarazos no planificados y en una falta de acceso de niñas súper empobrecidas a los servicios de salud. Por otro lado, lo que nosotras vemos también es que existen “fronteras invisibles”, haciendo alusión a lo que pasaba en la Medellín [Colombia] de Pablo Escobar.

¿Qué son las fronteras invisibles y cómo afectan a las mujeres que necesitan traspasar esas fronteras para recurrir a un centro de salud por un aborto?

Si bien no existe una frontera ni una prohibición de ir a determinado lugar, si ese lugar está tomado por una banda de la delincuencia organizada y vives en un barrio que está tomado por otra banda de la delincuencia organizada, eso impide que puedas hacer ese traslado porque implica un riesgo de vida para ti.

¿Si hay un centro de salud en un barrio que es de otra banda ahí no podés ir?

Exacto. Y lo que pasa, sobre todo, es que el aborto sigue siendo un delito y se lo ve como un proceso de extremo riesgo cuando en realidad la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es muy sencillo y se puede resolver en bajos niveles de complejidad en salud. Pero lo que pasa en Ecuador, en provincias como Esmeraldas, que es la que más sufre la delincuencia organizada, es que los centros de salud no lo quieren atender porque tienen miedo de ser criminalizados si el proceso no sale bien, y todo lo mandan al hospital que está en un barrio tomado por determinados grupos de la delincuencia organizada, al cual no pueden llegar mujeres y niñas de otros barrios. Entonces eso genera una barrera sumamente fuerte en la disponibilidad del servicio, que hace que tengan que trasladarse a otras ciudades para poder acceder, con todo lo que implica en materia económica.

¿Hay mujeres encarceladas por abortar en Ecuador en este contexto tan violento?

Sí, se registra una cantidad de mujeres que van a la cárcel, y eso es más grave en un contexto donde hay masacres carcelarias impulsadas por la delincuencia organizada, un uso abusivo de las fuerzas militares dentro de las cárceles y denuncias de tortura. No sólo van a la cárcel, sino a un sistema carcelario extremadamente violento.

¿Se criminalizan situaciones obstétricas por abortos espontáneos o muertes en el parto?

Sí, por situaciones obstétricas que han sido calificadas no como aborto sino como asesinato u homicidio. Yo soy defensora de varias mujeres, y cuando voy a la cárcel recibo denuncias de trata para la explotación sexual dentro de los centros penitenciarios. Los hombres que controlan los centros las eligen y las obligan a prostituirse. Estamos en una situación sumamente compleja de desprotección de los derechos humanos de las mujeres.

¿No es sólo una demanda de despenalización, sino una demanda de no condenar a las mujeres a cárceles tomadas por el crimen organizado donde las mujeres están presas del propio crimen, que las toma como objetos sexuales para ser violentadas?

Sí, este es un fenómeno nuevo que nace de la toma de los centros penitenciarios por parte de la delincuencia organizada y de la pérdida de control del Estado. En las cárceles hubo asesinatos sistemáticos a más de 700 personas y las mujeres denuncian ser víctimas de explotación sexual. Ellas cuentan que las ven desde la cárcel de hombres, que están al ladito, es el mismo edificio (solamente es una infraestructura separada); las seleccionan, las buscan, las llevan y las obligan a tener relaciones sexuales con la persona que pagó por sus servicios. Pero no es algo de lo que ellas tienen voluntad, sino que simplemente no pueden decir nada. No es trabajo sexual, esto es trata para la explotación sexual en un contexto de coerción. Están tan coaccionadas porque las pueden matar que no pueden decir no. No pueden poner resistencia ni las presas, ni las agentes, enfermeras, médicas u otras mujeres que trabajan en los centros penitenciarios. Los militares tomaron el control de los centros hace aproximadamente dos meses y hay otras formas de tortura como que no les dan de comer, les echan gas, les tiran la comida en el piso, y otras formas de violencia contra las mujeres presas ejercidas ya por las fuerzas represivas del Estado.

¿Un contexto de cárceles tomadas por el crimen organizado y los militares con torturas, trata y violencia sexual genera mucho más urgencia en despenalizar el aborto?

Sí, para el Movimiento Justa Libertad es fundamental eliminar el delito de aborto por toda esta situación y porque uno de los defectos más fuertes y graves de la penalización es el estigma que hay sobre aborto, que hace que cualquier mujer que llegue a un servicio de salud es sospechosa de haberse practicado un aborto y, si no actúa como los profesionales de salud esperan que actúe, con base en un estereotipo de género, esa sospecha se potencia. Nosotras tenemos mujeres que han sido denunciadas porque no actuaban como el profesional de salud pensaba que debía actuar una mujer que está viviendo una pérdida espontánea. La criminalización de complicaciones obstétricas es un factor esencial en todo el estigma que existe alrededor del aborto y de los procesos reproductivos de las mujeres. Y, por supuesto, eliminar el delito de aborto lo que va a hacer es que haya posibilidad de sensibilizar a los profesionales de salud para que tengan menos miedo de atender a las mujeres que llegan con estas complicaciones. Yo defiendo a una mujer que fue denunciada porque no lloraba. Los peritos dicen que ella estaba shockeada por lo fuerte de la situación, pero como su embarazo se dio en una situación de adulterio es condenada sin pruebas.

¿Una mujer es condenada a una cárcel en donde puede ser violada, torturada y prostituida porque no llora o tiene un amante?

Sí, exactamente así. Su nombre protegido es Nati, y vamos a empezar una campaña fuerte para que la Corte Constitucional pueda conocer su caso. Ella tuvo una emergencia obstétrica en casa y fue condenada a 22 años de prisión. Logramos reducir la pena y ella está condenada ahora a 14 años, porque le dieron un atenuante porque estaba totalmente shockeada y no se había considerado en primera instancia. Sin embargo, en el caso de Nati, todas las pruebas actuadas son sumamente ilegales. Las violaciones al debido proceso que se dan en los casos de las mujeres criminalizadas por complicaciones obstétricas o por aborto no se dan en ningún otro caso. La historia de Nati es espeluznante, pero sólo es un ejemplo de lo que viven las mujeres que son penalizadas por abortos. Tanto los operadores de justicia como los operadores de salud lo que hacen es usar el delito penal de aborto para castigar y corregir el comportamiento de las mujeres. Por ejemplo, incluso cuando les dan suspensión condicional de la pena, que es que no vayan a la cárcel, les ponen penas como ir a cuidar un orfelinato a ver si desarrollan el instinto maternal. Por eso, eliminar el delito es fundamental porque la penalización permite la reproducción de los patrones socioculturales discriminatorios.

Las Bravas es un espacio de la diaria Feminismos que busca amplificar las voces y experiencias de mujeres feministas que están cambiando la historia en América Latina. Está a cargo de Luciana Peker, periodista argentina especializada en género y autora de Sexteame: amor y sexo en la era de las mujeres deseantes (2020), La revolución de las hijas (2019) y Putita golosa, por un feminismo del goce (2018), entre otros libros.