“Todo fue por justicia”, dijo el uruguayo Pablo Laurta en las primeras declaraciones públicas que hizo después de ser detenido e imputado por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, y el homicidio de Martín Palacio, el fin de semana pasado, en Argentina. También por el secuestro de su hijo, que hace unos días cumplió seis años. La investigación judicial reveló en estas horas dos elementos cruciales: uno, que el crimen contra Luna y Mariel fue minuciosamente planificado; dos, que no era su primer intento de atentar contra la vida de la mamá y la abuela de su hijo, pese a que la expareja lo había denunciado por violencia de género y había una orden de restricción (ver recuadro).

Otro dato que trascendió es que Laurta es el fundador de Varones Unidos, un grupo que se presenta como “defensor de los derechos humanos de los hombres”, pero que, en definitiva, se dedica a la difusión de contenido antifeminista y misógino en las redes sociales. Esto es particularmente importante porque, en este contexto, su caso ilustra de forma muy explícita cómo los discursos de odio contra las mujeres no quedan en el plano simbólico, en la palabra dicha o escrita, sino que habilitan el ejercicio de violencias reales, como viene advirtiendo el movimiento feminista desde hace años.

Esto no significa que todos los que integran estas comunidades o escriban mensajes misóginos en las redes sociales vayan a ejercer algún tipo de violencia o sean potenciales femicidas. Sin embargo, “sí hay evidencia que sugiere que este discurso aumenta el riesgo de agresiones, porque se está legitimando el objetivo”, señaló a la diaria Marcela Schenck, magíster en Ciencia Política y coautora junto con Paulo Ravecca de la investigación ¿Qué es lo que están haciendo bien? La interseccionalidad de la derecha en Twitter en América Latina (2022), que analizó los discursos de la extrema derecha en esa red social que hoy se llama X.

El caso también sirve para analizar una coyuntura política, social e incluso económica en la que esta retórica resurge con más fuerza y a la vez gana más adeptos. Evidencia, además, por qué de alguna forma el antifeminismo ya no es sólo una característica común de estas organizaciones y actores o una declaración de principios, sino que se empieza a consolidar como una identidad política, que trasciende la concepción más tradicional de hacer política y también a los partidos, aunque a veces les sirvan de medio para un determinado fin. Así, el antifeminismo se convierte en una “especie de faro que marca el norte a donde ir”, sin importar mucho “las alianzas que vayan tejiendo y con quién las vayan tejiendo en el camino”, profundizó con la diaria el antropólogo social Pablo Camacho, que centró su tesis de grado en Varones Unidos.

Varones Unidos: alegatos, estrategias y objetivos

La agrupación que fundó Laurta hace una década fue una de las que comparecieron en el Parlamento para defender la ley de corresponsabilidad en la crianza (también conocida como ley de tenencia compartida) y en el último tiempo es una de las organizaciones que se ha dedicado a promover el relato de que existe un “fenómeno” de denuncias falsas por violencia de género, a su entender facilitado por la Ley 19.580, que buscan modificar o directamente derogar, como reveló una investigación periodística de la diaria publicada a fines de junio.

La defensa de la ley de tenencia compartida y el ataque a la ley de violencia de género va en línea con dos argumentos centrales de este tipo de grupos, que son justamente las narrativas que inventan contra las supuestas denuncias falsas y el señalamiento contra el falso “síndrome de alienación parental” (SAP) –que alega que las mujeres manipulan a sus hijos para que estén en contra de sus padres denunciados por violencia y que sobrevoló el debate de la ley de tenencia compartida–. Estos dos elementos tienen en común, por un lado, que ubican a las mujeres como mentirosas y manipuladoras y, por el otro, que no tienen ningún tipo de sustento empírico o teórico. A mediados de este año, un estudio de la Universidad Claeh concluyó que las denuncias falsas son “insignificantes” en el universo de las denuncias por violencia de género en Uruguay. El SAP, en tanto, no ha sido avalado por ninguna sociedad científica, ni acá ni en el resto del mundo.

A estas dos estrategias, Camacho les suma la desinformación y la intención por “controlar los discursos que se dan con relación a este tipo de cosas”. “Tal vez no importa tanto cómo o en qué está fundamentado el dato, sino controlar el dato”, explicó el autor de la tesis Entre dientes: discursos, argumentos y trayectorias de un integrante de Varones Unidos, presentada en 2021. “Por ejemplo, decir que las denuncias falsas son en gran número, algo sobre lo que ni siquiera habían investigaciones hasta el año pasado: lanzamos ese argumento, muchos de los grupos que comparten nuestro mensaje comienzan a replicarlo, muchos actores políticos también comienzan a replicarlo, y así lo que se está construyendo es lo que se llama el régimen de verdad, esta idea de que controlamos el dato y, así, construimos un aparente discurso de verdad que en este caso favorece a nuestro propio argumento”, ejemplificó el antropólogo.

En el mismo sentido, Schenck, que forma parte de un equipo de investigación que desde hace años viene estudiando la retórica asociada a los “extremismos de derecha”, especialmente en redes sociales, señaló que “el discurso antigénero, que presenta como una amenaza al feminismo, a las personas LGBTI+, a quienes habitan lo que no se considera como lo tradicional y a quienes tratan de poner el foco en las construcciones desiguales que hay en torno al género, la sexualidad, etcétera, lo que hace no es iluminar desigualdades, sino fabricarlas”, alegando “que hay un determinado orden natural, una determinada verdad, y [estos movimientos] van en contra de eso”. Así, se justifica o se allana el camino hacia el ejercicio real de la violencia contra esos colectivos.

De lo dicho a lo hecho: cuando el discurso se materializa en violencia

Tanto Schenck como Camacho recordaron que estos grupos como Varones Unidos se fundaron en un contexto en el que Uruguay –y la región– atravesaba importantes transformaciones a nivel político, social y normativo, impulsadas por el movimiento feminista y de la diversidad. Son los años de aprobación de normas como la de interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario, violencia basada en género o la ley trans.

Marcela Schenck (archivo, marzo de 2023).

Marcela Schenck (archivo, marzo de 2023).

Foto: Alessandro Maradei

Entender este contexto es fundamental para explicar el pasaje de la retórica de odio a la violencia real, porque lo que empiezan a promover es que “estas reformas lo que generaban era una especie de rotura del orden natural del sistema social tradicional uruguayo”, apuntó el antropólogo. “Especialmente en el caso de Varones Unidos, e incluso Pablo Laurta lo plantea en varias entrevistas, empiezan a decir que, como el feminismo y lo que ellos llaman la ‘ideología de género’ han empezado a invadir la arena política, es tarea de su grupo –y de otros– que los hombres puedan reapropiarse de esta arena política”. Esto lo hacen defendiendo, entre otras cosas, las ideas de familia tradicional y de una “masculinidad que somete e intenta controlar el cuerpo y todo lo que es relativo a la mujer”.

Según Camacho, lo que proponen entonces es que “esa batalla se debe dar sin pensar en los medios, sino con el fin de volver a tomar ese control. En esta discursividad, cualquier elemento entra dentro de lo que es válido”. El académico dijo que las primeras palabras que pronunció Laurta tras ser imputado son un buen ejemplo: “Él plantea este doble femicidio, el asesinato del remisero y también el rapto de su hijo, como un ‘acto de justicia’. Esto es porque, dentro de esta retórica, está visto como una idea de justicia. Incluso plantea que el remisero es una especie de mártir, como un daño colateral que hubo para poder volver a posicionarnos como varones”. Por lo tanto, lo que se genera es “una retórica de odio y un mecanismo de violencia y de represión hacia las mujeres, donde el límite no está marcado”.

Este argumento de que “tienen que defender a los hombres de esta invasión de la ‘ideología de género’ y del feminismo”, ligado con el relato de que son “víctimas”, genera un “marco de justificación ante las acciones violentas”, detalló Camacho.

Él lo advertía ya en su tesis, en la que, luego de tres años de trabajo de campo y entrevistas con integrantes de Varones Unidos, escribió: “Este tipo de discurso no solo fomenta la discriminación y el odio, sino que establece marcos desde donde se va configurando un régimen de verdad que a su vez, no solo instituye qué elementos son válidos y cuáles deben ser dejados de lado, sino que habilita quiénes pueden ser merecedores de derechos y a quiénes se les debe recortar, convirtiéndose en una maquinaria de decisión sobre quiénes pueden vivir y morir”.

En una línea parecida, Schenck dijo que una de las cosas que identificaron en la investigación de 2022 es que, en América Latina, el combate a la “ideología de género” es “lo que le da el sustento común a una serie de valoraciones de estos grupos que van en este sentido de polarizar más aún a la opinión pública”.

La politóloga apuntó además que “la violencia es una de las características de cómo se mueven, que puede ser violencia simbólica o violencia que trasciende lo simbólico, como estamos viendo lamentablemente en casos como el que estamos discutiendo hoy”.

Al mismo tiempo, invitó a mirar más allá del caso de Laurta y recordó que en el mundo ha habido otros episodios de violencia donde hubo “motivación explícita que tiene que ver con esta vinculación extremista o con odio, por ejemplo, anti LGBTI+”. “Tenemos diversos casos donde explícitamente se puede hacer ese vínculo entre determinados ataques y este tipo de discurso. Es decir, no es aislado”, enfatizó, y citó un estudio del año pasado que proponía “no pensar estas cosas desde la singularidad de los hechos, sino como manifestaciones extremas de algo cotidiano o de algo que está presente en la estructura de lo cotidiano”.

Una coyuntura que permite y alienta

Consultadas sobre qué características de la coyuntura actual fomentan el resurgimiento de grupos y actores que promueven estas narrativas, y por qué tienen cada vez más adeptos, las dos personas entrevistadas respondieron que una explicación es que “dan un mensaje de certeza” en un panorama atravesado por la incertidumbre.

Pablo Camacho (archivo, junio de 2025).

Pablo Camacho (archivo, junio de 2025).

Foto: Mara Quintero

“En un mundo donde los grandes ideales se quebraron, donde no tenemos certeza de nada y en un clima de inseguridad, de no saber cuál es nuestro norte, hacia dónde debemos ir”, muchas personas se sienten atraídas por estos discursos que “obviamente están basados muchas veces en noticias falsas, en argumentos que son bastante débiles en lo teórico y con muy poca base empírica, pero que sí tienen un gran componente de dar certezas, de plantear ‘esta es la verdad’, ‘este es el camino’’”, explicó Camacho. “A muchas personas esto les genera esa sensación no sólo de decir ‘estoy en un grupo donde tengo una certeza, tengo un fin hacia dónde ir’”, sino también de “me escuchan y soy comprendido”.

El sentido de comunidad, de grupalidad y de pertenencia es clave para varones que, tras la última ola feminista, quedaron desorientados y que, en la búsqueda de referentes masculinos, se toparon con personajes como Agustín Laje o Nicolás Márquez. La crisis económica también es presentada por algunas teóricas feministas, sobre todo argentinas, como una razón por la que los hombres, precarizados o empobrecidos, vencidos ante el mandato de ser “machos proveedores” y compitiendo por puestos laborales en un mercado que ahora las mujeres sí disputan, asumen estas posiciones masculinistas o antifeministas. Este, de hecho, es uno de los motivos que algunos estudios internacionales le atribuyen a la brecha ideológica de género que empezó a abrirse en la generación Z, en la que las mujeres se inclinan cada vez más a la izquierda y los varones más a la derecha.

El antifeminismo como identidad política

Otro fenómeno que, según analistas, viene a dejar en evidencia el caso de Laurta es la consolidación del antifeminismo, ya no como mera declaración de principios o bandera, sino como una identidad política en sí misma, que escapa al clásico binomio izquierda/derecha y a los partidos políticos tradicionales (aun si, a veces, los instrumentaliza para alcanzar un objetivo concreto, como la aprobación de una ley).

Camacho recordó que, mientras hacía el trabajo de campo para su investigación, los integrantes de Varones Unidos entrevistados le plantearon “muchas veces” la idea de que no les “servía” que los identificaran con un partido político en particular, porque si los identificaban con uno, no iban a conseguir el respaldo de otro. Para el antropólogo, esto refleja que “en esta idea de que lo importante es en sí dar la lucha contra el feminismo, los aliados pueden ser cualquiera”. En ese marco, “el antifeminismo y la lucha contra la ideología de género, así como esta idea que plantean Laje y Márquez de la ‘batalla cultural’, se convierten en una especie de faro para estos grupos, que marca el norte a donde ir”; “después, las alianzas que vayan tejiendo y con quién las vayan tejiendo en el camino, no sé si les importan mucho”, siempre y cuando “compartan el discurso”, sintetizó el antropólogo.

En tanto, Schenck consideró que si “el discurso tiene la fuerza que tiene” es, en parte, porque “se avanzó mucho en visibilizar un determinado tipo de desigualdad asociada al género”, pero advirtió que “no es sólo reacción a eso”, sino que también “es producción”. “Hay una producción de identidad y hay una cierta solidaridad que se genera entre personas que podría parecer que tienen objetivos incluso contrapuestos, pero que coinciden en ese elemento de la centralidad de la ideología de género y de todo lo que implica en cuanto a conservar un cierto tipo de marco que es construido, que se busca establecer como natural y que da cierta certidumbre en una situación de mucha incertidumbre frente a otro tipo de cosas”, puntualizó la politóloga.

Hizo una advertencia más, que tiene que ver con que, “en eso de tratar de conservar ese esquema asociado a lo tradicional, también recorte a quienes consideramos como parte de nuestra propia ciudadanía”, en esa lectura que hacen de “qué es un derecho y quién tiene derecho a tener derechos”. “A veces se los cataloga como antiderechos y capaz que lo que tenemos que pensar es no que son antiderechos, sino que son algunos derechos para algunas personas”, reflexionó la experta, y agregó que eso “genera una identidad de grupo que hace muy difícil pensar en proyectos más amplios, pluralistas, de ciudadanía”.

Los detalles del caso

Laurta fue imputado el 12 de octubre por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba. Lo detuvieron en Entre Ríos mientras intentaba escapar a Uruguay con su hijo de ahora seis años, al que secuestró después de cometer los crímenes. El jueves, en una causa paralela, también fue imputado y enviado a prisión preventiva por 120 días por el homicidio de Martín Palacio, un conductor que habría contratado para uno de sus traslados. El cuerpo del hombre apareció desmembrado el lunes y su billetera estaba entre las pertenencias que tenía Laurta en el hotel donde fue finalmente detenido.

La investigación logró determinar que, previo al doble femicidio, Laurta estuvo diez días en Salto y que desde ahí cruzó en kayak hacia Argentina, con un arma de fuego que tenía legalmente en nuestro país. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, destacó el nivel de planificación del crimen, describió al femicida como una “mente criminal metódica” y aseguró que “manejó todas las variables” para su huída.

Por otra parte, trascendió que no fue la primera vez que el hombre incumplía la medida de restricción que la Justicia argentina le impuso después de la denuncia de su expareja. Según informó el periódico cordobés La Voz, que tuvo acceso a los documentos judiciales, Giardina denunció a Laurta en Córdoba el 18 octubre de 2023 y la Justicia dispuso una orden de restricción de acercamiento de 200 metros, una prohibición de contacto, tratamiento obligatorio para él –que no cumplió– y la entrega de un botón antipánico para ella (que no llegó a activar ante el último ataque porque la orden había expirado el día antes).

En febrero de 2024, Laurta violó la medida y por eso fue detenido durante 24 horas. En esa ocasión, un juzgado de violencia familiar ordenó la implementación de una tobillera electrónica, pero no se le pudo colocar porque ya había regresado a Uruguay. El dispositivo estuvo a disposición durante casi dos años, pero Laurta nunca se presentó a las audiencias a las que fue citado y finalmente la dependencia a cargo de las tobilleras “solicitó dar su baja para que pueda ser usado en otras causas”, de acuerdo con el citado medio.

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