Mónica Xavier, nueva directora de Inmujeres: “Hay que enfrentar el negacionismo de la violencia de género” con “la mayor pedagogía”

“Asumo la dirección del Instituto Nacional de las Mujeres [Inmujeres] en un momento significativo: el inicio de marzo, mes de las mujeres”. Con esa frase, publicada el domingo en X, Mónica Xavier confirmó el comienzo de su gestión al frente del organismo rector de las políticas de género en Uruguay, que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La exsenadora del Frente Amplio (FA), cardióloga de profesión, llega a este lugar tras una trayectoria legislativa desde la que promovió y apoyó distintas iniciativas vinculadas al avance de los derechos de las mujeres. La lista incluye el papel central que tuvo en la despenalización del aborto, que impulsó y defendió como miembro informante durante el debate parlamentario previo a la aprobación de la ley en 2012.

En entrevista con la diaria, Xavier aseguró que su gestión priorizará medidas para “mejorar” el sistema de respuesta a la violencia de género, “robustecer” el área de autonomía económica de las mujeres y “transversalizar” la perspectiva de género en “todo el Estado”. A la vez, dijo que pondrá la lupa en algunos avances normativos como la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y la paridad política. Y que estará alerta a los sectores que promueven el “negacionismo sobre la violencia hacia las mujeres”, un “fenómeno” que se situó en el mundo, en la región y también en Uruguay.

A pocos días del Día Internacional de la Mujer, adelantó otras dos cosas: que participará en las movilizaciones previstas el 8 de marzo en Montevideo y que el acto oficial será el lunes 10, a las 11.30, en la Torre Ejecutiva.

¿Cómo evaluás la situación actual del Inmujeres?

Hay déficits muy importantes que hay que intentar subsanar porque en ello va nada más ni nada menos que la vida de las mujeres y sus hijas e hijos. Las situaciones de violencia contra las mujeres mayores de 18 años copan la mayor atención del Inmujeres desde el punto de vista de los dispositivos de respuesta, pero también desde el punto de vista presupuestal. Sabemos que estamos enfrentando una desigualdad estructural, que una de sus manifestaciones es la violencia de género, pero que hay otras, en las que muchas veces podemos ser más eficaces para no llegar a las situaciones de violencia. Por eso, hay que poder robustecer esas otras áreas del instituto, como es la de autonomía económica. Es una impronta del instituto y de todo el Mides privilegiar el territorio y las comunidades que lo habitan y tratar, desde allí, de recrear las grandes líneas de trabajo. Por otro lado, el instituto basa su accionar en muchas organizaciones de la sociedad civil y, por tanto, hay que tener el mejor entendimiento en ese sentido, porque las realidades vienen cambiando y lo que he podido percibir es la enorme preocupación de los operadores en entender las nuevas claves de la realidad para dar respuestas más asertivas, porque seguramente ni las respuestas ni la capacitación de los funcionarios para dar esas respuestas estén lo suficientemente ajustadas.

El crimen organizado, con su expresión más común, que es el narcotráfico, ha generado una serie de distorsiones en lo que antes eran las concepciones más clásicas de la desigualdad en una pareja, en un noviazgo o en las diferentes modalidades de familias. Los consumos problemáticos, las afectaciones de la salud mental, todo eso seguramente ha cambiado y no para bien. Tenemos que poder capacitar de la mejor manera a todos aquellos que tienen una respuesta para dar desde el Estado. Necesitamos hacer ese análisis desde todas las miradas y en ello, por ejemplo, el Consejo Consultivo de Violencia es un ámbito muy importante para cruzar miradas. También vamos a poner énfasis en los datos que reflejan estas nuevas realidades. En ese sentido, necesitamos hacer una tercera Encuesta Nacional de Violencia de Género y Generaciones, que está encaminada, pero hay que tomar algunas medidas para que se viabilice.

Más allá de los temas que atiende el Inmujeres como organismo rector de las políticas de género, ¿qué ejes de trabajo va a priorizar tu gestión en particular?

En la disposición institucional está el área de autonomía económica de las mujeres, que tiene que poder robustecerse, porque ahí podemos llegar anticipadamente a situaciones de violencia. Pero también tenemos un área de planificación y transversalidad en el Estado, entonces la primera gran tarea de este año es poder involucrar a todo el Estado en un presupuesto que tenga perspectiva de género. Hay que tener un enorme vínculo con la academia, con la sociedad civil, con la cooperación internacional, y cumplir ese mandato que es legal, pero que además es una convicción. No podemos guetizar la tarea de perspectiva de género al radio de acción del Inmujeres, tenemos que lograr que el Estado uruguayo adopte esa perspectiva, para la que hay inercias institucionales –aquello de “siempre lo hicimos así, sigamos por ahí”, que es nefasto–, pero también hay resistencias en la sociedad, entonces se trata de vencerlas y de tener una perspectiva de la mayor pedagogía política. En ese sentido, hay ámbitos de la sociedad en los que sabemos que confrontamos visiones y, más allá de que siempre hay que apostar al diálogo, va a ser muy difícil revertir esos posicionamientos, porque, entre otras cosas, no son exclusivos de Uruguay. Estamos enfrentando una realidad a nivel mundial, a nivel regional y también en nuestro país, de concepciones que significan un enorme retroceso en materia de derechos. Entonces, hay que dar respuestas, pero sobre todo hay que llegarle a la ciudadanía para decirle “sí, hay dos concepciones”. La nuestra tiene que ver con que cada niña y cada mujer tengan la posibilidad de resolver en todos los planos de su vida y que no estén en una situación de subordinación.

Entonces, el sistema de respuesta a la violencia necesita mejorar, pero la autonomía económica y la autonomía de nuestros cuerpos también es fundamental. Allí hay que consolidar avances legislativos, pero también hay que poner foco en reconocer que año tras año las cifras de violencia sexual a nuestras niñas, niños y adolescentes son escandalosas, y darle a cada organismo, al INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] en el caso de las niñas o al Inmujeres una vez que adquieren la mayoría de edad, la mayor continuidad en la respuesta del Estado, que es muy puntual aún.

¿Te parece que no está aceitado ese diálogo interinstitucional?

Creo que no lo suficiente para una realidad que es tan cruda. Hay que trabajarlo, empezando por el propio Mides y extendiendo a todo el Estado. A los tres niveles de gobierno, porque también hay que concebir que la institucionalidad de los municipios es una institucionalidad privilegiada que nos acerca a la gente y que acerca a la gente a las decisiones políticas, pero además en los tres poderes del Estado. Yo aspiro a tener el mejor vínculo tanto con el Poder Judicial –porque la capacitación de los operadores judiciales es clave en la posibilidad de enfrentar estas situaciones– como con el Poder Legislativo, donde hay muchas normas que tienen que salir en el menor tiempo posible. Una de ellas, dada la enorme preocupación que tenemos como sociedad con relación a la violencia sexual, es hacer imprescriptibles los delitos sexuales, porque resulta imprescindible tener esa protección legal.

Justamente la violencia sexual es un problema que estuvo en el centro de la agenda durante el último año a raíz de distintos casos que se mediatizaron y que dejaron al descubierto las enormes deudas que tiene el Estado en el acompañamiento, la protección y la reparación a las víctimas. ¿Con qué acciones planea abordar el tema este Inmujeres?

Si miráramos sólo las posibilidades del Inmujeres, estaríamos muy lejos de poder comenzar a aportar en la solución de algunos de esos temas tan complejos. Entonces, como decía, la interrelación con el resto del Estado es la que nos puede permitir un mayor avance. Ahí es clave la educación sexual integral y poder darle un empuje a eso en función de lo que sabemos que supone que se incorpore desde la infancia, para que las niñas y niños entiendan que sobre su cuerpo deciden ellos y que nadie puede vulnerarlo. También sabemos que [la educación sexual integral] es controversial para algunos sectores que han tomado mucho impulso, como un fenómeno mundial de negacionismo sobre la violencia hacia las mujeres, porque pueden discutir la particularidad de la educación sexual integral, pero discuten toda manifestación de violencia hacia las mujeres. A ese negacionismo es al que hay que enfrentar. No necesariamente en un desgaste con gente que tiene una concepción diametralmente opuesta sobre los derechos de las personas, sino haciendo la mayor pedagogía para llegar a la gente y que la gente sea la que reclame que efectivamente nadie va a vulnerar sus derechos en ningún lado del Estado, ni en la salud, ni en la atención cuando vas a denunciar una situación de violencia, ni cuando enfrentás un proceso judicial. En ese fortalecimiento está la clave de que podamos avanzar.

Mencionaste el trabajo con los tres poderes del Estado y específicamente la necesidad de algunos avances legislativos, como el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. ¿Qué otras iniciativas sobre estos temas tiene previsto presentar el FA?

En el último período en el que estuve en el Legislativo yo había presentado el proyecto para aumentar la edad mínima para el matrimonio, y Silvia Nane lo retomó en el último período. Es un tema por el cual el Estado uruguayo es señalado en cada una de las revisiones que hace, por ejemplo, el comité de expertas de Cedaw, y allí también hay una confrontación de posiciones. Estas personas negacionistas de las diferentes formas de violencia hacia las mujeres son las mismas que denuestan los ámbitos multilaterales, que son los que nos permiten a los países ser examinados por expertas internacionales y así mejorar nuestra performance. Uruguay nunca se enojó por los señalamientos; al contrario, entiende que los señalamientos lo hacen avanzar en esto que nos hace una de las democracias más plenas del mundo, y que es el respeto a los derechos humanos. Claro que falta mucho, y cuando las mujeres vemos que somos una de las pocas democracias consolidadas del mundo decimos: “Che, pero tenemos una subrepresentación en todos los lugares donde las cosas se deciden” –el Parlamento, el Ejecutivo, empresas, sindicatos– y es algo que constituye un verdadero déficit en esa solidez democrática. Pero somos conscientes de que existe y allí también hay una lucha a dar, y espero que este período culmine con una ley de paridad que nos ponga a tono en la región para mejores coordinaciones entre los países, pero que también rescate lo más lindo de nuestra historia, que son aquellas sufragistas como Paulina [Luisi] y tantas otras que comenzaron con esa lucha en tiempos tan complejos.

En sus bases programáticas, el FA propone declarar la emergencia nacional por violencia de género. ¿Cómo se haría esa declaración y qué acciones concretas implicaría?

Esa declaración está desde diciembre de 2019 y, sin duda, la realidad no sólo sigue siendo tan grave, sino además más compleja. Hemos conversado en poner énfasis en la cuestión presupuestal, porque tenemos esa oportunidad que en diciembre de 2019 no teníamos, y a la que el gobierno que acaba de finalizar no le dio mayor relevancia más allá de algunas medidas puntuales, como aumentar las tobilleras y dar recursos para la creación de juzgados [especializados en violencia de género]. Pero el despliegue de la respuesta del Estado que prevé la Ley 19.580 no es suficiente para enfrentar esta situación. Entonces, para esos nuevos componentes que complejizan la situación de la violencia, como lo que tiene que ver con las mujeres víctimas de situaciones de crimen organizado o la complejización de la situación de la salud mental, que constituye otra emergencia, tenemos que cruzar respuestas. Porque un concepto clave es que la respuesta tiene que ser concebida desde la interseccionalidad en que las situaciones de desigualdad se manifiestan. Una mujer pobre del interior profundo a veces por su color de piel, a veces por su identidad sexogenérica, acumula todas esas desigualdades, y las respuestas tienen que contemplar todas esas complejidades. La emergencia requiere una respuesta con otros componentes que no estaban en 2019 con el nivel de expresividad que están ahora. Sin duda que hay que ir por el cumplimiento de la Ley 19.580, pero hay otras cosas que también va a haber que hacer para ser más asertivos en la respuesta.

¿Hay un mapa de ruta que oriente el “cumplimiento cabal” de la Ley 19.580, que también aparece entre las propuestas programáticas?

Sin duda que el interior requiere mayores posibilidades de respuesta desde el punto de vista de la Justicia y allí va a ser necesario tener un diálogo acerca de por dónde van las prioridades del Poder Judicial. Pero, además, necesitamos intensificar la capacitación que hasta ahora se hace en determinados espacios, y hay que prever los mecanismos de respuesta en ese presupuesto con perspectiva de género para que la situación presupuestal no sea el mayor obstáculo. Siempre pensé que había límites presupuestales, pero son mucho más duras de salvar las resistencias a un cambio de paradigma en la atención de un tema de esta naturaleza que supone esa articulación del Estado y el reconocimiento de la gravedad de la temática.

El año pasado se presentaron tres proyectos para modificar la Ley 19.580 y la semana pasada se volvió a presentar uno de ellos, por parte de senadores del Partido Colorado. ¿Cuál será la posición del Inmujeres ante este tipo de iniciativas?

Estamos tranquilas de que la ley fue hecha con los mejores estándares internacionales para las garantías de los derechos humanos. Cualquier ley puede ser revisada, nadie considera que están escritas en piedra, pero ninguna política pública, ninguna aplicación de esa normativa legal en una política pública puede estar exenta de la evidencia científica. Cuando se hace énfasis en que las mujeres mentimos para justificar determinados procesos, eso es realmente no ponerse en el cuerpo de esas mujeres que, tanto ellas como sus hijas e hijos, pasan por situaciones de estigmatización y vulnerabilidad en el Estado. Por otro lado, al igual que cualquier ley, puede ser revisada y nunca nos vamos a poner el balde en ese sentido; lo que también tiene que ser revisado es cómo aplicamos la ley, y ahí capaz que también hay algunas claves para poder mejorar nuestra respuesta.

Los legisladores que hoy replantean estos proyectos tienen determinada concepción que nosotros rechazamos, por ejemplo, cuando hubo expresiones acerca de niñas que no podrían tener un vínculo sexual que no fuera abusivo. El proyecto está basado en esas concepciones que, insisto, rechazamos porque no admiten una doble interpretación. Eso es delito, eso es abuso, eso es violación de los derechos de las niñas, y entonces todas estas construcciones tienen ese sustento e iremos al Parlamento a dar nuestras argumentaciones.

En su momento, como senadora, fuiste miembro informante del proyecto de ley de aborto y una de sus principales promotoras cuando se aprobó en el Parlamento. Hace unas semanas, la ahora ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que es necesario revisar la ley para modificar algunas disposiciones. ¿Cuál es tu postura?

No cabe duda de que la evidencia científica nos está mostrando que hay cosas que están previstas en la ley que constituyen dificultades y obstáculos para las mujeres que se enfrentan a una decisión de esa naturaleza. Ojalá tengamos los votos suficientes de quienes entiendan que algunas disposiciones que tiene la ley vigente están allí porque no había votos para [aprobar] el proyecto original y fue transaccional, pero no hay evidencia de que haya sido lo mejor. Por ejemplo, la verificación a través de tres profesionales que deben evaluar la situación y permitirle un tiempo de reflexión a la mujer; allí hay complejidades que debe salvar la mujer y realmente el sistema debería ser más amigable y facilitarle de mejor manera viabilizar su decisión. El vínculo de la mujer con los profesionales, en el que siempre insistimos, tiene que mejorarse, porque cuando hicimos la ley, algo que decíamos era que todo el equipo de salud, no sólo el médico ginecólogo, debía brindar información lo más genuina posible, no interferir en la decisión de la mujer, y sabemos que eso en muchos casos no es así, que las mujeres se han visto enfrentadas a no tener servicios accesibles en todo el territorio y que muchas veces eso constituye un obstáculo para viabilizar una decisión que tiene plazos exiguos. En particular, creo que los plazos más exiguos se dan en las situaciones más complejas, como los casos de violencia sexual que resultan en un embarazo no deseado. Así que será materia de estudio nuevamente.

Si miramos a nuestro alrededor, Uruguay aparece hoy como una especie de oasis en un continente en el que han llegado al poder presidentes como Donald Trump o Javier Milei con políticas que buscan explícitamente arrasar con los derechos de las mujeres, las disidencias y otras poblaciones históricamente vulneradas. ¿Qué rol debería tener nuestro país en este contexto?

Concibo a Uruguay como una enorme esperanza, no sólo para nuestra gente, sino para la región. Hay muchos países en el mundo que nos conocen, que nos estudian y que saben que tenemos esos estándares de respeto a los derechos de las personas y que en nuestros gobiernos [del FA] hubo un avance en la denominada agenda de derechos que realmente nos colocó en un lugar de visibilidad al que pretendemos volver, porque ayudamos no sólo a nuestra gente, sino también a esos avances para la región. Entonces, la expectativa es muy grande y ojalá podamos dar satisfacción a esa expectativa, porque nos mueve el dolor de los temas, pero también la necesidad de dar respuesta y de decir que hay grandes poderes hoy que están queriendo despojarnos de todo lo que hemos podido construir. Esto supone una respuesta global, y creo que todo el gobierno frenteamplista es consciente de que podemos volver a tomar un papel que realmente es el que inspira nuestras luchas.