El 13 de setiembre de 2021, con el apoyo del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? (DENG), seis madres presentaron ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género una denuncia colectiva para exigir que se investiguen las desapariciones de sus hijas, ocurridas entre 2019 y 2020. En abril de 2022, esa misma denuncia se amplió para incluir el caso de otra mujer, desaparecida en enero de ese año. Hoy, más de cuatro años después, ninguna de esas familias tiene pistas sobre el paradero de estas siete mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 19 y los 35 años la última vez que fueron vistas.

En todos los casos, se trata de jóvenes que de alguna manera estaban vinculadas al barrio 19 de Abril y muchas de ellas tenían consumo problemático de sustancias. Pese a la falta de novedades, una de las principales hipótesis que manejan las madres –y que siempre está puesta arriba de la mesa frente a desapariciones de niñas y mujeres– involucra situaciones de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual.

“¿Dónde están Florencia Barrales Techera, Gina Rodríguez Sánchez, Micaela Ramírez Olivera, Yamila Estévez Techeira, Jennifer Gómez Reimundo, Daniela Bera Fernández y Tatiana Pintos? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Las está buscando?”, volvió a preguntar DENG en un comunicado difundido este lunes.

El colectivo aseguró que, pese al “valioso apoyo” que ha brindado durante el proceso el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República “ante la falta de avances en la investigación”, “tanto Fiscalía como el Departamento de Personas Ausentes del Ministerio del Interior [MI] siguen sin dar una respuesta adecuada a la búsqueda de estas madres”.

Frente a este escenario, la organización informó que este año, “en un nuevo intento para mover el caso”, el consultorio solicitó una reunión colectiva con el Departamento de Personas Ausentes, que finalmente tuvo lugar el 25 de setiembre, en la que participaron tanto las madres como integrantes de DENG. Sin embargo, “allí no brindaron información y se comprometieron a hacerlo en próximas reuniones citadas particularmente para cada caso por separado, ‘para resguardar información sensible’”, explicó el colectivo.

Esas reuniones particulares con el equipo de Fiscalía y el de Personas Ausentes comenzaron el 25 de noviembre y la última está prevista para este jueves, según supo la diaria. A pedido de las madres, y con la autorización del departamento del MI, DENG acudió a esos encuentros en calidad de “acompañante emocional”, pero no se les permitió ejercer ese rol, según describió el colectivo en el texto divulgado.

En concreto, la organización apuntó que la fiscal de Delitos Sexuales Isabel Ithurralde llegó “en todos los casos media hora tarde, sin dirigir saludo y mucho menos ofrecer una disculpa”, y que, pese a que “no se reunió anteriormente con ninguna de las familias ni con la procuradora que representa el caso”, les “negó la posibilidad de entrar con cada una de ellas”. “Negó el derecho de estas madres a contar con acompañamiento emocional por parte del colectivo, que viene acompañando a las familias, reuniendo información, proponiendo líneas de investigación. La justificación es el carácter ‘reservado’ del caso y el resguardo de ‘información sensible’”, enfatizó DENG.

“Sin embargo, al ingresar a la reunión, todas las madres se encontraron con las mismas preguntas que les fueron formuladas tantas veces antes; las expusieron a revivir un relato doloroso y les volvieron a solicitar información que ya habían proporcionado en numerosas ocasiones. Una vez más son revictimizadas por parte del Estado. La información que se les brindó fue nula. La respuesta es nuevamente mandar a investigar a las madres y sus familias. Las ampliaciones de denuncia, presentadas de forma organizada y escrita, no figuran en las carpetas fiscales”, reclamó la organización; “a esta altura, lo único que podemos concluir es que no han hecho absolutamente nada”.

“A pesar de la indiferencia e ineptitud de las instituciones competentes, seguiremos denunciando y exigiendo que las busquen hasta que aparezcan todas. Porque sabemos que la Justicia no es ciega, es selectiva. Para esta Justicia patriarcal hay buenas y malas víctimas, hay vidas que importan y vidas que no. La violencia que las hizo desaparecer se sigue perpetuando. No permitiremos que nos silencien más. Crearemos nuevos caminos para exigir respuestas, porque el dolor compartido es mucho y mucha es la indignación”, cierra el comunicado de DENG, que se compromete a seguir con la lucha “por Jennifer, Florencia, Gina, Yamila, Tatiana, Micaela, Daniela y todas las que faltan, hasta que aparezcan todas”.

Las siete jóvenes desaparecidas

Florencia Barrales Techera desapareció el 25 de marzo de 2019 en Paso de la Arena, con 19 años.

Gina Cristal Rodríguez Sánchez tenía 27 años cuando fue vista por última vez el 5 de noviembre de 2019, también en Paso de la Arena.

Yamila Isamar Estévez Techeira se encuentra desaparecida desde enero de 2020. Tenía 20 años en ese entonces y fue vista por última vez en Ciudad del Plata.

Daniela Virginia Bera Fernández desapareció en febrero de 2020, con 22 años, en el barrio Las Torres.

Jennifer Gómez Reimundo tenía 19 años cuando desapareció en la zona de Aparicio Saravia, el 11 de febrero de 2020.

Micaela Ramírez Olivera se encuentra desaparecida desde fines de diciembre de 2020. En ese momento tenía 20 años y fue vista por última vez en La Teja.

A Tatiana Pintos la vieron por última vez el 3 de enero de 2022, cuando tenía 35 años, en el barrio 19 de Abril.