Comenzó oficialmente este martes el trabajo de la nueva Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado, que ya tiene distintos proyectos de ley a estudio. El objetivo de la sesión era informar sobre los asuntos ingresados y organizar los pasos para su tratamiento, según determinados parámetros. Además, para inaugurar la agenda de esta legislatura, la comisión convocó a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, con el objetivo de que pueda dar su opinión acerca de las distintas iniciativas arriba de la mesa y adelantar cuáles serán los planes del organismo rector de las políticas de género de cara a los próximos cinco años.
Quienes integran la comisión analizaron cómo será el tratamiento de cinco proyectos que se presentaron en el período anterior y ahora fueron desarchivados: el de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes; el que busca aumentar la edad mínima de 16 a 18 años para contraer matrimonio; el que pretende regular la extensión del derecho de licencia maternal de las juezas que integran el Poder Judicial; el que propone sistematizar los datos sobre brecha salarial de género, y el que establece un cupo para garantizar el acceso de artistas mujeres y disidentes a los eventos musicales.
Cuatro de esas cinco iniciativas fueron propuestas por legisladoras y legisladores del Frente Amplio (FA), mientras que el de los cupos para mujeres y disidencias en eventos musicales fue impulsado por las exsenadoras Sandra Lazo, también del FA, y Gloria Rodríguez, del Partido Nacional (PN).
La vicepresidenta de la comisión, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, adelantó que el primer texto que van a tratar será el de la brecha salarial de género, ya que es “el que tiene más avances porque viene con media sanción de la Cámara de Diputados” de la legislatura anterior. Esta propuesta, según consta en su versión original, plantea crear dentro del Sistema de Información de Género del Inmujeres un “proyecto de sistematización, clasificación y análisis de datos referidos a la brecha salarial de género entre hombres y mujeres en Uruguay” con el cometido de “tomar conocimiento fehaciente y generar un indicador de la brecha salarial de género, tanto en el ámbito público como privado de actividad”.
En una rueda de prensa que brindó al salir de la reunión, Bianchi comentó que el equipo de Inmujeres “hizo observaciones al proyecto”, pero que la idea es tratarlo durante la próxima sesión, “a ver si podemos avanzar corrigiendo esos errores”.
La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género tiene a estudio otros dos proyectos que no entraron en la agenda de este martes. Uno es el que presentó el año pasado el Poder Ejecutivo, encabezado por Luis Lacalle Pou, para modificar la Ley 19.580, que fue desarchivado a principios de mes a pedido de la propia Bianchi. El otro es el que busca establecer garantías para la inscripción de hijas e hijos por parte de parejas homoparentales, impulsado por el diputado frenteamplista Enzo Malán.
Foto: Mara Quintero
El apoyo de Inmujeres y la necesidad de más presupuesto
La directora de Inmujeres dijo a la prensa, luego de comparecer en la comisión, que el instituto dio su “respaldo” a los cinco proyectos. Respecto al de la brecha salarial, el primero que se abordará, señaló que “es un tema que nos preocupa”, que “es muy técnico” y que, tal como adelantó Bianchi, su equipo hizo “una serie de sugerencias” para poder avanzar.
Xavier profundizó especialmente en el proyecto para hacer imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. “Hemos dado no sólo nuestro respaldo, porque creemos que la imprescriptibilidad de los delitos sexuales es fundamental y esa es una deuda que el Parlamento tiene”, señaló. La jerarca recordó que cuando se trató la ley de violencia basada en género, en 2017, “no se llegó a los consensos suficientes para la imprescriptibilidad, así que ojalá este período legislativo pueda culminar con la aprobación de ese proyecto, porque realmente el Estado no está dando todas las respuestas a situaciones que en general se viven en las infancias y en las adolescencias y se pueden verbalizar mucho tiempo después”. “El Estado no puede dar como respuesta que el delito prescribió”, insistió la exsenadora.
En cuanto a la iniciativa para aumentar la edad mínima del matrimonio, la directora de Inmujeres dijo que “es un señalamiento que se le hace a Uruguay [por parte de distintos organismos internacionales] de que hay que elevarla a 18 años”. “Es un tema más complejo de conceptualizar, pero la verdad es que los matrimonios por debajo de esa edad convencional en general se asocian a situaciones de vulnerabilidad de los menores de edad”, aseguró.
Sobre la iniciativa para regular las licencias maternales de las magistradas, dijo que es necesario discutir el tema “en un país que lamentablemente penaliza la maternidad, porque las mujeres después de su primer hijo tienen una serie de complicaciones” para reinsertarse, permanecer o ascender en el mercado laboral. En cuanto al de cupos en eventos musicales, consideró que “es positivo poder favorecer expresiones culturales con mujeres y disidencias”.
Por otra parte, y ya en referencia al trabajo que tiene por delante Inmujeres durante esta administración, Xavier dijo que trasladó a la comisión parlamentaria que el organismo “sistemáticamente necesita refuerzos presupuestales”. “Estamos con un ejercicio presupuestal del período anterior, con exigencias mayores, situaciones de violencia extrema y el compromiso de poder mejorar en algo la capacidad de los dispositivos que el instituto tiene”, afirmó, y agregó que a eso se suma “una serie de tareas que no necesariamente son vinculadas con violencia”, como el eje del empoderamiento económico de las mujeres o el de transversalizar la perspectiva de género en el Estado.
Consultada sobre cuál debería ser el incremento presupuestario, Xavier respondió que en el último año “se ejecutó 20% más de la apertura originaria del presupuesto”, y su administración considera que para 2025 se “necesitan refuerzos por el 40%”. “No es que esto sea permanente año tras año, es que necesitamos hacer una adecuación de servicios de atención a las mujeres que este año requieren recursos para poderse cumplir. Ese ha sido un compromiso público que hemos adquirido en función de situaciones de violencia que se vienen registrando”, explicó, y lamentó que mientras se discutían estos temas se supo de un nuevo femicidio en Uruguay.
Bianchi: “Si se estuviera gastando bien, tendríamos que por lo menos abatir las cifras”
La senadora Bianchi dijo que, ante el pedido de más presupuesto por parte de Inmujeres, ella consultó “qué impacto tuvo” el trabajo que se hizo hasta ahora en la prevención de la violencia hacia las mujeres, ya que “es impresionante la cantidad de oficinas y direcciones” –en lo que describió como una “superestructura que tenemos a nivel de Estado con respecto a lo que se considera género”–, pero “las cifras siguen subiendo”. En esa línea, pidió al instituto que se envíe a la comisión los informes con datos al respecto.
“Entre otras cosas, pregunté el impacto porque quiero saber los costos. Quedaron en mandármelos, porque no es que no reconozca que hay problemas de violencia, ni problemas con los niños y los adolescentes, por favor, pero las cifras siguen subiendo”, puntualizó. “Entonces, si estamos invirtiendo, y está bien, me da la impresión de que invirtiendo mal, porque no estamos obteniendo resultados”, esgrimió. “Si se estuviera gastando bien, con todo lo que se está gastando, y si quieren gastar un 40% más, tendríamos que por lo menos abatir las cifras, y están en aumento”, agregó.
Desde su visión, para obtener mejores resultados, “hay que trabajar preventivamente”, en un “gran abanico” que incluye desde los centros educativos a “la atención médica de los hospitales”. Aseguró que también hace falta entender que “estamos en una sociedad violenta” y que “los homicidios en general son altísimos, para los hombres también”. “Entonces, si estamos dirigiendo una política por género y eso no da resultado, es que por ahí no va”, opinó.
Cuando fue consultada respecto del proyecto de imprescriptibilidad de delitos sexuales, Bianchi respondió: “Para los que estudiamos derecho, es una barbaridad”. “Si nosotros declaramos imprescriptibles los delitos, pasa lo que ha pasado y está pasando en el mundo y en Uruguay, que de repente hace 40 años alguien se sintió o fue realmente abusado, pero en algún momento tiene que haber un límite, que, en la técnica de derecho penal, tiene que ver fundamentalmente con la entidad de la pena, para poder juzgar al presunto culpable con cierta razonabilidad, porque la imprescriptibilidad es un atentado contra el derecho penal democrático”, argumentó. Adelantó que, cuando la comisión comience a tratar esta iniciativa, se citará “a la Cátedra de Derecho Penal y a la Cátedra de Derecho Procesal, que son los que pueden ilustrarnos desde el punto de vista técnico”.