Cinco años de Operación Océano: ¿en qué aspectos el mayor caso de explotación sexual marcó un antes y un después en Uruguay?

El 10 de junio empezó el juicio oral por la causa Operación Océano, el caso más grande de explotación sexual del Uruguay, por lo menos, desde la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en 2017. La magnitud tiene que ver con el número de acusados y de víctimas, pero la mediatización que ha tenido responde además a características particulares de un caso que, entre otras cosas, involucra a hombres adultos que ostentan poder en distintos ámbitos, como políticos, empresarios, docentes, profesionales y hasta un ex juez de menores.

Desde que comenzó el proceso, hace cinco años, corrió mucha agua bajo el puente. Fueron investigadas 37 personas y 33 de ellas terminaron imputadas: una vez que terminó la investigación penal, la fiscalía sobreseyó o archivó los casos de 17 por no encontrar elementos en su contra, llegó a un acuerdo de proceso abreviado con diez y la situación de otros diez quedó pendiente para resolverse en el juicio oral, que llega después de varias estrategias dilatorias de las defensas.

La fiscalía pide la condena de los imputados a penas que van desde cuatro a seis años de penitenciaría por los delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, a título de dolo eventual, previstos en el artículo 4 de la Ley 17.815 —de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes—. En cuatro casos se agrega el delito de comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico en el que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad, en dos el delito de fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad, y en otro el de suministro de estupefacientes.

Mucho se ha hablado en este tiempo de los acusados, las víctimas, los abogados y las abogadas, las juezas y fiscales, y los entretelones judiciales. Sin embargo, una cuestión menos analizada ha sido si, de hecho, este caso paradigmático marcó un antes y un después en el abordaje de la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en nuestro país. ¿Sirvió para, al menos, mejorar cómo le hacemos frente a este problema tan arraigado y naturalizado en Uruguay? ¿O el impacto fue, más bien, mediático y simbólico?

Para encontrar algunas de las respuestas, la diaria entrevistó a abogadas especializadas en delitos sexuales, activistas de organizaciones que trabajan en el tema y referentes de instituciones del Estado que abordan desde distintas aristas la explotación sexual. Prácticamente todas señalaron que el principal cambio se dio a nivel social: una mayor visibilización de la temática que, a la vez, impactó en cómo la ciudadanía la percibe. En contrapartida, coincidieron en que no logró incidir en la política pública y expuso muchas de las carencias institucionales a las que se enfrentan las víctimas de este tipo de delitos, y en las que hay que seguir trabajando.

Un cambio de mirada

Si bien hubo otros casos de explotación sexual mediáticos en Uruguay —algunas de las consultadas mencionaron, por ejemplo, el caso de La Casita del Parque, que terminó con el procesamiento del exsecretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, en 2013—, algunas características de Operación Océano hacen que haya marcado un precedente. En primer lugar, la cantidad de acusados pero, sobre todo, quiénes eran esos acusados, un elemento que rompió con algunos mitos sobre qué formas adopta la explotación sexual, quiénes cometen estos delitos y quiénes son las víctimas.

“Operación Océano lo que nos trae es como un cachetazo cuando quienes están implicados son personas ‘como uno’: profesionales, gente de mucho dinero, de mucho poder, de distintas edades... profesor, abogado, arquitecto, un exjuez, por decir algunos”, analizó Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, que lidera varios proyectos vinculados a la explotación sexual infantil y adolescente. Para la especialista el caso “marcó un antes y un después en cuanto a hacer visible lo que nos cuesta mucho en nuestro país, donde hay una suerte de incredulidad y se piensa que son casos aislados”. A la vez, remarcó que “contribuyó a ampliar la base social de organizaciones preocupadas por este tema”.

Por su parte, Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay (AI), destacó que el caso “generó conversación pública en torno a la explotación sexual” y eso “es significativo porque coloca en agenda temas que en general permanecen ocultos, no solamente porque no se habla de ellos, sino porque, cuando salen, se hacen todos los esfuerzos para que vuelvan a estar ocultos”. En ese sentido, dijo que a diferencia de lo que pasa con otros casos sobre violencias sexuales, que “salen en la prensa, nos horrorizamos, se genera mucha conversación alrededor del caso y después baja la intensidad y volvemos a foja cero”, la “magnitud” de Operación Océano hace que el impacto público “sea de largo aliento”.

La abogada especializada en violencia de género Alicia Deus coincidió en que el caso “le dio una visibilidad a la problemática que no tenía y que estaba muy naturalizada”, y lo enmarcó en un proceso que abarca avances normativos como la aprobación de la Ley 19.580, la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia o la ley de trata, que “han contribuido a que la temática tenga una cierta visibilidad”. La letrada dijo que también “permitió visualizar que hay otras formas de captación, como son las redes sociales, las páginas web y todo el mundo digital”.

Otro elemento distintivo que trajeron varias de las consultadas es el hecho de que no todas las víctimas provenían de contextos socioeconómicos vulnerables, algo que va en contra del estereotipo de víctima de explotación sexual que está instalado en el imaginario colectivo.

En esa línea, la presidenta del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), Nancy Lema, dijo que “lo que dejó claro” Operación Océano es que el problema “transversaliza a toda la sociedad”. “Mostró que las vulnerabilidades atraviesan a todos los estratos sociales y que el problema está en las asimetrías de poder y también de género”, porque como revelan las cifras oficiales y ratifica este caso, “la mayor parte de las adolescentes explotadas son mujeres”. A su vez, destacó el avance en la “forma de comunicar” sobre la problemática, considerando, por ejemplo, que hace cinco años los medios seguían hablando de “prostitución infantil” para referirse a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Sin impactos en la política pública y desafíos en la atención a víctimas

Al ser consultadas sobre si la Operación Océano generó algún tipo de incidencia en la política pública en materia de explotación sexual, todas las entrevistadas manifestaron un rotundo “no”. En cambio, aseguraron que el caso expuso todas las cosas que hay para mejorar respecto del abordaje del tema en general.

Uno de los vacíos institucionales a los que hicieron referencia tiene que ver con los servicios de atención especializados para las víctimas. Sobre este punto, Tuana dijo que si bien la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía “hace un trabajo que es muy importante” y que en Operación Océano “fue fundamental”, lo hace “en relación al proceso [penal] y acá necesitás un abordaje más integral de un equipo que esté sosteniendo, representando, respaldando y acompañando a esa víctima en todos los procesos que tiene que hacer”.

En esto estuvo de acuerdo la propia directora de la Unidad de Víctimas y de la Unidad de Género de Fiscalía Mariela Solari. “En materia de protección y asistencia a las víctimas, por más que la Fiscalía hace esa primera atención con los recursos que tenemos, sabemos que es magra todavía, que es necesario reforzarla y que además es una atención que hacemos en crisis y acompañando el proceso penal”, puntualizó a la diaria, y agregó que “acá el daño que generan estas situaciones requiere de una atención a largo plazo”.

Además de la necesidad de reforzar los servicios de atención, Pérez Chabaneau insistió en la importancia de trabajar más y mejor en la prevención, y ahí valoró como una de las herramientas principales la educación sexual integral (ESI). “La evidencia nos demuestra que niños, niñas y adolescentes que pasan por talleres, que tienen información adecuada a su edad, calificada, con evidencia científica, están en mejores condiciones de tomar decisiones por un lado, y por otro, cuando no ayuda a prevenir situaciones de abuso sexual, por lo menos, las pueden detectar a tiempo [...] Ahí hay mucho para hacer”, apuntó la directora ejecutiva de AI, y cuestionó que en nuestro país “no tenemos precisión sobre la instrumentación de prácticas, talleres o formación en ESI, ni en el sector público ni en el sector privado de la educación, y es un componente muy importante”.

Agregó que este tipo de casos “exigen a la política pública dejar de pensarse como una carrera de postas” en el que los distintos actores involucrados se “van desentendiendo” una vez que derivan la situación. Dijo que el caso de la adolescente de Rivera que era víctima de explotación sexual, estaba al amparo del INAU y murió tras una cesárea de emergencia, lo “expone de forma brutal”, en tanto, “no estamos frente a una situación donde el Estado no llega, sino que el Estado llega y llega mal o de manera ineficiente”.

La presidenta de Conapees dijo a la diaria que el tercer Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes —que empezó a elaborarse en 2023— fue aprobado a fines de febrero de este año, entró en vigencia en marzo e incluye entre sus componentes la elaboración de una guía interinstitucional de acción para el abordaje de estas situaciones.

Aprendizajes y debilidades del sistema judicial

¿Qué dejó en evidencia la Operación Océano en cuanto al acceso de las víctimas de delitos sexuales a la Justicia?

Solari recordó que fue “la primera investigación con víctimas múltiples de esa característica” en el marco del nuevo CPP y eso, a su entender, “generó muchos aprendizajes a la interna de la Fiscalía y del sistema de Justicia para el abordaje de la temática”. Señaló como uno de esos aprendizajes que quedó demostrado que “hay canales protegidos para hacer la denuncia”. A la vez, dijo que el caso, “al poner sobre la mesa estos temas, lo que hace es que las instituciones también tengan que exigir más formación”.

En cuanto a los aspectos a mejorar, la directora de la Unidad de Víctimas mencionó, en el caso de la Fiscalía, que “se tienen que reforzar los equipos fiscales” y que hay que “seguir mejorando todo lo que tiene que ver con cómo se toma la declaración anticipada a las víctimas”. Puntualizó además que “hay que seguir mejorando los canales de denuncia porque hay organizaciones en territorio que detectan estas situaciones y tienen que tener canales de denuncia seguros para que las víctimas puedan acceder a la Justicia y, especialmente, para que se condene a los responsables”

Fernández Ramírez también consideró que mejorar “la forma en la que se toma la declaración a la víctima es un debe” y aludió a “la importancia de la formación en todos los operadores del sistema judicial, pero sobre todo en la escuela de jueces, para entender realmente cómo se trabaja con esto, porque todavía sigue habiendo mucha resistencia”.

Sobre qué dejó entrever el proceso judicial respecto de la aplicación de la perspectiva de género, Deus consideró que la defensa de los imputados intentaron “destruirla absolutamente” y “negarla como una condición para la igualdad”, y dijo que, “en general, muchos operadores de la Justicia todavía se resisten a estos avances del Derecho”, a pesar de que la Suprema Corte ha dicho que la perspectiva de género no es una cuestión opcional de que el juzgador o los operadores puedan decir ‘la aplicamos o no’”, sino “un imperativo de la ley”.

En tanto, Fernández Ramírez apuntó que este caso, como otros, evidencia que “todavía falta aterrizar más lo que implica la perspectiva de género a los casos concretos”. “Lo que veo —esto no es una percepción, sino que se puede analizar de las distintas resoluciones que ha generado la causa— es que todavía nos seguimos manejando en base al eslogan. Es decir, que la sentencia diga que se está aplicando la perspectiva de género no quiere decir que necesariamente se esté aplicando. Entonces, me parece que lo que faltó y sigue faltando en general es aterrizarlo al caso concreto, porque de nada sirve que yo diga ‘estoy juzgando o estoy fallando con perspectiva de género’ si dejo entrar estereotipos, que pasó mucho en las declaraciones anticipadas [de las víctimas de Operación Océano], donde muchas de las preguntas que ingresaron a mi juicio fueron sesgadas, estereotipadas. Falta mucho camino todavía por recorrer”, detalló la abogada.

El mensaje para las víctimas

La mayoría de las consultadas entiende que el mensaje para las víctimas de este tipo de delitos puede ser desalentador, sobre todo cuando estamos hablando de un proceso tan extenso en el tiempo. “Las vidas de estas chiquilinas quedan suspendidas porque eso no logra cerrarse, porque no se logra hacer justicia y no se puede empezar el proceso de reparación”, señaló Tuana.

Si bien Solari y Fernández Ramírez coincidieron, aclararon que el mensaje a transmitir no tiene que ser el de desalentar la denuncia. “La denuncia tiene que estar, pero tiene que estar de manera muy acompañada”, enfatizó la abogada, y dijo que ese acompañamiento tiene que incluir “información de calidad, asistencia letrada de calidad y especializada en esos temas, un acompañamiento psicosocial —que muchas veces si dependemos sólo de los recursos del Estado, lamentablemente, no se cubre con todo—, y también tiene que ver con qué reparación espera la víctima”. En ese sentido, recordó que a veces la reparación no está en buscar primero la respuesta penal, sino que puede estar en la necesidad de “medidas de protección” o de “un lugar de atención multidisciplinario”.

La directora de la Unidad de Víctimas, por su parte, dijo que hoy puede transmitir “la seguridad del acompañamiento psicosocial, de la declaración anticipada y protegida en sede judicial; que si [la víctima] quiere dar su voz, y si quiere y puede decir lo que le pasó, va [a] tener las garantías de estar cuidada”.