En febrero de 2024, la trabajadora social, investigadora y activista feminista Andrea Tuana fue entrevistada en el programa Arriba gente sobre la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en el marco de disputas asociadas a bandas criminales, después de que se registraron episodios en distintos barrios. Allí, desde su rol como directora de la asociación civil El Paso, profundizó en las consecuencias del avance del narcotráfico en la infancia, la adolescencia y las mujeres, y enfatizó en la importancia de más y mejores políticas para dar respuesta a las necesidades de las poblaciones más vulneradas.

En determinado tramo de la entrevista, como ejemplo de esos impactos, señaló que con la organización llegaron a ver “realidades de niños que son dejados en una boca [de drogas], porque no hay plata para pagar, entonces dejan al niño allí a modo de garantía y lo van a buscar cuando tienen el dinero para pagar la deuda”.

Esa declaración le costó la apertura de un sumario por parte de las entonces autoridades del Ministerio del Interior (MI) y, un año después, su suspensión por seis meses sin goce de sueldo del Hospital Policial. Tuana ejerce desde hace 34 años como trabajadora social en el Departamento de Neuropsiquiatría Pediátrica de ese centro de salud, donde atiende a familias e infancias que atraviesan distintas problemáticas, además de supervisar a equipos que intervienen en situaciones de violencia.

La resolución sobre la sanción fue firmada el 28 de febrero de este año por el exministro del Interior Nicolás Martinelli, y la suspensión empezó a correr el jueves pasado. En líneas generales, Tuana fue sancionada por “efectuar manifestaciones críticas a la gestión del gobierno en materia de prevención y seguridad”, así como por, “eventualmente, en su calidad de funcionaria policial, haber omitido denunciar actividades presuntamente delictivas, respecto a las cuales afirmó [que] fueron de su conocimiento por su actividad como integrante de la ONG El Paso”, según indica el documento, al que accedió la diaria.

Sin embargo, en esa entrevista ella “nunca habla de políticas de seguridad, porque no es su tema”, sino que “habla de políticas sociales”, como señaló a la diaria la activista Diana González Perret, que está oficiando de vocera de Tuana. A su juicio, “llama la atención que esto se considere una falta grave que afecta la imagen institucional”; “es como si yo pensara que, cuando digo que hay femicidio –que Andrea lo dice muchas veces, porque por cada femicidio sale a hablar a la prensa–, pensáramos que así lesionamos la imagen del Ministerio del Interior”, ejemplificó. “¿Qué es afectar la imagen de una institución? ¿Decir que esto ocurre? ¿Decir que las políticas sociales han abandonado a niñas y niños? Somos un país en el que la pobreza cae en los niños. Con decir eso alcanza, entonces, para desacreditar a todo el Estado, si eso lo consideramos una falta de respeto”, cuestionó González.

En ese sentido, consideró que la decisión de las autoridades salientes del MI “genera el silenciamiento de una defensora de los derechos humanos”, y advirtió que, si no se revierte, podríamos “entrar en una etapa en la que quienes defienden derechos humanos tienen que protegerse en Uruguay”. “Espero que se pueda revertir”, insistió, “porque el movimiento de derechos humanos entero pierde mucho si pensamos que por participar, por pedir información, por salir a la prensa, por estar destacando permanentemente los problemas de otros te pueden silenciar”.

Según supo la diaria, Tuana y su equipo legal tienen previsto recurrir la decisión.

Hoy es Andrea, pero podrían ser otras

La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) manifestó este lunes su “profundo malestar ante el reiterado acoso, exposición y ataques a defensoras de los derechos humanos de las humanas y de los niños, niñas y adolescentes”. En el comunicado difundido, la plataforma señaló que estas defensoras “cuidan, asesoran, brindan su conocimiento con rigurosa atención y cariño, en años de lucha por la construcción de la igualdad de género y denuncias, frente a las aberraciones que se cometen contra estas poblaciones”, y por hacerlo “se ven sancionadas, cuestionadas, vapuleadas por aquellos que se organizan para restar los derechos adquiridos”.

Para la red, “hoy es Andrea Tuana”, pero “ayer fueron otras mujeres y, si no se toman medidas preventivas, serán otras, en un marco internacional de ataque a los derechos de las humanas”.

En esa línea, la RUCVDS exhortó a la Institución Nacional de Derechos Humanos a “que busque mecanismos de defensa para las defensoras de los derechos humanos” y a “reunir a la Bicameral Femenina y que proponga una legislación de prevención y protección, antes de que sigamos lamentando hechos como este o aún más graves”.

“Silenciamiento” y “disciplinamiento”

El comunicado de la red se suma a las expresiones de apoyo de distintos colectivos feministas y organizaciones sociales que, desde que se conoció la noticia, manifestaron públicamente su solidaridad con Tuana y pidieron que se revoque la decisión.

Una de las primeras fue la Asociación de Profesionales de Trabajo Social del Uruguay (Adasu), que el viernes se pronunció “en solidaridad” con su colega ante la sanción recibida “por referirse públicamente a situaciones provocadas por el avance del narcotráfico en nuestro país que colocan a niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo físico y emocional”. La organización describió el accionar de la administración saliente del MI como una “clara señal del disciplinamiento y demostración de poder hacia una funcionaria que ocupa un cargo técnico”, y aseguró que es “lamentable” que “no reconozcan esta realidad que se ha tornado cotidiana y que, como sociedad, no debemos naturalizar”.

Adasu apuntó que esta sanción “sin ningún fundamento” es “un claro intento por silenciar su voz comprometida como activista referente de la sociedad civil organizada y defensora de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, y constituye, por tanto, un ataque a las organizaciones sociales”, y solicitó que se “revea” la resolución. A su vez, hizo un llamado a las “autoridades competentes” para “trabajar firmemente” en “revertir esta triste realidad que nos avergüenza como sociedad”.

Este lunes, el colectivo Encuentro de Feministas Diversas hizo su propio descargo y aseguró en sus redes sociales que la sanción es “un siniestro y claro intento por acallar las voces feministas que denuncian las problemáticas y riesgos que sufre nuestra población más vulnerable”. Las activistas también resaltaron “la relación entre la trata con fines de explotación sexual, el narcotráfico y las autoridades estatales que, por acción u omisión, son cómplices del crimen organizado”, y cerraron con una advertencia: “No nos callan más”.

Unas horas antes se había pronunciado en la misma línea el colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas?, que, además de mostrar su solidaridad con Tuana, cuestionó “las complicidades, el silenciamiento y la impunidad que se sostiene desde el Estado” en materia de “desapariciones, redes de explotación sexual y narcotráfico, y la violencia que viven niñas y mujeres adultas antes de desaparecer cuando están en situación de consumo”.

La Colectiva Inquietas, por su parte, coincidió en que la medida “se inscribe en una preocupante práctica de silenciamiento hacia quienes defienden los derechos humanos desde la palabra, la acción y el compromiso”. Para el colectivo feminista, además, “erosiona la democracia y desacredita la labor de quienes trabajan todos los días por una sociedad más segura, igualitaria y libre de violencias”.

También el colectivo de comunicación alternativa Mediared se sumó con un “Todos somos Andrea” en una publicación en la que recordó que “Uruguay vive una situación de extrema gravedad ante el aumento de niños/as, adolescentes y jóvenes asesinados en conflictos violentos a causa del narcotráfico”.