“Uno de los debates que tienen los feminismos en el presente es el del punitivismo, el debate que nos sitúa críticamente en sociedades que, en lugar de ampliar derechos, amplían delitos”, explica la filósofa española Clara Serra en su podcast El sentido de consentir. “Una sociedad punitivista es la que piensa que todo daño tiene que tener como correlato un delito y es la que acaba creyendo que, si no hay delito, no ha habido ningún daño”, agrega.

La semana pasada se realizó el panel “Los feminismos como herramienta para pensar el conflicto social afuera de la caja punitiva” en el Espacio Cultural Recreo, en Ciudad Vieja, como parte de una serie de charlas que se titularon “Democracia en tiempos de crisis, soberanía en tiempos de oportunidad”.

El evento fue impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo con el fin de promover discusiones sobre el respeto a los derechos humanos, la defensa de lo público, la importancia de construir alternativas de poder que no vayan en detrimento de la vida de los pueblos y el avance hacia políticas de transformación ecosocial.

En el panel sobre las herramientas feministas para pensar el conflicto social por fuera de lo punitivo hablaron Florencia Lemos de la organización Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la abogada feminista Valentina Piquinela, y Lucía Naser y Ana Clara Puig del colectivo Fugas Colectivas.

Cada una aportó una mirada crítica sobre una tendencia que se mantiene en la región: el aumento de penas, la creación de nuevas cárceles y de nuevos delitos, la adjudicación de mayores potestades a la Policía, una sociedad que reclama cada vez penas más duras y el aumento de mujeres privadas de la libertad.

Según aseguraron, el feminismo invita a pensar críticamente este sistema de políticas punitivistas.

El lugar de las mujeres privadas de la libertad

La población de mujeres privadas de la libertad en Uruguay es reducida en comparación con la de los hombres, pero va en aumento desde la década de 1990 debido al reforzamiento de las penas por los delitos asociados a la venta de drogas, explicó Lemos.

A su entender, “las mujeres y los hombres jóvenes son el eslabón más débil de la cadena del tráfico de drogas”.

Previo a la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC) en 2020, las organizaciones de la sociedad civil ya advertían cómo el artículo 74 de esta norma, que propone un agravante por la venta de drogas en el hogar y por su suministro en las cárceles, iba a aumentar el número de mujeres procesadas por estos delitos. Son ellas quienes mayormente ingresan drogas a la cárcel, ya que representan 77% de quienes lo hacen, según el Informe Derechos Humanos en Uruguay 2023 de Serpaj.

Por eso, Lemos cuestionó: “Este artículo tiene una connotación patriarcal imponente y un disciplinamiento de las mujeres. Yo me pregunto: ¿estamos penando el tráfico de drogas o estamos penando a la mujer por meterse en cuestiones que no están dentro de lo que se espera socialmente de una mujer?”.

El aumento de mujeres privadas de la libertad es notorio, según explica Lemos en el informe de 2023 de Serpaj. En 2020 había 623, mientras que para junio de 2023 esta cifra casi se duplica, alcanzando las 1.074.

Si bien la población femenina en cárceles representa sólo 7% de la población carcelaria total, su aumento va a un ritmo de 26%, mientras que la población masculina va a un ritmo de 10%.

Entonces, “las cárceles son espacios pensados por y para hombres, pero cada vez tienen a más mujeres por delitos menores y no violentos como es la transacción de drogas”, dijo la integrante de Serpaj.

Ella reflexionó sobre la “triple condena” que se comete contra las mujeres cuando se las encarcela: la condena por el delito que cometió; la condena por “ser pobre” o la “criminalización de la pobreza” (“90% son madres, por lo que se vinculan a redes de microtráfico como estrategia para proveer a sus familias”); y la condena por ser “mala mujer y no quedarse en casa”.

Lemos aseguró que el feminismo ayuda a visibilizar las condiciones de las mujeres que son el eslabón más vulnerable frente a esas penas, y a pensar cómo se puede criticar un sistema punitivista.

Un caso más

En enero de 2024, en Punta del Diablo, una mujer fue condenada a dos años de penitenciaría por tráfico de drogas. El caso se mediatizó, en parte, porque vendía marihuana en la playa para sostener a las dos hijas adolescentes que tiene a su cargo, según dijeron sus vecinos a los medios. La discusión pública sobre si la pena que se le impuso fue muy dura quedó instalada.

La abogada que logró que a la mujer le dieran la prisión domiciliaria antes de concluir la pena en la cárcel fue Piquinela. “Desde la imputación misma de este caso podemos empezar a hablar de por qué es necesaria una perspectiva feminista para abordar estos casos”, dijo durante la actividad.

Ella hizo hincapié principalmente en la separación del núcleo familiar cuando se encarcela a una mujer que es madre, principalmente si es madre soltera, y cómo se afectan los derechos de las infancias.

“En cada oportunidad en que el Estado puede invisibilizar las voces más vulnerables lo hace y de la forma más cruda”, explicó Piquinela. Ella narró que la detención de la mujer en Punta del Diablo fue hecha en su casa, en horario nocturno y en presencia de sus hijas. A la mujer le colocaron esposas y le allanaron la casa. “Sometieron a dos niñas a sufrir esa violencia institucional que hasta hoy las acompaña”, cuestionó.

“Esto es muy importante. Cuando hablamos de que las cosas no funcionan bien, nos encontramos con estos excesos que sólo reafirman que yo puedo, controlo, reafirmo. Es una violencia estructural y es responsabilidad del Estado”, aseguró la abogada. También comentó que existe un protocolo de actuación que es obligatorio aplicar cuando hay una detención en presencia de infancias, pero que no se aplica.

Luego contó que, en el caso de Punta del Diablo, dos vecinos llegaron a la casa de la mujer que estaba siendo detenida para asistir a las niñas y hacerse cargo de ellas. Más allá de la buena voluntad de esos vecinos, la abogada aseguró que a nivel de las autoridades no hubo control ni registro de quiénes eran. “Cuando en estos casos hay niños, la perspectiva de género es la única mirada posible”, agregó.

Según datos de Serpaj, 42 niñas y niños vivían con sus madres en la cárcel en 2023. En tanto, 16.010 niñas, niños y adolescentes que no viven en cárceles tienen al menos a uno de sus progenitores privados de libertad, de acuerdo con los últimos datos de la Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Referentes Adultos Privados de Libertad, que datan de 2019.

Las fugas al sistema punitivista

Fugas Colectivas nació en febrero de 2023 como un espacio donde accionar y reflexionar en torno al antipunitivismo y la búsqueda de otros horizontes de justicia. En diálogo con la diaria, sus integrantes dijeron que llevan adelante una búsqueda por desenmarañar los problemas de la lógica punitiva y por construir otras formas de encarar la violencia y el conflicto que desborden la cultura del castigo. En ese camino se cruzan con las luchas de los transfeminismos; las luchas por memoria, verdad y justicia; los anarquismos; y las luchas antimanicomiales.

“Nos interesa cuestionar la conflictividad social, no sólo la penal”, dijeron durante la charla organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo. Y aseguraron que el antipunitivismo desde una perspectiva feminista pone en el centro el cuidado colectivo, así como ayuda a ver a las violencias y al conflicto en su contexto histórico, más allá de las miradas universalizantes, homogéneas e individualizantes.

Esta perspectiva, según dijeron, les permite pensar la violencia y los conflictos desde el daño que se realizó, buscar cómo repararlo, a qué personas o herramientas se puede involucrar, y cómo hacer que prevalezca la responsabilidad colectiva durante todo el proceso.

También les permite criticar los efectos que tiene la lógica del castigo y el encierro sobre las personas presas, sobre sus familias, sus redes de cuidados, y sus comunidades. Desde el colectivo se han cuestionado qué trampas hay detrás de las respuestas penales: “La Policía y la represión nos prometen seguridad y sólo aumentan la violencia, porque en general no logran abordar la violencia machista”, agregaron. A su vez, hicieron hincapié en la “distribución desigual del castigo”, que afecta principalmente a personas racializadas y en situación de pobreza.

Para Fugas Colectivas, el sistema punitivo “nos expropia la posibilidad de dar nuestros propios conflictos”. El desafío es el de “situarnos (cada vez) como protagonistas de las problemáticas y violencias que atravesamos tanto comunitaria como personalmente”, plantearon.

De todas formas, consideraron que los feminismos han creado y probado distintas herramientas para encarar la violencia y el conflicto. Así, se refirieron a “la organización colectiva, las redes de apoyo y colaboración, la escucha, la posibilidad de reconocer la complejidad y las paradojas en las que nos colocan permanentemente los sistemas de castigo de nuestras sociedades contemporáneas bajo el capitalismo racial, la posibilidad de imaginar salidas diferentes a las convencionales, la posibilidad de desobediencia y cuestionamiento al poder”.

Cuando está por terminarse mayo, mes de la memoria, las integrantes de Fugas se cuestionaron el significado de las palabras “justicia”, “castigo”, “perdón”, “olvido”, e invitaron a resignificarlas de manera colectiva y desde una mirada actual.

A su vez, plantearon una “justicia alternativa como forma posible de participar en ella y no sólo ser espectadores y esperar lo que dice el juez de Familia, cuestiones que nos parecen tan lejanas. ¿Qué tipo de justicias podemos activar en los colectivos que integramos? En mayo, nos preguntamos: ¿cuáles son nuestras memorias antirrepresivas y qué memorias reprimidas tenemos?”.

El colectivo está armando un archivo con escenas de resistencia o antirrepresivas, que pueden ser desde “una situación en el recreo en la escuela, una discusión con una expareja o una movida entre amigas, para generar un diálogo”. Reciben imágenes, objetos y piezas gráficas o sonoras hasta el 10 de junio a través del correo [email protected].