Uruguay podría ser el primer país no europeo en implementar el modelo Barnahus de atención a víctimas de abuso sexual infantil, aseguró su creador

Este miércoles terminó oficialmente la visita a Uruguay de Bragi Gudbrandsson, el creador del modelo Barnahus para la atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, que nació en Islandia y ya se está aplicando en más de 30 países europeos. Invitado por la asociación civil El Paso, en menos de una semana protagonizó un seminario sobre el tema, fue recibido por representantes de distintas instituciones del Estado y se reunió con organizaciones civiles para explicar de primera mano cómo funciona el dispositivo y evaluar de qué forma podría aplicarse en nuestro país.

“Esta visita me ha convencido de que Uruguay, con mucha facilidad, podría ser el primer país en implementar el programa Barnahus fuera de Europa”, concluyó Gudbrandsson este miércoles, en una conferencia de prensa que brindó horas antes de volver a Islandia. En esa línea, dijo que nuestro país “tiene la estructura jurídica, la estructura institucional, las disposiciones necesarias para esta implementación y cuenta con los profesionales necesarios”, además de un alto compromiso con los derechos humanos en general y los de la infancia en particular. “Les puedo decir que lo que he recibido [durante la visita] es una reacción positiva, una gran recepción a escuchar, una sana curiosidad y, lo que es más importante, la voluntad y la disposición para hacer que este modelo funcione en el país”, aseguró el referente, que llegó incluso a reunirse con la vicepresidenta Carolina Cosse, según contó a la diaria.

El modelo Barnahus tiene como particularidad la apuesta a una atención integral donde todos los actores que intervienen en un caso de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes se coordinan y trabajan bajo el mismo techo. Lo que busca, así, es evitar que las víctimas tengan que recorrer los distintos servicios y repetir varias veces su relato. Lejos de los ambientes hostiles que muchas veces pueden ser las comisarías, los hospitales o las fiscalías, el proyecto propone la instalación de una casa con un entorno amigable para las infancias, decoración adaptada a las edades y profesionales especializados. El resultado: menos revictimización, mejora en el trato a sobrevivientes y sus familias, e incluso aumento de las condenas.

“Lo que hicimos fue tomar a todos los organismos que tenían un rol frente a los casos de abuso sexual infantil y se les presentó el proyecto y los argumentos a favor de Barnahus”, detalló Gudbrandsson el viernes, remontándose a los orígenes del proyecto, en 1998. Finalmente, se logró que “los diferentes sectores involucrados en la protección infantil, el sistema de salud, la Policía, la Fiscalía, los juzgados se unieran y trabajaran en conjunto bajo un techo con el propósito de evitar la revictimización de las infancias y, al mismo tiempo, mejorar la validez de la evidencia de la narrativa de las infancias”, explicó el experto.

En su extensa exposición –en la que repasó en detalle los objetivos, la estructura, las funciones y los beneficios que tiene este modelo para las niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de abuso sexual–, el experto recordó que el proceso de creación estuvo guiado por dos principios de la Convención sobre los Derechos del Niño: el interés superior del niño, que “siempre tiene que primar en las decisiones”, y su derecho a ser oído en todas las instancias.

Aplicar el modelo en Uruguay: consensos y compromisos

El seminario fue organizado por El Paso, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto del Niño y Adolescente (INAU), con el apoyo de Unicef, y sumó a la presentación del islandés los aportes de autoridades del gobierno, representantes de la sociedad civil y la academia, y profesionales que trabajan en el tema, con el objetivo de analizar cómo podría adaptarse el modelo Barnahus en Uruguay.

En líneas generales, hubo consenso en que contribuiría a resolver muchos de los obstáculos que tienen las infancias y adolescencias sobrevivientes de violencia sexual en el acceso a la Justicia y a una reparación del daño. A la vez, surgieron posibles desafíos a contemplar para la eventual implementación, como el financiamiento, la capacitación de los equipos especializados, la adaptación de algunos elementos a la normativa local y la necesidad de un “cambio cultural” que en algunos terrenos pueda abrazar una propuesta que realmente implica un cambio de paradigma.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que “la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es de las temáticas más desgarrantes, que nos interpela como país a buscar qué modelo de abordaje tenemos que tener” y, en ese sentido, exhortó a las instituciones a “ver cómo esta modalidad se puede adaptar” a la realidad uruguaya, en tanto “de nada sirve detectar estas situaciones si luego no existen los dispositivos de acompañamiento y reparación”. La jerarca aseguró que su “compromiso como ministra es trabajar para que el sector de la salud capacite a sus equipos y tenga las mejores herramientas”.

Por su parte, la presidenta del INAU, Claudia Romero, señaló que Uruguay tiene el desafío de “flexibilizar este modelo” para que se ajuste a nuestro país y afirmó que, para el organismo que dirige, el compromiso es “trabajar por las infancias y las adolescencias, para poner el centro en ellos y en sus familias, también con una mirada de territorio y de género”.

En representación del Poder Judicial participó Alicia Álvarez, ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, que junto con Romero, representantes del MSP e integrantes de El Paso integraron una delegación que a mediados de junio viajó a España a conocer las casas Barnahus de Cataluña. En base a lo que pudo ver in situ, la magistrada señaló que el dispositivo “implica un cambio notable en el abordaje de los casos de abuso sexual infantil, partiendo del interés superior del niño, que se coloca en el centro”. También recordó que en algunos lugares está comprobado el “incremento de las condenas que se obtuvieron a raíz de la implementación de este modelo”, algo que destacó en particular porque “hay dificultades en el tema de la prueba, sobre todo en los casos de abuso sexual infantil”. En esa línea, expresó su deseo de poder “analizar seriamente la posibilidad de trasladar este sistema a nuestro país”.

Consultada por la diaria sobre cuáles serán las próximas acciones para que esto se materialice en Uruguay, la presidenta de INAU afirmó que “para que las cosas salgan bien, tienen que tener un proceso”, y actualmente se está en la etapa de “analizar las voluntades de las diferentes instituciones y los compromisos para desarrollar un plan de trabajo” que indique “cuáles son los pasos que hay que seguir en términos de indicadores, de procesos, y así hacer realidad un modelo Barnahus, con las características que tendrá que tener la adaptación en nuestro país, en esta administración”.

Tuana: “Pensar fuera de la caja” para “una respuesta que esté a la altura de las necesidades”

La asociación civil El Paso fue la primera en promover la implementación del modelo Barnahus en Uruguay. Durante el seminario, su directora, Andrea Tuana, esbozó un diagnóstico de la situación y fue contundente: “La realidad es que en Uruguay las cosas no están bien para los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia. Y eso, lamentablemente, es una realidad que no la estamos pudiendo transformar”.

Tuana mencionó algunos ejemplos, como el reciente caso de los dos infanticidios vicarios cometidos por su padre en Soriano, el hecho de que, según Unicef, “uno de cada cinco niños uruguayos vive en un hogar donde su mamá es víctima de violencia por parte de su papá o de su padrastro”, o la vigencia de “una ley de corresponsabilidad en la crianza que dice que un niño que es víctima de violencia tiene que vincularse con su agresor”, y que “no solamente no la pudimos frenar, sino que por ahora no la estamos pudiendo derogar”. La referente consideró “bastante inentendible cómo Uruguay, un país que era de avanzada, que protegía a sus infancias, llegó a este punto”, porque esa ley “nos sitúa antes [de la aprobación] de la Convención de los Derechos del Niño”.

La directora de El Paso puntualizó además que las personas que ejercen violencia “han sofisticado sus estrategias”, que “vienen articuladas de otros países,” y cuestionó en particular estar “copiando el modelo español” por el que “estamos sometiendo a niños y niñas a revinculaciones forzadas, a terapias de coordinaciones parentales, donde se sienta a la mamá víctima de violencia con el papá agresor, se habla de que hay que resolver el ‘conflicto’ y se diluye la situación de violencia”. “Ahí empieza un camino de torturas por el que hoy están transitando muchos niños y niñas”, agregó. Y continuó: “Niños que piden por favor que alguien los escuche. Niños que piden por favor que la jueza los llame porque quieren decir por qué no quieren ver al papá. Niños a los que la psicóloga de revinculación les dice que son caprichosos y que tienen que hacerle caso a la jueza y aceptar revincularse con el padre. Y lo que es peor, niños que han sido quitados de su lugar de protección, de su hogar, han sido entregados a los agresores y están viviendo con esos agresores. Parece mentira, pero eso es Uruguay”.

Es ante este panorama que Tuana abogó por “tener la valentía como país de decir que hay que cambiar, hay que pensar fuera de la caja, hay que innovar”, y ahí es donde entra Barnahus. “Ojalá que Bragi [Gudbrandsson] nos pueda convencer de que este modelo es mucho más garantista para los niños, niñas y adolescentes que sufren violencias, y ojalá quienes hoy tienen la responsabilidad y tienen en sus manos los destinos de los niños, niñas y adolescentes, en cualquier sector, [...] realmente podamos dejar de lado nuestras chacras y podamos avanzar hacia una respuesta que esté a la altura de sus necesidades”, concluyó la trabajadora social.

En la actividad también participó Luis Pedernera, integrante del Comité Internacional de los Derechos del Niño, quien aseguró que, “en Islandia y en los países donde se está implementando”, el modelo Barnahus “resolvió” cuatro problemas concretos que también existen en Uruguay: los extensos tiempos procesales, la revictimización, la impunidad, y “que los niños puedan prestar el testimonio en un ambiente agradable en el que se sienten cómodos y protegidos”.

“Uruguay es el primer país de América Latina que empieza a discutir sobre este modelo”, afirmó; “los niños, niñas y adolescentes de nuestro país hace tiempo piden a gritos que los adultos dejemos nuestras chacras y demos respuestas a los problemas que acucian su vida”.