El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que Guatemala violó los derechos humanos de Fátima, el nombre –ficticio– de una niña de 14 años que sobrevivió a la violencia sexual reiterada por parte de un profesor y fue forzada a continuar con el embarazo producto de los abusos. En concreto, el organismo señaló que, al forzar a la niña a mantener un embarazo con el que explícitamente manifestó no querer continuar, el Estado violó sus derechos “a una vida digna, a decidir de manera autónoma sobre su cuerpo, a recibir información y a la igualdad y no discriminación”.

Al mismo tiempo, la condena reconoce que la violencia sexual, el embarazo y la maternidad forzada le causaron a Fátima “profundos sufrimientos que la llevaron a dos intentos de suicidio como única manera de escapar” de su situación. También apunta que la negativa del Estado a garantizarle el acceso a los servicios de salud reproductiva a los que tenía derecho constituyó “trato cruel e inhumano” y una “forma de discriminación basada en estereotipos sobre la función reproductiva de la mujer”.

Con base en el caso de Fátima, el comité le exigió al Estado guatemalteco que adopte como medidas “garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, eliminando barreras médicas, judiciales y administrativas, así como fortalecer los protocolos para el aborto terapéutico existentes”; “emprender acciones para prevenir la violencia sexual, incluyendo el acceso a educación sexual integral”; “crear una política pública de reparación para sobrevivientes de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada, abarcando educación, salud y acompañamiento psicosocial”; y poner en marcha “un sistema nacional de registro unificado que documente casos de violencia sexual y embarazos forzados para diseñar políticas públicas efectivas”.

La decisión del organismo de la ONU responde a una demanda del movimiento Son Niñas, No Madres, que en 2019 impulsó una estrategia de litigio internacional simultáneo por el que también fueron condenados Ecuador y Nicaragua (por los casos Norma, Lucía y Susana, en enero de este año), y Perú (por el caso Camila, a mediados de 2023).

“Con la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso de Fátima, todas las sobrevivientes representadas por el movimiento Son Niñas, No Madres han obtenido justicia ante organismos internacionales. Esta condena constituye un precedente fundamental en la protección de los derechos humanos de niñas víctimas de violencia sexual y reafirma la responsabilidad del Estado de Guatemala en garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral y la no repetición”, expresó en un comunicado el movimiento, conformado por más de una decena de organizaciones de América Latina y el Caribe.

“Nuestras niñas nacieron para aprender, para jugar, para soñar con futuros brillantes, no para maternar ni cargar con las consecuencias de la violencia. La maternidad forzada es una forma de tortura”, dijo por su parte Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, que forma parte de la alianza colitigante junto con Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Guatemala), Surkuna (Ecuador) y Promsex (Perú).